Norberto Vega Gutiérrez
Expediente 484/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Norberto Vega Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Norberto Vega Gutiérrez; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución del tomo de pruebas que la autoridad responsable adjuntó a su informe, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1323/2006, sin que se sirva remitir acuse de recibo, toda vez que el sello de recepción hará las veces de acuse. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo 484/2021, promovido Norberto Vega Gutiérrez, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; y, Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se decreta el sobreseimiento del presente juicio, promovido por Norberto Vega Gutiérrez, contra el acto reclamado de la autoridad responsable que quedaron precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, en los términos expresados en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy trece de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA TERCERO INTERESADA BERTHA ATZIMBA OSILES PÉREZ , LO SIGUIENTE: SRM V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo 484/2021, promovido Norberto Vega Gutiérrez, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; y, Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se decreta el sobreseimiento del presente juicio, promovido por Norberto Vega Gutiérrez, contra el acto reclamado de la autoridad responsable que quedaron precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, en los términos expresados en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy trece de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo 484/2021, promovido Norberto Vega Gutiérrez, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió a este Juzgado de Distrito, Norberto Vega Gutiérrez promovió juicio de amparo en contra de la autoridad referida con antelación y el acto que precisó en el propio ocurso, mismo que consideró violatorio, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Previo cumplimiento a la prevención y su respectiva ratificación, en proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se ordenó requerir su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En auto de doce de julio de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a Bertha Atzimba Rosiles Pérez, albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de Alejandro Zavala Tzintzún, por lo que se ordenó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. A las diez horas del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La resolución interlocutoria de doce de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1323/2006, en la que ordenó la reposición del procedimiento relativo al incidente de liquidación de sentencia tramitado en la fase de ejecución de dicho asunto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, aceptó la existencia del acto que le fue atribuido; lo cual se corrobora con la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil número 1323/2006, que promovió Norberto Vega Gutiérrez frente al hoy extinto Alejandro Zavala Tzintzún, y que acompañó a su informe justificado; documental que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, tienen el carácter de prueba plena. Apoya lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO.- Antecedentes. Previo a realizar el análisis del presente juicio, para una mejor comprensión del asunto, es necesario realizar una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado. En efecto, de las copias certificadas que el juzgador responsable adjuntó a su informe justificado, las cuales ya fueron valoradas en el considerando tercero de esta sentencia, se advierte lo siguiente: 1.- Que el once de diciembre del dos mil seis, Guillermo Morales Aburto y Fernando Díaz Yhamel, en cuanto endosatarios en procuración de Norberto Vega Gutiérrez, promovieron juicio ejecutivo mercantil en contra de Alejandro Zavala Ttinzún, demandándole el pago de la suma de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal y otros accesorios legales . 2.- En auto de doce de diciembre del dos mil seis, el Juez Séptimo de lo Civil de este Distrito Judicial, admitió a trámite dicha demanda y ordenó al Actuario adscrito a dicho juzgado realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. 3.- El veintidós de febrero del dos mil siete, la Actuaria adscrita al referido juzgado, emplazó al demandado en el domicilio señalado para tal efecto, mientras que el actor se reservó el derecho de señalar bienes para su embargo. 4.- Seguido el juicio de origen por sus trámites legales, sin que la parte demandada hubiere acudido a contestar la demanda, el veintiocho de junio del dos mil siete, el Juez natural, dictó sentencia definitiva en la cual, declaró procedente la vía ejecutiva mercantil y se condenó a Alejandro Zavala Tzintzún a pagar a la parte actora, ahora quejosa la suerte principal reclamada, así como los intereses moratorios y costas que su contraparte hubiere erogado. 5.- El ocho de enero del dos mil ocho, a petición de la parte actora, hoy quejosa, se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva, elevándose a la categoría de cosa juzgada, condenándose a la partes a estar y pasar por ella en todo tiempo y lugar por ser la verdad legal. 6.- Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto del dos mil veinte, Norberto Vega Gutiérrez, promovió incidente de liquidación de sentencia. 7.