Noe Reyes Ramírez
Expediente 1842/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1842/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Noe Reyes Ramírez
- Noe Reyes Ramírez y Otros.
- Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de marzo de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Por otra parte, mediante oficio que al efecto se gire devuélvase al Juez Segundo de Penal del Distrito Judicial del Centro, la copia certificada del proceso penal 109/2015; con el que en auto de veintiuno de diciembre de dos mil quince, se ordenó formar por separado el tomo I (foja 35). Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA II A VISTOS, para dictar sentencia los autos del juicio de amparo número 1842/2015, y Resultando PRIMERO. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, y turnada en esa propia fecha a Juzgado Primero de Distrito, NOÉ REYES RAMÍREZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y otra autoridad, que hizo consistir en el siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- De la ordenadora, reclamo el auto de formal prisión dictado con fecha nueve de noviembre de dos mil quince, en el expediente penal número 109/2015, y de la ejecutora reclamo la notificación que me hizo de esa resolución, de fecha once de noviembre de dos mil quince, con que cumple finalmente la orden emitida por la responsable. Actos que consideró violatorios de los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de dos de diciembre de dos mil quince (fojas 19 a 21), se ordenó registrar la demanda de amparo en el Libro de Gobierno correspondiente con el número 1842/2015, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y Competencia PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver de este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; y 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de quince de febrero de dos mil trece, tomando en consideración que reclama un acto emitido por autoridades que tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo.- Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda. De la lectura integral de la demanda se deduce que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro: el auto de formal prisión emitido el nueve de noviembre de dos mil quince en el proceso penal 109/2015. Del ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro: la notificación realizada de esa determinación. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados.- De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan violatorios de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. En ese contexto, al rendir su informe justificado el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y ejecutora adscrita a dicho órgano jurisdiccional, convinieron en la existencia del acto reclamado (fojas 33 y 36). CUARTO. Actualización de causal de improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, aquélla propicia que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución Federal y por la jurisprudencia. En la especie, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, el suscrito juzgador de oficio estima que en el caso sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido como, si el acto jamás hubiera nacido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, como ya se adelantó, el impetrante del amparo reclama de la autoridad judicial responsable el auto de formal prisión emitido el nueve de noviembre de dos mil quince en la causa penal 109/2015, así como la notificación de esa determinación. Ahora bien, el análisis de las constancias de autos permite conocer que el presente juicio de amparo fue promovido por Noé Reyes Ramírez, mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil quince, contra actos del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y ejecutor adscrito a ese órgano jurisdiccional, que hizo consistir en el auto de formal prisión emitido el nueve de noviembre de dos mil quince en la causa penal 109/2015, así como la notificación de esa resolución respectivamente; además, que al rendir su informe justificado la autoridad judicial responsable convino en la existencia del acto que se le atribuye, informando que efectivamente el nueve de noviembre de dos mil quince, en la causa penal 109/2015 de su registro, dictó auto de formal prisión contra el ahora quejoso como probable responsable en la comisión del delito de lesiones (foja 33). Asimismo, de la copia certificada de la causa penal 109/2015 del registro del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, exhibida por dicha autoridad como justificación a su informe, misma que alcanza valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de los expedientes que se tramitan en este Juzgado y que se tiene como hecho notorio en términos del ordinal 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se conoce que Noé Reyes Ramírez, presentó demanda de amparo que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional el nueve de julio de dos mil quince, asunto en el que reclamó el auto de formal prisión emitido el veinticinco de junio de dos mil quince emitido en la causa penal 109/2015 de su índice, así como su notificación correspondiente al ejecutor adscrito a ese órgano jurisdiccional, al cual se le asignó el número 984/2015, y que se tiene en este momento a la vista y se agregan a este expediente copias certificadas de las constancias conducentes para mejor proveer. Así, que seguido el trámite de dicho juicio de amparo, el nueve de octubre de dos mil quince, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que se dejara