Noel David Pintor Huazano

Expediente 485/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
485/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Noel David Pintor Huazano
  • Apolonio Inocencio Pérez
  • Noel David Pintor Huazano y Otros.
  • Gerardo Pintor Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que lo hubiera hecho; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la interposición del recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia respecto de la autoridad responsable, en virtud del sentido de tal determinación. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud de que el presente asunto carece de relevancia documental e histórica, no existen documentos originales exhibidos por las partes y se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, ya que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, es susceptible de ********************, por lo que una vez que trascurran los tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 de aquel ordenamiento, deberá dársele el tratamiento correspondiente. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a la demanda, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Condiciones para la devolución de documentos. Por lo que ve a la devolución de documentos que se autoriza en el párrafo previo, es pertinente recordar que el contexto de pandemia mundial derivada de la enfermedad denominada Covid-19, ha modificado los esquemas de normalidad con la que se venían desarrollando las actividades cotidianas de las distintas autoridades que conforman en sistema jurídico mexicano, entre ellas, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Así, en condiciones normales, la autorización de devolución de documentos conlleva realizar una serie de gestiones administrativas internas que implican el préstamo de un expediente para que, en presencia física de la persona que realiza tal gestión, identifique las constancias que pide sean devueltas; hecho lo anterior, que el personal de este juzgado realice el desglose de las mismas o, bien, en su caso, la extracción correspondiente del seguro del juzgado, posteriormente, se emita la certificación correspondiente de desglose para hacer entrega de las constancias solicitadas previo recibo que se deje en autos. En ese tenor, a fin de posibilitar la devolución de las constancias que se han dejado a disposición de la parte quejosa, se requiere a ésta para que: Con base en los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, genere una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ". Hecho lo anterior deberá informarlo a este juzgado federal cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha en la que se haya programado la referida cita, indicando con precisión cuáles son los documentos que se pretende recoger, a fin de que el personal que realiza labores presenciales en este juzgado federal, tenga oportunidad de hacer la localización de las constancias respectivas o, de ser el caso, su extracción del seguro del mismo, a fin de que puedan ser entregadas a la parte compareciente, previo recibo que se otorgue a los autos; apercibida que de no hacerlo con la anticipación requerida deberá obtener nueva cita para tal efecto. Hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, ello en virtud de que no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que lo hubiera hecho; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la interposición del recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia respecto de la autoridad responsable, en virtud del sentido de tal determinación. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud de que el presente asunto carece de relevancia documental e histórica, no existen documentos originales exhibidos por las partes y se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, ya que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, es susceptible de ********************, por lo que una vez que trascurran los tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 de aquel ordenamiento, deberá dársele el tratamiento correspondiente. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a la demanda, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Condiciones para la devolución de documentos. Por lo que ve a la devolución de documentos que se autoriza en el párrafo previo, es pertinente recordar que el contexto de pandemia mundial derivada de la enfermedad denominada Covid-19, ha modificado los esquemas de normalidad con la que se venían desarrollando las actividades cotidianas de las distintas autoridades que conforman en sistema jurídico mexicano, entre ellas, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Así, en condiciones normales, la autorización de devolución de documentos conlleva realizar una serie de gestiones administrativas internas que implican el préstamo de un expediente para que, en presencia física de la persona que realiza tal gestión, identifique las constancias que pide sean devueltas; hecho lo anterior, que el personal de este juzgado realice el desglose de las mismas o, bien, en su caso, la extracción correspondiente del seguro del juzgado, posteriormente, se emita la certificación