- En auto de diecinueve de agosto del dos mil veinte, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, admitió a trámite dicho incidente de liquidación, con lo cual ordenó dar vista a la parte demandada en términos del artículo 1068, fracción III del Código de Comercio, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses conviniera; en cumplimiento a ello el actuario judicial levantó razón el veinte de agosto del dos mil veinte, en el sentido de que como la parte demandada no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de ese juicio. El proveído de mérito se notificó a través de la publicación de lista. 8.- A través del auto de veintiocho de agosto del dos mil veinte, el juez de origen, a petición de la parte actora, ahora peticionario del amparo, puso los autos a la vista para dictar la sentencia interlocutoria correspondiente. 9.- El ocho de septiembre del dos mil veinte, el juez responsable dicto la interlocutoria respectiva, en la cual declaró parcialmente procedente el incidente de liquidación de sentencia y condenó al demandado al pago de la cantidad de $292,778.00 (doscientos noventa y dos mil, setecientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.), por concepto de intereses moratorios generados del siete de mayo del dos mil cinco, fecha señalada para la sentencia definitiva, al seis de agosto del dos mil veinte. Así como a la suma de $15,070.00 (quince mil setenta pesos 00/100 m.n.), por concepto de honorarios profesionales. 10.- En auto de veintiocho de septiembre del dos mil veinte, el juez natural declaró firme la sentencia interlocutoria de mérito. 11.- En proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, a petición de la parte actora, el juez de origen ordenó girar oficios a diversas dependencias públicas, con la finalidad de investigar el domicilio del demandado, para estar en posibilidad de requerirlo del cumplimiento del pago de lo condenado y en su caso embargar bienes de su propiedad. 12.- A través de escrito presentado ante el juez de origen, la parte actora, hoy quejoso, informó que el demandado Alejandro Zavala Tzintzún, falleció el trece de junio del dos mil veinte, por lo cual en auto de doce de noviembre del dos mil veinte, el juez responsable tuvo al promovente realizando dicha manifestación, así como anexando el acta de defunción respectiva. 13.- En proveído de ocho de marzo del dos mil veintiuno, el juez responsable tuvo a Norberto Vega Gutiérrez exhibiendo copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario a bienes del demandado, radicado con el número 389/2020, en el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. En atención a las mismas, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, determinó que al estar acreditado el fallecimiento del demandado, así como que Bertha Atzimba Rosiles Pérez, es albacea de la sucesión en comento, a petición del ejecutante, autorizó a la actuaria se constituyera en el domicilio de la misma y la requiriera del pronto y efectivo pago de las sumas a las que fue condenado Alejandro Zavala Tzintzún, en el contradictorio de origen y, en caso de no hacerlo, embargara bienes de su propiedad suficientes y bastantes para garantizar la suma a la que fue condenado. 14. El veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, el actuario judicial adscrito a dicho juzgado de origen, realizó la diligencia de requerimiento de pago y embargo encomendada. 15.- El trece de abril del dos mil veintiuno, el juez natural, tuvo a Bertha Atzimba Rosiles Pérez, albacea definitiva de la sucesión a bienes de Alejandro Zavala Tzintzún, parte demandada, promoviendo incidente de nulidad de actuaciones a partir de la radicación del incidente de liquidación de sentencia, al no haber sido oída ni vencida dicha sucesión, con lo cual se ordenó dar vista a la contraria. La que desahogó en escrito presentado el diecinueve de abril del dos mil veintiuno. 16.- En sentencia interlocutoria del doce de mayo del dos mil veintiuno, se declaró la nulidad de lo actuado a partir del diecinueve de agosto del dos mil veinte, mediante el cual se tuvo a la actora, hoy quejosa promoviendo incidente de liquidación de sentencia. QUINTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu; lo anterior, toda vez que el acto reclamado -reposición del procedimiento- no es de aquéllos que causen un perjuicio de imposible reparación, ya que no vulnera de forma irreparable la esfera jurídica de la parte quejosa. Dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación de los preceptos transcritos, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo vigente), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendidos como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad. En relación a ello, es preciso señalar que nuestro máximo tribunal de justicia de la nación ha determinado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, sólo por citar algunos. En tanto que los actos de ejecución reparable, no trastocan por sí mismos tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Son aplicables a lo anterior las jurisprudencias que dicen: "Registro digital: 205651 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, página 11 Tipo: Jurisprudencia EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". "Registro digital: 202290 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: IV.2o. J/13 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, página 538 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO." De lo anterior, se advierte la improcedencia del presente controvertido, atento a que el acto reclamado no tiene de momento sobre el quejoso una ejecución que sea de imposible reparación, ya que éste no le afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales. Es así, pues en dicha determinación no se