NOE TOLEDO GÜENDOLAY y Otros.

Expediente 391/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
391/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • NOE TOLEDO GÜENDOLAY y Otros.
  • Noe Toledo Güendolay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro aspecto, tomando en consideración que en autos existen glosadas las documentales consistentes en los originales de los oficios de seis de septiembre de dos mil diecinueve, y el diverso de veintiséis de agosto de ese mismo año. Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca por sí o por conducto de sus autorizados a este Juzgado, con identificación oficial que los acredite fehacientemente para que reciban tales documentos en el plazo indicado; entrega que, en su caso, deberá verificarse previa copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Para lo anterior, la parte quejosa deberá tomar en cuenta que, en términos del artículo 15 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", reformado mediante diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 con relación al período de vigencia, el personal de este órgano jurisdiccional labora con personal limitado en horario de doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos. Apercíbasele que de no comparecer en el plazo concedido, sin ulterior acuerdo, los documentos de que se trata serán destruidos, por haberse desechado la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro aspecto, tomando en consideración que en autos existen glosadas las documentales consistentes en los originales de los oficios de seis de septiembre de dos mil diecinueve, y el diverso de veintiséis de agosto de ese mismo año. Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca por sí o por conducto de sus autorizados a este Juzgado, con identificación oficial que los acredite fehacientemente para que reciban tales documentos en el plazo indicado; entrega que, en su caso, deberá verificarse previa copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Para lo anterior, la parte quejosa deberá tomar en cuenta que, en términos del artículo 15 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", reformado mediante diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 con relación al período de vigencia, el personal de este órgano jurisdiccional labora con personal limitado en horario de doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos. Apercíbasele que de no comparecer en el plazo concedido, sin ulterior acuerdo, los documentos de que se trata serán destruidos, por haberse desechado la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito del quejoso"............"", mediante el cual cumple el requerimiento que se le efectuó en actuación de catorce de abril actual, y al efecto, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que la negativa de la expedición de la copia certificada a que se refiere el oficio número 012512 fecha el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y con un sello que tiene la data once de septiembre de dos mil diecinueve, fue en su poder el miércoles veinticinco de septiembre de ese mismo año, fecha en que quedó debidamente enterado de la negativa de la expedición de las copias certificadas que solicitó. Base Normativa Una vez desahogada dicha prevención, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de las autoridades responsables Representante Legal de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca (ordenadora) y Director de Peticiones, Orientación y Seguimiento de Recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (ejecutora), la parte quejosa reclama esencialmente el acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, que contiene la orden girada a la responsable ejecutora para ordenar la negativa de la expedición de copia certificada que le solicitó en su escrito que presentó el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, de todo lo actuado en el expediente"..........."". Causa de Improcedencia Ahora bien, el suscrito juzgador advierte que en contra del precisado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Énfasis agregado. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Bajo ese orden de ideas, como ya se especificó el acto reclamado en esta instancia, lo constituye el oficio número 012512 fecha el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y con un sello que tiene la data once de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se le niega la expedición de copia certificada de todo lo actuado en el expediente "..........""; y que, el quejoso como lo indica, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de cuenta se ostentó sabedor de dicho acto el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Tal manifestación debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe. En tales condiciones, es evidente que el quejoso estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que se ostentó sabedor del acto reclamado, esto es desde el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve al dieciséis de octubre de ese mismo año, sin contar el veintiocho y veintinueve de septiembre, así como cinco, seis, doce y trece de octubre, todos de dos mil diecinueve, por ser días inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se presentó hasta el trece de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, como se desprende de la boleta correspondiente, siendo turnada a este órgano constitucional el mismo trece de abril de este año, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido en exceso el término legal de quince días con el que el quejoso contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo; por lo que su presentación es extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.8o.C.15 K (10a.) emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 2380, Tomo: Libro 21, Agosto de 2015 Tomo III, Registro digital: 2009762, Materias(s): Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO. El párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el artículo 18 de la misma ley prevé que ese plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este precepto se deduce que el inicio del plazo de quince días para solicitar amparo, depende del supuesto que en cada asunto se actualice, a saber: primero, en aquellos casos en que exista una notificación al quejoso del acto