Nicolas Amaro Roy Martinez
Expediente 1027/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nicolas Amaro Roy Martinez
- Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Numero Trece Cps-Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
MESA "... Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos del Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Trece CPS Oaxaca y otra autoridad. ... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo,.... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia expresó. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De un estudio integral de los escritos del quejoso, recibidos el uno de septiembre de dos mil veintidós, se observa que uno de los actos reclamados consiste en la tortura que refiere, sufrió el veintisiete de junio, trece y catorce de agosto de dos mil veintitrés, en su calidad de interno del Centro Federal de Readaptación Social Trece CPS Oaxaca. Señaló que el veintisiete de junio de dos mil veintidós entre las diez y diez horas con treinta minutos, al encontrarse en el patio, solicitó permiso a una oficial para pasar al baño; que al pasar la puerta del patio, la oficial lo aventó con todas sus fuerzas que casi lo tumba al suelo, por lo que piensa que hay instrucciones para que lo provoquen. Que el trece y catorce de agosto de dos mil veintidós sufrió hostigamiento porque al módulo C-7 entraron más de veinte oficiales con lámparas alumbrándolo para que se levantara; lo que le ha originado que en ocasiones se orine en la cama. Que el catorce de agosto de dos mil veintidós, aproximadamente a las once horas, ********************acompañada de tres oficiales más del personal de seguridad, de manera prepotente le gritó: ".puto perro ahí vas estar por mis huevos.", por lo que teme que regresen y acaben con su vida; que ya anteriormente, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, esa misma oficial lo golpeó. Agrega que durante seis meses en el módulo C-5 lo han torturado porque día y noche no se apaga la luz; el módulo está sucio y no sale al comedor a tomar sus alimentos, sino que comía en la estancia donde el baño está a un lado. También señaló como actos reclamados la falta de respuesta a varias "solicitudes de audiencia" formuladas en mayo, junio, julio y agosto de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe, el 1. Director de Seguridad y el 2. Director General y Presidente del Comité Técnico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Trece CPS Oaxaca, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en los actos de tortura. Sin embargo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable debe presentar un informe justificado en el que establezca las razones y fundamentos sobre su postura respecto del acto reclamado, máxime que en el caso al tratarse el acto reclamado de la tortura que refirió el quejoso sufrió el veintisiete de junio, trece y catorce de agosto de dos mil veintitrés, dentro de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Trece CPS Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz; la autoridad responsable está obligada a acreditar su afirmación, por ello se considera que en términos generales es insuficiente que dichas responsables, a quien se imputa dicha violación, nieguen los hechos para tenerlos por no acreditados, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a éstas para demostrar su constitucionalidad. Es aplicable la tesis XXII.P.A.70 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página mil cuarenta y nueve del libro setenta y seis, tomo II, marzo de dos mil veinte, materias común y penal, Décima Época, registro digital: 2021770 que enseguida se cita: "TORTURA PSICOLÓGICA EN PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR SU INEXISTENCIA CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Cuando las autoridades responsables en su informe justificado niegan la existencia del acto reclamado consistente en la tortura psicológica, no corresponde al quejoso interno en un centro penitenciario desvirtuar la negativa, sino que es a aquéllas a quienes incumbe acreditar su inexistencia. Lo anterior es así, porque se asume que la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido argumentar que el quejoso no probó plenamente su denuncia para descartarla. Por lo anterior, es desacertado que el Juez en la sentencia recurrida hubiera sostenido genéricamente que, por el hecho de que las responsables negaron el acto de tortura y el quejoso no desvirtuara esa negativa, procedía sobreseer en el juicio, en tanto que el resolutor debió hacer una distinción entre los actos reclamados a efecto de establecer correctamente las cargas probatorias, pues tratándose de la tortura psicológica alegada, correspondía a las responsables demostrar la inexistencia de ese acto. Máxime que la tortura puede ser utilizada en personas privadas de su libertad en los centros de reclusión como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros, y podría resultar extremadamente complejo para una persona en esas circunstancias evidenciar la existencia de los actos de tortura alegados. En este sentido, en relación con la tortura psicológica reclamada, el juzgador está obligado a revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tenerla por acreditada, lo que implica pronunciarse en cuanto al fondo de la cuestión planteada". Por lo que la existencia o no de la tortura será la materia del fondo del asunto. Ahora, por lo que hace a la falta