resolvió en definitiva, el monto al que ascienden los intereses moratorios que fueron objeto de condena, o los honorarios a cuyo pago se condenó al reo. Antes bien, sólo se determinó la insubsistencia de lo actuado durante dicha incidencia, virtud de la nulidad del procedimiento advertida por la responsable. De ahí que, la única consecuencia que dicho acto le causa, es que reinicie el incidente de liquidación de sentencia, a fin de salvaguardar el derecho de audiencia previa, de Bertha Atzimba Rosiles Pérez, albacea definitiva de la sucesión a bienes del demandado y extinto Alejandro Zavala Tzintzún; y, hecho lo anterior, el juez responsable estará en aptitud de dictar nuevamente resolución que en derecho corresponda, misma que pese a la reposición del procedimiento decretada, podría serle favorable. Sin embargo, si le fuere adversa, podría combatirla a través del recurso legal que estime pertinente. Entonces, el acto reclamado no es de aquéllos que generan un perjuicio de imposible reparación, tales, como pueden ser, a manera de ejemplo, cuando se afecten las propiedades y posesiones, la libertad personal, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de trabajo, y la de tránsito; por lo que, al no encuadrarse el acto combatido en ese tipo de supuestos, se concluye que no nos encontramos ante un acto de imposible reparación. Son aplicables a lo anterior los criterios que dicen: "Registro digital: 205810 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/91 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 25 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo.". "Registro digital: 2003222 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XVI.P.1 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2040 Tipo: Aislada AMPARO INDIRECTO. EL HECHO DE QUE EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYA UNA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA NO ES MOTIVO PARA QUE, A PRIORI, SE DESECHE DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA, PUES DEBE ATENDERSE A SI LOS EFECTOS DE AQUÉLLA SON O NO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la jurisprudencia P./J. 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 25, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", se colige que no en todos los casos donde se reclame una resolución que ordena reponer el procedimiento de primera instancia, el juicio de amparo es improcedente, pues habrá ocasiones en donde esa determinación sí afecte derechos sustantivos consagrados en la Constitución, no reparables en sentencia definitiva. Ahora, para que el juzgador de amparo esté en posibilidades de estimar si la sentencia de segunda instancia que ordena la reposición afecta o no de forma irreparable derechos sustantivos del quejoso, y así determinar su procedencia, debe examinar, en cada caso concreto, las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada. En ese sentido, el hecho de que el acto reclamado lo constituya dicha resolución no es motivo para que, a priori, se deseche de plano la demanda de amparo indirecto por causa notoria y manifiesta de improcedencia, con base en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues la proposición relativa debe establecerse como resultado del estudio que se haga en vista de los informes de la autoridad responsable y de las pruebas que rindan las partes, pues es obvio que sólo en presencia de tales elementos podrá saberse si realmente es o no improcedente el amparo, es decir, debe atenderse a si los efectos de esa determinación son o no de ejecución irreparable. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.". Ahora, si bien de las constancias que remite el Juez responsable con su informe justificado, se aprecia que dejó sin efecto el embargo trabado en autos el veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, a favor del acreedor, también lo es que el derecho derivado del mismo, debe considerarse de naturaleza personal, ya que deriva de un derecho de crédito. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 289/2016, que originó la jurisprudencia de rubro "EMBARGO SOBRE INMUEBLES PRACTICADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE CONSIDERARSE UN DERECHO DE NATURALEZA PERSONAL", señaló: ".Con base en los criterios reseñados y en otros en los que se incluye la misma consideración señalada, esta Primera Sala estima que en diversos contextos jurídicos ya se ha pronunciado obiter dicta en el sentido sustancial de que: a. Un embargo trabado en un juicio ejecutivo mercantil seguido por obligación de tipo personal, confiere al embargante un derecho de naturaleza personal o de crédito; b. el embargo no constituye un derecho real para el acreedor porque se trata de uno personal que sólo puede enderezarse contra la persona, pero sin llegar al extremo de alcanzar bienes con los que no se garantizó el adeudo y que ya salieron de su patrimonio; c. el embargo, a diferencia de los derechos reales, no confiere al embargante el poder directo e inmediato sobre la cosa, ya que ésta se coloca bajo la guarda y custodia de un depositario, que puede ser incluso el propio embargante, pero con limitaciones claras y específicas sobre la citada cosa, derivadas de la figura del depósito; la cosa embargada no está a disposición del embargante, ni tampoco el depositario tiene un poder directo e inmediato sobre ella, sino sólo tiene las facultades y limitaciones que derivan del depósito; el embargo tampoco concede al embargante el derecho pleno de persecución, ya que éste consiste en la facultad de obtener todas o parte de las ventajas de que es susceptible una cosa, reclamándola