Ninfa Trejo Peña

Expediente 985/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
985/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
28/12/2018

Partes del expediente

  • Ninfa Trejo Peña
  • JAVIER TREJO PEÑA y Otros.
  • ANTONIO TREJO PEÑA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el dieciocho de septiembre y seis de diciembre del año en curso (fojas 130 a 131 y 147 a 148), respectivamente, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de siete de diciembre del año en curso (foja 149), se dio vista a la parte quejosa con el último de los oficios y anexo, (foja 147 y 149) para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el diez de diciembre del año actual (foja 150); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del ********************, lapso en el cual no se realizaron manifestaciones. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 94 a 112), se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En consecuencia, al resultar inconstitucional el ordinal 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, por violar los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, lo que procede es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos fundamentales violados, en acatamiento a lo dispuesto en el dispositivo 77, fracción I, con relación al 78, ambos de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a quien corresponda, devuelva a los quejosos la cantidad de ********************por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por el justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público ********************emitido por el Notario Público ********************con sede en Tepic, Nayarit, que se pagó el trece de abril de dos mil dieciocho. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que los quejosos dejen de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlos de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional.(.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que los contribuyentes reciban una suma equivalente a la que hubieran tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..." Sentencia que causó ejecutoria el quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 122 a 124). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporará de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra de la promovente del amparo, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera a los quejosos la suma de ********************, por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, sin relevarlos de la obligación de enterar la cuota fija mínima de ********************. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciocho de septiembre (fojas 130 y 131), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó la impresión de la transferencia efectuada en favor de los quejosos, el catorce de septiembre de este año, por la cantidad de ********************, por concepto del monto que en su momento erogaron los quejosos con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo. Mediante proveído de quince de noviembre del presente año (fojas 137 a 140) se requirió a la autoridad responsable para que devolviera a la quejosa un faltante de ********************; por lo que, mediante comunicado y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el seis de diciembre (fojas 147 y 148), dicha delegada informó la transferencia efectuada en favor de los quejosos, el tres de diciembre de este año, por la cantidad de ********************. Por tanto, de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $********************) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización; tal y como se precisó en el acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 137 a 140). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a los solicitantes del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector tal y como lo acredita con el anexo que adjunta; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, así como con las que obran a fojas ciento treinta y ciento treinta y uno, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta enviado por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual informa las gestiones realizadas a efecto de acatar la ejecutoria de amparo; al respecto, agréguense a sus autos para que obren como corresponda; en la inteligencia de que con lo anterior no se tiene por cumplido el fallo protector concedido a la parte quejosa, sino únicamente en vías de cumplimiento, en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo; por lo que este juzgado estará a la espera del cumplimiento total del fallo protector. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en auto de quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 122 a 124).

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el dieciocho de septiembre del año en curso (fojas 130 y 131) la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diecinueve de septiembre del año en curso (foja 132), se dio vista a la parte quejosa con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el veinte siguiente (foja 133); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinticuatro al veintiséis de septiembre del actual año, lapso en el cual el representante común de los quejosos hizo manifestaciones (fojas 134 a 135). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 94 a 112), se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En consecuencia, al resultar inconstitucional el ordinal 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, por violar los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, lo que procede es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos fundamentales violados, en acatamiento a lo dispuesto en el dispositivo 77, fracción I, con relación al 78, ambos de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a quien corresponda, devuelva a los quejosos la cantidad de $38,202.66 pesos, por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por el justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público "36,871", emitido por el Notario Público Uno, con sede en Tepic, Nayarit, que se pagó el trece de abril de dos mil dieciocho. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que los quejosos dejen de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlos de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que los contribuyentes reciban una suma equivalente a la que hubieran tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..." Sentencia que causó ejecutoria el quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 122 a 124). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporará de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra de la promovente del amparo, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera a los quejosos la suma de $38,202.66 (Treinta y ocho mil doscientos dos pesos 66/100 Moneda Nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, sin relevarlos de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciocho de septiembre (fojas 130 y 131), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó la impresión de la transferencia efectuada en favor de los quejosos, el catorce de septiembre de este año, por la cantidad de $19,725.40 (Diecinueve mil setecientos veinticinco pesos 40/100 Moneda Nacional), por concepto del monto que en su momento erogaron los quejosos con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo. En proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 136), se tuvo por recibido el escrito presentado por el representante común de la parte quejosa, en el que realizó manifestaciones respecto del acatamiento dado a la sentencia concesoria de amparo por las autoridades responsables; en el sentido de que le fue otorgado incorrectamente el importe por concepto de la cantidad erogada a favor de la administración pública estatal y la respectiva actualización ordenada en la sentencia, por los derechos e impuestos en comento. Ello, porque pagó la cantidad de $38,202.66 (Treinta y ocho mil doscientos dos pesos 66/100 Moneda Nacional), y siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de instrumento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo y no otra. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el trece de abril de dos mil dieciocho (fojas 35, 36 y 84) y el catorce de septiembre del año en curso, la autoridad responsable realizó la transferencia respectiva a los quejosos (foja 131); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a septiembre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto de este año entre el índice para el mes de marzo de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436; y para el mes de agosto de esta anualidad fue de 100.492 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.758; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1, de conformidad al último párrafo del citado numeral. De las constancias que obran en autos se advierte que el citado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas responsable, intentó acatar la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $* por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. Ello, no obstante que tenía que devolver a la parte agraviada $37,922.66 (Treinta y siete mil novecientos veintidós pesos 66/100 Moneda Nacional); es decir, no entregó un faltante de $*, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas aludido, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, cumpla con el fallo protector. Apercibido que de no hacerlo con causa justificada, se hará efectivo el apercibimiento referido en auto de quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 122 a 124).

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