de contestación de las cuatro "solicitudes de audiencia" formuladas en mayo, junio, julio y agosto de dos mil veintidós, en su informe justificado, las autoridades penitenciarias no hacen referencia alguna, por lo que se presumen ciertos estos actos reclamados, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que expresa: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio del asunto. En este asunto, el acto reclamado consiste en actos de tortura, golpes, y malos tratos que el quejoso afirma le han realizado autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, donde se encuentra actualmente recluido, respecto a los hechos ocurridos el que refiere sufrió el veintisiete de junio, trece y catorce de agosto de dos mil veintitrés, dentro de las instalaciones de dicho centro de internamiento. Ahora, se precisa que el quejoso tiene reconocido a su favor el derecho fundamental de que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos como medios para lograr la reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, mismo que se encuentra protegido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la legislación internacional. Tiene aplicación al respecto, la tesis 1a. CXCII/2009, sostenida por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página cuatrocientos dieciséis, tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de dos mil nueve, Novena Época, materias penal y constitucional, registro digital: 165900, que a continuación se transcribe: "TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación. Sobre este tema, los artículos 1º y 18 constitucionales establecen: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley". Por su parte, el artículo 5º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé en sus artículos 7 y 10, que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. También, cabe citar para lo que el caso precisa, el quinto principio básico para el tratamiento de reclusos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111, de catorce de diciembre de mil novecientos noventa, que establece: "5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas". De conformidad con los numerales en cita, toda persona tiene derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. Esto, puesto que la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona, y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida, en su núcleo más esencial, como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto. Lo que puede observarse también en la jurisprudencia 1a./J. 37/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página seiscientos treinta y tres, libro treinta y tres, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil dieciséis, Décima Época, registro digital: 2012363, de rubro y texto. "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada". Es importante puntualizar que en cuanto al tema de tortura, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que: La tortura, constituye una categoría de especial relevancia en razón de su gravedad, ya que su actualización no sólo implica una vulneración al derecho humano de integridad personal, sino que también es empleada como medio para la obtención de pruebas que permitan someter a una persona a cualquier tipo de procedimiento, aunque en la mayoría de los casos se presenta en aquellos asuntos de naturaleza penal. Atento a lo anterior, las consecuencias y efectos de la tortura impactan en dos vertientes: a) como violación de derechos humanos en el debido proceso y, b) como delito. La presunta víctima de tortura, en múltiples ocasiones sufre afectación de otros derechos humanos, como la libertad o la defensa adecuada, entre otros. Que el núcleo objetivo y fin último de la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes, es la tutela de un derecho fundamental de mayor espectro: la integridad personal (física, psíquica y moral), derivado de la dignidad humana, ya que los derechos fundamentales son reconocidos a todas las personas por el simple hecho de serlo. En tales condiciones, la obligación de la autoridad que conozca del asunto de iniciar una investigación en casos de tortura, se actualiza ante la denuncia o existencia de indicios de ésta, ya sea en el contexto genérico de delito o cometida contra persona sujeta a cualquier tipo de procedimiento penal por atribuírsele que cometió un delito. Así, cuando una autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura, deberá inmediatamente y de oficio dar vista al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente con la finalidad de procesar a las personas responsables derivado de la afectación a la integridad personal de la víctima. En los casos en que se omita la investigación de la tortura por parte de la autoridad a la que se le hizo de su conocimiento, se actualiza una hipótesis de violación a las leyes del procedimiento, prevista en el artículo 173 de la Ley Amparo, dado que la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, tutela el derecho fundamental a la integridad personal, siendo que en este caso se pueden presentar dos hipótesis siguientes: La primera se patentiza cuando se tiene por demostrada la tortura al actualizarse la violación referida, lo cual hace innecesario la reposición del procedimiento penal, pues quedará excluida la presunción de la comisión de dicha violación, dado que ya está comprobada la vulneración al derecho humano de integridad personal por actos de tortura. La segunda hipótesis, se