Nilda Elisa Cervantes Sánchez

Expediente 1806/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 27 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1806/2018
Año
2018
Actuaciones
27
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Nilda Elisa Cervantes Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al requerimiento contenido en el proveído de trece de junio del año en curso (foja 175); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el cinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas 54 a 81), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, respecto de la cantidad de $26,783.97 (veintiséis mil setecientos ochenta y tres pesos con noventa y siete centavos 97/100 moneda nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"." 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige que el acto que debía realizar las autoridades responsables para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; asimismo, para que fueran desincorporados de su esfera jurídica. B). Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, con motivo de la inscripción de instrumento público número dieciocho mil novecientos sesenta y cuatro, respecto de la cantidad de $26,783.97 (veintiséis mil setecientos ochenta y tres pesos 97/00 moneda nacional) la cual debía ser actualizada. Luego, a través de los oficios y anexos presentados por la autoridad responsable a través de su delegada (fojas 112, 113 y 127 a 128, respectivamente), informó a este Juzgado Federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho y veintitrés de enero de dos mil diecinueve se efectuó las devoluciones a la parte quejosa por medio de transferencias electrónicas, por las cantidades de $13,730.35 (trece mil setecientos treinta pesos 35/100 moneda nacional) y $13,407.06 (trece mil cuatrocientos siete pesos 06/100 moneda nacional), respectivamente, sumando un total de $27,137.41 (veintisiete mil ciento treinta y siete pesos 41/100 moneda nacional. En ese contexto, dado que al monto de $26,783.97 (veintiséis mil setecientos ochenta y tres pesos 97/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $26,503.97 (veintiséis mil quinientos tres pesos 97/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho y en el mes de enero de dos mil diecinueve, se efectuó la última devolución mediante trasferencia electrónica a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable pretendió devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de julio del año pasado a diciembre del mismo año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de diciembre del año pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio del año pasado fue 99.909; y, para el mes de diciembre de dos mil dieciocho 103.020. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.103113. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $27,329.03 (veintisiete mil trescientos veintinueve pesos 03/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $825.06 (ochocientos veinticinco cinco mil pesos 06/100 moneda nacional). Por tanto, mediante el oficio y anexo señalados en párrafos que anteceden, se advirtió que la autoridad oficiante entregó a la parte quejosa la cantidad de $27,137.41 (veintisiete mil ciento treinta y siete pesos 41/100, moneda nacional), por concepto del derecho reclamado; sin embargo, se evidenció que no se pagó la totalidad de la cantidad actualizada referida en el párrafo que antecede, resultando un déficit equivalente a $191.62 (ciento noventa y un pesos 62/100 moneda nacional). Derivado de lo anterior, mediante proveído de dieciséis de mayo actual (fojas 165 y 166), este Órgano Jurisdiccional requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit para que entregara el citado faltante a la parte quejosa. Luego, mediante auto de tres de junio de este año, se tuvo a la delegada del recaudador responsable, informando que la parte quejosa, no se había presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización de la cantidad condenada en la sentencia amparadora, esto es, la suma de $191.62 (ciento noventa y un pesos 62/100 moneda nacional), no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello; asimismo, mediante auto de trece de junio de la presente anualidad (foja 175), este órgano jurisdiccional le dio vista a la parte quejosa de manera personal con lo antes informado por la responsable, a fin de que compareciera a recoger el título de crédito puesto a su disposición, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del término otorgado, este juzgado con apoyo en la ejecutoria y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio se pronunciaría en relación al mencionado cumplimiento del fallo protector, lo que no aconteció por la parte promovente del amparo. Por tanto, se DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sin que sea óbice a lo anterior, que del análisis de las constancias de autos, no se aprecia que la parte quejosa haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hiciera entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector respecto de la actualización de la cantidad condenada; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que la peticionaria de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al requerimiento contenido en el proveído de trece de junio del año en curso (foja 175); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el cinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas 54 a 81), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, respecto de la cantidad de $26,783.97 (veintiséis mil setecientos ochenta y tres pesos con noventa y siete centavos 97/100 moneda nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"." 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige que el acto que debía realizar las autoridades responsables para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; asimismo, para que fueran desincorporados de su esfera jurídica. B). Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, con motivo de la inscripción de instrumento público número dieciocho mil novecientos sesenta y cuatro, respecto de la cantidad de $26,783.97 (veintiséis mil setecientos ochenta y tres pesos 97/00 moneda nacional) la cual debía ser actualizada. Luego, a través de los oficios y anexos presentados por la autoridad responsable a través de su delegada (fojas 112, 113 y 127 a 128, respectivamente), informó a este Juzgado Federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho y veintitrés de enero de dos mil diecinueve se efectuó las devoluciones a la parte quejosa por medio de transferencias electrónicas, por las cantidades de $13,730.35 (trece mil setecientos treinta pesos 35/100 moneda nacional) y $13,407.06 (trece mil cuatrocientos siete pesos 06/100 moneda nacional), respectivamente, sumando un total de $27,137.41 (veintisiete mil ciento treinta y siete pesos 41/100 moneda nacional. En ese contexto, dado que al monto de $26,783.97 (veintiséis mil setecientos ochenta y tres pesos 97/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $26,503.97 (veintiséis mil quinientos tres pesos 97/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho y en el mes de enero de dos mil diecinueve, se efectuó la última devolución mediante trasferencia electrónica a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable pretendió devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de julio del año pasado a diciembre del mismo año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de diciembre del año pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio del año pasado fue 99.909; y, para el mes de diciembre de dos mil dieciocho 103.020. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.103113. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $27,329.03 (veintisiete mil trescientos veintinueve pesos 03/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $825.06 (ochocientos veinticinco cinco mil pesos 06/100 moneda nacional). Por tanto, mediante el oficio y anexo señalados en párrafos que anteceden, se advirtió que la autoridad oficiante entregó a la parte quejosa la cantidad de $27,137.41 (veintisiete mil ciento treinta y siete pesos 41/100, moneda nacional), por concepto del derecho reclamado; sin embargo, se evidenció que no se pagó la totalidad de la cantidad actualizada referida en el párrafo que antecede, resultando un déficit equivalente a $191.62 (ciento noventa y un pesos 62/100 moneda nacional). Derivado de lo anterior, mediante proveído de dieciséis de mayo actual (fojas 165 y 166), este Órgano Jurisdiccional requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit para que entregara el citado faltante a la parte quejosa. Luego, mediante auto de tres de junio de este año, se tuvo a la delegada del recaudador responsable, informando que la parte quejosa, no se había presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización de la cantidad condenada en la sentencia amparadora, esto es, la suma de $191.62 (ciento noventa y un pesos 62/100 moneda nacional), no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello; asimismo, mediante auto de trece de junio de la presente anualidad (foja 175), este órgano jurisdiccional le dio vista a la parte quejosa de manera personal con lo antes informado por la responsable, a fin de que compareciera a recoger el título de crédito puesto a su disposición, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del término otorgado, este juzgado con apoyo en la ejecutoria y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio se pronunciaría en relación al mencionado cumplimiento del fallo protector, lo que no aconteció por la parte promovente del amparo. Por tanto, se DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sin que sea óbice a lo anterior, que del análisis de las constancias de autos, no se aprecia que la parte quejosa haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hiciera entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector respecto de la actualización de la cantidad condenada; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que la peticionaria de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistas las constancias que integran los autos del presente juicio de amparo, particularmente el proveído de tres de junio de dos mil diecinueve (foja 174), a través del cual se tuvo a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, informando que la parte quejosa no se había presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la ejecutoria de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como lo acreditó con la documental adjunta. En ese sentido, toda vez que a la presente data la parte quejosa no ha hecho del conocimiento a este órgano jurisdiccional sí ya recibió el título de crédito 1269, valioso por la cantidad de $191.62 (ciento noventa y un pesos 62/100 moneda nacional), puesto a su disposición en su oportunidad, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, requiérase a la parte solicitante del amparo, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante la autoridad responsable en mención, a recibir el citado documento en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue devuelta la cantidad señalada, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este juzgado con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo. Por otro lado, en cuanto a su petición de tener por cumplida la ejecutoria de mérito, dígase que no ha lugar a proveer favorablemente, en virtud de que con el anexo que acompaña, se advierte que notificó por instructivo a la parte quejosa el treinta de mayo de este año a fin de que compareciera a sus instalaciones y se le entregara el cheque expedido a su favor valioso por la cantidad condenada en autos; por lo que, no se puede considerar desinterés en este momento pues aún no ha transcurrido un término prudente para que la quejosa realice lo anterior; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo.

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