Norberto Salazar Navarro
Expediente 1390/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1390/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Norberto Salazar Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Visto el oficio de cuenta que suscribe el Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones Región 8 Michoacán del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sí y en cuanto subordinada del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual exhibe copia certificada del oficio número 00641/30.102/2391/2023, que contiene el acuerdo de treinta y uno de julio de este año, donde se da respuesta a parte de las solicitudes formuladas por el aquí quejoso y de la constancia de notificación relativa, con lo que pretende acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el ámbito de su respectiva competencia. De lo anterior, toma nota este órgano jurisdiccional y se reserva de dar vista a la parte quejosa, hasta en tanto las restantes autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia, informen sobre el acato dado al fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinte de julio de dos mil veintitrés, en la que SE CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a********************en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO. Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase a las autoridades responsables, para que en consideración al ordinal 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informen sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, les será impuesta una multa, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omiso se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. EFECTOS PARA LOS QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la responsable en cita que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es para el efecto siguiente: ". Las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán: 1. Dar inmediata contestación en forma congruente, exhaustiva y completa a los escritos presentados por el quejoso********************en fechas trece y catorce de junio, así como uno y tres de agosto, todos de dos mil veintidós, atendiendo todos y cada uno de los puntos indicados en la presente ejecutoria, que son: Del escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós: Lo relativo a que en el acuerdo de once de julio de dos mil veintidós (sic) -en realidad se trata del proveído de catorce de junio de dos mil veintidós-, no se citó fundamento ni motivación legal para el requerimiento; además de que el quejoso ya había cumplido con los requisitos del procedimiento de responsabilidad que inició, por lo que estaban satisfechos los requisitos de los artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; que, incluso, el último citado en su fracción IV, prohibía expresamente la solicitud hecha al quejoso. También lo conducente en cuanto a que el Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control, pertenecía también al entramado interinstitucional del Instituto Mexicano del Seguro Social, teniendo facultades legales, incluso, en la toma de decisiones y funcionamiento operativo de éste, por tanto, también tenía acceso al expediente ya formado. Además, que al ser parte del Instituto, procesalmente no existía fundamento alguno para que dicha autoridad administrativa solicitara al quejoso la información que ya tenía en su poder. Es decir, que al pertenecer al Instituto Mexicano del Seguro Social, también era parte en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, y por ello se sometía de la misma forma a tal proceso. Que el artículo 16, fracción VI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, prohibía expresamente la solicitud hecha al quejoso por parte de las autoridades responsables. Que dicho ente administrativo tenía funciones de investigación frente a los servidores públicos, no en cuanto al aquí quejoso, quien ya había cumplido con los requisitos para la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial desde el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Que en caso de iniciar expediente en contra de los servidores públicos implicados en la petición del quejoso, debía separarlo del procedimiento de responsabilidad patrimonial ya incoado. Además que en el caso tampoco existía notificación previa del procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado a los servidores públicos que involucrara a éste. Que con fundamento en el numeral décimo noveno de los lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias de la Secretaría de la Función Pública, se consideró que era la autoridad quien debía acudir al expediente para recabar el escrito, dado que tal disposición normativa indicaba ordenar a la autoridad administrativa que una vez radicada la queja, realizara las acciones necesarias para allegarse de los elementos que requiriera para determinar las responsabilidad administrativa de los servidores públicos. f) Que si el ocurso del quejoso de catorce de junio de dos mil veintidós, era el que motivaba el acuerdo, la autoridad correspondiente había sido omisa en señalar la motivación de la apertura de un expediente distinto al ya notificado al quejoso, y que éste tampoco se dio cuenta del error, derivado de que el único ocurso que entregó solicitando información fue el de trece de junio de dos mil veintidós. g) Que no era posible haber iniciado los expedientes 2022/IMSS/PP9525 y 2022/IMSS/PP2595, sin conocer los reclamos del quejoso, a los que incluso señaló la propia autoridad administrativa ya les había iniciado trámite. De las solicitudes presentadas el trece y catorce de junio, ambos de dos mil veintidós: Lo conducente en cuanto otorgar las atenciones médicas y servicio de cuidados integrales y permanentes que requería en su calidad de adulto mayor, con discapacidad y diversos padecimientos, lo que por acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, ordenó reservar. Del escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintidós: Lo relativo a que, de conformidad con el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, si dicha autoridad no había realizado alguna prevención en el "primer tercio" del plazo de un mes, no podía desecharse el trámite argumentando que estaba incompleto. Lo conducente en cuanto a que no existía fundamento legal para solicitar nuevamente el documento que requería al quejoso y, por el contrario, el artículo 16, fracción VI, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, prohibía la solicitud que se le formuló, pues era información ya entregada a la autoridad. Que la citada legislación no permitía discrecionalidad alguna sobre el momento en que iniciaba el procedimiento de responsabilidad patrimonial, dado que bastaba la presentación del escrito de reclamación. Además de que, atendiendo a los principios de indivisibilidad, unidad y coordinación de la administración pública federal, dicho proceso iniciaba ante la entidad presuntamente responsable desde el momento de recepción de la reclamación, con independencia del funcionario encargado de resolverla. Respuesta que podrá darse en un solo documento. 2. Notifiquen personalmente al quejoso la respuesta que otorguen, conforme lo dispuesto en las legislaciones correspondientes. Lo anterior no presupone la legitimidad de lo peticionado, por lo que la presente sentencia no constriñe a la responsable a dar contestación en sentido afirmativo, esto es, otorgando al peticionario lo que pide, sino únicamente a hacerlo de manera congruente, fundada y motivada, así como notificarle dicha respuesta. Esto es, dar contestación a lo pedido por la parte quejosa no implica necesariamente el inicio o la tramitación del procedimiento de responsabilidad administrativa, o el otorgamiento de los servicios que afirma requiere, porque de ello depende, precisamente, la respuesta que otorgue en los términos requeridos, antes precisados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia J/38 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, consultable a página 1738, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." De ahí que si bien a la fecha subsiste la omisión de la tramitación del procedimiento respectivo, originado con motivo de la reclamación supuestamente interpuesta el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, también es cierto que ésta depende necesariamente de lo que fundada y motivadamente resuelva la autoridad responsable, en cuanto a si se debe requerir o no el acuse en original respectivo de tal escrito o su copia certificada, dado que indican que no cuentan con éste, ni obra en dicha dependencia pública, pues la parte quejosa solo exhibió una copia simple. Por lo que, hasta este momento, no sería dable hacer pronunciamiento de ello hasta en tanto tal cuestión sea dilucidada por las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con la legislación correspondiente. Respecto a las diversas manifestaciones formuladas por la parte quejosa, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Antes bien, el presente fallo es acorde a lo solicitado." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 1390/2022-IV, promovido por Norberto Salazar Navarro, por conducto de su apoderado Abraham Alejandro Salazar García, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado a través del portal electrónico del Consejo de la Judicatura Federal el trece de diciembre de dos mil veintidós, remitido a este Juzgado de Distrito en la misma data, Norberto Salazar Navarro, por conducto de su apoderado Abraham Alejandro Salazar García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que precisó en el propio ocurso. En ese escrito, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló el concepto de violación que estimó pertinente y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. De esa demanda tocó conocer por razón de turno a este órgano jurisdiccional, el que, previa prevención y su cumplimiento, por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, la admitió a trámite; ordenó requerir su informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de tres de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo, en la que señaló nuevo acto reclamado al Órgano Interno de Control de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad. A las once horas con diez minutos del veintiuno de junio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la parte quejosa reclama omisiones de autoridades administrativas asentadas en esta ciudad, y con efectos dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional a las autoridades responsables consisten en: Del (a) Delegado Estatal; (b) Director del Hospital General Regional Número 1; (c) Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán; (d) Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán (e) Titular del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán, Delegación Regional; y, (f) Titular de la Oficina de Juicios Fiscales y Administrativos del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán, Delegación Regional, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social: 1. La omisión de sustanciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado aparentemente por el quejoso mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós ante el Hospital Regional número 1 del Instituto responsable, en consecuencia, también la de emitir la resolución correspondiente. Del (d) Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán y (g) Titular del Órgano Interno de Control de la Delegación Estatal Michoacán, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social: 2. La omisión de atender de manera congruente sus escritos presentados el trece y catorce de junio de dos mil veintidós, respectivamente, en los que solicitó cuidados integrales y permanentes que necesita en su calidad de adulto mayor, con discapacidad y estar afectado en su salud por diversos padecimientos; dado que sobre estos, la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante acuerdo de catorce de ese mes y año, se reservó el derecho de acordar lo relativo hasta que se tuviera cumplida la exigencia de exhibir nuevamente la reclamación sobre responsabilidad patrimonial precisada en el numeral anterior. Del (g) Titular del Órgano Interno de Control de la Delegación Estatal Michoacán, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social: 3. La omisión de dar respuesta el escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós. Del (d) Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán: 4. La omisión de contestar su escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertas las omisiones reclamadas a las autoridades responsables, toda vez que si bien al rendir sus informes justificados las negaron, también lo es que realizaron manifestaciones en cuanto a su existencia, lo que resulta suficiente para acreditar su certeza. Tiene aplicación la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Sin que pase inadvertido para este Juzgado de Distrito que las autoridades responsables (1) Delegado Estatal; (2) Director del Hospital General Regional Número 1; (3) Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán; (4) Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán (5) Titular del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán, Delegación Regional y (6) Titular de la Oficina de Juicios Fiscales y Administrativos del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán, Delegación Regional, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, anexaron a su informe justificado los siguientes documentos: a) Acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, con el que refieren dieron contestación al escrito presentado por la parte quejosa el tres de agosto de ese año; y, b) Constancia de notificación de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, correspondiente al proveído precisado en el párrafo anterior. Sin embargo, ello no es suficiente para desvirtuar la omisión precisada en el numeral 4 del considerando anterior, ni cualquiera de las restantes que la parte quejosa les reclamó, debido a que si bien la presunta respuesta a la petición la emitió en la fecha señalada (que es anterior a la presentación de la demanda), también se observa que ésta fue comunicada a la parte quejosa hasta el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, esto es, con posterioridad a la promoción del escrito constitucional, lo que es suficiente para acreditar la omisión que ésta les reclamó. Documentos a los cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ante la existencia de las omisiones reclamadas, es evidente que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 5°, fracción II, y la causa de sobreseimiento contemplada en el 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, invocada por las autoridades responsables. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes; por lo que previamente al estudio del fondo del asunto, debe examinarse si en el caso se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, dado que las partes no invocaron alguna otra causa de improcedencia, ni este juzgador advierte la actualización de diversa, se procede al estudio de la constitucionalidad de las omisiones reclamadas. QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. Por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni existir precepto legal que establezca dicha obligación no se transcriben los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. Sirve de base a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Antecedentes relevantes. Previo a determinar lo conducente conviene traer a glosa los antecedentes ordenados que se advierten de las constancias remitidas tanto por el quejoso como por la apoderada jurídica de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos siguientes: 1. El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el peticionario de amparo presentó ante el Hospital General Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, por actividad irregular administrativa, al tenor de lo siguiente: a) Que debido a la omisión de otorgar atención médica oportuna y adecuada del servicio médico otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente, la Unidad de Medicina Familiar 68, ubicada en Vista Hermosa, Michoacán; Hospital General de Zona 4 en Zamora, Michoacán; y, el Hospital General Regional 1 de esta ciudad, se produjo una lesión en sus derechos fundamentales. b) Para ello, precisó que regularmente acudía a consulta ya que padecía diabetes desde hace veinticuatro años; y, hace aproximadamente diez años, se le amputó la pierna izquierda. c) También manifestó que debido a malestares estomacales y de tracto digestivo, solicitó a su médico tratante adscrito a la Unidad de Medicina Familiar 68 de Vista Hermosa, Michoacán, que lo revisara; y éste le indicó que se realizara estudios en el recto, ya fuera