presenta cuando la autoridad judicial omite investigar la denuncia de tortura y sus efectos, pues al no estar demostrada la violación al correspondiente derecho fundamental, la autoridad judicial tendrá la obligación de investigarla, ya que en caso de comprobarse la tortura es evidente que impactará en el derecho humano a un debido proceso al incidir en la licitud de los medios de prueba que sean factibles de sustentar la situación jurídica del inculpado en el proceso penal. En este caso, procederá la reposición del procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, tratándose del sistema procesal tradicional, ello, a fin de que pueda tener lugar la práctica de los exámenes periciales correspondientes que determinen la existencia o no de los actos tortura. Además, en cualquiera de los supuestos antes señalados, en el caso de la denuncia de tortura en su vertiente de delito, ante la omisión del juez de primera instancia o de la autoridad que conozca del asunto, o bien, de percatarse de manera oficiosa de la posible existencia de tortura, se asume inmediatamente la obligación de hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Por otra parte, en aquellos casos en que el inculpado hubiese señalado ser objeto de tortura, pero sin que exista confesión o algún acto de autoincriminación, no resultará necesaria la reposición del procedimiento, ya que el tema sobre la violación a derechos humanos derivada de tortura, carece de trascendencia en el proceso, pues no tendría impacto en el proceso penal. En caso de verificarse la existencia de tortura, ya sea como delito o como violación al derecho humano de debido proceso, se debe excluir todo medio de convicción que se hubiese obtenido directamente o que deriva de ésta, lo cual comprende declaraciones, confesiones y toda clase de información incriminatoria resultado de éstas. Cobra aplicación la tesis P. XXII/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página doscientos treinta y cuatro del libro 22, tomo I, septiembre de dos mi quince, Décima Época, materias constitucional y penal, registro digital: 2009997, que a continuación se cita: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito". Así como la diversa tesis 1a. CCVI/2014 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, localizable en la página quinientos sesenta y dos del libro seis, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo de dos mil catorce, materias constitucional y penal, Décima Época, registro digital: 2006484, que enseguida se cita "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO. Conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma. Cabe agregar que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. Así, se está frente a un caso de tortura cuando: La naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; infligidas intencionalmente; y, con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. De ahí que se estime que la anterior manifestación no puede pasarse por alto para efectos de la posible comisión de delito, pues sus consecuencias pueden impactar en sus dos vertientes como violación a derechos humanos en un procedimiento por el debido proceso, y como delito, por lo que surge la obligación de las autoridades de practicar la investigación ministerial respectiva. En ese tenor, los órganos jurisdiccionales de amparo, en cumplimiento a sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos y garantías de los gobernados, se encuentran obligados a investigar dichas violaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la tortura; en ese sentido, el asunto debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura, por lo que deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura señalada. Resulta aplicable la tesis 1a. CCCXXVI/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página doscientos cincuenta y seis del libro sesenta y uno, tomo I, diciembre de dos mi dieciocho, materia común, Décima Época, registro digital 201853, cuyo contenido es del tenor siguientes: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. En el caso, el quejoso reclama esencialmente, los actos de tortura, golpes y malos tratos que afirma le han realizado al interior del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, donde se encuentra actualmente recluido, respecto a los hechos ocurridos el veintisiete de junio, trece y catorce de agosto de dos mil veintitrés. Sin embargo, de las constancias existentes en el presente juicio de amparo, los informes rendidos por la autoridad responsable, como las pruebas recabadas por este órgano jurisdiccional, se considera no existe base razonable para tener por acreditados los actos de tortura, golpes y malos tratos que el quejoso afirma le han realizado autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA" respecto a los hechos ocurridos el veintisiete de junio, trece y catorce de agosto de dos mil veintitrés; ello, únicamente por cuanto hace al presente juicio de amparo. Cabe recordar que el quejoso hizo depender el reclamo de los actos de tortura, golpes y malos tratos atribuidos al Director y personal de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS OAXACA", del hecho de que el veintisiete de junio de dos mil veintidós entre las diez y diez horas con treinta minutos, al encontrarse en el patio, solicitó permiso a una oficial para pasar al baño; que al pasar la puerta del patio, la oficial lo aventó con todas sus fuerzas que casi lo tumba al suelo; que