insubsistente el auto de bien preso de veinticinco de junio de la pasada anualidad y se emitiera otro en el que se subsanarán los vicios establecidos en esa determinación. Ahora, se conoce que el aludido asunto causó ejecutoria el cinco de noviembre de dos mil quince, requiriéndose el cumplimiento respectivo a la autoridad responsable, quien en acatamiento a ello, remitió la resolución de nueve de noviembre del año pasado emitida en el proceso penal de origen (y que constituye el acto reclamado), por lo que con su contenido se dio vista a la parte quejosa, y al analizarse el acatamiento al fallo protector, el ocho de diciembre de dos mil quince, se estimó que este no estaba cumplido motivo por el cual se requirió a la autoridad de origen, a fin de que cumpliera a cabalidad el fallo protector, por lo que atención a ello el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, envió la resolución de diez de diciembre de dos mil quince, de la que en lo de interés se desprende dejó insubsistente el auto de formal prisión de nueve de noviembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 109/2015 y procedió a resolver nuevamente la situación jurídica del también aquí quejoso; lo cual originó que en auto de esta propia fecha dictado en aquel juicio de amparo, se tuvo por cumplido el fallo protector. Así las cosas, queda en evidencia que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda, la determinación reclamada por la parte quejosa, esto es el auto de bien preso de nueve de noviembre de dos mil quince dictado en la causa penal 109/2015, ha dejado de existir; por lo que es evidente han cesado los efectos del acto del que se duele el impetrante del amparo. En consecuencia, como el acto aquí reclamado cesó en sus efectos, es evidente que sobrevino la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en este juicio, conforme a lo previsto en el diverso numeral 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Noé Reyes Ramírez, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de este fallo, en términos del considerando tercero de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe, hoy cinco de febrero de dos mil dieciséis. en que concluyó en engrose de la presente sentencia. Conste.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA MESA II A VISTOS, para dictar sentencia los autos del juicio de amparo número 1842/2015, y Resultando PRIMERO. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, y turnada en esa propia fecha a Juzgado Primero de Distrito, NOÉ REYES RAMÍREZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y otra autoridad, que hizo consistir en el siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- De la ordenadora, reclamo el auto de formal prisión dictado con fecha nueve de noviembre de dos mil quince, en el expediente penal número 109/2015, y de la ejecutora reclamo la notificación que me hizo de esa resolución, de fecha once de noviembre de dos mil quince, con que cumple finalmente la orden emitida por la responsable. Actos que consideró violatorios de los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de dos de diciembre de dos mil quince (fojas 19 a 21), se ordenó registrar la demanda de amparo en el Libro de Gobierno correspondiente con el número 1842/2015, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y Competencia PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver de este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; y 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de quince de febrero de dos mil trece, tomando en consideración que reclama un acto emitido por autoridades que tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo.- Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda. De la lectura integral de la demanda se deduce que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro: el auto de formal prisión emitido el nueve de noviembre de dos mil quince en el proceso penal 109/2015. Del ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro: la notificación realizada de esa determinación. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados.- De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan violatorios de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. En ese contexto, al rendir su informe justificado el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y ejecutora adscrita a dicho órgano jurisdiccional, convinieron en la existencia del acto reclamado (fojas 33 y 36). CUARTO. Actualización de causal de improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, aquélla propicia que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución Federal y por la jurisprudencia. En la especie, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, el suscrito juzgador de oficio estima que en el caso sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido como, si el acto jamás hubiera nacido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, como ya se adelantó, el impetrante del amparo reclama de la autoridad judicial responsable el auto de formal prisión emitido el nueve de noviembre de dos mil quince en la causa penal 109/2015, así como la notificación de esa determinación. Ahora bien, el análisis de las constancias de autos permite conocer que el presente juicio de amparo fue promovido por Noé Reyes Ramírez, mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil quince, contra actos del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y ejecutor adscrito a ese órgano jurisdiccional, que hizo consistir en el auto de formal prisión emitido el nueve de noviembre de dos