Noel Carmona Gonzalez
Expediente 1482/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1482/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Noel Carmona Gonzalez
Actuaciones
- Principal
MESA V B Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de seis de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Noel Carmona Rosales; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Tomando en consideración que a foja siete existe glosado documento que reviste el carácter de original; requiérase al quejoso para que en el plazo de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca por sí o por conducto de sus autorizados, en días y horas hábiles a este Juzgado, con identificación oficial que los acredite fehacientemente para que reciban tal documento en el plazo indicado; entrega que, en su caso, deberá verificarse previo folio de substitución, copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Apercíbasele que de no cumplir lo anterior, sin ulterior acuerdo, el documento en cuestión será destruido junto con el expediente, por haberse desechado la demanda origen de este juicio, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo en comento. Notifíquese; personalmente al quejoso.
- Principal
MESA V B Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de seis de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Noel Carmona Rosales; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Tomando en consideración que a foja siete existe glosado documento que reviste el carácter de original; requiérase al quejoso para que en el plazo de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca por sí o por conducto de sus autorizados, en días y horas hábiles a este Juzgado, con identificación oficial que los acredite fehacientemente para que reciban tal documento en el plazo indicado; entrega que, en su caso, deberá verificarse previo folio de substitución, copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Apercíbasele que de no cumplir lo anterior, sin ulterior acuerdo, el documento en cuestión será destruido junto con el expediente, por haberse desechado la demanda origen de este juicio, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo en comento. Notifíquese; personalmente al quejoso.
- Principal
MESA IV A Vistos los autos, de los que se advierte que el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, y tomando en consideración que en sesión de dieciocho de mayo de este año, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, determinó en el punto de acuerdo C. CAR. 116/2015-V, que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, apoyará a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en la resolución de juicios de amparo; en consecuencia, remítase este expediente al citado juzgado auxiliar por conducto de su Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, para los efectos del dictado de la sentencia correspondiente. Por tanto, en términos del punto quinto del Acuerdo General 27/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que crea el Centro Auxiliar de la Cuarta Región, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, y notifíquese a las partes esta determinación. Por último, con las constancias relativas, fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
MESA V B. Notificación personal por lista. (Quejoso) "...Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Noel Carmona Rosales contra actos del Director Regional Sur del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 1482/2015. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, el promovente del amparo reclama de las autoridades que señala como responsables la negativa a acordar su escrito de ocho de septiembre de dos mil quince. El suscrito juzgador advierte que en contra del precisado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, los cuales, en ese orden, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes entre los que dentro de sus facultades se encuentra la de imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquéllas (incluso particulares) que realicen actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular determinado y de una manera imperativa. En vinculación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, referente al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia 164/2011, determinó las notas distintivas siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Con base en ello, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal. También, resulta conveniente destacar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dicha competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y las de supracoordinación que se entablan entre órganos del Estado. Parámetros que resultan útiles para distinguir a una autoridad, con las características precisadas con antelación, para efectos del juicio de amparo. Ahora, en lo específico, debe decirse que el análisis sistemático del transcrito artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares "... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad ...", debe entenderse en su contenido semántico del vocablo "equivalente", el actuar de los particulares que se coloquen en un plano semejante respecto de las autoridades que realicen actos unilaterales, imperativos y coercitivos. En ese sentido, la ejecución de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, de ningún modo refleja el que los particulares pudieran tener por equivalencia el carácter de autoridades responsables, ni de actos equivalentes a los de autoridad, dado que el fragmento del precepto de que se trata no debe interpretarse de manera aislada, sino que con los principios constitucionales que como mandatos de optimización estatuyen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que en su contenido literal no establecen la regulación expresa de actos propios de particulares para la procedencia del juicio de amparo, ni esa connotación jurídica