el trece y catorce de agosto de dos mil veintidós sufrió hostigamiento porque al módulo C-7 entraron más de veinte oficiales con lámparas alumbrándolo para que se levantara; lo que le ha originado que en ocasiones se orine en la cama; que el catorce de agosto de dos mil veintidós, aproximadamente a las once horas, ********************acompañada de tres oficiales más del personal de seguridad, de manera prepotente le gritó: ".puto perro ahí vas estar por mis huevos.", por lo que teme que regresen y acaben con su vida y que durante seis meses en el módulo C-5 lo han torturado porque día y noche no se apaga la luz; el módulo está sucio y no sale al comedor a tomar sus alimentos, sino que comía en la estancia donde el baño está a un lado. Ahora, de las documentales que en copia certificada que anexaron las responsables, a sus informes, las que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129, 130 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°; se observa: Las autoridades responsables negaron la existencia de los actos de tortura reclamado El quejoso ha recibido atención psicológica del veinticinco de diciembre de dos mil veinte al quince de septiembre de dos mil veintidós. El cuatro de octubre de dos mi veintidós se le realizó un examen psicofísico en el cual se le determinó clínicamente sin lesiones. El veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se emitió el dictamen médico psicológico especializados para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, basado en el Protocolo de Estambul, relacionado con el aquí quejoso, a cargo del médico cirujano ********************y del psicólogo ********************, ambos peritos profesionales ejecutivos "B", adscritos a la Dirección General de Especialidades Médico Forenses de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República. Los exámenes psicológico y médico se realizaron, respectivamente, los días siete de octubre y cuatro de septiembre de dos mi veintidós. En cuanto a la valoración psicológica, se determinó que el quejoso no presentó daño orgánico, manifestando atributos de funcionalidad, lo que descarta alguna alteración, disfunción o disminución de sus capacidades relacionadas con una alteración cognitiva que pudiera afectar su coordinación psicomotora o su conducta. Que el quejoso se encuentra viviendo en un contexto diferente al habitual donde no ejerce los roles a los que estaba acostumbrado, aunado a que no realiza las actividades cotidianas que permitirían realizar la evaluación de su funcionamiento sistémico, por lo que la evaluación se realizó de acuerdo al grado de satisfacción con relación al desempeño de roles en las diferentes áreas de vida en el contexto de reclusión que vive; y en razón de ello, se consideró al quejoso sin alteraciones en el área de la salud.; sin evidencia de alteraciones en sus capacidades cognitivas y sin reporte de presencia de alteraciones en el área sexual. Que tampoco reporta presencia de pesadillas o sueños de contenido perturbador relacionados con los eventos de tortura que refirió, por lo que no se tiene evidencia de síntomas de reexperimentación durante el ciclo del sueño; tampoco tiene manifestaciones físicas de trastorno de sueño, como aletargamiento motriz, falta de energía o incoordinación motora; además de presentar un grado óptimo de atención y concentración al realizar con destreza las actividades que se le pidieron. Que se apreciaron indicadores subjetivos de tristeza pero no relacionados con hechos de tortura, sino debido al aislamiento, privación legal de la libertad y distanciamiento de sus seres queridos; que no se detectó disminución o cambios en el autoestima del quejoso, pues respecto al sentido del futuro cuenta con proyectos de vida relacionados con salir en libertad, establecer un negocio de engorda y venta de becerros y puercos, tener una carnicería, ocuparse de sus padres y de sus cinco hijos; es decir, su capacidad de planeación a futuro y adaptabilidad no se encuentran afectadas. Que el quejoso no presentó disociación, despersonalización o comportamientos atípicos ni reportó quejas somáticas derivados de los hechos de tortura; tampoco presentó sintomatología a una disfunción sexual asociada y desencadenada por los hechos que denunció ni deterioro neuropsicológico, trastornos depresivos; que no se apreciaron en el quejoso reacciones psicológicas agudas que son esperables y precedentes la aparición o exacerbación de síntomas del trastorno de estrés postraumático y como resultado de ello, el quejoso no presenta alguna de las clasificaciones de diagnóstico normalmente presentada en personas que han experimentado un evento de tortura. En cuanto a la valoración médica, se determinó que el quejoso presentó lesiones de tipo traumático, que el propio quejoso indicó fueron realizadas el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, como fractura dental sobre el ángulo disto-incisal de la corona del incisivo central superior izquierdo y al cuatro de octubre de dos mil veintidós (fecha en que se realizó la valoración médica), no se localizaron hallazgos clínicos, consecuencias ni secuelas físicas relacionados con los hechos investigados por lo que no se sugirió algún tratamiento o recomendación específica. Como se puede observar, si bien el quejoso presentó lesiones de tipo traumático, como fractura dental sobre el ángulo disto-incisal de la corona del incisivo central superior izquierdo, ellas fueron producto de eventos