Nicolas Rosalino Avila Lopez
Expediente 383/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 383/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nicolas Rosalino Avila Lopez
Actuaciones
- Incidental
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación del Secretario, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a) punto del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se concedió la medida cautelar provisional y la suspensión definitiva por una parte negó y por la otra concedió dicha medida, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando tercero de la interlocutoria de veintisiete de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V ".. VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 383/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y recibido por razón de turno en este órgano jurisdiccional, NICOLÁS ROSALINO ÁVILA LÓPEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Secretario de Finanzas, Director de Ingresos y Recaudación y Coordinador de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, de quienes reclamó la emisión del oficio SF/SSI/DIR/CCC/0797/2020 de veintisiete de febrero de dos mil veinte y sus consecuencias. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La parte quejosa estima que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. -Mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda, se radicó bajo el número 383/2020; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados y se otorgó la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la adscripción. -Seguido el trámite del juicio, se citó a la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en sus fases de pruebas y alegatos, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de forma precisa y clara los actos reclamados. Se tiene como acto reclamado, para efectos de estudio en esta instancia constitucional el siguiente: -El oficio SF/SSI/DIR/CCC/0797/2020 de veintisiete de febrero de dos mil veinte, expedido por la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas, y en la parte que aquí interesa, ordena la remoción del quejoso como depositario dentro del crédito fiscal 36748, así como sus consecuencias. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado y Directora de Ingresos y Recaudación de la citada dependencia, negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa; de ahí que, ante la inexistencia del acto que se le atribuye, lo procedente es SOBRESEER en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado, para sostener su dicho remitió un cuadernillo de copias certificadas relativas el crédito fiscal 36748, a las que se les concede valor probatorio pleno al constituir documentos públicos, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. Este órgano de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción l del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el primer párrafo de la fracción l, del artículo 5º. de la misma ley dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: l. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados vinculan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En términos de los preceptos transcritos, el juicio de amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos, los cuales se definen como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio. Así, los actos de autoridad que se reclamen tendrán que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular, es decir, ocasionar un perjuicio directo en su campo de derechos; entendiendo como perjuicio para la procedencia del amparo, aquel acto que produce una lesión u ofensa material a los intereses o derechos de una persona legítimamente tutelados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para acreditar el interés jurídico, el promovente del amparo debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado, y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica; asimismo, que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo que supone la facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; lo anterior, según lo establecido en la jurisprudencia número 168/2007 de la Primera Sala , bajo el rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. El perjuicio debe entenderse como el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de garantías que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño originado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Entonces, si uno de los presupuestos para el ejercicio de la acción constitucional es la existencia de un derecho legítimamente tutelado, puede afirmarse que es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente la titularidad de ese derecho, ya que éste no puede inferirse o presumirse. En el caso, el acto reclamado consisten en el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, donde se ordena la remoción de depositario y el requerimiento de entrega del bien mueble embargado, dentro del crédito fiscal 36748, en donde el quejoso figuraba como depositario desde el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, tal como se desprende de la diligencia de ampliación de embargo de esa misma fecha. Ahora bien, el oficio reclamado, se transcribe a continuación, únicamente la parte que aquí interesa: ".PRIMERO. En términos de los artículos 40, 153 y 161 del Código Fiscal de la Federación vigente, requiérase a él (la) C. NICOLÁS ROSALINO ÁVILA LÓPEZ, en su carácter de Representante Legal de MAQUINARIA Y REFACCIONES DE OAXACA, S.A DE C.V., quien es el depositario y deudor del crédito 36748 la entrega del bien mueble embargado el 17 DE JUNIO DE 2019, para que sea puesto a disposición en el domicilio del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graff No. 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P 71257, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del presente ACUERDO. Cabe señalar que este plazo es de cumplimiento estricto e improrrogable por lo que, en caso de incumplir al mandado legítimo de Autoridad, incurrirá en el supuesto previsto en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación Vigente. [.] SEGUNDO. En el caso de que el bien embargado no sea puesto a disposición a entera satisfacción de esta Autoridad, al sexto día hábil de realizada la presente diligencia deberá extraerse dicho bienes (sic) del lugar en que se encuentran, mismo que en su momento fue señalado por el propio depositario, para trasladarse y almacenarse hasta su remate en la bodega de bienes embargados de esta Autoridad. TERCERO. Se apercibe al (la) C. NICOLÁS ROSALINO ÁVILA LÓPEZ, en su carácter de Representante Legal de la MAQUINARIAS Y REFACCIONES DE OAXACA, S.A DE C.V, quien es el depositario y deudor del bien embargado del crédito 36748, que en caso de incumplimiento al requerimiento de entrega del bien en depositaría, o en caso de que falten alguno o algunos de los bienes