correspondiente de desglose para hacer entrega de las constancias solicitadas previo recibo que se deje en autos. En ese tenor, a fin de posibilitar la devolución de las constancias que se han dejado a disposición de la parte quejosa, se requiere a ésta para que: Con base en los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, genere una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ". Hecho lo anterior deberá informarlo a este juzgado federal cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha en la que se haya programado la referida cita, indicando con precisión cuáles son los documentos que se pretende recoger, a fin de que el personal que realiza labores presenciales en este juzgado federal, tenga oportunidad de hacer la localización de las constancias respectivas o, de ser el caso, su extracción del seguro del mismo, a fin de que puedan ser entregadas a la parte compareciente, previo recibo que se otorgue a los autos; apercibida que de no hacerlo con la anticipación requerida deberá obtener nueva cita para tal efecto. Hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, ello en virtud de que no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se observa que se han recibido diversas documentales por parte de la autoridad responsable, en entre ellas, las relativas al convenio y su aprobación celebrado entre la aquí quejosa y la autoridad demandada en el juicio de origen; tales constancias que permiten a este juzgado federal considerar actualizada una causa de improcedencia que obliga al sobreseimiento del presente juicio, previo a la celebración de la audiencia constitucional, como se verá enseguida. En ese sentido, el análisis de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado es: De lo anterior se observa que la esencia del reclamo de la quejosa es la inejecución del laudo dictado a favor de la ahora peticionaria de amparo y otros, en el juicio laboral ********************del índice del tribunal responsable, que en consideración de la quejosa se genera por las actuaciones concretas que señala como actos reclamados. Como se indicó, con relación a lo anterior, este juzgado federal estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o, bien, porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso a nada práctico conduce analizar si un acto, que ya no incide en la vida jurídica del peticionario, es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la aquí quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores es pertinente recordar que la parte quejosa reclamó en esta vía diversas actuaciones y omisiones del tribunal responsable que, en consideración de la quejosa, generaban la inejecución del laudo condenatorio dictado a su favor como trabajadora actora en el juicio laboral ********************, como se observa de la reproducción de los actos reclamados, inserta líneas atrás. Por su parte, mediante oficio agregado a los autos en proveído de veintinueve de marzo actual, el Presidente Suplente del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió copia certificada del convenio celebrado entre la aquí peticionaria de amparo ******************** y ********************en su carácter de ********************, parte demandada en el juicio de origen, mediante el cual convienen en la entrega de la suma de ********************, con el fin de dar por terminada la contienda del juicio laboral ********************, por lo que hace a la aquí peticionaria de amparo, tal como se observa del proemio de tal consenso, según se observa a continuación: Asimismo, la responsable remitió copia autorizada de la diligencia celebrada en el expediente laboral de referencia, el día quince de diciembre de dos mil veinte, en la cual, por un lado recibió la ratificación de la quejosa y el ayuntamiento demandado por conducto de su representante; por otro, autorizó dicho convenio elevándolo a la categoría de laudo ejecutoriado, ordenando a las partes a estarse a su contenido en todo tiempo y lugar; asimismo, tuvo a la moral demandada por cumpliendo de forma total con dicho convenio mediante la exhibición de un cheque por la cantidad pactada, el cual se entregó en esa diligencia a la trabajadora actora aquí quejosa; motivo por el cual ordenó el archivo del expediente por lo que hace a la controversia de derechos labores que corresponde a la ahora peticionaria de amparo. Tales constancias con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, son aptas y suficientes para evidenciar que en el juicio laboral de donde emanan los actos reclamados, mientras aún regían las determinaciones del tribunal responsable en la fase de ejecución del laudo, la trabajadora actora ahora quejosa y la moral demandada llegaron a un convenio a fin de dar por concluida dicha contienda, mismo que al ser elevado a la categoría de laudo ejecutoriado, vino a sustituir la situación jurídica preexistente para ahora regir en sus términos, es decir, para ahora tener como verdad legal, que la demandada cubrió en su totalidad las prestaciones a las que fue condenada, no habiendo actuación pendiente por realizar, motivo por el cual, incluso, se ordenó el archivo del expediente con relación a la peticionaria de amparo. En