Norberto ORtiz Alcaráz
Expediente 1097/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1097/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Norberto ORtiz Alcaráz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de enero de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se DESECHÓ la demanda de garantías promovida por NORBERTO ORTIZ ALCÁZAR, por propio derecho; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO DEFINITIVO Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DESTRUCCIÓN En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede se advierte que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente expediente, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Jso
- Principal
POR MEDIO DE LISTA, notifico a la parte promovente, el siguiente acuerdo: Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, como del análisis a la demanda de garantías, se desprende que el promovente señala como acto reclamado: La determinación de cuatro de diciembre del año en curso, que resolvió la autoridad responsable, respecto del recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de veintinueve de noviembre pasado, por el que se declaró improcedente requerir a peritos criminalista y en fotografía de una Institución Pública ajena a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, lo anterior, dentro de la causa penal 667/2018, instruida en contra del aquí quejoso, por el delito de tentativa de homicidio. El suscrito estima que lo que procede es desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, ello con apoyo en lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa V, del numeral 107, aplicado a contrario sensu, del mismo cuerpo de leyes que amerita desechar la demanda de amparo, atendiendo especialmente a la naturaleza de los actos reclamados precisados en el párrafo que antecede. Para evidenciar lo anterior, conviene citar lo que establece el precepto legal 113, de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión (improcedencia) 12/91. Alejandro Pérez Aguilar. 28 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretario: Gonzalo Hernández Cervantes. Amparo en revisión (improcedencia) 1176/91. Víctor Manuel Sánchez Esquivel. 26 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Eliseo Carrillo Bracamontes. Amparo en revisión (improcedencia) 3066/97. María Marcela Desentis Linares. 15 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Rafael Alfredo Victoria Vargas. Amparo en revisión (improcedencia) 1266/99. Hidrogenadora Yucateca, S.A. de C.V. 26 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Queja 386/99. Alma Lourdes Florisa Azcárraga de la Peña. 18 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 503, tesis 747, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'.". Luego, el acto reclamado por el promovente se hace consistir en la determinación que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de veintinueve de noviembre pasado, por el que no se acordó de conformidad la petición de requerir a peritos criminalista y en fotografía de una Institución Pública ajena a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, dentro de la causa penal 667/2018. Ahora, los artículos que prevén la causa de improcedencia que se estima se actualiza en el presente caso, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley....." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para los gobernados, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de los agraviados, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio. Por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, lo cierto es que, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable a sus intereses, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del agraviado. Atento a lo anterior, si en el caso el quejoso hace consistir el acto reclamado en una violación procesal que precisa como la determinación que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de veintinueve de noviembre pasado, por el que no se acordó de conformidad la petición de requerir a peritos criminalista y en fotografía de una Institución Pública ajena a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, dentro de la causa penal 667/2018, es incuestionable que tal actuación, es de aquellas violaciones reclamables al momento de que se dicte sentencia definitiva y, en cuyo caso, podría ocasionar un perjuicio directo e irreparable en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En ese orden de ideas, se determina que el acto reclamado, no es de aquéllos que motivan la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que como quedó anotado el acto reclamado, se trata de aquellos que pueden ser alegados una vez que sea dictada la sentencia, por tanto, se evidencia que los actos que en esta vía se reclama, no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, pues sólo produce efectos formales dentro del procedimiento y tiene como consecuencia una ejecución de naturaleza adjetiva, que pueden encontrar reparación al emitirse la sentencia definitiva que, incluso, pudiera ser favorable para la parte quejosa, desvaneciéndose cualquier afectación procesal como las que ahora pretende reclamar. A lo anterior, es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia número 24/92, que de Octava Época, ha emitido el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su Gaceta, visible en la página 11, que es del texto y rubro siguiente: "Época: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla. El Tribunal en Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles diecinueve de agosto en curso, por unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 24/1992, la tesis de jurisprudencia que antecede. Ausentes: Carlos de Silva Nava y José Antonio Llanos Duarte. México, D. F., a 20 de agosto de 1992. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 244, página 164. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número 205652, que de Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 11, que es del texto y rubro siguiente: Época: Octava Época Registro: 205652 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 55, Julio de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 20/92 Página: 11 "DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia o laudo definitivo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo." Contradicción de tesis 65/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Primero del Segundo Circuito, al resolver los amparos directo número 2376/90 y en revisión número 579/88. 15 de agosto de 1991. Mayoría de quince votos. Ponente: Felipe López Contreras. Disidentes: Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, Lanz Cárdenas y Díaz Romero. Ausentes: Adato Green y Chapital Gutiérrez. Secretario: José Manuel de Alba de Alba. El Tribunal Pleno en su Sesión Privada celebrada el martes dieciséis de junio en curso, por unanimidad de quince votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 20/92, la tesis de jurisprudencia que antecede. Ausentes: Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Clementina Gil de Lester y Santiago Rodríguez Roldán. México, Distrito Federal, a 18 de junio de 1992. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Norberto Ortíz Alcázar, contra actos de la Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, se le tiene designando como sus autorizados a Sara Alva Rodríguez y Heraldo Tonatiuh Custodio Pérez, sin la plenitud de facultades a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que de la búsqueda que se realizó en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que no cuentan con cédula profesional que los acredite como licenciados en derecho, por lo que únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto demuestren que se encuentran facultados para ejercer dicha profesión. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6638/2018, signado por el Secretario de Apoyo B adscrito a la secretaría técnica, en ausencia del secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.Mgm
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