Nicolás Silva Vargas

Expediente 1030/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1030/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
06/12/2016

Partes del expediente

  • Nicolás Silva Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a **********, en proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, para que cumplieran con la prevención ahí efectuada, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a **********, en proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, para que cumplieran con la prevención ahí efectuada, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Penal de Partido, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1030/2016-III.A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye:"Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; yV. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada.En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura."Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis de la demanda de amparo puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse.En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 114, en relación con el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia que dispone:"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:""(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios."Del precepto transcrito se desprende la insoslayable obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva.Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la Ley de la Materia, señala que es autoridad responsable:"(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)"Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló como autoridades responsables, las siguientes:Juez Primero Penal.Juez Segundo Penal.Juez Tercero Penal.Juez Cuarto Penal.Juez Quinto Penal.Juez Menor Penal.Primera Sala de Oralidad Penal.Segunda Sala de Oralidad Penal.Tercera Sala de Oralidad Penal.Cuarta Sala de Oralidad Penal.Agencia I de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio.Agencia II de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio.Agencia III de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio.Agencia IV de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio.Agencia I Investigadora de Tramitación Común.Agencia II Investigadora de Tramitación Común.Agencia III Investigadora de Tramitación Común.Agencia IV Investigadora de Tramitación Común.Agencia V Investigadora de Tramitación Común.Agencia VI Investigadora de Tramitación Común.Agencia VII Investigadora de Tramitación Común.Agencia Investigadora Especializada en Robo de Vehículos.Agencia I Especializada en Homicidios.Agencia II Especializada en Homicidios.Agencia III Especializada en Homicidios.Agencia IV Especializada en Homicidios.Agencia V Especializada en Homicidios.Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado Región "C".Jefe de Grupo de la Policía Ministerial.Todos con residencia en Celaya, GuanajuatoJuez Único Penal.Sala Única Penal de Oralidad.Agencias Investigadoras del Ministerio Público Penal.Todas con residencia en Cortazar, Guanajuato.Agencia I del Ministerio Público Penal Investigadora.Agencia II del Ministerio Público Penal Investigadora.Ambas con residencia en Villagrán, Guanajuato. Agencia I de Tramitación Común.Agencia II del Tramitación Común.Ambas con residencia en Apaseo El Grande, Guanajuato.Agencia I.Agencia II.Ambas con residencia en Apaseo El Alto, Guanajuato.Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, en el que se incorpora el sistema procesal penal acusatorio en el Estado de Guanajuato, así como en los diversos juicio de amparo que se han radicado en este órgano jurisdiccional, que constituyen un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, las autoridades señaladas en los puntos 7, 8, 9, 10 y 31, no existen, toda vez que tanto en esta localidad como en Cortazar, Guanajuato, quienes actúan son los Jueces de Oralidad en Materia Penal. Asimismo, respecto de las autoridades de "las Agencias Investigadoras del Ministerio Público Penal, con residencia en Cortazar, Guanajuato" y "Agencia I y Agencia II de Apaseo el Alto, Guanajuato", ese señalamiento también torna irregular la demanda, dado que no es factible, como lo hizo el impetrante, hacer una designación genérica ya que no especifica de cuántas agencias y de que fuero se trata, lo cual se insiste, es un requisito fundamental para analizar el acto violatorio propuesto en la demanda debido a que la autoridad responsable es parte en la controversia y debe tener la oportunidad de pronunciarse en relación al acto que se le atribuye, además de que dicha denominación también imposibilita a este juzgado hacer su llamamiento a juicio, ante la vaguedad de la designación.Por ello, es imprescindible que la parte quejosa, ante actos concretos y específicos como la orden de aprehensión que aduce se dictó en su contra, determine con claridad a las autoridades que estima la emitieron y las que pretendan ejecutarla, a fin de estar en condiciones de llamarlos a juicio.Además, admitir la demanda de amparo de la manera en que se propone, implicaría permitir que se trastoque el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, ya que habría que esperar hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente por el término de tres días para que manifieste lo que a su interés convenga, y que en caso de no cumplir, se tenga por no señalada a la autoridad.Se invoca por aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 1556 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de dos mil cuatro, Novena Época, que dice:"AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVENCIÓN AL QUEJOSO CUANDO SU DENOMINACIÓN ES INCORRECTA. El artículo 116 de la Ley de Amparo señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, entre otros, el que se prevé en la fracción III, esto es, la designación de la autoridad o autoridades responsables, por lo que es claro que desde el escrito inicial se deben precisar los nombres de éstas, a fin de que se esté en condiciones de emplazarlas y solicitarles su informe respectivo, y si no se hace, al advertir el Juez que alguna de ellas fue mal señalada, debe prevenir al promovente de amparo en términos del artículo 146 del propio ordenamiento jurídico, a efecto de que la señale correctamente, pues de estimar que hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente de garantías por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir se tenga por no señalada a la autoridad, es claro que se estaría contraviniendo el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita."Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción III, en relación con el 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con cuarenta y un copias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes:Designe correctamente a las autoridades que señala como responsables y que quedaron precisadas en los números 7, 8, 9, 10 y 31, tomando en consideración que tanto en esta localidad como en Cortazar, Guanajuato, quienes actúan son los Jueces de Oralidad en Materia Penal, así como de las citadas en los números 32, 37 y 38, respecto de las que no especifica de cuántas agencias y de que fuero se trata, a fin de estar en posibilidad de realizar su correcto llamamiento a juicio.Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 50/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 210, Libro IX, agosto de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que reza de la siguiente manera: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes."El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..."Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sergio Benjamín Moreno Gutiérrez y a Juan Carlos Jasso Mancera, el primero al carecer de cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y el segundo por así haberlo solicitado.En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo.Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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