Nicolás Guzmán Lara
Expediente 125/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Nicolás Guzmán Lara
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al quejoso en proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló en dicho auto, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, mediante el cual, en cumplimiento al acuerdo de presidencia de trece de febrero del año en curso, en el que dicho tribunal declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho; remite: el original de la demanda de amparo con sus anexos y seis copias de la misma, original y cinco copias del escrito de presentación de la demanda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable con un legajo de copias certificadas del juicio C-242/2017 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, y la constancia de emplazamiento de la tercera interesada, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 125/2018-II; acúsese el recibo de estilo correspondiente. b) comuníquese a la Superioridad que el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. c) Previo a proveer respecto de la admisión de la demanda promovida por **********, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En el caso concreto, primeramente debe decirse que el promovente del amparo **********, únicamente estampo su huella en la demanda, lo que de conformidad con el artículo 114, constituye una irregularidad, pues lo normal en este tipo de promociones es que contengan la firma del agraviado, o en su caso, la rúbrica de quien firme a su ruego; motivo suficiente para ordenar su aclaración, con el objeto de tener certeza de que aquélla pertenezca al citado promovente. Cobra aplicación al caso, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 480, Tomo IX, Abril de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto rezan: "DEMANDA DE AMPARO, LAS HUELLAS DIGITALES QUE LA CALZAN, CONSTITUYE UNA IRREGULARIDAD QUE SI PUEDE DAR LUGAR A LA ACLARACION DE LA. Aunque la Ley de Amparo faculta a los jueces de Distrito para mandar aclarar las demandas de garantías cuando les falte alguno o algunos de los requisitos señalados en el artículo 116 de la Ley de Amparo, es inexacto que el hecho de que en tales libelos aparezcan las huellas del quejoso en lugar de la firma, no puede quedar encuadrada la situación en el citado artículo 116, dado que éste faculta no sólo para subsanar tales omisiones, sino también en cualquier caso en que "hubiere alguna irregularidad", y si lo normal es que las aludidas promociones contengan la firma del agraviado, se estima que sí constituye una irregularidad de la demanda, y por tanto susceptible de pedir su aclaración, la circunstancia de que el juzgador tenga duda de que las huellas que en aquélla aparecen impresas pertenezcan realmente al promovente." Sin que obste a lo anterior la jurisprudencia 1/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 79/2011, entre las sustentadas por el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, actual Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." Toda vez que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que la problemática en dicha contradicción de tesis consistió en determinar: ".si cuando en la demanda se imprime la huella digital del quejoso y alguien firma a su ruego, debe admitirse ésta, o bien, es necesario requerirle para que, acorde a lo señalado en el artículo 146 de la Ley de Amparo, ratifique si es su voluntad instaurar el juicio de garantías"; lo que en el caso no ocurre, en virtud que en la especie únicamente obra la huella del quejoso, es decir, no firmó nadie a su ruego; por ello, se afirma que no se está en el mismo supuesto jurídico. Cabe señalar que los criterios antes citados, resultan de observancia obligatoria para el suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, pues no obstante que se emitieron a la luz de las disposiciones establecidas en la Ley de Amparo abrogada, no se oponen a lo previsto en la ley actual, de acuerdo con lo establecido en el diverso sexto transitorio de dicho cuerpo de leyes. Asimismo, el suscrito estima que la demanda también es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 114, en relación con lo estipulado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.". Del precepto transcrito se desprende la insoslayable obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En la especie, el impetrante del amparo se duele del emplazamiento realizado en el juicio ordinario civil C-242/2017, de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, y como consecuencia de ello todo lo actuado en el citado controvertido, incluyendo la sentencia. En ese sentido, debe decirse que el quejoso únicamente señaló como autoridad responsable al Juez Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato; sin embargo, al reclamar el emplazamiento a dicho controvertido, es incuestionable que debió haber señalado también como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, dado que es a dicho funcionario a quien le correspondió llevar a cabo su emplazamiento; por tanto, al no haber sido señalado como responsable por el quejoso, la presente demanda se torna irregular. Conclusivamente, ante la omisión incurrida por el quejoso, lo procedente conforme a los mencionados artículos 108, fracción III, en relación con el 114, todos de la Ley de Amparo, es prevenirlo para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con copias suficientes de su libelo aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Comparezca debidamente identificado a este juzgado federal, para que en diligencia formal manifieste si la huella que calza el escrito que se provee fue estampada por él. Señale como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 50/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada en sesión de cuatro de junio de dos mil catorce, que reza de la siguiente manera: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase al quejoso manifestando su deseo de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del órgano jurisdiccional que conocerá del asunto, lo que, al no ser técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal. Asimismo, téngasele al quejoso autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********** al contar con su cédula profesional número **************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a las demás personas que menciona por no encontrarse en el citado supuesto. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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