Niebla Rebeca Gutiérrez Refino
Expediente 367/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 28 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Niebla Rebeca Gutiérrez Refino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA CON LA SENTENCIA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 367/2023, promovido por ... contra actos de la Juez Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de la Unión [cámaras de diputados y senadores]; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. El asunto se admitió en este órgano, dándose intervención a la representación social de la adscripción; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción IV de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un juicio del orden mercantil seguido ante un Juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. a) El auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ..., por el Juzgado Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, que ordena signar la escritura del inmueble litigioso y previene a la accionante que, en caso de no comparecer, el juzgador firmará en contumacia, y como consecuencia el trámite de registro de la escritura y su desalojo. b) La inconstitucionalidad del Artículo Primero Transitorio del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; del Código de Comercio; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal", publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis en el Diario Oficial de la Federación, como norma aplicada dentro del procedimiento de ejecución, particularmente en el incidente de inejecución de sentencia por preclusión procesal y prescripción de tres de febrero de dos mil nueve, confirmada el ocho de junio de dos mil nueve, en el toca de apelación .... TERCERO. Existencia. Las responsables aceptaron la existencia de los reclamados, certeza corroborada con las copias certificadas del proceso natural remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Previo a resolver lo que en derecho procede, se relacionan los antecedentes del proceso de origen. 1. El dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, la tercera interesada demandó a la quejosa en la vía ejecutiva mercantil; de dicha acción tocó conocer al juez responsable. 2. El veinticinco de septiembre de ese año, se dictó sentencia definitiva, que concluyó así: "RESUELVE PRIMERO.- Ha procedido la vía promovida por ..., en contra de ..., en la que la actora probó su acción y la demandada no acreditó excepciones y defensas, en consecuencia. SEGUNDO.- Se condena a la enjuiciada a pagar a la actora la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, por concepto de suerte principal, pago que deberá, (sic) efectuar en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que el presente fallo sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado para tal efecto se procederá al trance y remate de lo embargado y con su producto se hará pago a la actora hasta donde basteacubrir (sic) el monto de lo condenado, así como al pago de los intereses moratorios al tipo legal a razón del SEIS POR CIENTO ANUAL a partir de la fecha en que incurrió en mora y hasta la total solución del adeudo y las costas del juicio previa la regulación de estos últimos conceptos en ejecución de sentencia. TERCERO.- Notifíquese. [.]" 3. Inconforme, la quejosa apeló dicho fallo y el ocho de enero de mil novecientos noventa y seis, fue confirmado en segunda instancia. 4. El tres de febrero de dos mil nueve, la quejosa promovió un incidente de inejecución de sentencia por preclusión procesal y prescripción negativa de la obligación de pago, y seguido su trámite, el cinco de marzo siguiente, el A quo dictó interlocutoria donde lo desestimó. 5. La peticionaria promovió recurso de apelación contra esa determinación, y el ocho de junio de dos mil nueve, la Ad quem dictó sentencia en el toca ..., donde la confirmó. 6. En ejecución de la sentencia definitiva, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de remate en tercera almoneda, respecto del inmueble identificado como ..., Ciudad de México. 7. El siete de noviembre de ese año, el A quo resolvió en interlocutoria aprobar el remate a favor de la tercera interesada, en la cantidad de $712,000.00 (setecientos doce mil pesos 00/100 moneda nacional). 8. La parte quejosa impugnó en apelación la resolución anterior, y el diecisiete de enero de dos mil veinte, la Sala responsable la confirmó en el toca 1947/2019. 9. El trece de marzo de dos mil veinte, se tuvo por designado al Notario Público ... de la Ciudad de México, para la elaboración de la escritura pública. Contra esta determinación [y otras violaciones al procedimiento, incluyendo la inconstitucionalidad de la misma disposición que aquí se reclama], la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto, que se radicó en este Juzgado Federal con el número ...; y cuya sentencia definitiva , al recurrirse, fue modificada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el R.C. ..., para quedar el asunto sobreseído en su totalidad, dado que la Alzada Federal sentenció que contra el acto reclamado destacado no se había agotado el recurso de apelación. 10. El diez de febrero de dos mil veintitrés el Notario Público ...de esta ciudad devolvió las constancias al Juez de origen y le informó que el proyecto de escritura estaba listo para su firma, siendo necesaria la presencia de la demandada o algún legítimo representante. A lo anterior recayó el auto de trece de dicho mes y año, en el que se ordenó hacer del conocimiento de las partes la promoción del fedatario; y se decretó que por la inactividad procesal por más de seis meses debía practicarse notificación personal a las partes. 11. El ocho de marzo de dos mil veintitrés se decretó que la demandada no había desahogado el requerimiento que se formuló respecto de señalar domicilio procesal en esta ciudad, y en consecuencia se determinó que el auto de trece de febrero de este año y las subsecuentes notificaciones se le practicaran por medio de boletín. 12. El veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés se acordó favorablemente la petición de la actora para requerir a la demandada, aquí quejosa, para comparecer ante el Notario Público mencionado a fin de firmar la escritura correspondiente, con apercibimiento en caso de rebeldía, lo haría la juez en su lugar. Esta determinación es el acto reclamado destacado. 13. El veintinueve de marzo de este año la quejosa, por conducto de su apoderado, promovió recurso de apelación contra el auto que constituye el acto reclamado; y el veintinueve siguiente se admitió a trámite el recurso, únicamente en efecto devolutivo. 14. El veintiuno de abril de dos mil veintitrés, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, revocó la admisión del recurso, aplicando el contenido del artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, calificando dicha determinación como la última resolución del procedimiento de remate, y por ende, calificándola de irrecurrible. 15. El veintinueve de junio de dos mil veintitrés, la jueza decretó que ante la rebeldía de la enjuiciada, ella firmaría la escritura pública de adjudicación. QUINTO. Improcedencia por lo que hace a la norma reclamada y su acto de aplicación. Al ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe examinar la procedencia del juicio. En atención a la técnica que rige en el juicio de amparo contra leyes, el estudio de normas de carácter heteroaplicativo no debe desvincularse de su acto de aplicación, de manera que por cuestión de orden y método, se atiende preferentemente la cuestión de inconstitucionalidad planteada, pues en el caso a estudio es procedente en cuanto a su acto de aplicación . Siguiendo el orden establecido, no se hará el estudio de la constitucionalidad de la norma cuestionada, porque se actualiza una causal de improcedencia de estudio oficioso y preferente, conforme al artículo 62, de la Ley de Amparo respecto de ésta. En el caso, la peticionaria omitió combatir la norma desde su primer acto de aplicación, sin que pudiera esperar a la "última resolución" como regla general en la fase de ejecución, y es así, ya que la decisión en que por vez primera se aplicó la disposición fue en una en que se resolvió sobre una excepción sustancial y perentoria, como lo es la prescripción. El artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". La causal referida prevé que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales, o actos consentidos tácitamente entendiéndose por esto último, aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo señalado el artículo 17 de la ley de la materia. En ese sentido, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo genérico para presentar la demanda de amparo es de quince días ; por su parte, su ordinal 18 dispone que el término para la presentación de la demanda se computara a partir del día siguiente de aquel en que a) surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; o, b) Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Lo cual implica que cuando se controvierte una norma general por su sola entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación, que cause un perjuicio al quejoso, el plazo para interponer el juicio constitucional seguirá siendo de quince días. La causal que en concepto de este juzgador determina la improcedencia del juicio respecto de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, tiene su razón de ser en la falta de presentación oportuna de la demanda de amparo a partir del conocimiento que se pretende impugnar, por lo que el elemento "conocimiento", es de especial trascendencia para determinar la actualización de tal supuesto normativo y en su caso el margen de afectación contra el afectado. Lo cual implica que el cómputo del plazo de presentación de la demanda tratándose de normas reclamadas con motivo de su primer acto de aplicación, debe tomarse en consideración la fecha en la que se conoció el primero de los actos que permite que cobren vigencia, es decir, a través del cual se materializó efectivamente un perjuicio contra la parte quejosa, derivado de la aplicación del precepto impugnado. En el caso, la quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; del Código de Comercio; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis en el Diario Oficial de la Federación. Y el primer acto de aplicación de la norma general cuestionada -como incluso la peticionaria reconoce-, fue la resolución de segunda instancia de ocho de junio de dos mil nueve, donde la Sala responsable confirmó la interlocutoria emitida en el incidente de inejecución de sentencia por preclusión procesal y prescripción negativa de la obligación de pago, promovido por la quejosa en el juicio de origen. Para demostrar lo anterior, es importante señalar que en dicha incidencia, la peticionaria sostuvo que había fenecido el plazo para que la tercera interesada ejecutara la sentencia definitiva emitida en el juicio natural, y en la resolución aludida, la Ad quem adujo: "[.] De ahí que, si bien es cierto lo señalado por la recurrente, al sostener que la sentencia definitiva dictada el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco causó estado, comenzando a contar el término para que operara la prescripción de su ejecución a partir del día siguiente en que dicho fallo quedó firme de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1040 del Código de Comercio, que establece que tal término comenzará a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio, no menos cierto es, que al haber promovido la actora el incidente de liquidación de intereses de fecha siete de junio de dos mil ocho, el término para que operara la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva se interrumpió, comenzando éste a contar a partir de la fecha en que quedó firme la sentencia interlocutoria del veinticinco de junio de mil novecientos noventa y seis que resolvió el incidente de liquidación de intereses promovido, En esa tesitura, tomando en consideración que el presente juicio se tramita con base en la legislación anterior a las reformas del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis, y al no haber disposición expresa que regule la prescripción de la ejecución de sentencia, resulta aplicable entonces lo dispuesto por el artículo 1047 del Código de Comercio, que establece que la misma será de DIEZ AÑOS, por lo que en tal virtud, se arriba a la consideración de que en vista de las constancias de autos, si bien es cierto el dictado de la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y seis es la última actuación tendente a la ejecución de la sentencia definitiva, toda vez que de autos se advierte que el expediente fue remitido en varias ocasiones al Archivo Judicial, siendo hasta el veintidós de febrero de dos mil seis cuando se tuvieron por recibidos los autos principales del juicio en el juzgado de origen, no menos cierto es que como acertadamente lo señaló la A quo, con fecha once de mayo de dos mil seis, la parte actora promovió el incidente de cuantificación de sentencia y cuantificación de gastos y costas, impulsando nuevamente la ejecución de la sentencia definitiva, sin que a esa fecha se hubieran computado los DIEZ AÑOS señalados legalmente, pues en todo caso, para que esos DIEZ AÑOS transcurrieran era necesario que se llegara a la fecha de veinticinco de junio de dos mil seis sin impulso procesal alguno por parte de la ejecutante, lo cual no ocurrió en la especie. [.]" Como se advierte de lo anterior, fue en esa determinación, donde por primera ocasión y de manera directa e inmediata, el artículo reclamado se aplicó, causando perjuicio a la peticionaria. En esa medida, una vez que se concretó el primer acto de aplicación de la norma aludida, la quejosa estaba legitimada y debía impugnar su contenido, por lo que su inconformidad debió plantearla dentro de los quince días siguientes a que se le notificó el primer acto en que se aplicó la norma que combate [esto es, conforme a la notificación del fallo de ocho de junio de dos mil diecinueve, emitido en el toca ...9], pues si el gobernado controvierte los ulteriores actos de aplicación de ésta, el amparo resulta improcedente, por haberse consentido el primer acto de autoridad que le irrogó perjuicio. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P. 30., del Tribunal Pleno, de la Octava Época, de registro 820085, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACION. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial número 273 de la Octava Parte, Compilación de 1985, intitulada "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO", donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria." Por lo tanto, el término para promover el juicio de derechos fundamentales contra el artículo primero transitorio del decreto reclamado, con motivo de su primer acto de aplicación, debe computarse a partir de que la quejosa tuvo conocimiento de que le fue aplicado dicho numeral, lo cual ocurrió el diez de junio de dos mil nueve, fecha en que surtió efectos la notificación de la resolución donde la existencia de la norma le paró perjuicio con lo argumentado por la Ad quem, por lo que si hasta el seis de agosto de dos mil veinte, se presentó la demanda que motivó este juicio de amparo, es evidente que transcurrió en exceso el término de quince días establecido en el último precepto citado, para impugnar dicha ley. Es aplicable, por las razones que la contienen, la tesis I.1o.A.21 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1520, Tomo XXX, Octubre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al no haberse interpuesto el juicio dentro del término que establece la Ley de Amparo, contra la norma tildada de inconstitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la ley de la materia. No es óbice a lo anterior, que el reclamo de esta norma se plantee como parte de las violaciones ocurridas en el proceso de ejecución, con motivo de la sentencia de Alzada de mérito; y es así, porque aun cuando la regla general es que en la etapa de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la última determinación, también es cierto que existen excepciones que permiten y orillan a acudir antes a la sede constitucional. Y esta excepción se surte en la especie ya que la quejosa debía interponer una demanda de amparo autónoma contra la decisión de Alzada que desestimó sus planteamientos de prescripción y preclusión, y donde se estableció la norma procesal que aplica al caso [legislación anterior a las reformas de mayo de mil novecientos noventa y seis] En efecto, cuando lo decidido guarda una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, como ocurre con las excepciones perentorias y sustantivas, como es la de prescripción para ejecutar, que daría por concluida la ejecución del fallo definitivo; entonces, la quejosa no debe esperar hasta la última resolución para plantear su caso en la sede constitucional. Al respecto, se invoca la Jurisprudencia 1a./J. 19/2011, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." En ese sentido, la resolución que en segunda instancia confirmó la interlocutoria emitida en un incidente de inejecución de sentencia por preclusión procesal y prescripción negativa de la obligación de pago, promovido por la quejosa en el juicio de origen, se ubica en el supuesto de excepción, pues su objetivo estuvo enfocado a impedir la continuación de la ejecución de la sentencia en perjuicio del ejecutante, de modo que conforme al criterio de jurisprudencia citado, tuvo una autonomía destacada que desde aquel momento permitió a la peticionaria inconformarse en la instancia constitucional, sin que lo haya efectuado, por lo cual, la norma aplicada y que busca combatirse, sigue la misma suerte. Así, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio por lo que hace a la inconstitucionalidad de la norma combatida, pues aunque se aplicó en la fase de ejecución, esto no era la primera vez que ocurría, y cuando fue así, sucedió en un fallo de imposible reparación que decidió una excepción sustancial y perentoria como es la prescripción del derecho de cobro¬. Dados los motivos de sobreseimiento actualizados es innecesario entrar al análisis de los conceptos de violación respecto de dicho reclamo , así como a los criterios invocados para fundarlos, conforme a la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." De ahí que sea innecesario estudiar las demás causales de improcedencia invocadas por lo que ve a dicho reclamo, pues cuando ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento respecto del acto reclamado, no existe necesidad de emprender un análisis adicional. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Cabe precisar que por las mismas razones de inoportunidad para plantear la acción de amparo contra una resolución autónoma en la ejecución, consistente en la referida sentencia de ocho de junio de dos mil nueve, es criterio del suscrito que se tornan inoperantes, por preclusión, los motivos de inconformidad que se exponen en torno dicha determinación , dado que su análisis correspondía a un amparo autónomo, atento a la naturaleza de la excepción perentoria y sustantiva que resolvió. Al respecto se invoca por analogía la tesis P./J. 2/2013 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Común, que dispone: "AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO IMPUGNARSE EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, Y QUE DERIVAN DE LA MISMA SECUELA PROCESAL. La circunstancia de que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se edifique en aspectos que rigen sólo para el juicio de amparo indirecto y que son incompatibles con el directo -por lo que cuando en esta vía se controvierta la regularidad constitucional de una disposición legal, al no reclamarse como acto destacado, no puede determinarse que debe constreñirse al primer acto de aplicación en perjuicio del gobernado, sino que puede tratarse de ulteriores actos de aplicación-, no implica que los quejosos no deban atender a las reglas de la litis y a los principios procesales que rigen en el juicio de amparo directo, como es la institución jurídica de la preclusión, que implica la pérdida de un derecho procesal por no haberse ejercitado oportunamente. Por consiguiente, cuando la norma que se pretende impugnar en una demanda de amparo directo se aplicó en diversos actos que tienen una misma secuela procesal, es decir, que derivan de un procedimiento común, y el quejoso promovió con anterioridad un juicio de amparo sin cuestionar la regularidad constitucional de la norma aplicada desde el primer acto reclamado, es evidente que ya no está facultado para hacer valer dicha cuestión en el juicio de amparo que promueva con posterioridad, y no porque haya consentido la disposición legal relativa, al no tener aplicación ese criterio en el amparo uniinstancial, sino porque en virtud de la figura jurídica de la preclusión perdió el derecho de impugnar la constitucionalidad de la norma al no haberlo deducido en el momento procesal oportuno, habida cuenta que la cuestión de constitucionalidad no formó parte de la litis del amparo anterior, por lo que no puede examinarse por el tribunal de amparo, toda vez que precluyó su derecho para introducir argumentos novedosos por más que versen sobre cuestiones de constitucionalidad." Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 21/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en Materias(s): Común, que establece: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." SEXTO. Análisis sobre las violaciones invocadas por la quejosa; y decisión. La acción constitucional se plantea contra lo que constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia -fase de remate-; por lo que éste es el momento procesal oportuno para hacer valer y examinar las violaciones procesales acaecidas en el mismo, como lo dispone el artículo 107, fracción IV, último párrafo en relación con el segundo de la Ley de Amparo , por ser una cuestión de estudio preferente. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cuarenta y cuatro del Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO, PREFERENCIA DEL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES AL. El estudio y decisión de las violaciones procesales, es preferente al estudio de las violaciones que se alegan a las leyes de fondo, porque el examen de las primeras tiene por objeto establecer si se han llenado u omitido los preceptos procesales señalados por la ley, porque toda resolución debe ser fundada y motivada". En el caso, la parte quejosa hace valer dos motivos de disenso de manera destacada, y al efecto expone: a) Sobre la caducidad de la inscripción de embargo, que vicia la aprobación del remate y la adjudicación . Al efecto, indica que el inmueble litigioso, no estaba legalmente embargado, pues la vigencia del aseguramiento estaba caduca en términos de lo que prevé el artículo 3035 del Código Civil para esta ciudad, pues su último registro es del siete de septiembre de dos mil quince, extinto en la misma data del año dos mil dieciocho. De modo que al momento de dictar la sentencia de aprobación de remate en el toca ..., el embargo carecía de vigencia; sin que la ejecutante hubiese regularizado tal situación ni que hubiera una reinscripción en autos. b) En torno a una violación al derecho de acceso pleno a la jurisdicción, por no resolver la pretensión del tercero opositor . Sobre este tópico indica que el procedimiento está viciado por no resolverse el planteamiento de ..., de tercería excluyente de dominio. Añade que además la tramitación de su defensa fue defectuoso y la dejó indefensa por la inadmisión de su impugnación, siendo ella ajena al proceso. Añade que la forma de aplicar la norma contra ella, fue discriminatoria, pidiéndole requisitos adicionales para defenderse. Decisión: Lo alegado por la quejosa es inoperante. En términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. " En el caso, por lo que hace al tema de la caducidad, la inoperancia obedece a que son alegaciones novedosas. En efecto, de las constancias allegadas por el Juez responsable, se advierte que en la audiencia de remate de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la parte quejosa formuló diversas manifestaciones con las que pretendió introducir al análisis, el tema de la prescripción de la acción para ejecutar la sentencia definitiva; y al inconformarse con la interlocutoria que aprobó el remate, sus agravios fueron en el mismo sentido, pues así se colige de la relación de motivos de inconformidad hechos por la Sala en la sentencia relativa [donde se aludió a la actualización de la prescripción del derecho a ejecutar y la violación al principio de legalidad], donde el tema de la caducidad no fue relacionado por la Alzada para emitir algún pronunciamiento al respecto. En relación a dichos agravios, la Sala responsable resolvió: "[.] Ahora bien, de un análisis minucioso del primer motivo de inconformidad realizado por la parte recurrente, se determina que los argumentos respecto a que la juez primigenia omitió valorar la actualización de la figura de prescripción de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el sumario, así como que en la especie existe la necesidad de que la A quo se pronuncie respecto de los hechos invocados a fin de solicitar la no aprobación del remate y, en consecuencia, la declaración de prescripción del procedimiento de ejecución, resultan INFUNDADAS. Lo anterior, en virtud que si bien es cierto del sumario se advierte que en audiencia de remate en tercera almoneda de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la parte demandada en uso de la voz señaló su oposición al remate, alegando que en la especie operó la figura de prescripción de ejecución de la sentencia, también lo es que mediante acuerdo contenido en la audiencia en cita, la Juez primigenia se pronunció respecto de la oposición planteada por la parte demandada, señalando que no ha lugar a acordar de conformidad en virtud que el remate en tercera almoneda se encuentra debidamente preparado de conformidad con lo ordenado en auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, así como lo previsto por el artículo 1410 del Código de Comercio. Motivo por el cual, visto que la Juez de origen sí realizó un pronunciamiento respecto de la petición realizada por la parte demandada, así como que los argumentos torales del primer agravio realizado por la parte recurrente no combaten las consideraciones emitidas por la A quo, se determina que el agravio en estudio resulta INFUNDADO. En diverso orden de ideas, es trascendental establecer que la sentencia impugnada se encuentra