Nobel Boza Arias

Expediente 668/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
668/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Nobel Boza Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a uno de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 2 EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DEPURABLE El presente expediente se considera depurable, pues se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; por lo tanto, se conservará por el término de tres años en el archivo de "trámite" a que se refieren los numerales 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido y transcurrido ese plazo, dentro, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 3 ??A???????????? dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo de conformidad con el artículo 35 de acuerdo en comento. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 251 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese. 1 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 4 Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con diez minutos del cinco de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 668/2022, promovido por Marilin Ocaña Cigarroa, en representación de Nobel Boza Arias ante la presencia de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, notificada mediante oficio CCJ/ST/2318/2022 de trece de junio de la presente anualidad, en razón al primer periodo vacacional que comprende del uno al quince de julio de dos mil veintidós, aprobado por la citada comisión a la Titular de este Juzgado, en sesión celebrada el día de la fecha; asistido de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. A continuación, el Secretario de cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO.CONSTANCIAS FOJAS1 Demanda de amparo.2 - 122 Prevención19 - 293 Desahogo de prevención49 - 514 Auto admisorio58 - 625 Emplazamiento a las autoridades responsables. 63Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración. Niega 74 Al respecto el encargado del despacho acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que, las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 Quejosa Documentales 13-17, 52-57 2 Autoridad responsable Directora de Área, Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado. Documentales 65 3 Autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración. Documentales 70 Al respecto el encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. Acto continuo, se abre el de ALEGATOS, El secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. Al respecto el encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo; a continuación se cierra ésta etapa. Luego, al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 668/2022. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido el treinta de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Marilin Ocaña Cigarroa, en representación de Nobel Boza Arias, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas y Encargado de la Estación Migratoria "Siglo XXI" ambos en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, asignándosele el número 668/2022, del libro de gobierno respectivo; asimismo, en auto de tres de junio de dos mil veintidós, previo cumplimiento de la prevención efectuada al quejoso Nobel Boza Arias, se admitió a trámite la demanda de amparo. En consecuencia, se procede a emitir la resolución correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; ya que la demanda fue presentada ante este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. La parte quejosa reclama de las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas y Encargado de la Estación Migratoria "Siglo XXI" ambos en esta ciudad: - La detención, presentación, incomunicación y alojamiento en la estación migratoria Siglo XXI; - El incumplimiento a lo marcado en el numeral 102 de la ley de migración. - El acuerdo de presentación en el que se ordena el alojamiento del directo quejoso. - Orden de deportación o expulsión del país. - Retorno asistido. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados, respecto la incomunicación, alojamiento, la orden de deportación o expulsión del país y el retorno asistido. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, ya que así lo manifestó al rendir su informe con justificación y de plano; sin que al efecto la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara tales negativas. CUARTO. El Encargado de la Estación Migratoria "Siglo XXI" con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, pese a estar debidamente notificado tal como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 63, sin que resulte necesario presumir cierto respecto de los citados actos reclamados, ya que tiene el carácter de autoridad ejecutora. En ese tenor, aun cuando la simple negativa de dichas autoridades responsables no produce la improcedencia de la vía constitucional, lo cierto es que la sola manifestación de la inexistencia de los actos reclamados no desvirtuada por el peticionario de amparo, sí constituye elemento suficiente para declarar la improcedencia del juicio constitucional. En efecto, las citadas autoridades responsables, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados por el quejoso, pero que efectivamente dicho impetrante se encontraba alojado en la estación migratoria Siglo XXI de esta ciudad, sujeto a procedimiento migratorio. Asimismo, comunicó que obtuvo el documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas y oficio de salida de la estación migratoria con fines de regularización, al reconocer la calidad de víctima de delito en territorio nacional, remitiendo las constancias que así lo acreditaron. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por lo que, de dichas probanzas se obtiene que efectivamente al impetrante del amparo, se le siguió un procedimiento migratorio dentro de las instalaciones de la estación migratoria y el dos de junio de esta anualidad, le fue resuelta su situación migratoria, de ahí que es evidente que no estuvo incomunicado ni privado ilegalmente de su libertad ni existe orden de deportación en su contra. En efecto, cabe destacar que en el caso concreto, no obra medio de convicción del que se advierta la existencia de los actos que reclama la parte quejosa. La demostración de las violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que quien promueve una demanda de amparo está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia de los actos que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que cuando las autoridades responsables los acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa se centrará en la inconstitucionalidad de los actos; por el contrario, si las autoridades niegan los mismos, la carga de la prueba que recae en el impetrante versará sobre la existencia de los actos reclamados; esto es, desacreditar las negativas vertidas por las autoridades y enseguida, la inconstitucionalidad de los mismos; por ende, si la parte quejosa es omisa en desacreditar las negativas de las autoridades, no proporciona al órgano jurisdiccional materia sobre la cual versa la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Cobra aplicación al caso, la tesis número VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, Tomo XV, Febrero del 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que expone: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En razón de lo considerado, procede sobreseer en el presente juicio respecto a las mencionadas autoridades responsables, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al no haberse acreditado la existencia de los actos reclamados citados. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas en esta ciudad, negó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que de su contenido se advierte que el quejoso Nobel Boza Arias, fue alojado en la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, en virtud de no haber acreditado su regular internación y estancia en territorio nacional, por lo que se aperturó el procedimiento administrativo migratorio de conformidad con los artículos 77, 99 y 100 de la Ley de Migración, y 222 de su Reglamento; por consiguiente, deben tenerse por ciertos los actos reclamados atribuidos a dicha potestad. Lo anterior, también se encuentra corroborado con las documentales enviadas por las autoridades responsables, consistentes en copia certificada del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, de Nobel Boza Arias; documentales previamente valoradas. Asimismo, aun cuando el Encargado de la Estación Migratoria "Siglo XXI" de esta ciudad, no rindió su informe justificado, se advierte que la diversa autoridad responsable Titular de las oficinas de representación de la Estación Migratoria Siglo XXI, al rendir el mismo, aceptó su existencia. Por tanto, al pertenecer el Encargado de la Estación Migratoria al Instituto Nacional de Migración, y atendiendo a lo establecido en el artículo 117, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos atribuidos a dicha autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, página 26, Tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada parala celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuandola autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías. SEXTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Atendiendo a dicho principio, analizada la demanda y el juicio de amparo en su integridad, se tiene que en relación con las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas y Encargado de la Estación Migratoria "Siglo XXI" ambos en esta ciudad, y los actos reclamados consistentes en la orden de aseguramiento, alojamiento y/o detención en la Estación Migratoria Siglo XXI, del Instituto Nacional de Migración, los beneficios de lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Migración, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Así las cosas, de las constancias enviadas por las autoridades responsables, se advierte que el impetrante Nobel Boza Arias, obtuvo documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas y se le otorgó la salida del recinto migratorio. Documento del que se desprende que fue liberado de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, obtuvo documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas que deriva del procedimiento migratorio que se le inicio, por lo que, se encuentra informado del estado del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, es inconcuso que en el caso, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción I de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63 del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer en el juicio de amparo. Lo anterior, impide analizar el fondo del asunto en cuanto a dichos actos reclamados, en virtud de la aludida causa de improcedencia que se actualiza, según lo dispone la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos treinta y cinco, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, que señala: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en relación a Nobel Boza Arias, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades responsables ahí señaladas, por los motivos expuestos en el tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, notificada mediante oficio CCJ/ST/2318/2022 de trece de junio de la presente anualidad, en razón al primer periodo vacacional que comprende del uno al quince de julio de dos mil veintidós, aprobado por la citada comisión a la Titular de este Juzgado, en sesión celebrada el día de la fecha; asistido de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinte de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado correspondiente a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional Migración, con sede en esta ciudad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/MFGC/AAPM MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.0

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a nueve de junio de dos mil veintidós. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio suscrito por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, con el cual informa que al directo quejoso Nobel Boza Arias, el dos de junio del año en curso, se le autorizó el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. En consecuencia con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, dese vista a las partes, por el término de tres días, para el ejercicio de sus derechos si lo estiman pertinente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/M

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