Noelia Evangelina Gutiérrez Martínez

Expediente 87/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
87/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Noelia Evangelina Gutiérrez Martínez
  • Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Acuse. Visto lo de cuenta, se tiene al magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, acusando recibo del oficio con el que se le notificó el acuerdo que declaró ejecutoriada la sentencia y ordenó el archivo del asunto como concluido; asimismo, acusa recibo del toca de apelación 212/2020 y el expediente 250/2020 de primera instancia.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que no fue impugnada en legal término la sentencia que negó la protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. 1.1. Archivo. En tales consideraciones, se ordena el archivo definitivo, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. Valoración de expedientes. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. 1.2.1. Incidente de suspensión. Ahora, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados, en consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión también es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 1.2.2. Transferencia de expedientes. De conformidad con el tercer párrafo del numeral 18 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes depúrese el cuaderno principal como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 1.4. Constancia. Dado que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 1.5. Devolución de documentos. En virtud de que el magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán allegó a este órgano jurisdiccional el toca de apelación 212/2020 y el expediente 250/2020 de primera instancia, se ordena su remisión; en la inteligencia que la constancia que se genere por su entrega será prueba de tal recepción. 2. Solicitud de acuse de la superioridad. Por otra parte, visto el comunicado de cuenta y, en atención a su contenido, se acusa recibo del oficio 69, suscrito por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, al cual adjuntó los autos originales del amparo directo civil 591/2020, del índice de dicho tribunal, el informe justificado rendido por el magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán y dos tomos de pruebas (toca civil 12/2020 y expediente 250/2020). 3. Copia a la responsable. Toda vez que no obra constancia en el expediente electrónico que se haya notificado la sentencia a la responsable, se ordena remitir copia de la misma con el oficio que se genere por este acuerdo. 4. Cuaderno por separado. Como se indicó, la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos permiten advertir que en este expediente, el personal encargado de su tramitación (secretario y oficial) incurrieron en una falta de cuidado en cuanto a vigilar que se declare ejecutoriado el fallo dictado en este juicio, aunado a que del expediente no se observa dato concreto que permita advertir la existencia de algún obstáculo legal o material para que se llevase a cabo. En esas condiciones, dado que las constancias del sumario permiten advertir la posible existencia de responsabilidades administrativas por falta de cuidado en el desempeño de las funciones propias del personal a cargo de este expediente, se ordena dar cuenta por separado y con las constancias pertinentes de este asunto, a fin de que se determine lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que no fue impugnada en legal término la sentencia que negó la protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. 1.1. Archivo. En tales consideraciones, se ordena el archivo definitivo, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. Valoración de expedientes. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. 1.2.1. Incidente de suspensión. Ahora, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados, en consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión también es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 1.2.2. Transferencia de expedientes. De conformidad con el tercer párrafo del numeral 18 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes depúrese el cuaderno principal como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 1.4. Constancia. Dado que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 1.5. Devolución de documentos. En virtud de que el magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán allegó a este órgano jurisdiccional el toca de apelación 212/2020 y el expediente 250/2020 de primera instancia, se ordena su remisión; en la inteligencia que la constancia que se genere por su entrega será prueba de tal recepción. 2. Solicitud de acuse de la superioridad. Por otra parte, visto el comunicado de cuenta y, en atención a su contenido, se acusa recibo del oficio 69, suscrito por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, al cual adjuntó los autos originales del amparo directo civil 591/2020, del índice de dicho tribunal, el informe justificado rendido por el magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán y dos tomos de pruebas (toca civil 12/2020 y expediente 250/2020). 3. Copia a la responsable. Toda vez que no obra constancia en el expediente electrónico que se haya notificado la sentencia a la responsable, se ordena remitir copia de la misma con el oficio que se genere por este acuerdo. 4. Cuaderno por separado. Como se indicó, la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos permiten advertir que en este expediente, el personal encargado de su tramitación (secretario y oficial) incurrieron en una falta de cuidado en cuanto a vigilar que se declare ejecutoriado el fallo dictado en este juicio, aunado a que del expediente no se observa dato concreto que permita advertir la existencia de algún obstáculo legal o material para que se llevase a cabo. En esas condiciones, dado que las constancias del sumario permiten advertir la posible existencia de responsabilidades administrativas por falta de cuidado en el desempeño de las funciones propias del personal a cargo de este expediente, se ordena dar cuenta por separado y con las constancias pertinentes de este asunto, a fin de que se determine lo que en derecho corresponda.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo IV-87/2021; y, RESULTANDO ÚNICO. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinte, ante la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, turnado el catorce de diciembre de dos mil veinte al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Distrito Judicial; Noelia Evangelina Gutiérrez Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Mediante auto de trece de enero de dos mil veintiuno el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Distrito Judicial determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto y ordenó remitir el asunto a la oficina de correspondencia común para que lo turnara al Juzgado de Distrito en turno correspondiente, el cual tocó conocer a Juzgado. Una vez admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. Finalmente, se dio aviso a las partes de la adscripción de quien ahora resuelve; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que radica dentro de la jurisdicción correspondiente a esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. En esa virtud, se advierte que el acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado es: La determinación de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del toca I-212/2020, la cual confirmó el auto de uno de septiembre de dos mil veinte, dictada dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar sobre adopción plena número 250/2019, en donde se determinó no admitir a trámite dicho procedimiento. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir informe justificado el Magistrado de la Cuarta Sala Civil, manifestó que es cierto el acto que se le atribuye, además en los archivos que anexaron a su informe de ley, se advierte la existencia de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte dictada en el toca I-212/2020, documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, ninguna de las partes manifestó la existencia de causas de improcedencia, ni se advierte, de oficio, la actualización de alguna de ellas; por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes. Para mejor comprensión, se exponen los antecedentes de relevancia del presente asunto, los cuales se desprenden del toca civil I-212/2020 del índice de la cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, a saber: Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veinte ante la Oficialía de partes y turno en materia civil de Puruándiro, Michoacán, Noelia Evangelina Gutiérrez Martínez presentó juicio de adopción plena, el cual se turnó al Juez Mixto de Primera Instancia de Puruándiro, Michoacán. El uno de septiembre de dos mil veinte, el Juez Mixto de Primera Instancia de Puruándiro, Michoacán, desechó el juicio por carecer de fundamento legal que acogiera la pretensión de la actora -aquí quejosa-. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veinte, la actora en el juicio de origen presentó recurso de apelación en contra de la determinación de uno de septiembre del año pasado, el que tocó conocer a la Cuarta sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la Cuarta sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, determinó confirmar el auto recurrido SEXTO. Estudio del acto reclamado. La parte quejosa alude, de forma medular, que se violaron, en su perjuicio, los derechos humanos consagrados, en los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la responsable no fundó ni motivó la resolución combatida, por lo que le negó el acceso a la justicia. En principio, resulta necesario establecer el marco constitucional respecto al requisito de la debida fundamentación y motivación que deben reunir todos los actos de autoridad. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento del derecho fundamental de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Este derecho esencial obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Además, las determinaciones del juzgador que resuelven una cuestión litigiosa no deben desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Así lo sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, misma que dispone lo siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". De este modo, los artículos 14, párrafo segundo, y 16, primer párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagran el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad relativo a que las autoridades del Estado sólo deben actuar tal como la ley se los permite en la forma y términos que ésta determine, fundando y motivando su actuar por escrito. En el entendido de que la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de tales características en los actos de autoridad, puede revestir dos formas distintas, a saber: i) la derivada de su falta; y, ii) la correspondiente a su incorrección. La falta de fundamentación y motivación se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos; mientras que, la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". En suma, el principio de legalidad consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar los actos que incidan en la esfera jurídica del gobernado, para cumplir con uno de los requisitos formales contenidos en el diverso principio de seguridad jurídica. La exigencia de fundar en ley tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueren correctos o, bien, si no fueron acordes con la motivación citada, en otras palabras, tiende a evitar actos arbitrarios. En el caso concreto, el quejoso aduce que la autoridad responsable no motivó ni fundamento la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictado en el toca de apelación I-212/2020 que confirmó la determinación de uno de septiembre de dos mil veinte dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria de adopción plena 250/2020 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Puruándiro, Michoacán. En el caso concreto, de la lectura del acto reclamado, se observa que, contrario a lo aducido por los peticionarios de amparo, el Magistrado responsable señaló los preceptos legales aplicables al caso, esto es, manifestó que fundaba su determinación en los artículos 3, fracciones I y XIX y 6 de la Ley de Adopción del Estado de Michoacán, los cuales resultan concordantes a la determinación emitida por la responsable, mismos que son del contenido siguiente: "ARTÍCULO 3. Para efectos de esta Ley, se entiende por: Adolescente. Persona desde los doce hasta antes de los dieciocho años de edad; . XIX. Niña o Niño. Persona menor de doce años de edad; ARTÍCULO 6. La adopción es un derecho de las niñas, niños y adolescentes, de naturaleza restitutiva, que les garantiza vivir, crecer y desarrollarse de manera íntegra en el seno de una familia." Dichos numerales, dan una definición de lo que se entiende por adolescente, niña o niño, asimismo, precisa que la adopción es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, que les permite vivir, crecer y desarrollarse en el seno de una familia. De igual forma, la autoridad responsable motivo su determinación en el sentido de que la aquí quejosa al ser mayor de edad no podía ser sujeta de adopción, pues este derecho es para los niños, niñas y adolescentes, lo cual esta definido por la Ley de Adopción para el Estado, pues del acta de nacimiento que ella misma aportó al juicio de origen se advertía que la misma nació el veinte de junio de dos mil veinte -a la fecha contaba con veinte años de edad-. Asimismo, debe precisarse que no existe una negativa de acceso a la justicia por la sola circunstancia de que le hayan proveído en sentido negativo su pretensión, pues estimar lo contrario implicaría que se estimara vulnerada dicha garantía o derecho cada que un justiciable no encontrara favorables las resoluciones, pese a no ajustarse al marco legal. En otras palabras, la quejosa sólo indica que se le niega el acceso a la justicia porque le negaron su pretensión, pero la negativa se encuentra fundada y motivada, por lo cual carece de razón que por habérsele proveído en sentido negativo se haya vulnerado su derecho de acceso a la justicia. Por tanto, contrario a lo aducido por la quejosa, el acuerdo motivo de reclamo, colma el requisito constitucional de señalar los motivos, causas inmediatas y circunstancias particulares que originaron la emisión del proveído sujeto a revisión en este juicio. En las relatadas circunstancias, ante lo e infundado de los argumentos propuestos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Noelia Evangelina Gutiérrez Martínez, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Esatdo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria.

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