Niuglas Adrian Ferrer Aponte

Expediente 306/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
306/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Niuglas Adrian Ferrer Aponte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinte de junio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra de la sentencia definitiva dictada en este asunto, sin que hayan hecho uso de esa prerrogativa. DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE SENTENCIA Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorios de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicha resolución causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO CONSERVABLE El presente expediente se considera conservable; por lo tanto, se conservará por el término de tres años en el archivo de "trámite" a que se refieren los numerales 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido y transcurrido ese plazo, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el último artículo en cita. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo de conformidad con el artículo 34 de acuerdo en comento. CLASIFICACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Conforme a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General de referencia, el cuaderno del incidente de suspensión relativo al presente juicio es 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 3 ??????????????? conservable, pues se concedió la suspensión definitiva de uno de los actos reclamados. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 251 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 20 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    SENTENCIA CONSTITUCIONAL V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 306/2023. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Niuglas Adrián Ferrer Aponte y Edinson Antonio Ferrer Aponte, mediante escrito recibido el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, turnado en la misma fecha, a este órgano jurisdiccional, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y por los actos que más adelante serán precisados. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se radicó el asunto bajo el número de juicio de amparo 306/2023, se concedió la supensión de plano de los actos reclamados, y se previno a la parte quejosa en los términos ahí apuntados. Aclarada que fue la demanda de trato, en proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, dando la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitando informe justificado a las autoridades responsables, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, . C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -2- y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; puesto que el lugar de ejecución del acto reclamado en el presente juicio, se encuentra dentro del ámbito espacial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción y además, deriva de un procedimiento del orden administrativo. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -3- SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". 2 En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, escrito aclaratorio, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que los actos reclamados son los siguientes: Al Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, y al Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas, de la citada depedencia, en esta ciudad. 1).- La omisión y abstención de admitir a trámite y sustanciar el procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de forma efectiva, de acuerdo con los plazos y términos establecidos en los artículos 18, 22, 23, 24 y 25 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (al cumplir con todos los requisitos previstos en la Ley), solicitud que fue presentada de manera verbal el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. 2).- Como motivo de lo anterior, hacer nugatorio su derecho humano de buscar-recibir asilo y a disfrutar de él, al no haberse dictado las medidas necesarias para garantizar el acceso efectivo y oportuno al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Derecho humano que se encuentra reconocido en el artículo 11 Constitucional, en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en la Declaración de Cartagena, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -4- 3).- La omisión de expedir a su favor la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), con la cual se acredite de manera formal el inicio del trámite de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado; así como la omisión de inscribirlos en el Registro Nacional de Población, y consecuentemente, la falta de expedición de la Clave Única de Registro de Población (CURP) para extranjeros (a que alude el artículo 22 de la Ley Sobre Refugiados, Asilo Político y Protección Complementaria y artículo 2 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria). Lo anterior, ya que el acto que se reclama incide en su derecho humano de identidad, salud, la educación, seguridad jurídica y empleo. 4).- El citatorio del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en el que se fijó una fecha lejana para formalizar y continuar con su proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, esto es, para el nueve de enero de dos mil veinticuatro (once meses después). Lo anterior, al ser notoriamente inconstitucional e inconvencional, por ser contrario al derecho internacional humanitario de protección a los refugiados. 5).- A consecuencia de esos actos, que su vida, libertad, seguridad e integridad personal se encuentren en constante riesgo durante el plazo que se fijó en el citatorio reclamado, esto, al ser susceptible de detención y/o alojamiento prolongado en alguna estación migratoria, al no poder regularizar su situación migratoria por razones humanitarias. Lo anterior, al no contar con el documento idóneo que acredite de manera formal el inicio del trámite de 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -5- solicitud de refugio (constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado). 6).