Niurys Gonzalez Laffita

Expediente 858/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
858/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Niurys Gonzalez Laffita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de dicha legislación], en contra del proveído dictado en el presente asunto, en la que, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 2 interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 20 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN CONSERVABLE Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 171 , fracción IIl, inciso b) del Acuerdo General de 1 Artículo 17. Conservación integra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y se encuentren en los siguientes supuesto: III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 3 Amparo indirecto 858/2023 referencia, el cuaderno de suspensión que deriva del presente juicio es conservable, pues se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 252 , del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. b) Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva. 2 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 4 DEVOLUCIÓN DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, glósese a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables con que da cuenta la Secretaría, sin que resulte necesario dar vista con el mismo; por las razones que a continuación se expresaran. En términos del artículo 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a las citadas potestades, señalando como delegados a las personas propuestas en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que al efecto mencionan. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que en proveído que antecede se recibió la compulsa del oficio COMAR/JUR/8191/2023, remitido por el Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a través del Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esa institución, con sede en la Ciudad de México, y anexos que acompañó al mismo. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA En ese orden ideas, de las referidas constancias certificadas se desprende que la responsable en acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa, y asignó clave única de refugiados; además expidió la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado y la constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para extranjeros, expedidas a favor de los aquí quejosos Niurys González Laffita y Yunier Aguilar Cueto. En ese sentido, es claro que de las constancias remitidas con el oficio COMAR/JUR/8191/2023, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia que obliga al sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Para ilustrar este aserto, primeramente, es necesario transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Efectivamente, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que los actos aquí reclamados lo constituyen la falta de expedición o entrega de la constancia de trámite de refugio [CUR]; la falta de expedición o entrega de la Clave Única de Registro de Población [CURP] a nombre de los quejosos; y la violación del debido proceso en el procedimiento administrativo de solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), al no admitir a trámite la solicitud de refugio. Sin embargo, como ya se dijo, del contexto del oficio COMAR/JUR/8191/2023 y anexos que se acompaña, se advierte que la autoridad responsable indicada, admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa, y asignó clave única de refugiados; además expidió a favor de los directos quejosos Niurys González Laffita y Yunier Aguilar Cueto, la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado y la constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para extranjeros, expedidas a su favor. Documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su dispositivo 2, lo que hace que se actualice la causal de improcedencia anteriormente invocada. En consecuencia, es evidente que en la especie, ha ocurrido un motivo que torna improcedente el presente juicio de amparo, porque han cesado los efectos de los actos reclamados. Por lo que sobreviene la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y en consecuencia, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación por contener el principio jurídico apuntado, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número 59, Novena Época, visible en la página 38, Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto literalmente establecen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las diez horas con treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones en el libro electrónico correspondiente y comuníquese lo anterior a las partes para los efectos a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.-Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las dieciocho horas del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, el suscrito Diego de Jesús Flores García, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Niurys González Laffita y otro, el proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo número 858/2023, hago constar que me constituí en el domicilio ubicado en Décima Oriente número 24, entre Quinta Sur y Quinta privada Sur, de la colonia 16 de Septiembre, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura de las calles y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo legal invocado. Doy fe. Lic. Diego de Jesús Flores García Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, el suscrito Diego de Jesús Flores García, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido del proveído de quince de agosto del año en curso, dictado en el juicio de amparo número 858/2023, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el dieciocho siguiente, el cual se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Diego de Jesús Flores García Actuario Judicial