embargados en fecha 17 DE JUNIO DE 2019, se procederá conforme a lo establecido por el Artículo 112 del Código Fiscal de la Federación." De lo anterior, se puede sostener que la parte relativa del oficio aquí reclamado, no produce afectación alguna al aquí quejoso, porque el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, relativo a los bienes embargados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, establece que dichos bienes son dejados únicamente bajo la guarda y custodia del depositario; por lo que, independientemente de quién sea el propietario, el requerimiento de entrega de bienes no afecta el interés jurídico del depositario, debido a que ese cargo decretado dentro de dicho procedimiento, no provoca la adquisición de derechos jurídicamente tutelados por el designado, sino que, su función es la de un auxiliar de la administración fiscal, comprendiéndose a la guarda, custodia y conservación de los citados bienes. En ese sentido, no puede afirmarse que la remoción del encargo y el requerimiento para la entrega de los bienes embargados, produzca una lesión o perjuicio en su esfera jurídica, aun en el supuesto de que resulte ser la parte propietaria de aquel bien, porque en todo caso, solo tendría interés jurídico para aponerse al procedimiento de ejecución que precediera a la depositaría. Apoya a lo anterior, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 2340, tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 177021, que a letra dice: "DEPOSITARIO JUDICIAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR SU REMOCIÓN Y EL REQUERIMIENTO PARA LA ENTREGA DE BIENES EMBARGADOS, AUN TRATÁNDOSE DEL PROPIETARIO DE ÉSTOS. El artículo 153 del Código Fiscal de la Federación regula el principio de legalidad concerniente a que los bienes embargados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, son dejados únicamente bajo la guarda o custodia del depositario nombrado por el jefe de la oficina ejecutora, por lo que, independientemente de quién sea propietario, el requerimiento de entrega de bienes no afecta el interés jurídico del depositario, en atención a que ese cargo, decretado dentro de dicho procedimiento, no provoca la adquisición de derechos jurídicamente tutelados por el designado, sino que, su función se reduce, en su carácter de mero auxiliar de la administración fiscal, a comprometerse a la guarda, custodia y conservación de los bienes; en esa medida, no puede afirmarse que la remoción del encargo y el requerimiento para la entrega de los bienes embargados, produzca una lesión o perjuicio en su esfera jurídica, aun en el supuesto de que resulte ser la propietaria de aquellos bienes, porque en todo caso tendría interés jurídico para oponerse al procedimiento de ejecución que preceda a la depositaría. Así como, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 414, tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, número de registro 201596, que dice: "DEPOSITARIO JUDICIAL, LA REMOCION DEL CARGO Y EL REQUERIMIENTO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS, NO AFECTA LA ESFERA JURIDICA DEL (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA). El cargo de depositario judicial, no provoca, al menos en la codificación adjetiva local, la adquisición de derechos jurídicamente tutelados que, lacerados por un acto de autoridad, faculten a su titular, a incoar una acción de amparo, pues de la lectura de los artículos 435 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para Sonora, se advierte que su función se reduce a la de un mero auxiliar de la administración de justicia y que, salvo la de percibir el pago de un arancel, la normatividad vigente, no le confiere atribución alguna sino obligaciones. Bajo esas premisas, no puede decirse, que la remoción del encargo y el requerimiento por la entrega de los bienes embargados, decretados por la responsable, en el acto reclamado, produjera en la esfera jurídica del aquí recurrente y quejoso, una lesión o perjuicio y que por tanto, estuviese legitimado para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, la falta de ese interés jurídico, que se genera al ser afectado por un acto de autoridad, hace improcedente, al tenor de la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al juicio de amparo promovido por el quejoso". No es óbice a lo anterior, el apercibimiento que contiene el oficio reclamado, en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento se procederá conforme a lo establecido en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, para el caso de depositarios infieles, en tanto que, ello por sí mismo tampoco genera un agravio concreto y actual que afecte el interés jurídico del quejoso, pues tal circunstancia está supeditada a la voluntad del quejoso, al depender de la conducta que él asuma en relación con el apercibimiento formulado por la responsable. Se afirma lo anterior, en razón de que el requerimiento y apercibimiento no son sinónimo de perjuicio, en tanto no se haya hecho efectivo éste último; por ello se reitera, el acto reclamado no infringe la esfera jurídica de la parte quejosa, pues no se advierte que con su sola emisión se haya hecho efectivo el apercibimiento. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 55, volumen 66, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 238544, que dice: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARACTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo". De igual manera, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, tomo LI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 357998, que a la letra dice: "APERCIBIMIENTO, NO CAUSA PERJUICIO. El apercibimiento de imponer una nueva multa, en caso de que el multado reincida en el hecho que la motivó, no implica un perjuicio material, real y efectivo en sus bienes y, por tanto, el amparo que pida contra aquél, debe declararse improcedente". En relatadas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con los numerales 61, fracción XII y, 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. SEXTO. Transparencia Debido que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SÉPTIMO. Captura del fallo en el sistema integral de seguimiento de expedientes Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por (.) , en términos de los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese y regístrese.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio de cuenta, recibido vía correo electrónico y ordinaria mediante el cual el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, en contestación a la solicitud formulada en proveído de siete de octubre de dos mil veinte, remite copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el expediente administrativo 36748 (crédito fiscal) de esa estadística; para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
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