de manera particular o en el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, con el inconveniente que en tal nosocomio tardaría algunos meses. Derivado de lo anterior, el doce de noviembre de dos mil diecinueve, decidió realizárselos de manera particular; y, obtuvo como resultado un pólipo de aproximadamente tres centímetros ubicado a seis centímetros del margen del ano. Luego, en la cita médica de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se le entregó dicho resultado a la doctora de la Unidad Médica Familiar 68, de Vista Hermosa, Michoacán, quien le hizo saber que había que atender con celeridad el problema, porque podría derivar en cáncer de colon. Posteriormente, el veintiuno de enero de dos mil veinte, el quejoso fue enviado mediante el sistema de traslado de pacientes del citado nosocomio a que se le realizaran diversos estudios al Hospital General 4 de Zamora, Michoacán, los cuales fueron ordenados como servicio ordinario y no urgente. Debido a que comenzó la pandemia del Covid-19 en el país, fueron canceladas las citas para los estudios que le habían sido agendadas, por lo que ya no se le pudo dar atención médica en el nosocomio de Zamora, Michoacán. Ante tal circunstancia, se le hizo referencia al Hospital General Regional 1 de esta ciudad, y hasta el seis de febrero de dos mil veinte, se le agendó una cita para realizarse valoraciones el doce de febrero de ese año; y, en esa data, se le agendó para que regresara a la cita y a estudios hasta el diez de junio de ese año, aunque en esa fecha, ya valorado por proctología, presumían la existencia de cáncer en el recto. Llegada la fecha, no pudo ser atendido porque estaban suspendidos casi todos los servicios debido a la pandemia del Covid-19; por ello, estuvo constantemente comunicándose sin obtener respuesta, ya que cuando atendían por teléfono le informaban que seguían suspendidos los servicios para los estudios que requería. Fue hasta el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el que fue canalizado por insistencia personal al Hospital General de la Zona 83 de esta ciudad; y ahí, se le realizó el estudio que requería, en el cual encontraron que ya no tenía un pólipo, sino un tumor, que con estudios posteriores, llegaron a la conclusión de que era cáncer y debía entrar a cirugía, así como obtener quimioterapia y radioterapia. d) Por lo anterior, el quejoso consideró que tal padecimiento pudo ser corregido por medio de una extirpación del pólipo inicialmente diagnosticado; sin embargo, ante la omisión de las responsables de otorgar atención médica, así como la falta de insumos para el tratamiento que agravó su padecimiento, ocasionándole un menoscabo en su calidad de vida, de manera que se encuentra en cama y depende de su familia totalmente, tanto en cuidados como para costear sus padecimientos. Por ello es que solicitó se le otorgara atención médica inmediata para diagnosticar y darle seguimiento a sus padecimientos sin escatimar gastos, horarios o listas de espera; una indemnización suficiente y justa por el menoscabo sufrido en su persona, tomando en cuenta su situación socioeconómica y otros aspectos relatados en dicho escrito de reclamación. 2. Ante la falta de respuesta, el aquí quejoso, presentó escrito el trece de junio de dos mil veintidós, ante la Jefatura de Servicios Administrativos, Delegación Morelia, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el catorce de ese mes y año, ante el Órgano Interno de Control de la Delegación Estatal en Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó: a) Se le informara sobre el estado del trámite que se le había otorgado a la reclamación presentada ante ese Instituto el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. b) Se designara un lugar en las instalaciones a su cargo, en donde se le otorgarían las atenciones médicas y el servicio de cuidados integrales y permanentes que requería en su calidad de adulto mayor discapacitado al tener amputada una pierna, además de sus padecimientos de diabetes, hipertensión y cáncer de colon; también para desarrollar sus actividades diarias en espacios que contribuyeran a su integración paulatina al entorno social, permitiendo una convivencia armónica con el entorno y su familia. También se observa que señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Veracruz, número 210, de la colonia Molino de Parras, de Morelia, Michoacán. 3. A ese escrito recayó el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, en el que la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán, y apoderada del Instituto Mexicano del Seguro Social, indicó que la promoción que anexaba de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, por la que interpuso el recurso de reclamación de responsabilidad patrimonial, se apreciaba un sello de recepción del Hospital General Regional número 1 de dicho Instituto, sin embargo, para poder dar trámite a su solicitud, es que se le requería para que dentro del plazo de cinco días hábiles después de la notificación del referido acuerdo, exhibiera ante dicha Jefatura el documento que presentó en tal nosocomio, o bien, copia cotejada ante Notario Público de forma íntegra. Lo anterior con el apercibimiento que de no cumplir se desecharía de plano la instancia que pretendía, y citó en su apoyo lo previsto por los artículos 15-A, fracción I y 17-A, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En cuanto a las diversas peticiones, señaló que se reservaba el derecho de acordarlas, hasta en tanto se tuviera el escrito de reclamación íntegro presentado ante dicho hospital. Acuerdo que ordenó notificar de manera personal en el domicilio señalado para tales efectos, lo que así aconteció, tal como se advierte de la constancia de veintiocho de julio de dos mil veintidós. 4. Mediante oficio número 179001410100/FJ/04755/2022, el encargado de la Jefatura de Servicios Jurídicos, del Departamento Contencioso de la Delegación Regional Michoacán, informó al Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en atención a lo solicitado, después de una búsqueda exhaustiva en los archivos y controles de tal dependencia, no se contaba con antecedente alguno de la reclamación de responsabilidad patrimonial que refería el solicitante, aquí quejoso. 5. Por escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, ante el Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y de la correspondiente a la de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social -dependiente de la Secretaría de la Función Pública- el aquí quejoso señaló y solicitó lo siguiente: a) Que en el acuerdo de once de julio de dos mil veintidós (sic) -en realidad se trata del proveído de catorce de junio de dos mil veintidós-, no se citó fundamento ni motivación legal para el requerimiento; además de que el quejoso ya había cumplido con los requisitos del procedimiento de responsabilidad que inició, por lo que estaban satisfechos los requisitos de los artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; que, incluso, el último citado en su fracción IV, prohibía expresamente la solicitud hecha al quejoso. b) Que el área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control, pertenecía también al entramado interinstitucional del Instituto Mexicano del Seguro Social, teniendo facultades legales, incluso, en la toma de decisiones y funcionamiento operativo de éste, por tanto, también tenía acceso al expediente ya formado. c) Además, al ser parte del Instituto, procesalmente no existía fundamento alguno para que dicha autoridad administrativa solicitara al quejoso la información que ya tenía en su poder. Es decir, que al pertenecer al Instituto Mexicano del Seguro Social, también era parte en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, y por ello se sometía de la misma forma a tal proceso. Además de que el artículo 16, fracción VI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, prohibía expresamente la solicitud hecha al quejoso por parte de las autoridades responsables. d) Señaló que dicho ente administrativo tenía funciones de investigación frente a los servidores públicos, no en cuanto al aquí quejoso, quien ya había cumplido con los requisitos para la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial desde el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. De esta manera, en caso de iniciar expediente en contra de los servidores públicos implicados en la petición del quejoso, debía separarlo