Niebla Rebeca Gutiérrez Refino

Expediente 392/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 23 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
392/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
02/01/2024

Partes del expediente

  • Niebla Rebeca Gutiérrez Refino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, siendo las once horas con veinte minutos del dos de enero de dos mil veinticuatro, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 392/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Los oficios de las autoridades responsables por los cuales rindieron su informe justificado; y, C) El emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció la documental y presuncional. Al efecto, se acuerda: Se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas aludidas, al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el periodo probatorio, y se abre el de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió pedimento; por lo que, se cierra el presente periodo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia, que firman el Juez en unión del Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 392/2023, promovido por *****, por conducto de su apoderado, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión, constituido por las Cámaras de Senadores y Diputados y el Juez Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado Federal admitió la demanda, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló parte tercera interesada; y requirió informe justificado. La representante social de la Federación adscrita no intervino; se tuvieron por rendidos los informes justificados; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza mercantil, emitidos por una autoridad que radica en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo. El proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ejecutivo mercantil ... del índice del Juzgado Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, que admitió a trámite el recurso de apelación únicamente en efecto devolutivo, contra el auto de veinticuatro de marzo pasado, donde se determinó que el Juez de origen firmaría la escritura en caso de contumacia del demandado respecto del inmueble materia de la litis ubicado en "...." La inconstitucionalidad del artículo 1339 del Código de Comercio (vigente en mil novecientos noventa y cinco -previamente a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis-), así como del artículo primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; del Código de Comercio; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis en el Diario Oficial de la Federación, como normas heteroaplicativas respecto al auto reclamado de veintinueve de marzo de la presente anualidad. TERCERO. Existencia. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados y el Juez Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, aceptaron el acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, la Cámara de Diputados negó el acto reclamado, no obstante debe desvirtuarse, puesto que las normas generales no son objeto de prueba, por lo que se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Atento a lo anterior, es infundada la causal de inexistencia que hacen valer. Apoya lo expuesto, la tesis aislada V.2o.214 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Octava Época, de registro 209107, que dice: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, dado que pretende controvertirse la constitucionalidad de una actuación que aun subsistiendo, no puede surtir efecto legal o material en la esfera de derechos de la quejosa, pues dejó de existir el objeto de la misma. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)" De la intelección del artículo invocado deviene que el juicio de amparo es improcedente en el supuesto de que aún ante la subsistencia del acto reclamado, éste no puede surtir efectos por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo que lógicamente impide que sus efectos lleguen a concretarse. En apoyo se cita la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, de diciembre de 2006, en materia común, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." También se invoca la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, Registro: 196442, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, en Materia(s): Común página: 241, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Así, para la actualización de este supuesto de improcedencia, deben concurrir los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado legalmente aún exista. 2. La existencia paralela de un evento jurídico que implique la modificación del entorno en el cual el acto reclamado se emitió; que traiga como consecuencia que sus efectos queden completamente neutralizados, ante desaparición total del objeto o materia del acto reclamado. En el caso, se tiene que la parte quejosa reclama el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ejecutivo mercantil de origen, que admitió a trámite el recurso de apelación únicamente en efecto devolutivo, contra el auto de veinticuatro de marzo pasado, donde se determinó que el Juez de origen firmaría la escritura en caso de contumacia del demandado respecto del inmueble materia de la litis ubicado en "...."; actuación que claramente subsiste, ya que incluso constituye la materia del reclamo. Sin embargo, su objeto dejó de existir y no puede surtir ningún efecto procesal, puesto que mediante auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México revocó la admisión del recurso de apelación interpuesto contra el auto de veinticuatro de marzo de la anualidad pasada. En efecto, el que se inadmitiera el recurso de apelación que intentó la parte quejosa en segunda instancia, genera una modificación material en el entorno que rige al reclamo, que a su vez, impide que se analicen las cuestiones planteadas; por lo que no es viable la emisión de una sentencia que resuelva el conflicto; pues, aunque subsiste el acto, su objeto ya no es materialmente viable. De ahí que, el pronunciamiento definitivo por parte de la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México sobre la procedencia del recurso interpuesto contra el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, no es viable examinar en la instancia constitucional; pues no puede surtir efecto alguno, ya que su objeto ha dejado de existir. En estas condiciones, se considera actualizada la causal de improcedencia invocada y por ende procede SOBRESEER EN EL JUICIO, con apoyo en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Misma suerte sigue la inconstitucionalidad del numeral 1339 del Código de Comercio, así como del artículo primero transitorio del decreto aludido, pues la improcedencia del juicio de amparo respecto del acto de aplicación, trae consigo la improcedencia también por lo que a la ley se refiere; de tal manera que, si el juicio se sobresee respecto del acto de aplicación, también así debe procederse respecto de la ley que se combate. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, consultable en la página doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Así como la tesis del Pleno del Máximo Tribunal, publicada en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Julio de 1991, página 5, que señala: "AMPARO INDIRECTO. DEBE EXAMINARSE EN SU INTEGRIDAD LA DEMANDA RELATIVA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE ESA VIA CON MOTIVO DE UNA CUESTION DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, QUE SURGIDA EN EL JUICIO, SU ACTO DE APLICACION, SEA DE IMPOSIBLE REPARACION. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los diversos 114, fracción IV y 158, último párrafo, de la Ley de Amparo, la vía idónea para reclamar una cuestión surgida dentro del juicio, que sea de imposible reparación, relativa a la constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, es el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, lo que de suyo permite inferir que en un caso concreto la existencia de la imposible reparación resulta ser un requisito esencial para la procedencia de esa vía. Una cuestión de constitucionalidad surgida en el procedimiento judicial tiene una ejecución de imposible reparación si los efectos legales y materiales producidos como consecuencia de la aplicación en él de una ley, tratado internacional o reglamento, alcanzan a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales que no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación. De aquí, entonces, que en un juicio de amparo indirecto promovido con motivo de la situación antes apuntada es necesario establecer previamente si se está o no en presencia de una ejecución de imposible reparación, atendiendo no solamente a la naturaleza del acto y a su trascendencia, sino también a los conceptos de violación formulados para poder determinar si el quejoso se duele de la afectación de derechos sustantivos o derechos meramente procesales, determinación que lógicamente sólo puede realizar el juzgador analizando en su integridad la demanda relativa." No es impedimento para sobreseer el juicio, que se demande el amparo en representación de una persona de la tercera edad, pues aún y cuando la Constitución Federal y el marco jurídico internacional aplicable obliga a los juzgadores a velar por los derechos humanos, ello no implica de ninguna manera que la suplencia que opera a su favor haga procedente lo improcedente; pues sostener ésta afirmación, implicaría materialmente una modificación al sistema de causales de improcedencia establecido en la propia Ley de Amparo, mismas que son de estudio preferente y oficioso. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis VII.2o.C.30 C (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, décima época, con número de registro 2002270, que dice: "CONTROL EX OFFICIO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona, y de conformidad con el párrafo 339 de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) en el caso "... vs. Estados Unidos Mexicanos", las autoridades judiciales deben efectuar un control de convencionalidad ex officio en el marco de sus atribuciones y, por ende, deberán inaplicar las normas generales que, a su juicio, consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En este contexto, los Tribunales Colegiados de Circuito, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, máxime si deriva de un planteamiento específico de las partes, sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo." Atento a lo resuelto en este considerando, no ha lugar a hacer pronunciamiento sobre los conceptos de violación que se hacen sobre la irregularidad de esta disposición. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, con registro digital: 214593. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, en Materias(s): Común, que establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos que se reclaman de las autoridades legislativas, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en la página 339, Tomo VI, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio promovido por ****, por conducto de su apoderado, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión, constituido por las Cámaras de Senadores y Diputados y el Juez Décimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, el día en que tuvo verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su verificativo. Lo anterior, porque el secretario encargado del despacho, licenciado ..., actúa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, esto es, únicamente con facultades para proveer cuestiones de mero trámite o urgentes; luego, la celebración de la audiencia señalada para el día de hoy no podría calificarse como un acto con las características apuntadas, dada su naturaleza y trascendencia en el proceso constitucional. Al respecto se cita la tesis I.7o.C.63 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Doctrinariamente se ha considerado que un acuerdo de mero trámite es aquel que no implica un pronunciamiento de derecho con relación a las cuestiones planteadas, esto es, decisiones que no establecen o definen una situación particular de las partes dentro del procedimiento o que reconozcan a favor de ellas un derecho, ya sea procesal o sustantivo. Ahora bien, la persona que suple al Juez de Distrito en sus funciones de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene limitadas sus atribuciones para únicamente practicar diligencias urgentes y dictar providencias de mero trámite; en este sentido debe concluirse que el secretario encargado del despacho no está facultado para resolver sobre el escrito de ofrecimiento de pruebas, en virtud de que no se trata de una diligencia de carácter urgente y tampoco de una providencia de mero trámite puesto que tal acuerdo contiene una posición que decide la situación procesal planteada y trasciende al resultado del fallo; además, de acuerdo con los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, es en la audiencia constitucional donde debe proveerse sobre la admisión y, en su caso desahogo de las pruebas; acto que el secretario encargado del despacho en términos del artículo 43 de la ley orgánica invocada no puede llevar a cabo, si no cuenta con la correspondiente autorización del Consejo de la Judicatura Federal. Hipótesis diferente a lo que acontece respecto a los alegatos cuya determinación sí es de mero trámite." Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Agréguese el oficio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Agréguese el oficio del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Economía, mediante el cual cumple con el requerimiento ordenado en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la interlocutoria relativa a la suspensión definitiva; remítase el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el original del escrito de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.

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