Nicolas Navarro Ortega

Expediente 1257/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1257/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Nicolas Navarro Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por Nicolás Navarro Ortega, contra actos del jefe del Departamento Comercial de Suministros de Servicios Básicos de la Zona Centro, Oaxaca, de la Comisión Federal de Electricidad; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1257/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado precepto 113, del cuerpo normativo en cita, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías y, por indudable, se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En la especie, el quejoso señaló como acto reclamado la orden verbal o escrita para realizar el corte de suministro eléctrico de su domicilio, ubicado en casa número cuarenta, condominio tres, fraccionamiento Villas Xoxo. Así, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, interpretada a contario sensu, ambos de la Ley de Amparo, dado que a la autoridad que señala como responsable, no le asiste tal carácter para efectos del juicio de amparo, por lo que la demanda de amparo debe desecharse. Los preceptos legales referidos establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general .". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Así, resulta oportuno acotar que en relación con el concepto de autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que para efectos del amparo, lo constituye aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones que afecten la esfera jurídica de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, el más Alto Tribunal del País acotó que autoridad, tratándose del juicio de amparo, es la que ejerce las facultades decisorias que legalmente le han sido atribuidas y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; y abandonó el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Por tanto, con el propósito de dilucidar las consideraciones de tipo legal de tal afirmación, resulta menester precisar cuándo y en qué casos la Comisión Federal de Electricidad es considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, y así estar en aptitud de definir si los actos desplegados encuadran como actos de imperio, requisito básico para la procedencia del juicio constitucional, en términos del numeral 1°, fracción I, en relación con el ordinal 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Para ello, es preciso establecer que ni el poder constituyente ni el legislador ordinario han definido legalmente lo que debe entenderse por autoridad. En efecto, el artículo 103 constitucional establece: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal." El diverso numeral 107 de la Norma Fundamental tampoco define el concepto de autoridad; ni menos aún su ley reglamentaria, pues en su precepto 5°, fracción II, transcrito en párrafos precedentes, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, empero, sin precisar las características que los mismos deben reunir para considerarse con tal calidad para efectos de dicho juicio. (...) De lo razonado y fundado, se obtiene que, cuando como en el caso, se reclama un corte del suministro de energía eléctrica por parte de la precitada empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, dicho acto no puede considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque si bien unilateralmente cuantifica, impone tarifas y requiere por el pago de cierta cantidad por concepto del suministro de energía eléctrica, su actividad está encaminada, por una parte, a cuantificar y recibir el reembolso por la prestación del servicio del que se disfruta, y por otro lado, determinar el consumo de energía eléctrica en virtud de la celebración de un contrato, por lo que no se está frente a un acto autoritario, sino en una relación de coordinación emanada de un vínculo convencional cuyo origen es la celebración de un contrato de naturaleza mercantil, en el que los suscriptores, con previo conocimiento del negocio jurídico que están efectuando, consienten el celebrarlo; de ahí que, se reitera, ambas partes actúan en calidad de particulares como consecuencia de la aceptación de esa convención, en la que se establecen obligaciones y derechos recíprocos entre los contratantes. Entonces, esa relación de igualdad en la que el Estado actúa como prestador del servicio y no como un ente jurídico investido de imperio, demuestra que no se trata de una relación entre autoridad y gobernado, sino de correspondencia entre el interés del prestador del servicio y un particular, porque el organismo no obra como autoridad, sino que actúa con base en la facultad derivada del incumplimiento del contrato. Sin que por otra parte sea dable considerar que en la especie el CFE Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad (en su denominación correcta) aun en su calidad de particular, hubiese desplegado actos de imperio para los efectos del juicio de amparo, en los términos previstos en el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la ley de la materia; ya que de la interpretación de dicho precepto legal, desde una perspectiva de evolución legislativa, jurisprudencial y doctrinal y, en atención al principio de progresividad que consagra el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite concluir que los actos equivalentes a los de autoridad, para la procedencia del juicio de amparo contra particulares, son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que se realicen al amparo de la facultad que el Estado les haya otorgado para ejercer una función regulada en una norma general, de tal manera que se asimile al servicio que en su lugar brindaría el ente público, sin que para ello sea necesario que forme parte del Estado como tal. En otras palabras, el precepto legal del que se dio noticia establece que para que un particular pueda ser reconocido con la calidad de autoridad responsable dentro de un juicio de amparo es menester la actualización de dos supuestos legales, a saber: i) Que un particular realice actos equivalentes a los de autoridad que afecten la esfera jurídica de un gobernado; y ii) Que las funciones del particular se encuentren determinadas por una norma general. Requisitos que en el caso no se encuentran colmados, esencialmente, porque como se dijo, la actividad desplegada por CFE Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad (en su denominación correcta), respecto de los actos reclamados, no derivan de la observancia de una norma general; sino que tuvieron lugar con motivo del cumplimiento del contrato para el suministro de energía eléctrica celebrado respecto del domicilio donde se surte dicho servicio, en un plano de coordinación "entre iguales". Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enero de 2018, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 2015944, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Así como, la diversa jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de la propia Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, abril de 2018, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Entonces, resulta válido concluir que cuando el Estado -por conducto de Comisión Federal de Electricidad, y en el caso a través de sus empresas subsidiarias CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución-, actúa como prestador del servicio, mediante la celebración de contratos para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, no obra como autoridad para efectos del amparo, sino en función de relaciones comerciales de coordinación entre particulares, incluso tratándose de actos como el corte del suministro en términos del contrato. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2019, registro 2019230, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica, autorizando únicamente para recibirlas e imponerse de autos a Arturo Silva Castellanos. Se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Asimismo, se hace de su conocimiento que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (EL PRESENTE AUTO SE PUBLICA EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO EL VEINTICINCO DE NOVIEMBMRE DE DOS MIL VEINTIUNO)

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