emitida con motivo de la tramitación de REMATE EN TERCERA ALMONEDA RESPECTO DEL INMUEBLE EMBARGADO EN EL SUMARIO. Bajo esta óptica, se determina lógicamente que todas las manifestaciones realizadas por las partes litigantes en el procedimiento de remate, específicamente las señaladas en la audiencia respectiva, deben estar encaminadas a la aprobación o, en su caso, la oposición del remate del inmueble citado en líneas anteriores. Motivos por los cuales, la introducción de circunstancias ajenas a la tramitación del remate se traduciría en cuestiones novedosas que no son materia de análisis de la incidencia en comento ni mucho menos de la sentencia interlocutoria que en efecto se emita. Ahora bien, de un análisis pormenorizado de las constancias que integran el sumario, se advierte que por medio de manifestaciones realizadas en audiencia de tercera almoneda y pública subasta de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en uso de la voz la parte demandada introdujo al proceso de remate circunstancias novedosas con la finalidad de combatir los criterios realizados por esta Sala Civil en el toca número ..., específicamente en la resolución emitida el ocho de junio de dos mil nueve y, en consecuencia, manifestó que en la especie ha operado la figura de prescripción de ejecución de sentencia (figura jurídica analizada en la sentencia en comento). Asimismo, el argumento medular del segundo agravio realizado por la parte demandada consiste que en el caso en particular '. los criterios adoptados en el toca de apelación ..., fueron incorrectos, a la luz de NUEVOS HECHOS Y DERECHOS QUE SE OMITIÓ VALORAR, es decir, conforme a ARGUMENTOS NOVEDOSOS', manifestando los razonamientos y fundamentos en los cuales sostiene su afirmación. En tales circunstancias, se determina INOPERANTE el segundo agravio hecho valer por la demandada ... [.]" Con la transcripción anterior, queda de manifiesto la inoperancia de la violación procesal alegada, por ser un aspecto novedoso, que no fue alegado ante la autoridad responsable al interponer el recurso contra la interlocutoria que aprobó el remate. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J.12/2008 de la Primera Sala del Alto Tribunal, de registro 169923, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios." Sin perjuicio de lo anterior, otra razón de inoperancia radica en que a criterio del suscrito, las manifestaciones externadas serían insuficientes para acoger la acción de amparo, pues como se ve, la Sala expuso razones en torno a los agravios para confirmar la adjudicación por remate, sin que éstos sean confrontados por la parte quejosa, pues por lo que hace a esta determinación, se enfoca en lo relativo a la caducidad, cuando el thema decidendi abarcó otros aspectos. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 159947. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 731, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA." En los mismos términos se invoca la tesis 2a. LXV/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164181. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Común, Página: 447, intitulada: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS." Y por lo que hace a las alegaciones respecto de la tercerista, también son inatendibles porque las alegaciones inciden en la esfera de la tercerista y no de la propia impetrante. Luego, si quien promueve la acción de amparo es solamente la demandada, entonces es criterio de este órgano que las alegaciones que se relacionan con lo que perjudicaría a la tercerista no pueden ser atendidas, pues el análisis debe hacerse conforme al principio rector de instancia de parte agraviada, esto es, solo en cuanto a lo que afecte directamente los intereses de la parte promovente, y no de otras personas. Al respecto se cita la tesis I.2o.C.3 K, de la Novena Época, con registro: 169922. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, en Materia(s): Común, Página: 2324, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EL QUEJOSO ALEGA VIOLACIONES QUE NO AFECTAN SUS INTERESES, SINO LOS DE ALGÚN COLITIGANTE QUE NO PROMOVIÓ EL JUICIO DE AMPARO. Cuando el quejoso alega que la autoridad responsable cometió alguna violación en perjuicio del codemandado, quien no comparece al juicio de amparo, los conceptos de violación devienen inoperantes, en virtud de que conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional federal únicamente se encuentra obligado a resolver respecto de aquellas cuestiones que afecten de manera directa los derechos del quejoso, y no los de diversas personas, que no promovieron el juicio de garantías." Por lo expuesto, los conceptos de violación devienen inoperantes. Finalmente, puede verse en la demanda constitucional, que la parte quejosa enfocó destacadamente sus motivos de inconformidad a los puntos litigios precisados; mientras que respecto del auto que le da procedencia a este juicio al considerarse la última resolución en el remate [el de orden de otorgamiento de firma de escritura de veinticuatro de marzo pasado] omite hacer valer alguna causa de inconformidad específica. En este orden de ideas se llega al convencimiento de que lo procedente es negar el amparo a la parte quejosa, pues no hay un argumento adicional que analizar respecto de la mencionada determinación; y al haber sido ineficaces los demás conceptos de violación contra las cuestiones procedimentales. Máxime que es criterio del suscrito que no hay causa para suplir la deficiencia de la queja, dado que los actos derivan de un proceso mercantil, esto es, de uno de estricto derecho. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/50, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, en Materia(s): Civil. Página: 1045, intitulada: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL." Sin que sea impedimento que la quejosa aduzca que por su edad y condiciones de salud, amerita que sean suplidos sus argumentos, empero, tales extremos no actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, que prevé la suplencia para actos fundados en normas inconstitucionales; infantes o incapaces; cuando se afecta el desarrollo familiar; en materias penal, agraria o laboral; violaciones que dejen indefensa a la parte quejosa; o pobreza o desventaja social. Orienta lo anterior el criterio 1a. CXXXIII/2016 (10a.), sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con registro: 2011523. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, en Materia(s): Constitucional, Página: 1103, que dispone: "ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN RELACIÓN CON EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS MAYORES. Las reglas citadas no reúnen los requisitos a que aluden los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Federal, de ahí que no constituyan propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes ejercen la función jurisdiccional; no obstante, pueden resultar una herramienta de gran utilidad para estos últimos, en virtud de que establecen diversos estándares que, fundados en el respeto que se debe dar a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a la justicia; pero, ni aun tomando en consideración esas reglas, se podría llegar a la conclusión de que en todos los casos en que intervengan adultos mayores es obligatorio suplir en su favor la deficiencia de la queja, pues de acuerdo con esas reglas, si bien la edad de las personas puede constituir una causa para estimar que se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo cierto es que la edad juega un doble papel al momento de considerar quiénes son las personas que deben considerase vulnerables, pues así como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la vulnerabilidad de las personas, también se considera que el envejecimiento, propio de una edad avanzada, puede colocar a las personas en ese estado; no obstante, se debe tener en consideración que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es suficiente para estimar que están en un estado de vulnerabilidad que debe tenerse en consideración cuando éstos acceden a la justicia, pues por su falta de madurez física y mental requieren una protección legal reforzada; sin embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es suficiente para estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto sólo acontece cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos; de ahí que la simple circunstancia de ser un adulto mayor, no necesariamente implica que la persona se encuentre en un estado de vulnerabilidad." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 367/2023 promovido por ... contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de la Unión (cámara de diputados y senadores), por los motivos precisados en el considerando quinto. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ... contra actos de la Juez Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo; hasta hoy, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA DE REFERENCIA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 367/2023, promovido por ... contra actos de la Juez Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de la Unión [cámaras de diputados y senadores]; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. El asunto se admitió en este órgano, dándose intervención a la representación social de la adscripción; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción IV de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un juicio del orden mercantil seguido ante un Juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. a) El auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ..., por el Juzgado Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, que ordena signar la escritura del inmueble litigioso y previene a la accionante que, en caso de no comparecer, el juzgador firmará en contumacia, y como consecuencia el trámite de registro de la escritura y su desalojo. b) La inconstitucionalidad del Artículo Primero Transitorio del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; del Código de Comercio; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal", publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis en el Diario Oficial de la Federación, como norma aplicada dentro del procedimiento de ejecución, particularmente en el incidente de inejecución de sentencia por preclusión procesal y prescripción de tres de febrero de dos mil nueve, confirmada el ocho de junio de dos mil nueve, en el toca de apelación .... TERCERO. Existencia. Las responsables aceptaron la existencia de los reclamados, certeza corroborada con las copias certificadas del proceso natural remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Previo a resolver lo que en derecho procede, se relacionan los antecedentes del proceso de origen. 1. El dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, la tercera interesada demandó a la quejosa en la vía ejecutiva mercantil; de dicha acción tocó conocer al juez responsable. 2. El veinticinco de septiembre de ese año, se dictó sentencia definitiva, que concluyó así: "RESUELVE PRIMERO.- Ha procedido la vía promovida por ..., en contra de ..., en la que la actora probó su acción y la demandada no acreditó excepciones y defensas, en consecuencia. SEGUNDO.- Se condena a la enjuiciada a pagar a la actora la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, por concepto de suerte principal, pago que deberá, (sic) efectuar en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que el presente fallo sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado para tal efecto se procederá al trance y remate de lo embargado y con su producto se hará pago a la actora hasta donde basteacubrir (sic) el monto de lo condenado, así como al pago de los intereses moratorios al tipo legal a razón del SEIS POR CIENTO ANUAL a partir de la fecha en que incurrió en mora y hasta la total solución del adeudo y las costas del juicio previa la regulación de estos últimos conceptos en ejecución de sentencia. TERCERO.- Notifíquese. [.]" 3. Inconforme, la quejosa apeló dicho fallo y el ocho de enero de mil novecientos noventa y seis, fue confirmado en segunda instancia. 4. El tres de febrero de dos mil nueve, la quejosa promovió un incidente de inejecución de sentencia por preclusión procesal y prescripción negativa de la obligación de pago, y seguido su trámite, el cinco de marzo siguiente, el A quo dictó interlocutoria donde lo desestimó. 5. La peticionaria promovió recurso de apelación contra esa determinación, y el ocho de junio de dos mil nueve, la Ad quem dictó sentencia en el toca ..., donde la confirmó. 6. En ejecución de la sentencia definitiva, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de remate en tercera almoneda, respecto del inmueble identificado como ..., Ciudad de México. 7. El siete de noviembre de ese año, el A quo resolvió en interlocutoria aprobar el remate a favor de la tercera interesada, en la cantidad de $712,000.00 (setecientos doce mil pesos 00/100 moneda nacional). 8. La parte quejosa impugnó en apelación la resolución anterior, y el diecisiete de enero de dos mil veinte, la Sala responsable la confirmó en el toca 1947/2019. 