Niebla Rebeca Gutiérrez Refino

Expediente 781/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
781/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/08/2023

Partes del expediente

  • Niebla Rebeca Gutiérrez Refino

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término previsto en el numeral 98 de la ley de la materia, para recurrir en queja el auto que desechó la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO EMITIDO EL SEIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Vista la demanda promovida por ..., por conducto de su apoderado ..., contra actos del Juez Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México y otras autoridades, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número 781/2023. Tramítese observando el artículo 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, pues acorde al diverso 62 de la ley de la materia, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: a) El auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México en el juicio ejecutivo mercantil ..., que formalizó la escritura del inmueble litigioso mediante la firma por la autoridad judicial, ante la contumacia de la ejecutada. b) El trámite de registro de la escritura pública. c) Orden y ejecución de desalojo del inmueble relacionado. d) La inconstitucionalidad del Artículo Primero Transitorio del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; del Código de Comercio; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de mayo de 1996, en la porción normativa siguiente: ". no serán aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto". III. El juicio de amparo es improcedente, puesto que los reclamos de la quejosa se formulan sin estar ante la última resolución en el procedimiento de remate, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción IV del artículo 107, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." De la interpretación del artículo transcrito en último término, deviene que tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo y en caso de remates, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Salvo los casos de excepción, cuando se rematan bienes en el periodo de ejecución de sentencias, el juicio de amparo indirecto procede al momento en que se emite cualquiera de esas órdenes (la de escrituración o entrega) dado que ambas son consecuencias connaturales del acto de adjudicación. En el caso, la quejosa reclama el auto donde se formalizó la escritura del inmueble materia de litigio, mediante la firma de la autoridad judicial a causa de la contumacia de la ejecutada. Además, del trámite de registro de la escritura pública, la orden y ejecución de desalojo del inmueble relacionado, como actos futuros y ciertos, a causa de la primer actuación reclamada. Ahora bien, el amparo indirecto procede contra los actos que integran el periodo de remate, cuanto se emite la resolución que ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, contra la que dispone la entrega de la posesión del inmueble rematado. De modo que el inconforme puede instar la acción constitucional ante una u otra actuación para revisar dicho periodo, y en su caso, las posibles violaciones procesales. Lo cual implica que hasta que se analice de fondo una de las determinaciones que dan procedencia al amparo, así como sus eventuales violaciones procesales, podrá considerarse cerrada y/o concluida dicha etapa. En tanto que al agotar el estudio del remate con una de las actuaciones señaladas, ya no es dable establecer que al emitirse un acto reiterativo de ellas, sea dable promoverse otro juicio de amparo, y por ende, por regla general las determinaciones que se emitan esos términos carecen de la posibilidad de ser cuestionadas en un nuevo amparo. En el caso, de la certificación de cuenta y de la información narrada en los antecedentes de la demanda, es dable afirmar que la orden de escrituración, aún no se encuentra firme, toda vez que existe un recurso pendiente de resolverse, tal como se advierte del amparo 392/2023, lo cual implica que todavía no hay un estudio del periodo de remate. De modo que aunque la orden de escrituración es un supuesto de procedencia del amparo y fue señalado como acto reclamado en el expediente citado, todavía no hay un estudio del periodo que comprende la venta judicial, ni sus violaciones procesales, porque esa decisión aún está sujeta a revisión en un recurso ordinario, y ese evento condiciona la posibilidad de revisar el remate. De ahí que la emisión del acto reclamado todavía integra el periodo de remate, y por lo tanto no se puede considerar que estemos ante la última resolución que haga procedente el presente juicio. Aunado a que acorde a los antecedentes narrados en la demanda, la orden de entrega aún no se ha dictado. Por lo que la quejosa aún cuenta con la posibilidad de promover el amparo indirecto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.12o.C.161 C (10a.), Undécima Época, sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Época: Décima Época, registro: 2025729. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Enero de 2023, Tomo VI, Materias(s): Común, Civil, página 6653, que dispone: "REMATE. ÚNICAMENTE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN, CONTRA LA QUE DISPONE LA ENTREGA DE LA POSESIÓN DEL INMUEBLE REMATADO, LO QUE OCURRA PRIMERO, POR LO QUE NO ES DABLE PROMOVERLO CONTRA OTRA QUE SE CONSIDERE DE LA MISMA CLASE (ÚLTIMA), ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE PRECLUSIÓN Y DE CONCENTRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. El artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que tratándose del procedimiento de remate, para la procedencia del juicio de amparo, la última resolución es aquella que, después de cumplirse con el principio de definitividad, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de la posesión de los bienes rematados, lo que ocurra primero, pudiendo reclamarse las pretendidas violaciones cometidas en ese procedimiento pues, en todo caso, debe atenderse al principio de preclusión procesal, así como al de concentración del procedimiento, entendido el primero como la pérdida del derecho de impugnación por haber dejado pasar el plazo (perentorio) que se tenía para hacerlo, así como por haberse interpuesto en contra de un acto posterior al que debió ser el objeto y materia de combate a través del juicio de amparo (indirecto) como medio extraordinario de defensa, lo que tiende a buscar orden, claridad y rapidez en la marcha del proceso, en especial, en la ejecución de la cosa juzgada, en tanto que, conforme al principio de concentración (también conocido como de unidad en el procedimiento), pueden plantearse y analizarse las violaciones cometidas en el curso del procedimiento de remate, cuando se promueva en contra de la última resolución que ahí se dicte, de manera que si el juicio de amparo indirecto únicamente puede promoverse contra la última resolución, que debe entenderse en singular y que se emita en el procedimiento de remate, ya no es dable establecer que al haberse emitido una última resolución pueda, de manera indistinta, promoverse contra otra que se considere de la misma clase (última dictada en el procedimiento de remate), en atención a que habrá operado la preclusión del derecho para impugnar esta segunda resolución, por no haberse controvertido la primera, puesto que el legislador quiso resguardar (como finalidad) la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, lo que sólo se obtiene restringiendo el derecho a impugnar mediante el citado juicio la resolución con la que concluya el procedimiento de remate, pues el principio de concentración procesal emana del de preclusión y ambos tienden a que el proceso se realice en el menor tiempo posible." Misma suerte sigue la inconstitucionalidad del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; del Código de Comercio; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal", pues la improcedencia del juicio de amparo respecto del acto de aplicación, trae consigo la improcedencia también por lo que a la ley se refiere; de tal manera que, si la demanda se desecha respecto del acto de aplicación, también así debe procederse respecto de la ley que se combate. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, consultable en la página doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Así como la tesis del Pleno del Máximo Tribunal, publicada en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Julio de 1991, página 5, que señala: "AMPARO INDIRECTO. DEBE EXAMINARSE EN SU INTEGRIDAD LA DEMANDA RELATIVA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE ESA VIA CON MOTIVO DE UNA CUESTION DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, QUE SURGIDA EN EL JUICIO, SU ACTO DE APLICACION, SEA DE IMPOSIBLE REPARACION. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los diversos 114, fracción IV y 158, último párrafo, de la Ley de Amparo, la vía idónea para reclamar una cuestión surgida dentro del juicio, que sea de imposible reparación, relativa a la constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, es el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, lo que de suyo permite inferir que en un caso concreto la existencia de la imposible reparación resulta ser un requisito esencial para la procedencia de esa vía. Una cuestión de constitucionalidad surgida en el procedimiento judicial tiene una ejecución de imposible reparación si los efectos legales y materiales producidos como consecuencia de la aplicación en él de una ley, tratado internacional o reglamento, alcanzan a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales que no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación. De aquí, entonces, que en un juicio de amparo indirecto promovido con motivo de la situación antes apuntada es necesario establecer previamente si se está o no en presencia de una ejecución de imposible reparación, atendiendo no solamente a la naturaleza del acto y a su trascendencia, sino también a los conceptos de violación formulados para poder determinar si el quejoso se duele de la afectación de derechos sustantivos o derechos meramente procesales, determinación que lógicamente sólo puede realizar el juzgador analizando en su integridad la demanda relativa." Consecuentemente, al no constituir el reclamo de la parte quejosa, la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. Como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con los nombres de usuario proporcionados, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. Los correos y números telefónicos que refiere la quejosa únicamente serán considerados para entablar comunicaciones no procesales, pues así lo dispone el artículo 22 del Acuerdo General citado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ..., contra actos del Juez Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México y otras autoridades. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

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