de cualquier poseedor, por lo que si bien el embargante puede tener el derecho de reclamar, éste se limita a su carácter de depositario; d. el embargo es una forma de aseguramiento del cumplimiento de la obligación reclamada en una controversia; pero además, es el resultado del mandato del Juez que conoce del respectivo juicio, y por su propia naturaleza es de carácter provisional, pues constituye una forma de aseguramiento de carácter procesal que deriva de la acción ejercitada por el actor en el juicio y tiene su origen y regulación en la norma adjetiva correspondiente; e. el embargo es un derecho adjetivo, pues deriva de una cuestión procesal, por lo que no puede tener el efecto de anular un derecho sustantivo de propiedad (real); f. un acreedor en juicio no tiene un derecho real sobre la cosa embargada, sino uno personal que originó el embargo. Consideraciones las anteriores que se estima conveniente reiterar en lo conducente, en el sentido de que: El derecho derivado de un embargo inmobiliario practicado en un juicio ejecutivo mercantil con motivo de un derecho personal, debe considerarse de naturaleza personal, por derivar de un derecho de crédito. Ahora bien, en complemento de lo anterior, cabe señalar que en la doctrina,(40) Aldo Bacre refiere que el embargo preventivo "es aquella medida cautelar, de naturaleza exclusivamente procesal, que afecta a un bien determinado de un presunto deudor, para garantizar la eventual ejecución futura, individualizándolo y limitando en forma relativa las facultades de disposición y goce de ésta, quedando el mismo a disposición del Juez de la causa, hasta que dicte la sentencia pertinente." Pero además, precisa ese autor que aun cuando el embargo preventivo involucra la individualización del bien que garantizará la ejecución "no importa desapropiación, pues la cosa continúa siendo propiedad del embargado mientras no se proceda a la enajenación. Tampoco importa la constitución de un derecho real, ni engendra una hipoteca judicial. Ni la indisponibilidad es absoluta, porque los bienes embargados pueden enajenarse siempre que se declare su existencia ... el embargo preventivo tiene un carácter estrictamente instrumental, accesorio y eminentemente procesal, por lo cual nace al servicio de una providencia definitiva, con el objeto de preparar el terreno y de aprontar los medios más aptos para su éxito, a fin de ofrecer al embargante la seguridad de que, una vez reconocida la existencia del derecho que hace valer, los bienes afectados por la cautelar serán ejecutados." Referencia doctrinal que, por un lado, es convergente con el criterio de esta Primera Sala en cuanto a que el derecho procesal derivado de un embargo inmobiliario practicado en un juicio ejecutivo mercantil en el que se persigue un derecho de crédito, no es derecho real. Y por otro lado, permite inferir que si bien el embargo como derecho esencialmente procesal o adjetivo, es originariamente neutro en relación con las categorías que clasifican los derechos sustantivos como derechos personales o reales; si se atiende a su indispensable e indisoluble carácter accesorio e instrumental, se puede considerar que cuando se practica el embargo en un juicio ejecutivo mercantil con motivo de un derecho de crédito, se erige como una extensión procesal del derecho de crédito respectivo, y como consecuencia de ello, puede considerarse impregnado de la naturaleza personal del derecho de crédito respectivo. Al respecto, Devis Echandía refiere que "los derechos procesales tienen estas características: a) emanan de las normas jurídicas procesales; b) son derechos públicos y no privados, muchos de ellos de origen constitucional, salvo los de carácter patrimonial como el derecho a cobrar las costas del proceso o los honorarios de los auxiliares de justicia, como peritos o secuestres; c) son oponibles al mismo Estado y su violación significa una arbitrariedad y un acto ilícito; surgen con ocasión del proceso y se ejercen en él o para iniciarlo; e) corresponden a las partes y a algunos terceros." Sobre esa base, resulta que los artículos 1392 y siguientes del Código de Comercio, prevén en relación con el derecho procesal al embargo preventivo, que presentada la demanda por el actor acompañada del título ejecutivo respectivo, se proveerá auto con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo, se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda y los accesorios, pudiendo recaer sobre inmuebles. Lo que revela que el derecho procesal al embargo por parte del actor en un juicio ejecutivo mercantil, no podría concebirse como originariamente de naturaleza personal o real, sino que para ello es necesario remitir a la naturaleza del derecho que se ejerce en el juicio respectivo. Así las cosas, si en un juicio ejecutivo mercantil se reclama un derecho personal o de crédito, el derecho procesal derivado del embargo inmobiliario respectivo, debe considerarse impregnado de esa naturaleza personal, por ser accesorio y derivar necesariamente del derecho de crédito materia del juicio. Por último, no es obstáculo para sostener el anterior criterio, que al resolver la diversa contradicción de tesis 333/2012, esta Primera Sala haya afirmado que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario que haya cubierto el precio fijado para la venta, adquiere un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial, lo que implica que adquiera coetáneamente un auténtico derecho real sobre ese bien raíz, en forma análoga a como sucedería en el caso de una compraventa privada. Pues al respecto, conviene precisar (en los mismos términos en los