del procedimiento de responsabilidad patrimonial ya incoado. Además de que en el caso tampoco existía notificación previa del procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado a los servidores públicos que involucrara a éste. e) Indicó que con fundamento en el numeral décimo noveno de los lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias de la Secretaría de la Función Pública, se consideró que era la autoridad quien debía acudir al expediente para recabar el escrito, dado que tal disposición normativa indicaba ordenar a la autoridad administrativa que una vez radicada la queja, realizara las acciones necesarias para allegarse de los elementos que requiriera para determinar las responsabilidad administrativa de los servidores públicos. f) Manifestó que si el ocurso del quejoso de catorce de junio de dos mil veintidós, era el que motivaba el acuerdo, la autoridad correspondiente había sido omisa en señalar la motivación de la apertura de un expediente distinto al ya notificado al quejoso, y que éste tampoco se dio cuenta del error, derivado de que el único ocurso que entregó solicitando información fue el de trece de junio de dos mil veintidós. g) También dijo que no era posible haber iniciado los expedientes 2022/IMSS/PP9525 y 2022/IMSS/PP2595, sin conocer los reclamos del quejoso, a los que incluso señaló la propia autoridad administrativa ya les había iniciado trámite. Sin embargo, de las constancias ofrecidas tanto por la parte quejosa como por la autoridad responsable se advierte que no se dio contestación a tal petición. 6. En escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintidós, ante la Jefatura de Servicios Jurídicos, del Departamento Contencioso de la Delegación Regional Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el aquí quejoso solicitó lo siguiente: a) Que ya habían transcurrido los tres meses que establecía el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que dicha autoridad diera solución al procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado que previamente inició. Ello porque la reclamación fue presentada ante la autoridad administrativa el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, y el quejoso fue notificado de dicho acuerdo el veintisiete de junio de ese año. b) Señaló que el plazo de un mes para prevenir procesalmente al quejoso dentro del procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, según lo ordenado por el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya había transcurrido, porque este debería realizarse dentro del primer tercio de tal plazo para emitir la resolución. También indicó que de no realizarse alguna prevención en el plazo otorgado, no podría desecharse el trámite argumentando que estaba incompleto. c) Argumentó que no existía fundamento para solicitar nuevamente el documento que requería al quejoso, por el contrario, el artículo 16, fracción VI, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, prohibía la solicitud que se le hizo, pues era información ya entregada a la autoridad. Es decir, que no se encontraba prevista en alguna norma la obligación de entregar nuevamente dicha reclamación. d) Que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no permitía discrecionalidad alguna sobre el momento en que iniciaba el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Es decir, que según la ley citada, en su artículo 18, el procedimiento iniciaba con la presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial. e) Refirió que derivado de los principios de indivisibilidad, unidad y coordinación de la administración pública federal, el procedimiento sobre responsabilidad patrimonial del Estado, inició ante la entidad presuntamente responsable desde el momento de recepción de la reclamación ante el Hospital General Regional número 1. Ello independientemente del funcionario específico de todo el organigrama de la autoridad administrativa que sería el encargado de resolverla, dado que el procedimiento inició con la entrega de la reclamación. f) Por todo lo anterior solicitaba la constancia de resolución de negativa ficta en el plazo de dos días hábiles, según el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 7. Mediante acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán, y apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Michoacán, en atención a la solicitud de tres de agosto de ese año, indicó: a) Que no ha lugar a emitir la constancia de resolución de negativa solicitada, respecto de la "supuesta" reclamación sobre responsabilidad patrimonial del Estado, pues hasta esa fecha no se había acreditado la presentación del recurso de reclamación citado, de ahí no se pudiera emitir una certificación respecto a dicho trámite. b) Máxime que no debía perderse de vista que a partir del momento en el cual solicitó a dicha Jefatura el estado procesal que guardaba el recurso, es que se había tenido conocimiento del trámite presentado en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por ello se efectuó el requerimiento para que lo anexara, y de ese modo tramitar y resolver lo conducente. Lo anterior de conformidad con el artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, de ahí que no se tuviera número de expediente de dicha reclamación, por ende, se contaba con la imposibilidad legal y material de emitir la constancia de resolución negativa, respecto de la reclamación sobre responsabilidad patrimonial del Estado solicitada. Determinación que se notificó el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el domicilio indicado por el quejoso en su escrito de solicitud, tal como se advierte de la constancia de notificación respectiva. (Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados) SÉPTIMO. Estudio. El único concepto de violación deviene esencialmente fundado, suficiente para conceder el amparo solicitado, como más adelante se explicará. En su motivo de disenso, la parte quejosa señala que las responsables transgreden lo dispuesto en el artículo 8° constitucional, ya que no han dado respuesta integral y congruente a las solicitudes que presentó el trece y catorce de junio, así como uno y tres de agosto, todos de dos mil veintidós, respectivamente; lo que ha originado que las restantes autoridades sean omisas en sustanciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial que afirma inició; en consecuencia, tampoco se ha emitido la resolución correspondiente. Efectivamente, este órgano jurisdiccional advierte que se transgrede en su contra el derecho fundamental de petición de todo gobernado, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el derecho de petición, al que debe recaer un acuerdo de manera escrita de la autoridad a quien se dirija y deberá hacerla del conocimiento en breve término al peticionario. I. Marco constitucional y legal Derecho de petición En relación con el derecho fundamental de petición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no basta que la autoridad a quien se eleva, dé respuesta a aquélla y la notifique al solicitante, sino que además debe verse satisfecho efectivamente tal derecho, de manera que la respuesta que recaiga debe ser congruente con lo planteado, pues solo así, materialmente se da cabal atención a la solicitud del gobernado, ya que admitirlo de otro modo equivaldría a permitir que una simple atención formal de lo solicitado, se tome como respuesta, aun cuando no aborde la cuestión formulada, evadiendo el requerimiento instado. Lo anterior sin que esta interpretación implique que la respuesta deba ser favorable a la petición del requirente, sino solamente que se dé contestación a lo efectivamente planteado. Esa prerrogativa del particular y la correlativa obligación de la autoridad de emitir una respuesta, se caracterizan por lo siguiente: La petición debe: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa; 2. Dirigirse a una autoridad; y, 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. La contestación debe: a. Emitirse en breve término; b. Ser congruente con la petición; c. Estar fundada y motivada; y, d. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. Apoya lo anterior la tesis número 36 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1897, en el tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." Ahora bien, cabe precisar que cuando se reclama una violación al derecho de petición, existe una carga procesal compartida: por un lado, la parte justiciable deberá demostrar que formuló y presentó ante la autoridad responsable su solicitud o petición en forma respetuosa y pacífica, así como que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; y, por otro lado, la responsable deberá acreditar que dio respuesta a la petición que le fue formulada en los términos referidos y que la notificó al solicitante. Procedimiento de responsabilidad patrimonial Ahora, los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, establece que los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los entes públicos federales se iniciarán por reclamación de la parte interesada. Para ello, la parte interesada deberá presentar su reclamación ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Establece que, en su demanda, los particulares deberán señalar, en su caso, el o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular. También precisa que el procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá ajustarse, además de lo dispuesto en dicha legislación, en lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en la vía jurisdiccional. Por su parte, los artículos 14, 15, 15-A y 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establecen que el procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de la parte interesada. La administración pública federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley. Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso, de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. También establece que el escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital. Dichos trámites deberán presentarse solamente en original y sus anexos, en copia simple, en un tanto, por lo que, si el interesado requiere que se le acuse recibo, deberá adjuntar una copia para ese efecto. Finalmente, cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del plazo que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. De lo anterior se obtiene que la autoridad se encuentra facultada para requerir al solicitante, incluso en la reclamación de responsabilidad patrimonial, para que un plazo que no será menor de cinco días hábiles desahogue la prevención solicitada. Además de que si el promovente requiere se acuse recibo de dicho trámite, deberá adjuntar una copia para tal efecto, en el que se asentará el sello respectivo de la institución. Por otra parte, es necesario precisar que las promociones con sello o leyenda de recepción, presentadas en tales procedimientos o procesos administrativos, ante las autoridades correspondientes, gozan de la presunción de que se presentaron en original y con la firma autógrafa (de otra manera no se le hubiera recibido o se habría asentado razón de la irregularidad). Ello porque el promovente no tendría otro medio eficaz para comprobar que entregó una promoción; y, por si fuera poco, en caso de estimar lo contrario, se podrían solapar actos irregulares en los que se encubriera la pérdida o mal uso de la promoción por el personal del órgano jurisdiccional en detrimento de los derechos del promovente; o la negligencia de las autoridades para sustanciar un procedimiento que podría, a la postre, resultar adverso a sus intereses. Se cita como apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis siguiente: "Registro digital: 165705 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.15o.A. J/8 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1344 Tipo: Jurisprudencia PROMOCIONES RECIBIDAS EN LA OFICIALÍA DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL. SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, GOZAN DE LA PRESUNCIÓN DE HABERSE PRESENTADO EN ORIGINAL Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL PROMOVENTE. Recibida una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital. En esos términos, cobra singular relevancia el acto mediante el cual el responsable de la oficialía de partes del órgano jurisdiccional recibe el escrito en el que ha de constar la promoción de mérito, acto que reviste la naturaleza de oficial y formal, en la medida que consiste no sólo en la recepción del documento respectivo, sino implica también la obligación de verificar que se dirija al órgano relativo y, entre otras cuestiones, que se encuentre firmado de manera autógrafa por quien aparece como promovente, de no ser así, el encargado de esa oficialía debe hacer constar de manera expresa esa circunstancia, pues aun cuando pudiera no estar facultado legalmente para rechazar la recepción de un documento presentado en esos términos, se encuentra naturalmente constreñido a verificar qué es lo que recibe, esto es, una promoción o un simple documento sin firma y, en su caso, debe asentar en el sello o leyenda de recepción, la ausencia de firma o la dificultad para determinar si es autógrafa (en el caso de que aparezca aparentemente reproducida por medio de fotocopiado, de manera facsimilar, etcétera). Por consiguiente, recibido un escrito en una oficialía de partes con las formalidades correspondientes a una promoción, goza de la presunción de haber sido presentado en original y con la firma autógrafa del promovente, salvo prueba en contrario, que puede ser, entre otras, la razón relativa a la ausencia de la firma o a la dificultad para determinar si es autógrafa. Ahora bien, la presunción de mérito, no desvirtuada mediante prueba alguna, debe estimarse suficiente para dar curso a la respectiva promoción y acordar lo que a su sentido en derecho proceda, ya que aplicar un criterio diverso dejaría en estado de indefensión al promovente, quien además de gozar de esa presunción de haber presentado el escrito original con firma autógrafa (de otra manera no se le hubiera recibido o se habría asentado razón de la irregularidad), no tendría otro medio eficaz para comprobar que entregó una promoción; y, por si fuera poco, en casos como el descrito, se podrían solapar actos irregulares en los que se encubriera la pérdida o mal uso de la promoción por el personal del órgano jurisdiccional en detrimento de los derechos del promovente." Criterio jurisprudencial que es aplicable al caso, por identidad jurídica esencial, en tanto que las promociones presentadas ante órganos jurisdiccionales o administrativos, se dirigen a un poder del Estado, ambos se encuentran protegidos por el derecho de petición o de acceso a la jurisdicción; y, en el caso, se vinculan a un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, que se sigue en forma de juicio. De ahí la importancia de contar con el escrito en el cual obre el sello o leyenda de recepción original por parte del solicitante de que realizó una solicitud o instó algún procedimiento ante las autoridades correspondientes, de lo contrario, y ante la negativa de éstas, necesariamente se tendrían que acudir a otros elementos probatorios para acreditar tal circunstancia. No obstante, también es necesario atender al principio de buena fe procesal, que rige el proceso administrativo en la vía jurisdiccional, relacionado con el artículo 15, párrafos once y doce, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el que es aplicable de manera supletoria a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, del cual se obtiene que las partes actúan en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón, y que por esa circunstancia pueden aportar como medios de prueba documentos en copia simple, los cuales pueden ser corroborados ante la autoridad ante la que se presentó. Empero, en caso de que no los presente o no se obtengan de la forma establecida en el párrafo anterior, se requerirá al promovente para que lo haga en un plazo de cinco días, y en caso de que no, tratándose de las primeras seis fracciones del artículo citado, se tendrá por no presentada Especial protección que merecen los adultos mayores, y sus derechos a la dignidad humana, certeza jurídica, a la vida en familia, y a la salud Ahora, es necesario precisar que el artículo 1° de la Constitución General señala que todas las personas gozan de los derechos que ésta dispone, independientemente de la edad que tengan. Tal reconocimiento implica, por un lado, que cualquier negación de derechos con base en la categoría de edad se presume inconstitucional y, por otro, que se justifica la protección reforzada de los derechos tanto de los menores de edad como de los adultos en edad avanzada; si bien no puede equipararse la vulnerabilidad de los niños con la de los adultos mayores, ambos grupos se encuentran en