Noel Reyes Mora
Expediente 196/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Noel Reyes Mora
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ LUIS PACHECO AGUILAR Y JESÚS ANOTONIO ÁLVAREZ FÉLIX, EN CUANTO APODERADOS JURÍDICOS DE NOEL REYES MORA. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de seis de marzo de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por José Luis Pacheco Aguilar y Jesús Antonio Álvarez Féliz, en cuanto apoderados jurídicos de Noel Reyes Mora, sin que hayan hecho uso de tal derecho; en consecuencia, queda FIRME el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, remítasele copia debidamente certificada del presente expediente, a fin de que esté en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ LUIS PACHECO AGUILAR Y JESÚS ANTONIO ÁLVAREZ FÉLIX, EN CUANTO APODERADOS JURÍDICOS DE NOEL REYES MORA. Demanda. Con la demanda de amparo de cuenta, José Luis Pacheco Aguilar y Jesús Antonio Álvarez Félix, en cuanto apoderados jurídicos de Noel Reyes Mora, carácter que se les reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que atribuye a las autoridades siguientes: ? Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad. ? Secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese con el número III-196/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ? Consideraciones previas. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K , de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". ? El acto reclamado es una violación procesal que no constituye un acto de imposible reparación. En el asunto que nos ocupa se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracciones III y XII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; (.)". De la interpretación de los preceptos transcritos se advierte que contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo el juicio de amparo, sólo procede contra las sentencias, laudos o resoluciones definitivas que pongan fin al juicio, salvo en los casos expresamente previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo; esto es, cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como tales, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato se trasgredan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que México sea parte. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del juicio de amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable. Ahora, para determinar si existe tal afectación debe atenderse a los efectos que produce objetiva y jurídicamente el acto reclamado, y no a las argumentaciones que constituyen los conceptos de violación, dado que la consideración de los efectos del acto son un presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, el cual debe estudiarse previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería el método del proceso de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción V del artículo 107 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia II.2o.P. J/29 , cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". Ahora, para mejor comprensión de lo que se expondrá, conviene hacer la relación de antecedentes siguiente: 1. El diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, los promoventes del amparo presentaron demanda sobre prescripción positiva y otras prestaciones frente a Jorge Reyes Mora y otros, la cual quedó registrada con el número 725/2017. 2. El dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, se dio inicio a la audiencia que prevé el artículo 185 de la Ley Agraria, en la que, entre otros puntos, se instruyó al actuario para que corrigiera y se cerciorara si en los domicilios en donde fueron emplazados los demandados Jorge Reyes Mora y Onofre Ruiz Ávalos, podían ser localizados. 3. Por audiencia del trece de noviembre del año antes citado, se tuvo por asentada la inasistencia de los demandados Jorge Reyes Mora y Onofre Ruiz Ávalos, no obstante estar debidamente emplazados y para confirmar dicha información, la autoridad responsable asentó el número de fojas en donde obran las cédulas de notificación correspondientes; además, se tuvieron por ofrecidos y desahogados medios de prueba diversos y se ordenó el turno del expediente a la Secretaría de Estudio y Cuenta para que elaborara el proyecto de resolución. 4. En acuerdo de veintidós de enero de dos mil dieciocho, se indicó que no se llevó a cabo el emplazamientos de los demandados Jorge Reyes Mora y Onofre Ruiz Ávalos, en sus domicilios y con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, se regularizó el procedimiento y se requirió a la partes actora para que precisen los domicilios de dichos demandados, determinación que constituye el acto reclamado. De lo expuesto en el párrafo anterior, debe primeramente establecerse que se trata de un acto acaecido dentro de un proceso jurisdiccional; esto es, el acto combatido se emitió en un juicio agrario. De ahí que la naturaleza del acto sea intraporcesal, puesto que los derechos que se afectan con la emisión del mismo son adjetivos, mismos que se ven tutelados por las normas procesales aplicables al caso en concreto. Asentado lo anterior, se desprende que el contenido del acuerdo de veintidós de enero de dos mil dieciocho, no es de aquellos actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos de la parte actora, lo que produce únicamente consecuencias intraprocesales debido a que sus consecuencias materiales se reducen a regularizar el procedimiento respectivo, para que la totalidad de demandados se encuentren debidamente emplazados a dicho juicio; en razón de que no origina, desde luego, un ataque a los derechos sustantivos de aquella parte actora, aquí quejosa. Lo anterior es así porque el hecho de que la autoridad responsable haya ordenado regularizar el procedimiento para que sean llamados todos los demandados, no se proyecta en la esfera jurídica de la parte quejosa respecto a la transgresión a uno de sus derechos sustantivos. Sin que sea inadvertido para este juzgador los argumentos hechos valer por la parte quejosa en torno a la procedencia del presente juicio; sin embargo, para que un acto sea considerado de imposible reparación cometido durante la tramitación de un juicio, es necesario que éste produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado consistente en el auto de veintidós de enero de dos mil dieciocho, en el que se ordena regularizar el procedimiento para que se llame a dos demandados respecto de quienes el emplazamiento se hizo en domicilios diversos a los suyos, es considerado como una violación procesal. En ese sentido, el juicio de amparo promovido por la parte quejosa contra dicha determinación, no es reclamable en la vía indirecta en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, pues, como se destacó, la autoridad responsable lo que pretende es que el juicio agrario se encuentre debidamente integrado para poder emitir la sentencia respectiva, ello al haber considerado que los emplazamientos realizados a los demandados Jorge Reyes Mora y Onofre Ruiz Ávalos, no se hicieron en sus domicilios y, por tanto, a fin de respetar su garantía de audiencia, ordenó regularizar le procedimiento para que sean llamados debidamente al juicio agrario de origen. No es obstáculo para concluir lo anterior, el retardo en la impartición de justicia que podría generarse con la reposición del procedimiento que implica el hecho de que la autoridad responsable haya regularizado el procedimiento para que los demandados antes mencionados sean llamados al juicio de origen, porque tal circunstancia por sí sola no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 593, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Asimismo, se estima que respecto del Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, también es improcedente el amparo, ya que este juzgador considera que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Es parte en el juicio de amparo. .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicos en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Lo anterior es así, ya que entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el tribunal; sin embargo, dicha función asignada no implica que resuelvan conjuntamente con dicho órgano, quien es el único responsable de su fallo, de ahí que con el simple hecho de dar fe, no pueden ejercitar ningún tipo de facultades decisorias y ejecutorias que pudieran invadir la esfera de derechos de la parte quejosa; puesto que, se insiste, quien realmente emite los acuerdos y resoluciones, los sanciona y ordena su publicación para hacerlo del conocimiento de las partes y con ello les surta efectos, lo es el tribunal, por ser éste quien ejercita la facultad jurisdiccional; siendo por ello que las funciones del secretario de acuerdos no se encuentra comprendida dentro de los actos de autoridad para los efectos del amparo definidos por el artículo 5, fracción II, de la ley en la materia; en consecuencia, la citada autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de amparo, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 87, Tomo VII, Enero de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Penal, que dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama". ? Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción II, de la ley de la materia, así como con el precepto 113 de la propia ley, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No escapa a la consideración de este juzgador que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". ? Domicilio procesal y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso que se provee. ? Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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