  4. Incidental

    En la ciudad de Tapachula, Chiapas, siendo las diez horas con veinticinco minutos del catorce de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia relativa al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 858/2023, promovido por Niurys González Laffita y Yunier Aguilar Cueto, ante la presencia de Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. A continuación, la Secretaria da cuenta con los oficios suscritos por el Jefe de la Administración Postal, residente en esta ciudad, por el Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a través del Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esa institución; y con el informe previo rendido por el Director General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, ambas autoridades con sede en la Ciudad de México; y con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Copia de la demanda de amparo 1-13 2 Auto admisorio del incidente 17-25 3 Emplazamiento a las autoridades responsables. 28 Enseguida, la Jueza de Distrito acuerda: 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 2 Visto lo de cuenta, se tiene por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, se tienen por recibidos los oficios: En el primero el Jefe de la Administración Postal, de esta ciudad, informa las gestiones que está realizando para dar cumplimiento a lo solicitado por este juzgado, por lo que se tiene por hechas sus manifestaciones. Y por lo que hace al segundo, el Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en la Ciudad de México, da cumplimiento a lo solicitado mediante oficio 18081 de veintiocho de julio de este año; por lo tanto, debido a que la potestad anexa constancias con las que acredita las gestiones realizadas para el cumplimiento de la medida provisional decretada, realícese el cotejo y compulsa de las citadas documentales, para efecto de ser agregadas en el cuaderno principal para los efectos legales conducentes; ello es así, pues tales documentales públicas pudieran incidir en la actualización de una posible causal que torne improcedente el juicio principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe previo del Director General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, ambas autoridades con sede en la Ciudad de México, con que se da cuenta en el acta de audiencia que antecede, lo anterior se tomará en cuenta al momento de resolver el presente expediente. En ese orden de ideas, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe previo: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Negó 29 y 30 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 3 ??????????????? Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad 2 Secretaría de Gobernación, residente en la Ciudad de México Negó 84 a 87 Acto seguido se abre la etapa de pruebas: La Secretaría hace constar que la parte quejosa aportó los siguientes medios de convicción: No. PARTE PRUEBA FOJA 1 QUEJOSA DOCUMENTALES 14-16 36-41 2 AUTORIDAD RESPONSABLE DOCUMENTALES 60-82 Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por las partes, en virtud de su propia y especial naturaleza, con lo cual se declara cerrada dicha fase. A continuación se procede a la apertura del diverso de alegatos, en donde la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase, y se ordena dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 858/2023. RESULTANDO PRIMERO.- Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente caso, en su demanda de amparo los incidentistas señalaron como actos reclamados los siguientes: * La falta de expedición o entrega de la constancia de trámite de refugio [CUR]. * La falta de expedición o entrega de la Clave Única de Registro de Población [CURP] a nombre de los quejosos; 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 4 * La violación del debido proceso en el procedimiento administrativo de solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). A su vez, solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de que se ordene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población, para que no se deje en estado de indefensión al impetrante y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. En ese sentido, cabe aclarar que se ajustarán los efectos de la medida suspensiva de trato, en aras de fijar la situación en que deberá de quedar el estado de las cosas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio principal. Máxime porque, como se precisará a continuación, los alcances de la suspensión tratándose del acto reclamado, se encuentran expresamente previstos en la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. SEGUNDO.- Mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se formó el presente cuaderno incidental, se pidió informe previo a las autoridades 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 5 ??????????????? responsables señaladas en la demanda de amparo, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, para tener verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 107, fracción XII de la Constitución General de la República, y los diversos numerales 125, 128, 143 y 144 de la Ley de Amparo, en virtud de que este órgano de control constitucional conoce del juicio de amparo del que emana el incidente en que se actúa, el cual se inició a petición de la parte agraviada con arreglo a las disposiciones relativas que prevé la ley de la materia citada. SEGUNDO.- Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. A) INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su correspondiente informe previo, la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, por conducto del Director General de Procedimientos Constitucionales, negó la existencia del acto reclamado, precisando que dentro de sus facultades exclusivas o indelegables de dicha autoridad de conformidad con los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5 del Reglamento Interior de dicha Secretaría, no se encuentra la de realizar actos relacionados con el procedimiento de solicitud de la condición de refugiados, sin que el promovente desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 6 Por lo tanto, lo que procede es negar a la parte quejosa la suspensión definitiva respecto del acto reclamado y de la autoridad responsable citada, por no existir materia sobre la cual pueda recaer la medida cautelar que solicitó. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis aislada, cuyo rubro y texto establecen: INFORME PREVIO, DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario B) EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La autoridad responsable Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, negó la existencia de los actos reclamados al rendir su respectivo informe previo, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con el documento que la parte quejosa anexó a su demanda, consistente en la constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, aunado al hecho de que la autoridad responsable, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, remitió constancias de las que se advierte que admitió a trámite y emitió la constancia de trámite de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado al disconforme y le asignó número CUR; asimismo, en la actualidad ya expidió a la parte quejosa la constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros; por lo tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado, únicamente para el efecto de resolver el presente incidente de suspensión. 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 7 ??????????????? NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza del acto mismo no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir el acto reclamado, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentra o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la negativa a expedirle la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 8 Refugiado [CUR], y la Clave Única de Registro de Población [CURP] para extranjeros, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado por parte de la autoridad responsable, por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población, es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tienen la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 9 ??????????????? 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 10 garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado, si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión definitiva, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 11 ??????????????? INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente caso, la parte quejosa demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla, toda vez que la parte quejosa exhibió copia del citatorio emitido por la autoridad responsable. Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 12 INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 13 ??????????????? culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población puede concederse la suspensión definitiva para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 14 Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados, sobre todo porque un quejoso es menor de edad, por lo que requiere la máxima tutela de la función de su interés superior, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la suspensión definitiva. DECISIÓN Y CONDICIONANTES En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 129, 136, 138 y 147 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que la autoridad responsable Titular de la 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 15 ??????????????? Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante oficio COMAR/JUR/8191/2023, de once de agosto del presente año (fojas 60 y 82), remitió diversas constancias de las que se advierten que la responsable admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de los disconformes, les expidió la constancia respectiva, les asignó Clave Única de Refugiado y les expidió la constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros (fojas 73 a la 76), se concede la suspensión definitiva para el efecto de que continúe surtiendo efectos el trámite respectivo y constancias expedidas, hasta que se comunique a la responsable que ha quedado firme la determinación que se emita en el juicio de amparo en lo principal. CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por la autoridad responsable y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se niega a Niurys González Laffita y Yunier Aguilar Cueto, la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos del considerando segundo inciso A) de la presente resolución incidental, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. Se concede Niurys González Laffita y Yunier Aguilar Cueto, la suspensión definitiva de los 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 16 actos reclamados, en términos del considerando segundo inciso B) de la presente resolución incidental, por las razones ahí expuestas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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