una situación de debilidad respecto al resto de la población. Por su parte, en la contradicción de tesis 19/2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que las personas en edad avanzada "son frecuentemente discriminadas, despreciadas, abandonadas (y, en ocasiones, incluso maltratadas) por una ciudadanía que no tiene suficientemente en cuenta las vicisitudes asociadas al ciclo de vida de las personas". Tales consideraciones llevaron a la Primera Sala del Alto Tribunal a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca en muchas ocasiones, en una situación de dependencia familiar y vulnerabilidad. En efecto, la discriminación y el abandono son los principales obstáculos que se deben combatir a través de la protección reforzada de sus derechos, por lo que resulta indispensable que se velen sus intereses con especial intensidad con el objetivo de garantizar una vejez con dignidad. Cabe decir que el envejecimiento es un fenómeno biológico e inevitable el cual podemos percibir de un modo positivo o negativo, influenciados, en cierta medida, por el marco de referencia del cual partamos (ejemplo, edad, productividad, salud, situación laboral etc.), pero en gran medida influenciados por las respuestas sociales que se les otorga a las personas que se consideran abarcadas por dicho fenómeno. Visto así, el envejecimiento no es un problema en sí mismo, sino que los problemas surgen por las respuestas sociales o, en la mayoría de los casos, por la falta de respuestas sociales a un fenómeno que, como se ha dicho anteriormente, no es intrínsecamente negativo, pero sí intrínsecamente inevitable. Entonces, son la remoción de las barreras sociales, las cuales pueden ser de tipo físicas, comunicacionales o actitudinales las que generan las situaciones de discriminación hacia las personas mayores, que se traducen en vulneraciones de derechos humanos; por lo que, la disminución en la movilidad, en la vista, en la comprensión, en la escucha, no deben considerarse como aspectos negativos, sino como aspectos esenciales de la diversidad y dignidad inherente del ser humano, en los que toda sociedad que se precie de respetar los derechos humanos, debe asumir esta diversidad como un aspecto positivo y darle respuestas sociales, políticas y jurídicas adecuadas. Dicha consideración especial hacia los derechos de las personas mayores se encuentra contenida en diversos instrumentos internacionales. Entre ellos destacan: - El artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad." Y, en su numeral 25 dispone: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad." El artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", establece: "(.) Protección de los ancianos Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos. (.)." - La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en su artículo 4°, incisos a) y e), se establecen los deberes que deben adoptar los Estados parte, entre ellos: "(.) a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor. (.) e) Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral. (.)." El artículo 6°, contempla el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez: "Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado." Por su parte, la relación íntima que se establece entre el derecho a la salud y la dignidad humana de las personas de la tercera edad, ha sido recalcada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC), en su observación general número 14 que, en su párrafo 25, establece: "En lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores, el Comité, conforme a lo dispuesto en los párrafos 34 y 35 de la observación general No. 6 (1995), reafirma la importancia del enfoque integrado de la salud que abarque la prevención, la curación y la rehabilitación. Esas medidas deben basarse en reconocimientos periódicos para ambos sexos; medidas de rehabilitación física y psicológica destinadas a mantener la funcionalidad y la autonomía de las personas mayores; y la prestación de atención y cuidados a los enfermos crónicos y en fase terminal, ahorrándoles dolores evitables." Por último, en la recomendación de la resolución 46/91 de los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad se solicitó a los gobiernos introdujeran a sus programas nacionales, los principios adoptados relativos a la independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad de las personas de edad. Por su parte, el artículo 4° Constitucional prevé el derecho que toda persona tiene a la protección de la salud, por lo cual, la ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. En el ámbito interno, para el caso de las personas que se encuentran dentro del país, los artículos 50 y 51 de la Ley General de Salud, contempla que el usuario de servicios de salud, tiene el derecho a recibirlos de manera oportuna y de calidad idónea, así como recibir atención profesional y éticamente responsable, trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares. Ahora, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores garantiza el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. Así, en su artículo 5° se establece un listado no limitativo de los derechos que adquieren relevancia tratándose de este grupo, entre los que destacan: el derecho a tener una vida con calidad, siendo obligación brindar dicha protección a las Instituciones Públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho, así como de las instituciones federales, estatales y municipales. Por otra parte, el derecho fundamental a la salud de los adultos mayores adquiere una connotación especial, toda vez que se trata de sujetos que se encuentran en condiciones de desventaja con relación a los demás, en virtud de su estado de vulnerabilidad, por razón de la edad, luego se hace necesario proteger el derecho en forma prevalente para, con base en la diferenciación, hacer efectivo el principio de igualdad como presupuesto constitucional. Así las cosas, el derecho a la salud y la alimentación, que comprenden: tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y las condiciones humanas o materiales, para su atención integral; así como acceso preferente a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que gocen cabalmente de bienestar físico, mental, psicoemocional y sexual. En ese entendido, la familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social. Lo que quiere decir que de manera constante y permanente deberá hacerse cargo de las personas adultas mayores que formen parte de ella, conociendo sus necesidades y proporcionándoles los elementos necesarios para su atención integral. El lugar idóneo para una persona adulta mayor es su hogar. Sólo en caso de prescripción médica, decisión personal o la falta de condiciones propicias para su atención integral en el seno del hogar, su cónyuge, concubinario o familiares podrán solicitar su ingreso en alguna institución asistencial pública o privada dedicada al cuidado de las Personas Adultas Mayores. Por ello, cabe destacar que la protección de los citados derechos humanos cuenta con una inescindible conexión que hay entre la dignidad y la salud de las personas de la tercera edad, a partir de la cual se desprenden compromisos puntuales para el Estado. II. Caso concreto y decisión Ahora bien, como se advierte de los antecedentes respectivos, el trece y catorce de junio, así como uno y tres de agosto, todos de dos mil veintidós, el aquí quejoso realizó diversas solicitudes a las autoridades responsables con motivo de (1) la tramitación de la reclamación sobre responsabilidad patrimonial del Estado, que afirma presentó desde el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, respecto de diversas autoridades pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social; y, (2) lo referente a que dicho organismo de seguridad social le proporcionara cuidados integrales y permanentes dada su condición de adulto mayor, con discapacidad física y sus diversos padecimientos. Sin embargo, las autoridades a quienes se encuentran dirigidos, han sido omisas en dar respuesta dichas peticiones de manera congruente, así como fundada y motivada. Se explica. Solicitud presentada el uno de agosto de dos mil veintidós, sin respuesta Respecto al escrito que presentó la parte quejosa el uno de agosto de dos mil veintidós, dirigida al Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y de la corresopndiente a la de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social -dependiente de la Secretaría de la Función Pública-, se advierte formuló diversas peticiones, previamente sintetizadas en los antecedentes, de las que se observa que no se emitió respuesta alguna; las que se encuentran relacionadas con la omisión de sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que afirma interpuso ante dicho Instituto responsable. Solicitudes presentadas el trece y catorce de junio, así como tres de agosto, todos de dos mil veintidós, respuesta parcial e incongruente Ahora, en cuanto a la solicitud formulada el trece de junio de dos mil veintidós, ante la Jefatura de Servicios Administrativos, Delegación Morelia, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el catorce de ese mes y año, ante el Órgano Interno de Control de la Delegación Estatal en Michoacán, del Instituto citado, se observa que a ésta únicamente recayó una respuesta parcial por parte de las responsables en acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós. Lo anterior porque en dicho proveído solo le indicaron que era necesario que presentara el escrito que refería, el que "al parecer tenía un sello de recepción del Hospital General 1 de dicho Instituto", de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, con el que había interpuesto la reclamación de responsabilidad administrativa solicitada, para estar en condiciones de informar su estado procesal. Sin embargo, también se advierte que en ese acuerdo se reservó el derecho de acordar lo conducente en cuanto otorgar las atenciones médicas y servicio de cuidados integrales y permanentes que requería en su calidad de adulto mayor, con discapacidad y diversos padecimientos; sin que tal petición tuviera vinculación alguna, respecto del trámite de responsabilidad patrimonial presentado. Mientras que de la diversa solicitud presentada el tres de agosto de dos mil veintidós, ante la Jefatura de Servicios Jurídicos, del Departamento Contencioso de la Delegación Regional Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que recayó el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, en el que solo se atendió lo solicitado en cuanto a la constancia de resolución de negativa, la que se dijo que no ha lugar; no obstante, también se observa que dicha autoridad fue omisa en dar respuesta a todos los planteamientos ahí establecidos, en el siguiente sentido. a) Nada dijo en cuanto a que, de conformidad con el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, si dicha autoridad no había realizado alguna prevención en el "primer tercio" del plazo de un mes, no podía desecharse el trámite argumentando que estaba incompleto. b) Tampoco proveyó en cuanto a que no existía fundamento legal para solicitar nuevamente el documento que requería al quejoso y, por el contrario, el artículo 16, fracción VI, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, prohibía la solicitud que se le formuló, pues era información ya entregada a la autoridad. c) No realizó pronunciamiento en cuanto a que la citada legislación no permitía discrecionalidad alguna sobre el momento en que iniciaba el procedimiento de responsabilidad patrimonial, dado que bastaba la presentación del escrito de reclamación. d) Además de que, atendiendo a los principios de indivisibilidad, unidad y coordinación de la administración pública federal, dicho proceso iniciaba ante la entidad presuntamente responsable desde el momento de recepción de la reclamación, con independencia del funcionario encargado de resolverla. En ese contexto, no se desatiende lo que expresaron las autoridades responsables al rendir sus informes justificados en el sentido de que habían dado contestación a las diversas solicitudes del quejoso, con el último acuerdo reseñado, empero, como se explicó, con ello no puede considerarse que se subsane la falta de respuesta respecto de todas las peticiones realizadas por la parte quejosa, y que ésta sea congruente con lo planteado. Lo anterior porque solo así materialmente se da cabal atención a las solicitudes del gobernado, máxime que éstas se presentaron desde el trece y catorce de junio, así como uno y tres de agosto, todos de dos mil veintidós, de ahí que exista una dilación excesiva para dar cumplimiento al mandato constitucional de dar una respuesta congruente y en breve término. En ese sentido, al reservar proveer lo conducente en cuanto al primero y segundo de los mencionados, no contestar el tercero, y solo atender una parte del cuarto de los escritos de solicitud presentados por la parte quejosa, es evidente que se violó el artículo 8° Constitucional. Ello porque en cuanto al primero y segundo de los citados, se observa que no existe justificación de la autoridad responsable de reservar proveer lo conducente en cuanto otorgar las atenciones médicas y servicio de cuidados integrales y permanentes que requería en su calidad de adulto mayor al contar en la actualidad con setenta y dos años, con discapacidad y diversos padecimientos, por el solo hecho de que previamente se deba de acreditar que inició o interpuso el trámite de responsabilidad administrativa citado, en tanto que legalmente tales aspectos no tienen alguna vinculación ni depende la respuesta de uno a lo que se resuelva en el otro. Calidad que, además, acreditó con la cartilla nacional de salud, así como el expediente clínico que anexó a su demanda de amparo, a los que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, como se explicó, el promovente, aquí quejoso, en atención a su derecho fundamental a la salud de adultos mayores y personas con alguna discapacidad, solicitó tales servicios del Instituto de Seguridad Social, por lo que, de ninguna manera, se puede considerar que deba dejarse de atender si previamente no acreditó que accionó el procedimiento de responsabilidad patrimonial correspondiente, por el contrario, ante la naturaleza de lo solicitado, la autoridad responsable debió emitir respuesta en un corto plazo, de manera congruente, y no sujetarlo a diversa circunstancia para proveer lo conducente. Tomando en cuenta lo establecido en la Constitución Federal, así como las leyes de la materia previamente citadas. Lo expuesto aunado a que a la fecha en que se dicta la presente ejecutoria, las autoridades responsables han sido omisas en emitir la respuesta correspondiente a tal petición, esto es, de levantar la reserva correspondiente. Mientras que respecto a la falta de contestación de manera congruente con lo solicitado de los dos últimos escritos mencionados, trae como consecuencia que hasta la actualidad exista la omisión de tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial citado, que el promovente afirma sí interpuso. En virtud de que en esos escritos, precisamente, el quejoso solicita se dé continuidad a su solicitud porque estima es innecesario que se requiera el original o copia certificada del acuse por el que lo interpuso; también que la autoridad no se encuentra facultada para requerir tal promoción en un plazo de cinco días; y, que exista una prohibición de ésta para solicitar tal documento para iniciar su trámite, entre otras cuestiones relacionadas, y son precisamente éstas sobre las que no han dado respuesta las responsables. Lo que deben contestar atendiendo a la Ley de Responsabilidad Patrimonial, y de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al principio de buena fe procesal, y respetando los derechos fundamentales del quejoso, en cuanto a la salud en la vejez; incluso, si resulta necesario, allegarse de los medios a su alcance para dilucidar tal cuestión. De ahí lo fundado en esencia del único concepto de violación. OCTAVO. Efectos de la sentencia. Conforme a lo dispuesto por los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo a la parte quejosa es para los efectos siguientes: Las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán: 1. Dar inmediata contestación en forma congruente, exhaustiva y completa a los escritos presentados por el quejoso Norberto Salazar Navarro, en fechas trece y catorce de junio, así como uno y tres de agosto, todos de dos mil veintidós, atendiendo todos y cada uno de los puntos indicados en la presente ejecutoria, que son: Del escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós: a) Lo relativo a que en el acuerdo de once de julio de dos mil veintidós (sic) -en realidad se trata del proveído de catorce de junio de dos mil veintidós-, no se citó fundamento ni motivación legal para el requerimiento; además