- Inobservancia y vulneración del principio de no devolución y expulsión, que prevé la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ante la omisión de informar a las autoridades migratorias que se abstengan de tomar medidas que impliquen la devolución y/o expulsión de los quejosos a su país de origen o fronteras en donde su vida peligre, así como de no proporcionar información o notificar a las autoridades consulares o diplomáticas de mi país sobre mi estancia en este país (Artículo 22 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria). TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados precisados con los incisos 2), 3), 5), y 6). El Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del Titular la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del Coordinador General de la citada dependencia, en la Ciudad de México, al momento de rendir sus informes justificados [fojas 56 y 67], negó los actos que se les reclama. Ahora bien, cabe destacar que si bien, la negativa de las responsables de mérito, por sí sola, no es determinante para tener por acreditada la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que su certeza puede ser demostrada por las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o incluso apreciada directamente de las constancias de autos; en el caso concreto, no obra medio de convicción del que se advierta la existencia de los actos reclamados en comento. 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -6- En ese tenor, aun cuando la simple negativa de las autoridades responsables no produce la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que la sola manifestación de la inexistencia de los actos reclamados no desvirtuada por el peticionario de amparo, sí constituye elemento suficiente para declarar la improcedencia del juicio constitucional. En efecto, la demostración de las violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia del acto que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que cuando la autoridad responsable lo acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa, se centrará en la inconstitucionalidad del acto, por el contrario, si la autoridad niega el mismo, la carga de la prueba que recae en la parte quejosa versará sobre la existencia del acto reclamado, esto es, desacreditar la negativa vertida por la autoridad y enseguida, la inconstitucionalidad del mismo; por ende, si la parte quejosa es omisa en desacreditar la negativa de la autoridad, no proporciona al órgano jurisdiccional materia sobre la cual versa la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital 210769, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -7- demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Ilustra al caso, la tesis número VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, Tomo XV, Febrero del 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro digital 187728, que expone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -8- demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De ahí que sea evidente la inexistencia de los actos reclamados precisados con los incisos 2), 3), 5), y 6), por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo, respecto a los actos reclamados y autoridades responsables mencionados con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 310, sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, registro digital 394266, Sexta Época, del Apéndice 1995, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados precisados con los incisos 1), y 4). El Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del Titular la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -9- Coordinador General de la citada dependencia, en la Ciudad de México, al momento de rendir sus informes justificados [fojas 56 y 67], aceptaron parcialmente los actos reclamados. Empero, dicha aceptación parcial se desvirtúa, pues de las manifestaciones realizadas en los informes de los citados funcionarios, así como de las documentales que allegaron como sustento de dichos informes de ley, por tratarse de documentos públicos, se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo en términos del numeral 2° de este último ordenamiento. Resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial 226 también del Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, cuyo tenor es: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados y que se analizan en este considerando. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece: 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -10- Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro No. 395571, Localización: Quinta Época, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1985, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, Página: 262, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso particular esta juzgadora considera que se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción I de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". [.] Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.] En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -11- decir, la improcedencia va a impedir que el juzgador federal dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causales que conforman a la misma, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el texto del artículo 62, de la ley en cita. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción I de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -12- sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por no contravenir las disposiciones legales aplicables vigentes en la nueva Ley de Amparo, cobra aplicación la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 197367, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: P. CL/97, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Tipo: Aislada, del rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -13- COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar que los actos reclamados en esta instancia constitucional se hacen consistir en los siguientes: 1).- La omisión y abstención de admitir a trámite y sustanciar el procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de forma efectiva, de acuerdo con los plazos y términos establecidos en los artículos 18, 22, 23, 24 y 25 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (al cumplir con todos los requisitos previstos en la Ley), solicitud que fue presentada de manera verbal el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. 4).