acontecidos el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que no forman parte de la litis en este sumario. Por tanto, de las pruebas que obran en los presentes autos, los informes justificados rendidos por la autoridad responsable penitenciaria, así como del dictamen médico psicológico especializados para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, basado en el Protocolo de Estambul, en este momento, no se advierte exista base razonable para tener por acreditada la tortura que el quejoso refiere sufrió el veintisiete de junio, trece y catorce de agosto de dos mil veintidós, pues lo único que se tiene es el dicho, no corroborado, del quejoso en ese sentido. Máxime que las responsables penitenciarias como se ve, han proporcionado atención psicológica y médica al quejoso; también, giró el memorándum ********************de trece de septiembre de dos mi veintidós, como se desprende de las constancias referidas con antelación, dirigido a comandantes y encargados de compañías de custodia penitenciaria de ese centro de internamiento, en la que instruyó salvaguardar la vida, integridad y derechos humanos de ********************, ubicado en el dormitorio C, módulo siete y evitar cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo su integridad física y se abstengan de realizar contra el quejoso actos de tortura física y psicológica o cualquiera de los actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional. En consecuencia, lo procedente es negar, en esta parte, el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso. No es óbice a lo anterior, que en su escrito de alegatos, el defensor del quejoso refiera que el dictamen no fue elaborado por peritos que presten sus servicios ante el Consejo de la Judicatura Federal, pues hasta este momento, existe la presunción que los peritos de la Fiscalía General de la República que emitieron el dictamen, lo hicieron con base en los principios de imparcialidad y eficiencia que tiene la institución. Por otra parte, en cuanto a que el dictamen fue realizado con base en hechos acontecidos el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno (que no forman parte de la litis de este asunto), y que los cuestionamientos formulados al quejoso fueron con relación a tales eventos, en el caso, tal circunstancia no afecta para que el dictamen sea considerado en este caso, ya que, como se dijo, las valoraciones psicológica y médica se realizaron el siete de septiembre y el cuatro de octubre de dos mil veintidós, esto es, con posterioridad a los hechos que se analizan en este expediente (veintisiete de junio, trece y catorce de agosto de dos mil veintidós), y, como se expuso en líneas que anteceden, en el dictamen se concluyó que a esa fecha el quejoso no presentó signos psicológicos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y si bien presentó como lesión fractura dental sobre el ángulo disto-incisal de la corona del incisivo central superior izquierdo, esta fue ocasionada con motivo los hechos acontecidos el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, sin que se hubiere encontrado lesión diversa en el quejoso. No obstante lo hasta aquí expuesto, en el caso, respecto a la falta de contestación de las solicitudes de audiencia formuladas en mayo, junio, julio y agosto de dos mil veintidós, se advierte una violación al derecho humano contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 8° Constitucional, el cual prevé el derecho de petición, dispone que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder de forma favorable a los intereses del solicitante. Ahora bien, tal precepto constitucional dispone: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa.". A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De la literalidad del citado dispositivo se colige que contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional que se analiza, los cuales son: a) Dictar el acuerdo correspondiente de manera congruente; y b) Comunicarlo en breve término al interesado. Ahora, de las constancias de autos, se observa que la parte quejosa, mediante formatos de "solicitud de audiencia" fechados en mayo, junio, julio y agosto de dos mil veintidós, solicitó la autoridad penitenciaria diversas peticiones relacionadas con la tortura que dice padece en ese centro, al destino de la correspondencia que envía, a la falta de contestación de sus peticiones y a la solicitud de una entrevista. Sin embargo, hasta el momento en que se resuelve, se encuentra pendiente de acordar dichas peticiones, no obstante que ha transcurrido más de un año, por lo que resulta inconcuso que se vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal. En relatadas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación examinado, lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable al caso la Jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, publicada en la página dos mil ciento sesenta y siete del tomo XXXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil once, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa". Así como la jurisprudencia ciento veintinueve, visible en la página ochenta y ocho del tomo III, materia administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y uno, que enseguida se transcribe: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8°. Constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a la autoridad obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." Efectos de la concesión del amparo. En ese orden, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo y con objeto de restituir a la quejosa en el pleno goce de su derecho humano violentado, los efectos de la concesión son los siguientes: El Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Trece CPS Oaxaca, en el término de tres días siguientes al en que cause ejecutoria esta sentencia, de contestación, en forma completa y congruente, a las "solicitudes de audiencia" formuladas por el quejoso en mayo, junio, julio y agosto de dos mil veintidós. Ahora, tomando en consideración que el aquí quejoso, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", se comisiona al Actuario en turno de este Juzgado, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas se constituya en las instalaciones que ocupa el citado centro de reclusión, en busca del citado recurrente, y previa identificación de éste, notifique esta resolución al peticionario de amparo, entregándole copia autorizada de esta determinación. En la inteligencia que se dará aviso al Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, del traslado del Actuario del Juzgado, al lugar donde se encuentra el aludido centro de reclusión. SEXTO. Publicación de datos personales. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese y regístrese.
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MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; treinta de octubre de dos mil veintitrés.********************Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se observa que conforme a los Avisos de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmados electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Circular 28/2023 emitida en esta última fecha por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmado electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distrito, ambos del Décimo Tercer Circuito, el veinticinco de este mes, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca suspendió labores jurisdiccionales los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, durante los cuales no transcurrieron plazos procesales.****************************************Por lo anterior, no se pudo llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y seis minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración.****************************************Notifíquese y cúmplase.
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MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; tres de octubre de dos mil veintitrés.********************Glósese a los autos, el escrito presentado vía electrónica por el Defensor Público Federal del quejoso, por el cual desahoga la vista ordenada en auto de veintiuno de septiembre del presente año, en atención a su contenido se provee:****************************************Con relación a la solicitud de que se practique el Protocolo de Estambul con peritos proporcionados por el Consejo de la Judicatura Federal atendiendo a la confianza que en ellos tiene el quejoso, no ha lugar a lo solicitado pues respecto a los expertos proporcionados por la Fiscalía General de la República se presume su profesionalismo y buena fe en su actuar al momento de emitir el dictamen correspondiente; asimismo, en cuanto a que el protocolo emitido por dichos peritos, contrario a lo que afirma el defensor del quejoso, no tuvieron relación con los hechos de tortura acontecidos el veintinueve de agosto de dos mil veintidós sino con hechos ocurridos el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno; sin embargo, se estima oportuno analizar el dictamen dado que el estudio médico fue realizado el cuatro de octubre de dos mil veintidós y el estudio psicológico se efectuó el siete de septiembre de dos mil veintidós, es decir, con posterioridad a los fechas que el quejoso afirma sufrió actos de tortura por parte de las autoridades responsables en este expediente.****************************************Finalmente, en cuanto a la solicitud del defensor público en el sentido de que en la fecha fijada para la audiencia constitucional en el presente asunto, se cuente con la asistencia presencial del agraviado y se proyecten las videograbaciones contenidas en los discos que menciona, no ha lugar a tal petición, ya que en autos no obran agregados los discos que menciona; únicamente obra el disco versátil digital aportado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca que contiene dos archivos con extensión .pdf relacionados con la carpeta de investigación ********************, en la que se investigan hechos acontecidos el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.****************************************Lo anterior, debido a que no es necesaria la presencia personal del quejoso y se ordenó dar vista a las partes en el presente juicio, con las pruebas que se encuentran agregadas al expediente.****************************************Notifíquese y cúmplase.
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MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés se tuvo a la Titular de la Delegación en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, designando como defensor público federal al licenciado Omar Luis, para que asista al directo quejoso N.... Ahora, a efecto de que el citado defensor público cuente con el tiempo para imponerse de autos en el presente juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese y cúmplase.
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