de que el quejoso ya había cumplido con los requisitos del procedimiento de responsabilidad que inició, por lo que estaban satisfechos los requisitos de los artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; que, incluso, el último citado en su fracción IV, prohibía expresamente la solicitud hecha al quejoso. b) También lo conducente en cuanto a que el Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control, pertenecía también al entramado interinstitucional del Instituto Mexicano del Seguro Social, teniendo facultades legales, incluso, en la toma de decisiones y funcionamiento operativo de éste, por tanto, también tenía acceso al expediente ya formado. c) Además, que al ser parte del Instituto, procesalmente no existía fundamento alguno para que dicha autoridad administrativa solicitara al quejoso la información que ya tenía en su poder. Es decir, que al pertenecer al Instituto Mexicano del Seguro Social, también era parte en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, y por ello se sometía de la misma forma a tal proceso. Que el artículo 16, fracción VI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, prohibía expresamente la solicitud hecha al quejoso por parte de las autoridades responsables. d) Que dicho ente administrativo tenía funciones de investigación frente a los servidores públicos, no en cuanto al aquí quejoso, quien ya había cumplido con los requisitos para la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial desde el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Que en caso de iniciar expediente en contra de los servidores públicos implicados en la petición del quejoso, debía separarlo del procedimiento de responsabilidad patrimonial ya incoado. Además que en el caso tampoco existía notificación previa del procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado a los servidores públicos que involucrara a éste. e) Que con fundamento en el numeral décimo noveno de los lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias de la Secretaría de la Función Pública, se consideró que era la autoridad quien debía acudir al expediente para recabar el escrito, dado que tal disposición normativa indicaba ordenar a la autoridad administrativa que una vez radicada la queja, realizara las acciones necesarias para allegarse de los elementos que requiriera para determinar las responsabilidad administrativa de los servidores públicos. f) Que si el ocurso del quejoso de catorce de junio de dos mil veintidós, era el que motivaba el acuerdo, la autoridad correspondiente había sido omisa en señalar la motivación de la apertura de un expediente distinto al ya notificado al quejoso, y que éste tampoco se dio cuenta del error, derivado de que el único ocurso que entregó solicitando información fue el de trece de junio de dos mil veintidós. g) Que no era posible haber iniciado los expedientes 2022/IMSS/PP9525 y 2022/IMSS/PP2595, sin conocer los reclamos del quejoso, a los que incluso señaló la propia autoridad administrativa ya les había iniciado trámite. De las solicitudes presentadas el trece y catorce de junio, ambos de dos mil veintidós: Lo conducente en cuanto otorgar las atenciones médicas y servicio de cuidados integrales y permanentes que requería en su calidad de adulto mayor, con discapacidad y diversos padecimientos, lo que por acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, ordenó reservar. Del escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintidós: a) Lo relativo a que, de conformidad con el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, si dicha autoridad no había realizado alguna prevención en el "primer tercio" del plazo de un mes, no podía desecharse el trámite argumentando que estaba incompleto. b) Lo conducente en cuanto a que no existía fundamento legal para solicitar nuevamente el documento que requería al quejoso y, por el contrario, el artículo 16, fracción VI, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, prohibía la solicitud que se le formuló, pues era información ya entregada a la autoridad. c) Que la citada legislación no permitía discrecionalidad alguna sobre el momento en que iniciaba el procedimiento de responsabilidad patrimonial, dado que bastaba la presentación del escrito de reclamación. d) Además de que, atendiendo a los principios de indivisibilidad, unidad y coordinación de la administración pública federal, dicho proceso iniciaba ante la entidad presuntamente responsable desde el momento de recepción de la reclamación, con independencia del funcionario encargado de resolverla. Respuesta que podrá darse en un solo documento. 2. Notifiquen personalmente al quejoso la respuesta que otorguen, conforme lo dispuesto en las legislaciones correspondientes. Lo anterior no presupone la legitimidad de lo peticionado, por lo que la presente sentencia no constriñe a la responsable a dar contestación en sentido afirmativo, esto es, otorgando al peticionario lo que pide, sino únicamente a hacerlo de manera congruente, fundada y motivada, así como notificarle dicha respuesta. Esto es, dar contestación a lo pedido por la parte quejosa no implica necesariamente el inicio o la tramitación del procedimiento de responsabilidad administrativa, o el otorgamiento de los servicios que afirma requiere, porque de ello depende, precisamente, la respuesta que otorgue en los términos requeridos, antes precisados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia J/38 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, consultable a página 1738, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." De ahí que si bien a la fecha subsiste la omisión de la tramitación del procedimiento respectivo, originado con motivo de la reclamación supuestamente interpuesta el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, también es cierto que ésta depende necesariamente de lo que fundada y motivadamente resuelva la autoridad responsable, en cuanto a si se debe requerir o no el acuse en original respectivo de tal escrito o su copia certificada, dado que indican que no cuentan con éste, ni obra en dicha dependencia pública, pues la parte quejosa solo exhibió una copia simple. Por lo que, hasta este momento, no sería dable hacer pronunciamiento de ello hasta en tanto tal cuestión sea dilucidada por las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con la legislación correspondiente. Respecto a las diversas manifestaciones formuladas por la parte quejosa, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Antes bien, el presente fallo es acorde a lo solicitado. Así, por lo expuesto y conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Norberto Salazar Navarro, por conducto de su apoderado, en contra de los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de este fallo y para los efectos precisados en el último. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, hasta el veinte de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente del juicio de amparo IV-1390/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo IV-1390/2022 promovido por Abraham Alejandro Salazar García en cuanto apoderado de Norberto Salazar Navarro, contra actos del Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no le reviste el carácter de tercero interesado a persona alguna. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Da cuenta con el informe justificado rendido por: Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, Región 8 Michoacán del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad. Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán. Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Director del Hospital General Regional número 1. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán. Titular del Departamento Contencioso de la jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán. Jefa de Oficina de Juicios Fiscales de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano Interno de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán. EL JUEZ: Por haberse rendido en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales exhibidas por la parte quejosa y autoridades responsables; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar con los formulados por la parte quejosa, mediante su escrito recibido por este juzgado el ocho de marzo de dos mil veintitrés. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LEONEL LÓPEZ PÉREZ.
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