9. El trece de marzo de dos mil veinte, se tuvo por designado al Notario Público ... de la Ciudad de México, para la elaboración de la escritura pública. Contra esta determinación [y otras violaciones al procedimiento, incluyendo la inconstitucionalidad de la misma disposición que aquí se reclama], la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto, que se radicó en este Juzgado Federal con el número ...; y cuya sentencia definitiva , al recurrirse, fue modificada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el R.C. ..., para quedar el asunto sobreseído en su totalidad, dado que la Alzada Federal sentenció que contra el acto reclamado destacado no se había agotado el recurso de apelación. 10. El diez de febrero de dos mil veintitrés el Notario Público ...de esta ciudad devolvió las constancias al Juez de origen y le informó que el proyecto de escritura estaba listo para su firma, siendo necesaria la presencia de la demandada o algún legítimo representante. A lo anterior recayó el auto de trece de dicho mes y año, en el que se ordenó hacer del conocimiento de las partes la promoción del fedatario; y se decretó que por la inactividad procesal por más de seis meses debía practicarse notificación personal a las partes. 11. El ocho de marzo de dos mil veintitrés se decretó que la demandada no había desahogado el requerimiento que se formuló respecto de señalar domicilio procesal en esta ciudad, y en consecuencia se determinó que el auto de trece de febrero de este año y las subsecuentes notificaciones se le practicaran por medio de boletín. 12. El veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés se acordó favorablemente la petición de la actora para requerir a la demandada, aquí quejosa, para comparecer ante el Notario Público mencionado a fin de firmar la escritura correspondiente, con apercibimiento en caso de rebeldía, lo haría la juez en su lugar. Esta determinación es el acto reclamado destacado. 13. El veintinueve de marzo de este año la quejosa, por conducto de su apoderado, promovió recurso de apelación contra el auto que constituye el acto reclamado; y el veintinueve siguiente se admitió a trámite el recurso, únicamente en efecto devolutivo. 14. El veintiuno de abril de dos mil veintitrés, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, revocó la admisión del recurso, aplicando el contenido del artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, calificando dicha determinación como la última resolución del procedimiento de remate, y por ende, calificándola de irrecurrible. 15. El veintinueve de junio de dos mil veintitrés, la jueza decretó que ante la rebeldía de la enjuiciada, ella firmaría la escritura pública de adjudicación. QUINTO. Improcedencia por lo que hace a la norma reclamada y su acto de aplicación. Al ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe examinar la procedencia del juicio. En atención a la técnica que rige en el juicio de amparo contra leyes, el estudio de normas de carácter heteroaplicativo no debe desvincularse de su acto de aplicación, de manera que por cuestión de orden y método, se atiende preferentemente la cuestión de inconstitucionalidad planteada, pues en el caso a estudio es procedente en cuanto a su acto de aplicación . Siguiendo el orden establecido, no se hará el estudio de la constitucionalidad de la norma cuestionada, porque se actualiza una causal de improcedencia de estudio oficioso y preferente, conforme al artículo 62, de la Ley de Amparo respecto de ésta. En el caso, la peticionaria omitió combatir la norma desde su primer acto de aplicación, sin que pudiera esperar a la "última resolución" como regla general en la fase de ejecución, y es así, ya que la decisión en que por vez primera se aplicó la disposición fue en una en que se resolvió sobre una excepción sustancial y perentoria, como lo es la prescripción. El artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". La causal referida prevé que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales, o actos consentidos tácitamente entendiéndose por esto último, aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo señalado el artículo 17 de la ley de la materia. En ese sentido, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo genérico para presentar la demanda de amparo es de quince días ; por su parte, su ordinal 18 dispone que el término para la presentación de la demanda se computara a partir del día siguiente de aquel en que a) surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; o, b) Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Lo cual implica que cuando se controvierte una norma general por su sola entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación, que cause un perjuicio al quejoso, el plazo para interponer el juicio constitucional seguirá siendo de quince días. La causal que en concepto de este juzgador determina la improcedencia del juicio respecto de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, tiene su razón de ser en la falta de presentación oportuna de la demanda de amparo a partir del conocimiento que se pretende impugnar, por lo que el elemento "conocimiento", es de especial trascendencia para determinar la actualización de tal supuesto normativo y en su caso el margen de afectación contra el afectado. Lo cual implica que el cómputo del plazo de presentación de la demanda tratándose de normas reclamadas con motivo de su primer acto de aplicación, debe tomarse en consideración la fecha en la que se conoció el primero de los actos que permite que cobren vigencia, es decir, a través del cual se materializó efectivamente un perjuicio contra la parte quejosa, derivado de la aplicación del precepto impugnado. En el caso, la quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; del Código de Comercio; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis en el Diario Oficial de la Federación. Y el primer acto de aplicación de la norma general cuestionada -como incluso la peticionaria reconoce-, fue la resolución de segunda instancia de ocho de junio de dos mil nueve, donde la Sala responsable confirmó la interlocutoria emitida en el incidente de inejecución de sentencia por preclusión procesal y prescripción negativa de la obligación de pago, promovido por la quejosa en el juicio de origen. Para demostrar lo anterior, es importante señalar que en dicha incidencia, la peticionaria sostuvo que había fenecido el plazo para que la tercera interesada ejecutara la sentencia definitiva emitida en el juicio natural, y en la resolución aludida, la Ad quem adujo: "[.] De ahí que, si bien es cierto lo señalado por la recurrente, al sostener que la sentencia definitiva dictada el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco causó estado, comenzando a contar el término para que operara la prescripción de su ejecución a partir del día siguiente en que dicho fallo quedó firme de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1040 del Código de Comercio, que establece que tal término comenzará a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio, no menos cierto es, que al haber promovido la actora el incidente de liquidación de intereses de fecha siete de junio de dos mil ocho, el término para que operara la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva se interrumpió, comenzando éste a contar a partir de la fecha en que quedó firme la sentencia interlocutoria del veinticinco de junio de mil novecientos noventa y seis que resolvió el incidente de liquidación de intereses promovido, En esa tesitura, tomando en consideración que el presente juicio se tramita con base en la legislación anterior a las reformas del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis, y al no haber disposición expresa que regule la prescripción de la ejecución de sentencia, resulta aplicable entonces lo dispuesto por el artículo 1047 del Código de Comercio, que establece que la misma será de DIEZ AÑOS, por lo que en tal virtud, se arriba a la consideración de que en vista de las constancias de autos, si bien es cierto el dictado de la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y seis es la última actuación tendente a la ejecución de la sentencia definitiva, toda vez que de autos se advierte que el expediente fue remitido en varias ocasiones al Archivo Judicial, siendo hasta el veintidós de febrero de dos mil seis cuando se tuvieron por recibidos los autos principales del juicio en el juzgado de origen, no menos cierto es que como acertadamente lo señaló la A quo, con fecha once de mayo de dos mil seis, la parte actora promovió el incidente de cuantificación de sentencia y cuantificación de gastos y costas, impulsando nuevamente la ejecución de la sentencia definitiva, sin que a esa fecha se hubieran computado los DIEZ AÑOS señalados legalmente, pues en todo caso, para que esos DIEZ AÑOS transcurrieran era necesario que se llegara a la fecha de veinticinco de junio de dos mil seis sin impulso procesal alguno por parte de la ejecutante, lo cual no ocurrió en la especie. [.]" Como se advierte de lo anterior, fue en esa determinación, donde por primera ocasión y de manera directa e inmediata, el artículo reclamado se aplicó, causando perjuicio a la peticionaria. En esa medida, una vez que se concretó el primer acto de aplicación de la norma aludida, la quejosa estaba legitimada y debía impugnar su contenido, por lo que su inconformidad debió plantearla dentro de los quince días siguientes a que se le notificó el primer acto en que se aplicó la norma que combate [esto es, conforme a la notificación del fallo de ocho de junio de dos mil diecinueve, emitido en el toca ...9], pues si el gobernado controvierte los ulteriores actos de aplicación de ésta, el amparo resulta improcedente, por haberse consentido el primer acto de autoridad que le irrogó perjuicio. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P. 30., del Tribunal Pleno, de la Octava Época, de registro 820085, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACION. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial número 273 de la Octava Parte, Compilación de 1985, intitulada "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO", donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria." Por lo tanto, el término para promover el juicio de derechos fundamentales contra el artículo primero transitorio del decreto reclamado, con motivo de su primer acto de aplicación, debe computarse a partir de que la quejosa tuvo conocimiento de que le fue aplicado dicho numeral, lo cual ocurrió el diez de junio de dos mil nueve, fecha en que surtió efectos la notificación de la resolución donde la existencia de la norma le paró perjuicio con lo argumentado por la Ad quem, por lo que si hasta el seis de agosto de dos mil veinte, se presentó la demanda que motivó este juicio de amparo, es evidente que transcurrió en exceso el término de quince días establecido en el último precepto citado, para impugnar dicha ley. Es aplicable, por las razones que la contienen, la tesis I.1o.A.21 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1520, Tomo XXX, Octubre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al no haberse interpuesto el juicio dentro del término que establece la Ley de Amparo, contra la norma tildada de inconstitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la ley de la materia. No es óbice a lo anterior, que el reclamo de esta norma se plantee como parte de las violaciones ocurridas en el proceso de ejecución, con motivo de la sentencia de Alzada de mérito; y es así, porque aun cuando la regla general es que en la etapa de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la última determinación, también es cierto que existen excepciones que permiten y orillan a acudir antes a la sede constitucional. Y esta excepción se surte en la especie ya que la quejosa debía interponer una demanda de amparo autónoma contra la decisión de Alzada que desestimó sus planteamientos de prescripción y preclusión, y donde se estableció la norma procesal que aplica al caso [legislación anterior a las reformas de mayo de mil novecientos noventa y seis] En efecto, cuando lo decidido guarda una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, como ocurre con las excepciones perentorias y sustantivas, como es la de prescripción para ejecutar, que daría por concluida la ejecución del fallo definitivo; entonces, la quejosa no debe esperar hasta la última resolución para plantear su caso en la sede constitucional. Al respecto, se invoca la Jurisprudencia 1a./J. 19/2011, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." En ese sentido, la resolución que en segunda instancia confirmó la interlocutoria emitida en un incidente de inejecución de sentencia por preclusión procesal y prescripción negativa de la obligación de pago, promovido por la quejosa en el juicio de origen, se ubica en el supuesto de excepción, pues su objetivo estuvo enfocado a impedir la continuación de la ejecución de la sentencia en perjuicio del ejecutante, de modo que conforme al criterio de jurisprudencia citado, tuvo una autonomía destacada que desde aquel momento permitió a la peticionaria inconformarse en la instancia constitucional, sin que lo haya efectuado, por lo cual, la norma aplicada y que busca combatirse, sigue la misma suerte. Así, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio por lo que hace a la inconstitucionalidad de la norma combatida, pues aunque se aplicó en la fase de ejecución, esto no era la primera vez que ocurría, y cuando fue así, sucedió en un fallo de imposible reparación que decidió una excepción sustancial y perentoria como es la prescripción del derecho de cobro¬. Dados los motivos de sobreseimiento actualizados es innecesario entrar al análisis de los conceptos de violación respecto de dicho reclamo , así como a los criterios invocados para fundarlos, conforme a la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." De ahí que sea innecesario estudiar las demás causales de improcedencia invocadas por lo que ve a dicho reclamo, pues cuando ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento respecto del acto reclamado, no existe necesidad de emprender un análisis adicional. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Cabe precisar que por las mismas razones de inoportunidad para plantear la acción de amparo contra una resolución autónoma en la ejecución, consistente en la referida sentencia de ocho de junio de dos mil nueve, es criterio del suscrito que se tornan inoperantes, por preclusión, los motivos de inconformidad que se exponen en torno dicha determinación , dado que su análisis correspondía a un amparo autónomo, atento a la naturaleza de la excepción perentoria y sustantiva que resolvió. Al respecto se invoca por analogía la tesis P./J. 2/2013 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Común, que dispone: "AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO IMPUGNARSE EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, Y QUE DERIVAN DE LA MISMA SECUELA PROCESAL. La circunstancia de que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se edifique en aspectos que rigen sólo para el juicio de amparo indirecto y que son incompatibles con el directo -por lo que cuando en esta vía se controvierta la regularidad constitucional de una disposición legal, al no reclamarse como acto destacado, no puede determinarse que debe constreñirse al primer acto de aplicación en perjuicio del gobernado, sino que puede tratarse de ulteriores actos de aplicación-, no implica que los quejosos no deban atender a las reglas de la litis y a los principios procesales que rigen en el juicio de amparo directo, como es la institución jurídica de la preclusión, que implica la pérdida de un derecho procesal por no haberse ejercitado oportunamente. Por consiguiente, cuando la norma que se pretende impugnar en una demanda de amparo directo se aplicó en diversos actos que tienen una misma secuela procesal, es decir, que derivan de un procedimiento común, y el quejoso promovió con anterioridad un juicio de amparo sin cuestionar la regularidad constitucional de la norma aplicada desde el primer acto reclamado, es evidente que ya no está facultado para hacer valer dicha cuestión en el juicio de amparo que promueva con posterioridad, y no porque haya consentido la disposición legal relativa, al no tener aplicación ese criterio en el amparo uniinstancial, sino porque en virtud de la figura jurídica de la preclusión perdió el derecho de impugnar la constitucionalidad de la norma al no haberlo deducido en el momento procesal oportuno, habida cuenta que la cuestión de constitucionalidad no formó parte de la litis del amparo anterior, por lo que no puede examinarse por el tribunal de amparo, toda vez que precluyó su derecho para introducir argumentos novedosos por más que versen sobre cuestiones de constitucionalidad." Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 21/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en Materias(s): Común, que establece: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." SEXTO. Análisis sobre las violaciones invocadas por la quejosa; y decisión. La acción constitucional se plantea contra lo que constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia -fase de remate-; por lo que éste es el momento procesal oportuno para hacer valer y examinar las violaciones procesales acaecidas en el mismo, como lo dispone el artículo 107, fracción IV, último párrafo en relación con el segundo de la Ley de Amparo , por ser una cuestión de estudio preferente. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cuarenta y cuatro del Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO, PREFERENCIA DEL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES AL. El estudio y decisión de las violaciones procesales, es preferente al estudio de las violaciones que se alegan a las leyes de fondo, porque el examen de las primeras tiene por objeto establecer si se han llenado u omitido los preceptos procesales señalados por la ley, porque toda resolución debe ser fundada y motivada". En el caso, la parte quejosa hace valer dos motivos de disenso de manera destacada, y al efecto expone: a) Sobre la caducidad de la inscripción de embargo, que vicia la aprobación del remate y la adjudicación . Al efecto, indica que el inmueble litigioso, no estaba legalmente embargado, pues la vigencia del aseguramiento estaba caduca en términos de lo que prevé el artículo 3035 del Código Civil para esta ciudad, pues su último registro es del siete de septiembre de dos mil quince, extinto en la misma data del año dos mil dieciocho. De modo que al momento de dictar la sentencia de aprobación de remate en el toca ..., el embargo carecía de vigencia; sin que la ejecutante hubiese regularizado tal situación ni que hubiera una reinscripción en autos. b) En torno a una violación al derecho de acceso pleno a la jurisdicción, por no resolver la pretensión del tercero opositor . Sobre este tópico indica que el procedimiento está viciado por no resolverse el planteamiento de ..., de tercería excluyente de dominio. Añade que además la tramitación de su defensa fue defectuoso y la dejó indefensa por la inadmisión de su impugnación, siendo ella ajena al proceso. Añade que la forma de aplicar la norma contra ella, fue discriminatoria, pidiéndole requisitos adicionales para defenderse. Decisión: Lo alegado por la quejosa es inoperante. En términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. " En el caso, por lo que hace al tema de la caducidad, la inoperancia obedece a que son alegaciones novedosas. En efecto, de las constancias allegadas por el Juez responsable, se advierte que en la audiencia de remate de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la parte quejosa formuló diversas manifestaciones con las que pretendió introducir al análisis, el tema de la prescripción de la acción para ejecutar la sentencia definitiva; y al inconformarse con la interlocutoria que aprobó el remate, sus agravios fueron en el mismo sentido, pues así se colige de la relación de motivos de inconformidad hechos por la Sala en la sentencia relativa [donde se aludió a la actualización de la prescripción del derecho a ejecutar y la violación al principio de legalidad], donde el tema de la caducidad no fue relacionado por la Alzada para emitir algún pronunciamiento al respecto. En relación a dichos agravios, la Sala responsable resolvió: "[.] Ahora bien, de un análisis minucioso del primer motivo de inconformidad realizado por la parte recurrente, se determina que los argumentos respecto a que la juez primigenia omitió valorar la actualización de la figura de prescripción de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el sumario, así como que en la especie existe la necesidad de que la A quo se pronuncie respecto de los hechos invocados a fin de solicitar la no aprobación del remate y, en consecuencia, la declaración de prescripción del procedimiento de ejecución, resultan INFUNDADAS. Lo anterior, en virtud que si bien es cierto del sumario se advierte que en audiencia de remate en tercera almoneda de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la parte demandada en uso de la voz señaló su oposición al remate, alegando que en la especie operó la figura de prescripción de ejecución de la sentencia, también lo es que mediante acuerdo contenido en la audiencia en cita, la Juez primigenia se pronunció respecto de la oposición planteada por la parte demandada, señalando que no ha lugar a acordar de conformidad en virtud que el remate en tercera almoneda se encuentra debidamente preparado de conformidad con lo ordenado en auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, así como lo previsto por el artículo 1410 del Código de Comercio. Motivo por el cual, visto que la Juez de origen sí realizó un pronunciamiento respecto de la petición realizada por la parte demandada, así como que los argumentos torales del primer agravio realizado por la parte recurrente no combaten las consideraciones emitidas por la A quo, se determina que el agravio en estudio resulta INFUNDADO. En diverso orden de ideas, es trascendental establecer que la sentencia impugnada se encuentra emitida con motivo de la tramitación de REMATE EN TERCERA ALMONEDA RESPECTO DEL INMUEBLE EMBARGADO EN EL SUMARIO. Bajo esta óptica, se determina lógicamente que todas las manifestaciones realizadas por las partes litigantes en el procedimiento de remate, específicamente las señaladas en la audiencia respectiva, deben estar encaminadas a la aprobación o, en su caso, la oposición del remate del inmueble citado en líneas anteriores. Motivos por los cuales, la introducción de circunstancias ajenas a la tramitación del remate se traduciría en cuestiones novedosas que no son materia de análisis de la incidencia en comento ni mucho menos de la sentencia interlocutoria que en efecto se emita. Ahora bien, de un análisis pormenorizado de las constancias que integran el sumario, se advierte que por medio de manifestaciones realizadas en audiencia de tercera almoneda y pública subasta de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en uso de la voz la parte demandada introdujo al proceso de remate circunstancias novedosas con la finalidad de combatir los criterios realizados por esta Sala Civil en el toca número ..., específicamente en la resolución emitida el ocho de junio de dos mil nueve y, en consecuencia, manifestó que en la especie ha operado la figura de prescripción de ejecución de sentencia (figura jurídica analizada en la sentencia en comento). Asimismo, el argumento medular del segundo agravio realizado por la parte demandada consiste que en el caso en particular '. los criterios adoptados en el toca de apelación ..., fueron incorrectos, a la luz de NUEVOS HECHOS Y DERECHOS QUE SE OMITIÓ VALORAR, es decir, conforme a ARGUMENTOS NOVEDOSOS', manifestando los razonamientos y fundamentos en los cuales sostiene su afirmación. En tales circunstancias, se determina INOPERANTE el segundo agravio hecho valer por la demandada ... [.]" Con la transcripción anterior, queda de manifiesto la inoperancia de la violación procesal alegada, por ser un aspecto novedoso, que no fue alegado ante la autoridad responsable al interponer el recurso contra la interlocutoria que aprobó el remate. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J.12/2008 de la Primera Sala del Alto Tribunal, de registro 169923, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios." Sin perjuicio de lo anterior, otra razón de inoperancia radica en que a criterio del suscrito, las manifestaciones externadas serían insuficientes para acoger la acción de amparo, pues como se ve, la Sala expuso razones en torno a los agravios para confirmar la adjudicación por remate, sin que éstos sean confrontados por la parte quejosa, pues por lo que hace a esta determinación, se enfoca en lo relativo a la caducidad, cuando el thema decidendi abarcó otros aspectos. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 159947. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 731, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA." En los mismos términos se invoca la tesis 2a. LXV/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164181. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Común, Página: 447, intitulada: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS." Y por lo que hace a las alegaciones respecto de la tercerista, también son inatendibles porque las alegaciones inciden en la esfera de la tercerista y no de la propia impetrante. Luego, si quien promueve la acción de amparo es solamente la demandada, entonces es criterio de este órgano que las alegaciones que se relacionan con lo que perjudicaría a la tercerista no pueden ser atendidas, pues el análisis debe hacerse conforme al principio rector de instancia de parte agraviada, esto es, solo en cuanto a lo que afecte directamente los intereses de la parte promovente, y no de otras personas. Al respecto se cita la tesis I.2o.C.3 K, de la Novena Época, con registro: 169922. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, en Materia(s): Común, Página: 2324, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EL QUEJOSO ALEGA VIOLACIONES QUE NO AFECTAN SUS INTERESES, SINO LOS DE ALGÚN COLITIGANTE QUE NO PROMOVIÓ EL JUICIO DE AMPARO. Cuando el quejoso alega que la autoridad responsable cometió alguna violación en perjuicio del codemandado, quien no comparece al juicio de amparo, los conceptos de violación devienen inoperantes, en virtud de que conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional federal únicamente se encuentra obligado a resolver respecto de aquellas cuestiones que afecten de manera directa los derechos del quejoso, y no los de diversas personas, que no promovieron el juicio de garantías." Por lo expuesto, los conceptos de violación devienen inoperantes. Finalmente, puede verse en la demanda constitucional, que la parte quejosa enfocó destacadamente sus motivos de inconformidad a los puntos litigios precisados; mientras que respecto del auto que le da procedencia a este juicio al considerarse la última resolución en el remate [el de orden de otorgamiento de firma de escritura de veinticuatro de marzo pasado] omite hacer valer alguna causa de inconformidad específica. En este orden de ideas se llega al convencimiento de que lo procedente es negar el amparo a la parte quejosa, pues no hay un argumento adicional que analizar respecto de la mencionada determinación; y al haber sido ineficaces los demás conceptos de violación contra las cuestiones procedimentales. Máxime que es criterio del suscrito que no hay causa para suplir la deficiencia de la queja, dado que los actos derivan de un proceso mercantil, esto es, de uno de estricto derecho. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/50, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, en Materia(s): Civil. Página: 1045, intitulada: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL." Sin que sea impedimento que la quejosa aduzca que por su edad y condiciones de salud, amerita que sean suplidos sus argumentos, empero, tales extremos no actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, que prevé la suplencia para actos fundados en normas inconstitucionales; infantes o incapaces; cuando se afecta el desarrollo familiar; en materias penal, agraria o laboral; violaciones que dejen indefensa a la parte quejosa; o pobreza o desventaja social. Orienta lo anterior el criterio 1a. CXXXIII/2016 (10a.), sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con registro: 2011523. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, en Materia(s): Constitucional, Página: 1103, que dispone: "ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN RELACIÓN CON EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS MAYORES. Las reglas citadas no reúnen los requisitos a que aluden los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Federal, de ahí que no constituyan propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes ejercen la función jurisdiccional; no obstante, pueden resultar una herramienta de gran utilidad para estos últimos, en virtud de que establecen diversos estándares que, fundados en el respeto que se debe dar a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a la justicia; pero, ni aun tomando en consideración esas reglas, se podría llegar a la conclusión de que en todos los casos en que intervengan adultos mayores es obligatorio suplir en su favor la deficiencia de la queja, pues de acuerdo con esas reglas, si bien la edad de las personas puede constituir una causa para estimar que se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo cierto es que la edad juega un doble papel al momento de considerar quiénes son las personas que deben considerase vulnerables, pues así como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la vulnerabilidad de las personas, también se considera que el envejecimiento, propio de una edad avanzada, puede colocar a las personas en ese estado; no obstante, se debe tener en consideración que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es suficiente para estimar que están en un estado de vulnerabilidad que debe tenerse en consideración cuando éstos acceden a la justicia, pues por su falta de madurez física y mental requieren una protección legal reforzada; sin embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es suficiente para estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto sólo acontece cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos; de ahí que la simple circunstancia de ser un adulto mayor, no necesariamente implica que la persona se encuentre en un estado de vulnerabilidad." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 367/2023 promovido por ... contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de la Unión (cámara de diputados y senadores), por los motivos precisados en el considerando quinto. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ... contra actos de la Juez Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo; hasta hoy, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 367/2023, promovido por ... contra actos de la Juez Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de la Unión [cámaras de diputados y senadores]; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. El asunto se admitió en este órgano, dándose intervención a la representación social de la adscripción; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción IV de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un juicio del orden mercantil seguido ante un Juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. a) El auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ..., por el Juzgado Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, que ordena signar la escritura del inmueble litigioso y previene a la accionante que, en caso de no comparecer, el juzgador firmará en contumacia, y como consecuencia el trámite de registro de la escritura y su desalojo. b) La inconstitucionalidad del Artículo Primero Transitorio del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; del Código de Comercio; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal", publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis en el Diario Oficial de la Federación, como norma aplicada dentro del procedimiento de ejecución, particularmente en el incidente de inejecución de sentencia por preclusión procesal y prescripción de tres de febrero de dos mil nueve, confirmada el ocho de junio de dos mil nueve, en el toca de apelación .... TERCERO. Existencia. Las responsables aceptaron la existencia de los reclamados, certeza corroborada con las copias certificadas del proceso natural remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Previo a resolver lo que en derecho procede, se relacionan los antecedentes del proceso de origen. 1. El dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, la tercera interesada demandó a la quejosa en la vía ejecutiva mercantil; de dicha acción tocó conocer al juez responsable. 2. El veinticinco de septiembre de ese año, se dictó sentencia definitiva, que concluyó así: "RESUELVE PRIMERO.- Ha procedido la vía promovida por ..., en contra de ..., en la que la actora probó su acción y la demandada no acreditó excepciones y defensas, en consecuencia. SEGUNDO.- Se condena a la enjuiciada a pagar a la actora la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, por concepto de suerte principal, pago que deberá, (sic) efectuar en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que el presente fallo sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado para tal efecto se procederá al trance y remate de lo embargado y con su producto se hará pago a la actora hasta donde basteacubrir (sic) el monto de lo condenado, así como al pago de los intereses moratorios al tipo legal a razón del SEIS POR CIENTO ANUAL a partir de la fecha en que incurrió en mora y hasta la total solución del adeudo y las costas del juicio previa la regulación de estos últimos conceptos en ejecución de sentencia. TERCERO.- Notifíquese. [.]" 3. Inconforme, la quejosa apeló dicho fallo y el ocho de enero de mil novecientos noventa y seis, fue confirmado en segunda instancia. 4. El tres de febrero de dos mil nueve, la quejosa promovió un incidente de inejecución de sentencia por preclusión procesal y prescripción negativa de la obligación de pago, y seguido su trámite, el cinco de marzo siguiente, el A quo dictó interlocutoria donde lo desestimó. 5. La peticionaria promovió recurso de apelación contra esa determinación, y el ocho de junio de dos mil nueve, la Ad quem dictó sentencia en el toca ..., donde la confirmó. 6. En ejecución de la sentencia definitiva, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de remate en tercera almoneda, respecto del inmueble identificado como ..., Ciudad de México. 7. El siete de noviembre de ese año, el A quo resolvió en interlocutoria aprobar el remate a favor de la tercera interesada, en la cantidad de $712,000.00 (setecientos doce mil pesos 00/100 moneda nacional). 8. La parte quejosa impugnó en apelación la resolución anterior, y el diecisiete de enero de dos mil veinte, la Sala responsable la confirmó en el toca 1947/2019. 9. El trece de marzo de dos mil veinte, se tuvo por designado al Notario Público ... de la Ciudad de México, para la elaboración de la escritura pública. Contra esta determinación [y otras violaciones al procedimiento, incluyendo la inconstitucionalidad de la misma disposición que aquí se reclama], la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto, que se radicó en este Juzgado Federal con el número ...; y cuya sentencia definitiva , al recurrirse, fue modificada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el R.C. ..., para quedar el asunto sobreseído en su totalidad, dado que la Alzada Federal sentenció que contra el acto reclamado destacado no se había agotado el recurso de apelación. 10. El diez de febrero de dos mil veintitrés el Notario Público ...de esta ciudad devolvió las constancias al Juez de origen y le informó que el proyecto de escritura estaba listo para su firma, siendo necesaria la presencia de la demandada o algún legítimo representante. A lo anterior recayó el auto de trece de dicho mes y año, en el que se ordenó hacer del conocimiento de las partes la promoción del fedatario; y se decretó que por la inactividad procesal por más de seis meses debía practicarse notificación personal a las partes. 11. El ocho de marzo de dos mil veintitrés se decretó que la demandada no había desahogado el requerimiento que se formuló respecto de señalar domicilio procesal en esta ciudad, y en consecuencia se determinó que el auto de trece de febrero de este año y las subsecuentes notificaciones se le practicaran por medio de boletín. 12. El veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés se acordó favorablemente la petición de la actora para requerir a la demandada, aquí quejosa, para comparecer ante el Notario Público mencionado a fin de firmar la escritura correspondiente, con apercibimiento en caso de rebeldía, lo haría la juez en su lugar. Esta determinación es el acto reclamado destacado. 13. El veintinueve de marzo de este año la quejosa, por conducto de su apoderado, promovió recurso de apelación contra el auto que constituye el acto reclamado; y el veintinueve siguiente se admitió a trámite el recurso, únicamente en efecto devolutivo. 14. El veintiuno de abril de dos mil veintitrés, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, revocó la admisión del recurso, aplicando el contenido del artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, calificando dicha determinación como la última resolución del procedimiento de remate, y por ende, calificándola de irrecurrible. 15. El veintinueve de junio de dos mil veintitrés, la jueza decretó que ante la rebeldía de la enjuiciada, ella firmaría la escritura pública de adjudicación. QUINTO. Improcedencia por lo que hace a la norma reclamada y su acto de aplicación. Al ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe examinar la procedencia del juicio. En atención a la técnica que rige en el juicio de amparo contra leyes, el estudio de normas de carácter heteroaplicativo no debe desvincularse de su acto de aplicación, de manera que por cuestión de orden y método, se atiende preferentemente la cuestión de inconstitucionalidad planteada, pues en el caso a estudio es procedente en cuanto a su acto de aplicación . Siguiendo el orden establecido, no se hará el estudio de la constitucionalidad de la norma cuestionada, porque se actualiza una causal de improcedencia de estudio oficioso y preferente, conforme al artículo 62, de la Ley de Amparo respecto de ésta. En el caso, la peticionaria omitió combatir la norma desde su primer acto de aplicación, sin que pudiera esperar a la "última resolución" como regla general en la fase de ejecución, y es así, ya que la decisión en que por vez primera se aplicó la disposición fue en una en que se resolvió sobre una excepción sustancial y perentoria, como lo es la prescripción. El artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". La causal referida prevé que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales, o actos consentidos tácitamente entendiéndose por esto último, aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo señalado el artículo 17 de la ley de la materia. En ese sentido, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo genérico para presentar la demanda de amparo es de quince días ; por su parte, su ordinal 18 dispone que el término para la presentación de la demanda se computara a partir del día siguiente de aquel en que a) surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; o, b) Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Lo cual implica que cuando se controvierte una norma general por su sola entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación, que cause un perjuicio al quejoso, el plazo para interponer el juicio constitucional seguirá siendo de quince días. La causal