- El citatorio del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en el que se fijó una fecha lejana para formalizar y continuar con su proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, esto es, para el nueve de enero de dos mil veinticuatro (once meses después). Lo anterior, al ser notoriamente inconstitucional e inconvencional, por ser contrario al derecho internacional humanitario de protección a los refugiados. 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -14- Ahora bien, de lo manifestado por Carlos Daniel Sánchez Zetina, Asesor Jurídico Federal adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública, en escrito agregado en auto de tres de abril de dos mil veintitrés, refirió que en atención a la suspensión definitiva otorgada por este órgano jurisdiccional, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, notificó a los citados promoventes (impetrantes) un acuerdo mediante el cual admitió a trámite la solicitud de refugio de los quejosos, a fin de emitir a su favor la CURP y constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, no obstante no pudo notificarles el citado acuerdo, toda vez que no había podido entablar comunicación con los quejosos al número telefónico que proporcionaron para su contacto, ni tampoco se habían acercado a las oficinas que ocupa el Instituto Federal de Defensoría Pública en esta localidad a dar seguimiento a su asunto, sin que se cuente con algún otro medio para ubicarlos, por lo que existía imposibilidad material y jurídica para que les fuera expedida a su favor la CURP y Constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Lo anterior, se corrobora con lo expuesto por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del Titular la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del Coordinador General de la citada dependencia, en la Ciudad de México, quien al rendir su informe justificado, expuso que efectivamente por citatorio de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se les citó a los quejosos para las doce horas del día nueve de enero de dos mil veinticuatro, para el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; sin embargo, 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -15- hasta el día de la fecha de la emisión del informe [veintidós de marzo de dos mil veintitrés], la parte quejosa aun no habían presentado formalmente su solicitud de refugio ante la oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas. En ese tenor, se insiste que no obstante de haberlos citado a los impetrantes para las doce horas del día nueve de enero de dos mil veinticuatro, para el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; sin embargo, no comparecieron ante la autoridad responsable Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en esta ciudad, a fin de que se emitiera a su favor la CURP y constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, pues con motivo de la suspensión de oficio y de plano otorgado a los inconformes en el presente sumario, la potestad responsable pronunció acuerdo en el que se admitió a trámite la solicitud de refugio de los quejosos, tal y como lo señala el propio asesor jurídico. Por lo tanto, recapitulando el motivo del sobreseimiento del presente juicio de amparo, se evidencia plenamente pues el impetrante se duele principalmente que las autoridades responsables la omisión y abstención de admitir a trámite y sustanciar el procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de forma efectiva, y el citatorio del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en el que se fijó una fecha lejana para formalizar y continuar con su proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, esto es, para el nueve de enero de dos mil veinticuatro. Sin embargo, ya se emitió un acuerdo mediante el cual admitió a trámite la solicitud de refugio de los quejosos, a fin de emitir a su favor la CURP y constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -16- condición de refugiado. En ese tenor, la suscrita juzgadora considera que en lo que respecta a los actos reclamados señalados en el apartado correspondiente, han cesado en sus efectos; por tanto, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción I de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63 del ordenamiento legal antes invocado, se sobresee en el presente juicio de garantías. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos de localización: Registro digital: 193758, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -17- del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así como la diversa 2a./J. 9/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización: Registro digital: 196820, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 9/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Tipo: Jurisprudencia, que dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. La anterior determinación impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente de amparo, conforme al criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos datos de localización son: Registro digital: 214593, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: II.3o. J/58, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 70, Octubre de 1993, página 57, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 306/2023 -18- SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por Niuglas Adrián Ferrer Aponte y Edinson Antonio Ferrer Aponte, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en los considerandos tercero y último del presente fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación y lístese.

  3. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del Coordinador General y del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia Ciudad de México y en esta ciudad, respectivamente, a través del cual informa las providencias que ha dictado para dar cumplimiento a la suspensión definitiva de los actos reclamados en esta vía y, para justificar su aserto, remite copia certificada de sus actuaciones. En tal virtud, ténganse por vertidas sus aseveraciones y por ofrecidas sus probanzas, y tómense en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el ocurso firmado electrónicamente por el asesor jurídico y autorizado de la parte quejosa en este asunto. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formuladas sus alegaciones que a guisa de alegatos vierte en su misiva, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese

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