que se precisó en esa ejecutoria), que "no puede confundirse la existencia del derecho personal que dio origen al juicio ejecutivo mercantil [cuya naturaleza se extiende al derecho procesal de embargo durante el trámite del juicio], con el derecho real que adquiere quien cubre el precio fijado para la venta judicial del inmueble secuestrado en el juicio, dado que este último es completamente independiente del primero, a partir de que la venta judicial constituye por sí misma un acto traslativo de dominio que importa necesariamente la concurrencia de un derecho real." Es decir, que el derecho procesal o adjetivo de embargo que se materializa mediante el aseguramiento judicial preventivo durante la tramitación de un juicio ejecutivo mercantil (con motivo del reclamo del derecho personal o de crédito que constituye su materia litigiosa); comparte la naturaleza de derecho personal derivado del carácter accesorio que tiene respecto del derecho de crédito reclamado en ese juicio. Entre tanto, es en la etapa de ejecución de sentencia, cuando culmina el procedimiento de remate y adjudicación derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario que hayan cubierto el precio fijado para la venta judicial, adquieren un derecho sustantivo de propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial, lo que implica que adquieren un auténtico y originario derecho real sobre ese bien raíz, en forma análoga a como sucedería en el caso de una compraventa privada.." De dicha ejecutoria, aplicada por analogía, se aprecia que la naturaleza del embargo decretado en un juicio ejecutivo mercantil, es la de un acto accesorio, instrumental, provisional y adjetivo, que se dirige exclusivamente a asegurar procesalmente el cumplimiento de una obligación, mas no a constituir un derecho sustantivo por sí. Máxime que tiene una regulación de naturaleza adjetiva, ello con independencia de que el embargo ocurra durante el juicio o en la fase de ejecución, como en el caso. Lo cual apunta a la conclusión que, la diligencia de embargo preventivo que se dejó insubsistente, es un derecho procesal o adjetivo; de ahí que, no es una figura que pueda causar un agravio irreparable al particular, pues, por su naturaleza legal, no limita los derechos sustantivos relativos a la libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera. Luego, si en el caso el acto reclamado en el juicio de amparo solo se relaciona con derechos adjetivos y no sustantivos, así como tampoco se desprende del informe de la responsable o de las pruebas ofrecidas por las partes, que se genere con el mismo una violación de imposible reparación. Entonces, se estima que el juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se reproduce: "Registro digital: 2015474 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 56/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 387 Tipo: Jurisprudencia EMBARGO SOBRE INMUEBLES PRACTICADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE CONSIDERARSE UN DERECHO DE NATURALEZA PERSONAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 38/1992, la solicitud de modificación de jurisprudencia 7/2011, y la contradicción de tesis 152/2007, consideró que el derecho derivado de un embargo inmobiliario practicado en un juicio ejecutivo mercantil con motivo de un derecho de crédito, debe considerarse de naturaleza personal. Criterio que debe reiterarse con base en que el embargo, como derecho esencialmente procesal o adjetivo, es originariamente neutro en relación con las categorías que clasifican a los derechos sustantivos como derechos personales o reales; pero visto en el contexto de un juicio ejecutivo mercantil, se ubica en una posición necesariamente accesoria e instrumental respecto del derecho personal materia del juicio, por lo que resulta jurídicamente válido considerar que en tal escenario, el derecho derivado del embargo se erige como una extensión procesal del derecho de crédito respectivo, y como consecuencia de ello, queda impregnado de la naturaleza personal que inviste al derecho que es materia del juicio. Contradicción de tesis 289/2016. Suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito. 14 de junio de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez." Por último, se debe precisar que el eventual retardo en la administración de justicia expedita que establece el artículo 17 Constitucional, que pudiera entrañar la resolución reclamada, no justifica la procedencia del presente juicio de garantías, toda vez que la reposición del procedimiento se decretó a fin de subsanar una violación procesal; de tal suerte que dicha reposición sólo implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, que de ninguna manera constituye, por sí, una violación al principio de justicia pronta. Tiene aplicación por identidad jurídica, la jurisprudencia que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta". (Época: Novena Época, Registro: 170244 Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 23/2008, Página: 593). En consecuencia al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, aplicada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V de dicha Ley. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se decreta el sobreseimiento del presente juicio, promovido por Norberto Vega Gutiérrez, contra el acto reclamado de la autoridad responsable que quedaron precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, en los términos expresados en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy trece de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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