mil quince en la causa penal 109/2015, así como la notificación de esa resolución respectivamente; además, que al rendir su informe justificado la autoridad judicial responsable convino en la existencia del acto que se le atribuye, informando que efectivamente el nueve de noviembre de dos mil quince, en la causa penal 109/2015 de su registro, dictó auto de formal prisión contra el ahora quejoso como probable responsable en la comisión del delito de lesiones (foja 33). Asimismo, de la copia certificada de la causa penal 109/2015 del registro del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, exhibida por dicha autoridad como justificación a su informe, misma que alcanza valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de los expedientes que se tramitan en este Juzgado y que se tiene como hecho notorio en términos del ordinal 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se conoce que Noé Reyes Ramírez, presentó demanda de amparo que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional el nueve de julio de dos mil quince, asunto en el que reclamó el auto de formal prisión emitido el veinticinco de junio de dos mil quince emitido en la causa penal 109/2015 de su índice, así como su notificación correspondiente al ejecutor adscrito a ese órgano jurisdiccional, al cual se le asignó el número 984/2015, y que se tiene en este momento a la vista y se agregan a este expediente copias certificadas de las constancias conducentes para mejor proveer. Así, que seguido el trámite de dicho juicio de amparo, el nueve de octubre de dos mil quince, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que se dejara insubsistente el auto de bien preso de veinticinco de junio de la pasada anualidad y se emitiera otro en el que se subsanarán los vicios establecidos en esa determinación. Ahora, se conoce que el aludido asunto causó ejecutoria el cinco de noviembre de dos mil quince, requiriéndose el cumplimiento respectivo a la autoridad responsable, quien en acatamiento a ello, remitió la resolución de nueve de noviembre del año pasado emitida en el proceso penal de origen (y que constituye el acto reclamado), por lo que con su contenido se dio vista a la parte quejosa, y al analizarse el acatamiento al fallo protector, el ocho de diciembre de dos mil quince, se estimó que este no estaba cumplido motivo por el cual se requirió a la autoridad de origen, a fin de que cumpliera a cabalidad el fallo protector, por lo que atención a ello el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, envió la resolución de diez de diciembre de dos mil quince, de la que en lo de interés se desprende dejó insubsistente el auto de formal prisión de nueve de noviembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 109/2015 y procedió a resolver nuevamente la situación jurídica del también aquí quejoso; lo cual originó que en auto de esta propia fecha dictado en aquel juicio de amparo, se tuvo por cumplido el fallo protector. Así las cosas, queda en evidencia que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda, la determinación reclamada por la parte quejosa, esto es el auto de bien preso de nueve de noviembre de dos mil quince dictado en la causa penal 109/2015, ha dejado de existir; por lo que es evidente han cesado los efectos del acto del que se duele el impetrante del amparo. En consecuencia, como el acto aquí reclamado cesó en sus efectos, es evidente que sobrevino la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en este juicio, conforme a lo previsto en el diverso numeral 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Noé Reyes Ramírez, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de este fallo, en términos del considerando tercero de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe, hoy cinco de febrero de dos mil dieciséis. en que concluyó en engrose de la presente sentencia. Conste.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA AL QUEJOSO MESA II A VISTOS, para dictar sentencia los autos del juicio de amparo número 1842/2015, y Resultando PRIMERO. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, y turnada en esa propia fecha a Juzgado Primero de Distrito, NOÉ REYES RAMÍREZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y otra autoridad, que hizo consistir en el siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- De la ordenadora, reclamo el auto de formal prisión dictado con fecha nueve de noviembre de dos mil quince, en el expediente penal número 109/2015, y de la ejecutora reclamo la notificación que me hizo de esa resolución, de fecha once de noviembre de dos mil quince, con que cumple finalmente la orden emitida por la responsable. Actos que consideró violatorios de los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de dos de diciembre de dos mil quince (fojas 19 a 21), se ordenó registrar la demanda de amparo en el Libro de Gobierno correspondiente con el número 1842/2015, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y Competencia PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver de este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; y 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de quince de febrero de dos mil trece, tomando en consideración que reclama un acto emitido por autoridades que tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo.- Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda. De la lectura integral de la demanda se deduce que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro: el auto de formal prisión emitido el nueve de noviembre de dos mil quince en el proceso penal 109/2015. Del ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro: la notificación realizada de esa determinación. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados.- De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan violatorios de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. En ese contexto, al rendir su informe justificado el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y ejecutora adscrita a dicho órgano jurisdiccional, convinieron en la existencia del acto reclamado (fojas 33 y 36). CUARTO. Actualización de causal de improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, aquélla propicia que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución Federal y por la jurisprudencia. En la especie, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, el suscrito juzgador de oficio estima que en el caso sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido como, si el acto jamás hubiera nacido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, como ya se adelantó, el impetrante del amparo reclama de la autoridad judicial responsable el auto de formal prisión emitido el nueve de noviembre de dos mil quince en la causa penal 109/2015, así como la notificación de esa determinación. Ahora bien, el análisis de las constancias de autos permite conocer que el presente juicio de amparo fue promovido por Noé Reyes Ramírez, mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil quince, contra actos del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y ejecutor adscrito a ese órgano jurisdiccional, que hizo consistir en el auto de formal prisión emitido el nueve de noviembre de dos mil quince en la causa penal 109/2015, así como la notificación de esa resolución respectivamente; además, que al rendir su informe justificado la autoridad judicial responsable convino en la existencia del acto que se le atribuye, informando que efectivamente el nueve de noviembre de dos mil quince, en la causa penal 109/2015 de su registro, dictó auto de formal prisión contra el ahora quejoso como probable responsable en la comisión del delito de lesiones (foja 33). Asimismo, de la copia certificada de la causa penal 109/2015 del registro del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, exhibida por dicha autoridad como justificación a su informe, misma que alcanza valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de los expedientes que se tramitan en este Juzgado y que se tiene como hecho notorio en términos del ordinal 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se conoce que Noé Reyes Ramírez, presentó demanda de amparo que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional el nueve de julio de dos mil quince, asunto en el que reclamó el auto de formal prisión emitido el veinticinco de junio de dos mil quince emitido en la causa penal 109/2015 de su índice, así como su notificación correspondiente al ejecutor adscrito a ese órgano jurisdiccional, al cual se le asignó el número 984/2015, y que se tiene en este momento a la vista y se agregan a este expediente copias certificadas de las constancias conducentes para mejor proveer. Así, que seguido el trámite de dicho juicio de amparo, el nueve de octubre de dos mil quince, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que se dejara insubsistente el auto de bien preso de veinticinco de junio de la pasada anualidad y se emitiera otro en el que se subsanarán los vicios establecidos en esa determinación. Ahora, se conoce que el aludido asunto causó ejecutoria el cinco de noviembre de dos mil quince, requiriéndose el cumplimiento respectivo a la autoridad responsable, quien en acatamiento a ello, remitió la resolución de nueve de noviembre del año pasado emitida en el proceso penal de origen (y que constituye el acto reclamado), por lo que con su contenido se dio vista a la parte quejosa, y al analizarse el acatamiento al fallo protector, el ocho de diciembre de dos mil quince, se estimó que este no estaba cumplido motivo por el cual se requirió a la autoridad de origen, a fin de que cumpliera a cabalidad el fallo protector, por lo que atención a ello el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, envió la resolución de diez de diciembre de dos mil quince, de la que en lo de interés se desprende dejó insubsistente el auto de formal prisión de nueve de noviembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 109/2015 y procedió a resolver nuevamente la situación jurídica del también aquí quejoso; lo cual originó que en auto de esta propia fecha dictado en aquel juicio de amparo, se tuvo por cumplido el fallo protector. Así las cosas, queda en evidencia que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda, la determinación reclamada por la parte quejosa, esto es el auto de bien preso de nueve de noviembre de dos mil quince dictado en la causa penal 109/2015, ha dejado de existir; por lo que es evidente han cesado los efectos del acto del que se duele el impetrante del amparo. En consecuencia, como el acto aquí reclamado cesó en sus efectos, es evidente que sobrevino la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en este juicio, conforme a lo previsto en el diverso numeral 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Noé Reyes Ramírez, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de este fallo, en términos del considerando tercero de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe, hoy cinco de febrero de dos mil dieciséis. en que concluyó en engrose de la presente sentencia. Conste.
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