puede encontrar sustento en la iniciativa de la nueva Ley de Amparo, ni en el procedimiento propio de debate correspondiente, por no referirse a la indicada acepción, que tampoco puede contrariar lo dispuesto en la Ley Suprema del país. Por consiguiente, si el actuar de un particular en un plano de igualdad y horizontal con otro u otros particulares no se encuentra previsto en un principio regulado como acto de autoridad en la Constitución Federal, menos puede discernirse ese vínculo jurídico de leyes generales secundarias, como reglas en un ámbito meramente fáctico, puesto que la Ley de Amparo no ha de reñir con los principios que la propia Carta Fundamental estatuye, sino que debe atenderse a lo que dispuso el legislador ordinario en la norma secundaria como "equivalente", entendiéndose por esto cuando los particulares actúen en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad, pues no pueden soslayarse los preceptos constitucionales que rigen por excelencia el juicio de amparo en México, continúan incólumes en su contenido deontológico -teoría de los deberes- y axiológico -teoría de los valores- la procedencia del amparo contra "actos de autoridad", esto es, los que cumplen los requisitos legales de ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en el orden en que actúa un ente público -por sí o por auxilio de un particular o en cumplimiento de un mandato o de una ley- que exija un hacer u omisión inexcusable, sometiéndose la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión originariamente proveniente de la autoridad estatal. Con todos esos lineamientos, permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular sea procedente el juicio de amparo, y que no todos los actos que emite un ente público pueden considerarse como de autoridad para efectos del amparo. En la especie, para sostener lo inicialmente afirmado, es conveniente señalar que del escrito de demanda y anexo que se acompaña, se advierte que el quejoso reclama la omisión de acordar su escrito de ocho de septiembre de dos mil quince, mediante el cual solicitó al Director Regional Sur del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, con el carácter de extrabajador de ese instituto copias certificadas de lo siguiente: a) Acta de entrega de obra de treinta y uno de diciembre de dos mil uno; b) Nombramiento de "PROF. DICT. DE SERVS. ESP.", c) Contrato laboral por obra determinada de "PROF. DICT. DE SERVS. ESP." y d) Expediente laboral íntegro. De lo narrado, se pone de manifiesto que el acto reclamado al Director Regional Sur, al Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección Regional Sur y al Departamento de Administración de Personal de la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección Regional Sur, todos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que tiene su base en la relación laboral que el promovente sostuvo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática; por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria competente. De ahí que el presente juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, y 1°, fracción I del primer ordenamiento legal invocado, pues el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades, y en el caso se sustenta precisamente en tal relación laboral y no en la diversa relación entre gobernante y gobernado. Ello es así, toda vez que resulta evidente que entre las autoridades señaladas como responsables y el promovente existió un vínculo laboral, pues así lo señala en su petición, además, se advierte que la documentación que pide es relativa al vínculo laboral que dicho quejoso mantuvo con el instituto del cual dependen las entidades que señala como responsables. De ahí que para establecer si las autoridades que designa como responsables efectivamente tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo, el rasgo determinante no obedece al tipo de derechos fundamentales que el quejoso aduzca como violados ni a la circunstancia de que reclame la falta de respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, pues ello sólo tiene que ver con el contenido de los conceptos de violación y con lo que el agraviado decida señalar como acto reclamado, pero no necesariamente involucra el tipo de atribuciones que, con su actuación u omisión ejercen tales autoridades. Por lo que, en el caso del análisis del contenido del escrito de cuya falta de respuesta se duele el quejoso, se advierte que queda comprendido en la relación patrón-empleado que vinculaba al quejoso con el instituto del que dependen las entidades que señala como responsables, siendo claro que en ese supuesto la posición del quejoso frente a aquellas no es la de un gobernado, pues el hecho de que en su solicitud invoque el artículo 8° constitucional, no cambia la naturaleza del acto mismo, el cual no emerge de una facultad de imperio de aquellas que señala como responsables sino de una relación de coordinación; en consecuencia, cualquier decisión adoptada por el patrón atañe a dicho vínculo. Con base en lo anterior se concluye que el acto reclamado debe regirse por las leyes que regulen su relación de trabajo, sin que sea dable solucionar tal determinación a través del juicio de amparo que se caracteriza por el sometimiento a la potestad judicial de actos típicos de autoridad o equivalentes. Se invoca en apoyo, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página trescientos veintinueve, materia laboral, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo anterior, la tesis I.6º.T. 26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, Tomo III, abril de 1996, materia laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo y por autorizadas para ese efecto en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala por así solicitarlo, y por tratarse el presente asunto de naturaleza laboral. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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