esas condiciones, es evidente que HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, precisamente porque virtud a las referidas actuaciones posteriores los actos reclamados han dejado de regir el estado del juicio de origen, para ahora estarse al estado jurídico generado por las mismas; en otras palabras, los actos reclamados han dejado de tener vida jurídica, por ende, ya no generan consecuencias de derecho sobre la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Al respecto, es de invocarse, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se observa que se han recibido diversas documentales por parte de la autoridad responsable, en entre ellas, las relativas al convenio y su aprobación celebrado entre la aquí quejosa y la autoridad demandada en el juicio de origen; tales constancias que permiten a este juzgado federal considerar actualizada una causa de improcedencia que obliga al sobreseimiento del presente juicio, previo a la celebración de la audiencia constitucional, como se verá enseguida. En ese sentido, el análisis de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado es: De lo anterior se observa que la esencia del reclamo de la quejosa es la inejecución del laudo dictado a favor de la ahora peticionaria de amparo y otros, en el juicio laboral ********************del índice del tribunal responsable, que en consideración de la quejosa se genera por las actuaciones concretas que señala como actos reclamados. Como se indicó, con relación a lo anterior, este juzgado federal estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o, bien, porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso a nada práctico conduce analizar si un acto, que ya no incide en la vida jurídica del peticionario, es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la aquí quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores es pertinente recordar que la parte quejosa reclamó en esta vía diversas actuaciones y omisiones del tribunal responsable que, en consideración de la quejosa, generaban la inejecución del laudo condenatorio dictado a su favor como trabajadora actora en el juicio laboral ********************, como se observa de la reproducción de los actos reclamados, inserta líneas atrás. Por su parte, mediante oficio agregado a los autos en proveído de veintinueve de marzo actual, el Presidente Suplente del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió copia certificada del convenio celebrado entre la aquí peticionaria de amparo ******************** y ********************en su carácter de ********************, parte demandada en el juicio de origen, mediante el cual convienen en la entrega de la suma de ********************, con el fin de dar por terminada la contienda del juicio laboral ********************, por lo que hace a la aquí peticionaria de amparo, tal como se observa del proemio de tal consenso, según se observa a continuación: Asimismo, la responsable remitió copia autorizada de la diligencia celebrada en el expediente laboral de referencia, el día quince de diciembre de dos mil veinte, en la cual, por un lado recibió la ratificación de la quejosa y el ayuntamiento demandado por conducto de su representante; por otro, autorizó dicho convenio elevándolo a la categoría de laudo ejecutoriado, ordenando a las partes a estarse a su contenido en todo tiempo y lugar; asimismo, tuvo a la moral demandada por cumpliendo de forma total con dicho convenio mediante la exhibición de un cheque por la cantidad pactada, el cual se entregó en esa diligencia a la trabajadora actora aquí quejosa; motivo por el cual ordenó el archivo del expediente por lo que hace a la controversia de derechos labores que corresponde a la ahora peticionaria de amparo. Tales constancias con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, son aptas y suficientes para evidenciar que en el juicio laboral de donde emanan los actos reclamados, mientras aún regían las determinaciones del tribunal responsable en la fase de ejecución del laudo, la trabajadora actora ahora quejosa y la moral demandada llegaron a un convenio a fin de dar por concluida dicha contienda, mismo que al ser elevado a la categoría de laudo ejecutoriado, vino a sustituir la situación jurídica preexistente para ahora regir en sus términos, es decir, para ahora tener como verdad legal, que la demandada cubrió en su totalidad las prestaciones a las que fue condenada, no habiendo actuación pendiente por realizar, motivo por el cual, incluso, se ordenó el archivo del expediente con relación a la peticionaria de amparo. En esas condiciones, es evidente que HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, precisamente porque virtud a las referidas actuaciones posteriores los actos reclamados han dejado de regir el estado del juicio de origen, para ahora estarse al estado jurídico generado por las mismas; en otras palabras, los actos reclamados han dejado de tener vida jurídica, por ende, ya no generan consecuencias de derecho sobre la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Al respecto, es de invocarse, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

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