reclamado, el plazo para presentar la demanda correrá al día siguiente a aquel en que surta efectos esa notificación; segundo, cuando el impetrante haya tenido conocimiento, obviamente por medios diversos a una notificación, de la existencia del acto; y tercero, por la confesión, que opera cuando el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en estos dos últimos supuestos el plazo de quince días comenzará al día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; sin que en estos casos inicie el cómputo a partir del día siguiente en que se surtan los efectos, pues no existe notificación cuyo efecto deba surtir, sino que como expresamente lo establece tal dispositivo, el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que haya tenido conocimiento del acto o de aquella en que haya confesado haberlo tenido. Desechamiento de Plano En ese orden de ideas, al actualizarse en el caso los motivos manifiestos e indudables de improcedencia ya relacionados, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Finalmente, téngase a la parte quejosa autorizando a las personas que indica en su escrito de cuenta, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente dicha parte procesal. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    MESA III B NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito del quejoso"............"", mediante el cual cumple el requerimiento que se le efectuó en actuación de catorce de abril actual, y al efecto, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que la negativa de la expedición de la copia certificada a que se refiere el oficio número 012512 fecha el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y con un sello que tiene la data once de septiembre de dos mil diecinueve, fue en su poder el miércoles veinticinco de septiembre de ese mismo año, fecha en que quedó debidamente enterado de la negativa de la expedición de las copias certificadas que solicitó. Base Normativa Una vez desahogada dicha prevención, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de las autoridades responsables Representante Legal de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca (ordenadora) y Director de Peticiones, Orientación y Seguimiento de Recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (ejecutora), la parte quejosa reclama esencialmente el acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, que contiene la orden girada a la responsable ejecutora para ordenar la negativa de la expedición de copia certificada que le solicitó en su escrito que presentó el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, de todo lo actuado en el expediente"..........."". Causa de Improcedencia Ahora bien, el suscrito juzgador advierte que en contra del precisado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Énfasis agregado. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Bajo ese orden de ideas, como ya se especificó el acto reclamado en esta instancia, lo constituye el oficio número 012512 fecha el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y con un sello que tiene la data once de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se le niega la expedición de copia certificada de todo lo actuado en el expediente "..........""; y que, el quejoso como lo indica, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de cuenta se ostentó sabedor de dicho acto el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Tal manifestación debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe. En tales condiciones, es evidente que el quejoso estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que se ostentó sabedor del acto reclamado, esto es desde el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve al dieciséis de octubre de ese mismo año, sin contar el veintiocho y veintinueve de septiembre, así como cinco, seis, doce y trece de octubre, todos de dos mil diecinueve, por ser días inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se presentó hasta el trece de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, como se desprende de la boleta correspondiente, siendo turnada a este órgano constitucional el mismo trece de abril de este año, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido en exceso el término legal de quince días con el que el quejoso contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo; por lo que su presentación es extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.8o.C.15 K (10a.) emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 2380, Tomo: Libro 21, Agosto de 2015 Tomo III, Registro digital: 2009762, Materias(s): Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO. El párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el artículo 18 de la misma ley prevé que ese plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este precepto se deduce que el inicio del plazo de quince días para solicitar amparo, depende del supuesto que en cada asunto se actualice, a saber: primero, en aquellos casos en que exista una notificación al quejoso del acto reclamado, el plazo para presentar la demanda correrá al día siguiente a aquel en que surta efectos esa notificación; segundo, cuando el impetrante haya tenido conocimiento, obviamente por medios diversos a una notificación, de la existencia del acto; y tercero, por la confesión, que opera cuando el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en estos dos últimos supuestos el plazo de quince días comenzará al día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; sin que en estos casos inicie el cómputo a partir del día siguiente en que se surtan los efectos, pues no existe notificación cuyo efecto deba surtir, sino que como expresamente lo establece tal dispositivo, el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que haya tenido conocimiento del acto o de aquella en que haya confesado haberlo tenido. Desechamiento de Plano En ese orden de ideas, al actualizarse en el caso los motivos manifiestos e indudables de improcedencia ya relacionados, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Finalmente, téngase a la parte quejosa autorizando a las personas que indica en su escrito de cuenta, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente dicha parte procesal. Notifíquese personalmente

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