Nicolás Cárdenas Escobedo
Expediente 68/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Nicolás Cárdenas Escobedo
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil número 28/2016 de su índice, interpuesto por **********, contra el auto de nueve de febrero de dos mil dieciséis, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja." En ese sentido, acúsese recibo al tribunal de alzada y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto de si está de acuerdo o no en que de hacerse público el contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, se le tiene aceptando que se publiquen esos datos.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ******; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de nueve de febrero de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito determinó el nueve de febrero del año en curso, desechar la demanda de amparo promovida por el citado quejoso, por resultar notoriamente improcedente. IV. Sin que haya lugar a suspender el procedimiento de conformidad con el artículo 102 de la Ley de la materia, toda vez que en el presente asunto no ha iniciado, dado el desechamiento que se combate.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso Nicolás Cárdenas Escobedo; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de veintinueve de enero de dos mil dieciséis; en ese sentido, se acuerda: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo dicha guisa, se tiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: El auto de cuatro de enero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente F-1355/2015, por el Juez Especializado en Materia Familiar de esta localidad, en el que decretó: ".no ha lugar a acordar favorable la petición que realiza en el escrito de mérito, ya que el Código de Procedimientos Civiles para el estado no establece que la admisión del recurso de apelación provoque la suspensión del pago de pensión alimenticia establecida en la sentencia impugnada.". En ese contexto, el suscrito estima que respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en tanto que si se trata de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución, entendiéndose como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso podrán reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. Atento a lo establecido en el último de los dispositivos transcritos, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la antecedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, cuenta habida que el fin de la norma se traduce en evitar la dilación en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional. Es por ello, que en el presente asunto resulta improcedente el juicio de amparo en contra del acto reclamado, toda vez que en la determinación impugnada la autoridad responsable en términos generales negó al quejoso la suspensión de los descuentos de su salario con motivo de la condena emitida en la sentencia de primera instancia relativa al pago de alimentos, lo que conlleva implícitamente una determinación que implica la ejecución de dicha resolución. De ahí que el presente juicio de amparo resulte improcedente puesto que admitirse se impediría dar cumplimiento a la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil quince dictada por el Juez Especializado en materia Familiar de Partido de esta localidad, en el expediente F-1355/2015; por tanto, es inconcuso, que la resolución reclamada en el presente controvertido no constituye la última determinación a que se ha hecho referencia, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior se afirma, habida cuenta que con dicho acto la responsable busca dar cumplimiento a la sentencia; es decir, obtener únicamente el cumplimiento material del fallo, y no debe perderse de vista que: I. El quejoso es parte demandada en el juicio natural arriba mencionado, al que compareció y en el que fue condenado. II. El acto reclamado obedece a la existencia de un fallo; el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. Admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto reclamado se encuentre relacionado con la condena de una prestación periódica o de tracto sucesivo como lo son los alimentos, puesto que a pesar de su naturaleza jurídica es factible que la autoridad responsable emita la última resolución que dé por terminado el procedimiento de ejecución de sentencia a efecto de dotar de certeza jurídica su debida conclusión. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improceder contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo tercero de la ley de la materia, esta última aplicada a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 68/2016-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis de la demanda de amparo puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 114, en relación con lo estipulado en la fracción V del artículo 108 de la Ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, si bien es cierto que el solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, también lo es que omitió precisar: - La fecha en que tuvo conocimiento del acto que reclama y que atribuye a la responsable. Lo anterior en razón de que, la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, constituye una irregularidad, ya que es un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción V, en relación con el 114, fracción II, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Lo anterior, en la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Además que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mayré López García y Pablo Aldrete Ramírez, en virtud de que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente.
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