que en concepto de este juzgador determina la improcedencia del juicio respecto de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, tiene su razón de ser en la falta de presentación oportuna de la demanda de amparo a partir del conocimiento que se pretende impugnar, por lo que el elemento "conocimiento", es de especial trascendencia para determinar la actualización de tal supuesto normativo y en su caso el margen de afectación contra el afectado. Lo cual implica que el cómputo del plazo de presentación de la demanda tratándose de normas reclamadas con motivo de su primer acto de aplicación, debe tomarse en consideración la fecha en la que se conoció el primero de los actos que permite que cobren vigencia, es decir, a través del cual se materializó efectivamente un perjuicio contra la parte quejosa, derivado de la aplicación del precepto impugnado. En el caso, la quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; del Código de Comercio; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis en el Diario Oficial de la Federación. Y el primer acto de aplicación de la norma general cuestionada -como incluso la peticionaria reconoce-, fue la resolución de segunda instancia de ocho de junio de dos mil nueve, donde la Sala responsable confirmó la interlocutoria emitida en el incidente de inejecución de sentencia por preclusión procesal y prescripción negativa de la obligación de pago, promovido por la quejosa en el juicio de origen. Para demostrar lo anterior, es importante señalar que en dicha incidencia, la peticionaria sostuvo que había fenecido el plazo para que la tercera interesada ejecutara la sentencia definitiva emitida en el juicio natural, y en la resolución aludida, la Ad quem adujo: "[.] De ahí que, si bien es cierto lo señalado por la recurrente, al sostener que la sentencia definitiva dictada el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco causó estado, comenzando a contar el término para que operara la prescripción de su ejecución a partir del día siguiente en que dicho fallo quedó firme de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1040 del Código de Comercio, que establece que tal término comenzará a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio, no menos cierto es, que al haber promovido la actora el incidente de liquidación de intereses de fecha siete de junio de dos mil ocho, el término para que operara la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva se interrumpió, comenzando éste a contar a partir de la fecha en que quedó firme la sentencia interlocutoria del veinticinco de junio de mil novecientos noventa y seis que resolvió el incidente de liquidación de intereses promovido, En esa tesitura, tomando en consideración que el presente juicio se tramita con base en la legislación anterior a las reformas del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis, y al no haber disposición expresa que regule la prescripción de la ejecución de sentencia, resulta aplicable entonces lo dispuesto por el artículo 1047 del Código de Comercio, que establece que la misma será de DIEZ AÑOS, por lo que en tal virtud, se arriba a la consideración de que en vista de las constancias de autos, si bien es cierto el dictado de la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y seis es la última actuación tendente a la ejecución de la sentencia definitiva, toda vez que de autos se advierte que el expediente fue remitido en varias ocasiones al Archivo Judicial, siendo hasta el veintidós de febrero de dos mil seis cuando se tuvieron por recibidos los autos principales del juicio en el juzgado de origen, no menos cierto es que como acertadamente lo señaló la A quo, con fecha once de mayo de dos mil seis, la parte actora promovió el incidente de cuantificación de sentencia y cuantificación de gastos y costas, impulsando nuevamente la ejecución de la sentencia definitiva, sin que a esa fecha se hubieran computado los DIEZ AÑOS señalados legalmente, pues en todo caso, para que esos DIEZ AÑOS transcurrieran era necesario que se llegara a la fecha de veinticinco de junio de dos mil seis sin impulso procesal alguno por parte de la ejecutante, lo cual no ocurrió en la especie. [.]" Como se advierte de lo anterior, fue en esa determinación, donde por primera ocasión y de manera directa e inmediata, el artículo reclamado se aplicó, causando perjuicio a la peticionaria. En esa medida, una vez que se concretó el primer acto de aplicación de la norma aludida, la quejosa estaba legitimada y debía impugnar su contenido, por lo que su inconformidad debió plantearla dentro de los quince días siguientes a que se le notificó el primer acto en que se aplicó la norma que combate [esto es, conforme a la notificación del fallo de ocho de junio de dos mil diecinueve, emitido en el toca ...9], pues si el gobernado controvierte los ulteriores actos de aplicación de ésta, el amparo resulta improcedente, por haberse consentido el primer acto de autoridad que le irrogó perjuicio. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P. 30., del Tribunal Pleno, de la Octava Época, de registro 820085, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACION. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial número 273 de la Octava Parte, Compilación de 1985, intitulada "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO", donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria." Por lo tanto, el término para promover el juicio de derechos fundamentales contra el artículo primero transitorio del decreto reclamado, con motivo de su primer acto de aplicación, debe computarse a partir de que la quejosa tuvo conocimiento de que le fue aplicado dicho numeral, lo cual ocurrió el diez de junio de dos mil nueve, fecha en que surtió efectos la notificación de la resolución donde la existencia de la norma le paró perjuicio con lo argumentado por la Ad quem, por lo que si hasta el seis de agosto de dos mil veinte, se presentó la demanda que motivó este juicio de amparo, es evidente que transcurrió en exceso el término de quince días establecido en el último precepto citado, para impugnar dicha ley. Es aplicable, por las razones que la contienen, la tesis I.1o.A.21 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1520, Tomo XXX, Octubre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al no haberse interpuesto el juicio dentro del término que establece la Ley de Amparo, contra la norma tildada de inconstitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la ley de la materia. No es óbice a lo anterior, que el reclamo de esta norma se plantee como parte de las violaciones ocurridas en el proceso de ejecución, con motivo de la sentencia de Alzada de mérito; y es así, porque aun cuando la regla general es que en la etapa de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la última determinación, también es cierto que existen excepciones que permiten y orillan a acudir antes a la sede constitucional. Y esta excepción se surte en la especie ya que la quejosa debía interponer una demanda de amparo autónoma contra la decisión de Alzada que desestimó sus planteamientos de prescripción y preclusión, y donde se estableció la norma procesal que aplica al caso [legislación anterior a las reformas de mayo de mil novecientos noventa y seis] En efecto, cuando lo decidido guarda una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, como ocurre con las excepciones perentorias y sustantivas, como es la de prescripción para ejecutar, que daría por concluida la ejecución del fallo definitivo; entonces, la quejosa no debe esperar hasta la última resolución para plantear su caso en la sede constitucional. Al respecto, se invoca la Jurisprudencia 1a./J. 19/2011, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." En ese sentido, la resolución que en segunda instancia confirmó la interlocutoria emitida en un incidente de inejecución de sentencia por preclusión procesal y prescripción negativa de la obligación de pago, promovido por la quejosa en el juicio de origen, se ubica en el supuesto de excepción, pues su objetivo estuvo enfocado a impedir la continuación de la ejecución de la sentencia en perjuicio del ejecutante, de modo que conforme al criterio de jurisprudencia citado, tuvo una autonomía destacada que desde aquel momento permitió a la peticionaria inconformarse en la instancia constitucional, sin que lo haya efectuado, por lo cual, la norma aplicada y que busca combatirse, sigue la misma suerte. Así, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio por lo que hace a la inconstitucionalidad de la norma combatida, pues aunque se aplicó en la fase de ejecución, esto no era la primera vez que ocurría, y cuando fue así, sucedió en un fallo de imposible reparación que decidió una excepción sustancial y perentoria como es la prescripción del derecho de cobro¬. Dados los motivos de sobreseimiento actualizados es innecesario entrar al análisis de los conceptos de violación respecto de dicho reclamo , así como a los criterios invocados para fundarlos, conforme a la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." De ahí que sea innecesario estudiar las demás causales de improcedencia invocadas por lo que ve a dicho reclamo, pues cuando ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento respecto del acto reclamado, no existe necesidad de emprender un análisis adicional. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Cabe precisar que por las mismas razones de inoportunidad para plantear la acción de amparo contra una resolución autónoma en la ejecución, consistente en la referida sentencia de ocho de junio de dos mil nueve, es criterio del suscrito que se tornan inoperantes, por preclusión, los motivos de inconformidad que se exponen en torno dicha determinación , dado que su análisis correspondía a un amparo autónomo, atento a la naturaleza de la excepción perentoria y sustantiva que resolvió. Al respecto se invoca por analogía la tesis P./J. 2/2013 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Común, que dispone: "AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO IMPUGNARSE EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, Y QUE DERIVAN DE LA MISMA SECUELA PROCESAL. La circunstancia de que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se edifique en aspectos que rigen sólo para el juicio de amparo indirecto y que son incompatibles con el directo -por lo que cuando en esta vía se controvierta la regularidad constitucional de una disposición legal, al no reclamarse como acto destacado, no puede determinarse que debe constreñirse al primer acto de aplicación en perjuicio del gobernado, sino que puede tratarse de ulteriores actos de aplicación-, no implica que los quejosos no deban atender a las reglas de la litis y a los principios procesales que rigen en el juicio de amparo directo, como es la institución jurídica de la preclusión, que implica la pérdida de un derecho procesal por no haberse ejercitado oportunamente. Por consiguiente, cuando la norma que se pretende impugnar en una demanda de amparo directo se aplicó en diversos actos que tienen una misma secuela procesal, es decir, que derivan de un procedimiento común, y el quejoso promovió con anterioridad un juicio de amparo sin cuestionar la regularidad constitucional de la norma aplicada desde el primer acto reclamado, es evidente que ya no está facultado para hacer valer dicha cuestión en el juicio de amparo que promueva con posterioridad, y no porque haya consentido la disposición legal relativa, al no tener aplicación ese criterio en el amparo uniinstancial, sino porque en virtud de la figura jurídica de la preclusión perdió el derecho de impugnar la constitucionalidad de la norma al no haberlo deducido en el momento procesal oportuno, habida cuenta que la cuestión de constitucionalidad no formó parte de la litis del amparo anterior, por lo que no puede examinarse por el tribunal de amparo, toda vez que precluyó su derecho para introducir argumentos novedosos por más que versen sobre cuestiones de constitucionalidad." Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 21/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en Materias(s): Común, que establece: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." SEXTO. Análisis sobre las violaciones invocadas por la quejosa; y decisión. La acción constitucional se plantea contra lo que constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia -fase de remate-; por lo que éste es el momento procesal oportuno para hacer valer y examinar las violaciones procesales acaecidas en el mismo, como lo dispone el artículo 107, fracción IV, último párrafo en relación con el segundo de la Ley de Amparo , por ser una cuestión de estudio preferente. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cuarenta y cuatro del Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO, PREFERENCIA DEL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES AL. El estudio y decisión de las violaciones procesales, es preferente al estudio de las violaciones que se alegan a las leyes de fondo, porque el examen de las primeras tiene por objeto establecer si se han llenado u omitido los preceptos procesales señalados por la ley, porque toda resolución debe ser fundada y motivada". En el caso, la parte quejosa hace valer dos motivos de disenso de manera destacada, y al efecto expone: a) Sobre la caducidad de la inscripción de embargo, que vicia la aprobación del remate y la adjudicación . Al efecto, indica que el inmueble litigioso, no estaba legalmente embargado, pues la vigencia del aseguramiento estaba caduca en términos de lo que prevé el artículo 3035 del Código Civil para esta ciudad, pues su último registro es del siete de septiembre de dos mil quince, extinto en la misma data del año dos mil dieciocho. De modo que al momento de dictar la sentencia de aprobación de remate en el toca ..., el embargo carecía de vigencia; sin que la ejecutante hubiese regularizado tal situación ni que hubiera una reinscripción en autos. b) En torno a una violación al derecho de acceso pleno a la jurisdicción, por no resolver la pretensión del tercero opositor . Sobre este tópico indica que el procedimiento está viciado por no resolverse el planteamiento de ..., de tercería excluyente de dominio. Añade que además la tramitación de su defensa fue defectuoso y la dejó indefensa por la inadmisión de su impugnación, siendo ella ajena al proceso. Añade que la forma de aplicar la norma contra ella, fue discriminatoria, pidiéndole requisitos adicionales para defenderse. Decisión: Lo alegado por la quejosa es inoperante. En términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. " En el caso, por lo que hace al tema de la caducidad, la inoperancia obedece a que son alegaciones novedosas. En efecto, de las constancias allegadas por el Juez responsable, se advierte que en la audiencia de remate de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la parte quejosa formuló diversas manifestaciones con las que pretendió introducir al análisis, el tema de la prescripción de la acción para ejecutar la sentencia definitiva; y al inconformarse con la interlocutoria que aprobó el remate, sus agravios fueron en el mismo sentido, pues así se colige de la relación de motivos de inconformidad hechos por la Sala en la sentencia relativa [donde se aludió a la actualización de la prescripción del derecho a ejecutar y la violación al principio de legalidad], donde el tema de la caducidad no fue relacionado por la Alzada para emitir algún pronunciamiento al respecto. En relación a dichos agravios, la Sala responsable resolvió: "[.] Ahora bien, de un análisis minucioso del primer motivo de inconformidad realizado por la parte recurrente, se determina que los argumentos respecto a que la juez primigenia omitió valorar la actualización de la figura de prescripción de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el sumario, así como que en la especie existe la necesidad de que la A quo se pronuncie respecto de los hechos invocados a fin de solicitar la no aprobación del remate y, en consecuencia, la declaración de prescripción del procedimiento de ejecución, resultan INFUNDADAS. Lo anterior, en virtud que si bien es cierto del sumario se advierte que en audiencia de remate en tercera almoneda de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la parte demandada en uso de la voz señaló su oposición al remate, alegando que en la especie operó la figura de prescripción de ejecución de la sentencia, también lo es que mediante acuerdo contenido en la audiencia en cita, la Juez primigenia se pronunció respecto de la oposición planteada por la parte demandada, señalando que no ha lugar a acordar de conformidad en virtud que el remate en tercera almoneda se encuentra debidamente preparado de conformidad con lo ordenado en auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, así como lo previsto por el artículo 1410 del Código de Comercio. Motivo por el cual, visto que la Juez de origen sí realizó un pronunciamiento respecto de la petición realizada por la parte demandada, así como que los argumentos torales del primer agravio realizado por la parte recurrente no combaten las consideraciones emitidas por la A quo, se determina que el agravio en estudio resulta INFUNDADO. En diverso orden de ideas, es trascendental establecer que la sentencia impugnada se encuentra emitida con motivo de la tramitación de REMATE EN TERCERA ALMONEDA RESPECTO DEL INMUEBLE EMBARGADO EN EL SUMARIO. Bajo esta óptica, se determina lógicamente que todas las manifestaciones realizadas por las partes litigantes en el procedimiento de remate, específicamente las señaladas en la audiencia respectiva, deben estar encaminadas a la aprobación o, en su caso, la oposición del remate del inmueble citado en líneas anteriores. Motivos por los cuales, la introducción de circunstancias ajenas a la tramitación del remate se traduciría en cuestiones novedosas que no son materia de análisis de la incidencia en comento ni mucho menos de la sentencia interlocutoria que en efecto se emita. Ahora bien, de un análisis pormenorizado de las constancias que integran el sumario, se advierte que por medio de manifestaciones realizadas en audiencia de tercera almoneda y pública subasta de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en uso de la voz la parte demandada introdujo al proceso de remate circunstancias novedosas con la finalidad de combatir los criterios realizados por esta Sala Civil en el toca número ..., específicamente en la resolución emitida el ocho de junio de dos mil nueve y, en consecuencia, manifestó que en la especie ha operado la figura de prescripción de ejecución de sentencia (figura jurídica analizada en la sentencia en comento). Asimismo, el argumento medular del segundo agravio realizado por la parte demandada consiste que en el caso en particular '. los criterios adoptados en el toca de apelación ..., fueron incorrectos, a la luz de NUEVOS HECHOS Y DERECHOS QUE SE OMITIÓ VALORAR, es decir, conforme a ARGUMENTOS NOVEDOSOS', manifestando los razonamientos y fundamentos en los cuales sostiene su afirmación. En tales circunstancias, se determina INOPERANTE el segundo agravio hecho valer por la demandada ... [.]" Con la transcripción anterior, queda de manifiesto la inoperancia de la violación procesal alegada, por ser un aspecto novedoso, que no fue alegado ante la autoridad responsable al interponer el recurso contra la interlocutoria que aprobó el remate. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J.12/2008 de la Primera Sala del Alto Tribunal, de registro 169923, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios." Sin perjuicio de lo anterior, otra razón de inoperancia radica en que a criterio del suscrito, las manifestaciones externadas serían insuficientes para acoger la acción de amparo, pues como se ve, la Sala expuso razones en torno a los agravios para confirmar la adjudicación por remate, sin que éstos sean confrontados por la parte quejosa, pues por lo que hace a esta determinación, se enfoca en lo relativo a la caducidad, cuando el thema decidendi abarcó otros aspectos. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 159947. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 731, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA." En los mismos términos se invoca la tesis 2a. LXV/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164181. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Común, Página: 447, intitulada: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS." Y por lo que hace a las alegaciones respecto de la tercerista, también son inatendibles porque las alegaciones inciden en la esfera de la tercerista y no de la propia impetrante. Luego, si quien promueve la acción de amparo es solamente la demandada, entonces es criterio de este órgano que las alegaciones que se relacionan con lo que perjudicaría a la tercerista no pueden ser atendidas, pues el análisis debe hacerse conforme al principio rector de instancia de parte agraviada, esto es, solo en cuanto a lo que afecte directamente los intereses de la parte promovente, y no de otras personas. Al respecto se cita la tesis I.2o.C.3 K, de la Novena Época, con registro: 169922. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, en Materia(s): Común, Página: 2324, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EL QUEJOSO ALEGA VIOLACIONES QUE NO AFECTAN SUS INTERESES, SINO LOS DE ALGÚN COLITIGANTE QUE NO PROMOVIÓ EL JUICIO DE AMPARO. Cuando el quejoso alega que la autoridad responsable cometió alguna violación en perjuicio del codemandado, quien no comparece al juicio de amparo, los conceptos de violación devienen inoperantes, en virtud de que conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional federal únicamente se encuentra obligado a resolver respecto de aquellas cuestiones que afecten de manera directa los derechos del quejoso, y no los de diversas personas, que no promovieron el juicio de garantías." Por lo expuesto, los conceptos de violación devienen inoperantes. Finalmente, puede verse en la demanda constitucional, que la parte quejosa enfocó destacadamente sus motivos de inconformidad a los puntos litigios precisados; mientras que respecto del auto que le da procedencia a este juicio al considerarse la última resolución en el remate [el de orden de otorgamiento de firma de escritura de veinticuatro de marzo pasado] omite hacer valer alguna causa de inconformidad específica. En este orden de ideas se llega al convencimiento de que lo procedente es negar el amparo a la parte quejosa, pues no hay un argumento adicional que analizar respecto de la mencionada determinación; y al haber sido ineficaces los demás conceptos de violación contra las cuestiones procedimentales. Máxime que es criterio del suscrito que no hay causa para suplir la deficiencia de la queja, dado que los actos derivan de un proceso mercantil, esto es, de uno de estricto derecho. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/50, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, en Materia(s): Civil. Página: 1045, intitulada: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL." Sin que sea impedimento que la quejosa aduzca que por su edad y condiciones de salud, amerita que sean suplidos sus argumentos, empero, tales extremos no actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, que prevé la suplencia para actos fundados en normas inconstitucionales; infantes o incapaces; cuando se afecta el desarrollo familiar; en materias penal, agraria o laboral; violaciones que dejen indefensa a la parte quejosa; o pobreza o desventaja social. Orienta lo anterior el criterio 1a. CXXXIII/2016 (10a.), sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con registro: 2011523. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, en Materia(s): Constitucional, Página: 1103, que dispone: "ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN RELACIÓN CON EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS MAYORES. Las reglas citadas no reúnen los requisitos a que aluden los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Federal, de ahí que no constituyan propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes ejercen la función jurisdiccional; no obstante, pueden resultar una herramienta de gran utilidad para estos últimos, en virtud de que establecen diversos estándares que, fundados en el respeto que se debe dar a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a la justicia; pero, ni aun tomando en consideración esas reglas, se podría llegar a la conclusión de que en todos los casos en que intervengan adultos mayores es obligatorio suplir en su favor la deficiencia de la queja, pues de acuerdo con esas reglas, si bien la edad de las personas puede constituir una causa para estimar que se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo cierto es que la edad juega un doble papel al momento de considerar quiénes son las personas que deben considerase vulnerables, pues así como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la vulnerabilidad de las personas, también se considera que el envejecimiento, propio de una edad avanzada, puede colocar a las personas en ese estado; no obstante, se debe tener en consideración que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es suficiente para estimar que están en un estado de vulnerabilidad que debe tenerse en consideración cuando éstos acceden a la justicia, pues por su falta de madurez física y mental requieren una protección legal reforzada; sin embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es suficiente para estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto sólo acontece cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos; de ahí que la simple circunstancia de ser un adulto mayor, no necesariamente implica que la persona se encuentre en un estado de vulnerabilidad." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 367/2023 promovido por ... contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de la Unión (cámara de diputados y senadores), por los motivos precisados en el considerando quinto. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ... contra actos de la Juez Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo; hasta hoy, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 367/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto, legal y humana. Por tanto, se tienen por admitidas y desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza; por lo que, al no haber diversos elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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