Nirian Noelia Villegas Moreno

Expediente 2741/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2741/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Nirian Noelia Villegas Moreno
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el seis de mayo del año en curso, el representante legal de la responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de mayo de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el trece de enero de dos mil veinte, por una parte se negó y por otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "(.) 1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I), por cada pago del concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante la impresión del formato de pago y factura expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por el concepto de inscripción de documento público o privado. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago de los derechos por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) Sin que sea necesario requerir a las autoridades responsables por la devolución del concepto "cancelación de inscripción", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa. Inconforme con dicha resolución, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, interpuso recurso de revisión contra la misma; sin embargo, mediante resolución emitida el cuatro de septiembre de dos mil veinte, por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, se desechó el recurso de revisión interpuesto. Así, mediante oficio signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, informó y acreditó que se había efectuado a la parte quejosa transferencia por el monto total de $9,651.71 (nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos 71/100 moneda nacional). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $8,992.64 (ocho mil novecientos noventa y dos pesos 64/100 moneda nacional), menos el monto de $290.00 pesos, relativo a la cuota fija mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total de $8,702.64 (ocho mil setecientos dos pesos 64/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve y el veintiocho de octubre de dos mil veinte, la responsable efectuó la devolución por transferencia bancaria de la cantidad indicada a la parte quejosa, por concepto de devolución de lo erogado. Por lo que el período de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil diecinueve al mes de septiembre de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de septiembre de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecinueve fue de 103.942; y para el mes de septiembre de dos mil veinte de 108.114. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.04013. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $8,702.64 (ocho mil setecientos dos pesos 64/100 moneda nacional), (cantidad que resulta de descontar la obligación de la cuota mínima por cada uno de los conceptos que se establecieron en el recibo de pago) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $9,051.87 (nueve mil cincuenta y un pesos 87/100 moneda nacional); por lo que, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $599.84 (quinientos noventa y nueve pesos con ochenta y cuatro centavos). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $9,051.87 (nueve mil cincuenta y un pesos 87/100 moneda nacional); sin embargo, de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $9,651.71 (nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos 71/100 moneda nacional); es decir, tuvo un excedente a favor de la parte agraviada de $599.84 (quinientos noventa y nueve pesos con ochenta y cuatro centavos). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la parte quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que las leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio por un aparte se negó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el seis de mayo del año en curso, el representante legal de la responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de mayo de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el trece de enero de dos mil veinte, por una parte se negó y por otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "(.) 1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I), por cada pago del concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante la impresión del formato de pago y factura expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por el concepto de inscripción de documento público o privado. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago de los derechos por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) Sin que sea necesario requerir a las autoridades responsables por la devolución del concepto "cancelación de inscripción", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa. Inconforme con dicha resolución, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, interpuso recurso de revisión contra la misma; sin embargo, mediante resolución emitida el cuatro de septiembre de dos mil veinte, por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, se desechó el recurso de revisión interpuesto. Así, mediante oficio signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, informó y acreditó que se había efectuado a la parte quejosa transferencia por el monto total de $9,651.71 (nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos 71/100 moneda nacional). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $8,992.64 (ocho mil novecientos noventa y dos pesos 64/100 moneda nacional), menos el monto de $290.00 pesos, relativo a la cuota fija mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total de $8,702.64 (ocho mil setecientos dos pesos 64/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve y el veintiocho de octubre de dos mil veinte, la responsable efectuó la devolución por transferencia bancaria de la cantidad indicada a la parte quejosa, por concepto de devolución de lo erogado. Por lo que el período de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil diecinueve al mes de septiembre de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de septiembre de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecinueve fue de 103.942; y para el mes de septiembre de dos mil veinte de 108.114. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.04013. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $8,702.64 (ocho mil setecientos dos pesos 64/100 moneda nacional), (cantidad que resulta de descontar la obligación de la cuota mínima por cada uno de los conceptos que se establecieron en el recibo de pago) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $9,051.87 (nueve mil cincuenta y un pesos 87/100 moneda nacional); por lo que, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $599.84 (quinientos noventa y nueve pesos con ochenta y cuatro centavos). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $9,051.87 (nueve mil cincuenta y un pesos 87/100 moneda nacional); sin embargo, de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $9,651.71 (nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos 71/100 moneda nacional); es decir, tuvo un excedente a favor de la parte agraviada de $599.84 (quinientos noventa y nueve pesos con ochenta y cuatro centavos). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la parte quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que las leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio por un aparte se negó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibidos el oficio de cuenta suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia, a través de los cuales informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibidos el oficio de cuenta suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia, a través de los cuales informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano