Norma Alicia Zúñiga Andráde

Expediente 319/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
319/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Chihuahua
  • Norma Alicia Zúñiga Andráde
  • NORMA ALICIA ZÚÑIGA ANDRÁDE y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Ahora bien, no es óbice para lo anterior, que en autos no obren las piezas postales que amparan los oficios dirigidos a las autoridades responsables, por medio del cual se les remitió copia autorizada del fallo que resolvió el presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo, el sentido del fallo no afecta directamente el acto que de ella se reclama. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, de conformidad, con lo que establece el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad medica del titular, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Como esta ordenado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que al haberse negado la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, de conformidad, con lo que establece el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad medica del titular, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Como esta ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 20 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el presente expediente es destruible; por lo que, archívese como asunto totalmente concluido por el término de seis meses, concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el segundo párrafo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, de conformidad, con lo que establece el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad medica del titular, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. La autoridad responsables, Gobernador Constitucional del Estado, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, al rendir su correspondiente informe previo, conviene en la existencia de los actos que la parte quejosa le reclama, lo cual es suficiente para tener por acreditados los mismos. Por otra parte, la autoridad Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, Chihuahua, fue omisa en rendir su informe previo, no obstante que fue legal y oportunamente notificada para tal efecto; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que de ella reclama la incidentista. SEGUNDO. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados de las autoridades responsables, precisados en el capítulo correspondiente de la demanda de amparo; de esa forma, se advierte que la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, y el decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por virtud del cual se abroga la Ley de Transporte y Sus Vías de Comunicación, que fuera publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua con el número 9, del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que entraría en vigor a los noventa días naturales posteriores al día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, de acuerdo a lo estipulado en el primer artículo transitorio del citado decreto y su ejecución; por tanto, respecto a dichos actos reclamados, se niega la suspensión definitiva que se solicita, por tratarse de actos consumados, debiendo decirse, además, que la concesión de tal medida suspensional en juicios de amparo contra leyes, es improcedente porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes y no éstas en sí. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1090, que aparece publicada en la página 156, del tomo VI relativo a la Materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, con el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis número VI.2o.C. J/174, que aparece en la página 775, del Tomo X, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, y que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión". Lo mismo debe decirse, respecto a los efectos y consecuencias del decreto reclamado, como es lo referente a variar las condiciones con las que dice fueron otorgadas, restringiendo los derechos de los concesionarios y causándoles un daño patrimonial que no deben resentir, pues su relación jurídica con el Estado se debe terminar y concluir bajo el régimen de concesión, modalidades, obligaciones y derechos previstos en la norma bajo la cual fueron otorgadas, pues de lo contrario se está soslayando el carácter patrimonial de las concesiones de transporte, que es un oficio o empresa privada, que presta un servicio público y que al variarle las condiciones se le está privando y confiscando ese derecho patrimonial, a ello debe decirse que los cambios de modelo de unidades, que exige para prestar el servicio de transporte en sus diferentes modalidades, o sea, colectivo y de servicio especial para trabajadores con las unidades con las que actualmente trabaja, y seguir prestando los servicios en los mismos términos y condiciones como lo venía prestando, respecto a ello, también debe negarse la suspensión provisional solicitada, conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de suspenderse por tales actos, se causaría perjuicio al interés social, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones de seguridad y ocasionando el menor impacto ambiental. Y respecto a que, en términos de la ley anterior, se le permita seguir heredando o cediendo las concesiones correspondientes a sus descendientes, debe negarse la medida cautelar, pues esa legislación no forma parte la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 166/2004, de la Novena Época, Registro 179727, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia Administrativa, consultable en la página 545, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. DEBE NEGARSE CUANDO EL CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE LA SOLICITE CONTRA LA DETENCIÓN DEL VEHÍCULO QUE UTILIZA PARA SU PRESTACIÓN, POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIBLES (ARTÍCULO 70 DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA). El mencionado precepto establece que los vehículos que se utilicen para la prestación del servicio público de transporte en rutas urbanas no deben exceder de diez años de antigüedad, con lo cual se persigue proteger el interés colectivo y tutelar el orden público, ya que además de buscar la seguridad de los pasajeros y la disminución de accidentes, tiende a reducir el impacto ambiental. Ahora bien, si la protección al medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico son de interés social y utilidad pública, conforme a los artículos 1o., 2o., 3o., fracción XIX, 4o. y 7o., fracciones II, III y VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que están obligadas a cumplir, entre otras, las autoridades estatales, es indudable que si los concesionarios reclaman la detención de vehículos destinados al transporte público que no reúnan los requisitos legales previstos, debe negarse la suspensión del acto reclamado conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de lo contrario se causaría perjuicio al interés social, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones de seguridad y ocasionando el menor impacto ambiental". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 138, 139, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. De conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de la presente interlocutoria, se NIEGA a Norma Alicia Zúñiga Andrade, la suspensión definitiva solicitada respecto de las autoridades, Gobernado del Estado de Chihuahua y Congreso del Estado de Chihuahua, residentes en Chihuahua, Chihuahua, por los actos en él precisados.

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