Nestor Limon Castro
Expediente 300/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nestor Limon Castro
Actuaciones
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario adscrito para notificar al quejoso NÉSTOR LIMÓN CASTRO el proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, toda vez que al constituirse en la calle Antonio de León, colonia Candiani, Oaxaca y después de haber recorrido en diversas ocasiones la misma, no localizó el número novecientos cuatro. En tal virtud, atento a que la parte quejosa no especificó con precisión el domicilio para recibir notificaciones y acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a NÉSTOR LIMÓN CASTRO por lista de acuerdos el proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca de Juárez o zonas conurbadas. CÚMPLASE. INSERCIÓN: ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por NESTOR LIMON CASTRO, contra actos del Superintendente General de la Zona Sur de la Comisión Federal de Electricidad; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 300/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado del Superintendente General de la Zona Sur de la Comisión Federal de Electricidad; la orden verbal para realizar el corte de suministro eléctrico de su domicilio. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al efecto, de los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que provengan de entidades no consideradas como autoridades por carecer de facultades para incidir en la esfera jurídica de los gobernados. En esa tesitura, el Superintendente General de la Zona Sur de la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que carece de facultades decisorias y ejecutoras, en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, así como de todas las notas distintivas señaladas ya que el acto que se pretende reclamar es inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica a través del contrato correspondiente, el cual vincula a las partes en un plano de coordinación. Resulta ilustrativa para esclarecer las características del ente autoritario, la jurisprudencia 2a./J.30/2018 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página quinientos treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, abril de dos mil dieciocho, materias común y civil, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluidos el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. En efecto, el Superintendente General de la Zona Sur de la Comisión Federal de Electricidad, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues no se ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de quien solicita el amparo, pues los requisitos que solicita a fin de otorgar la prestación del servicio de energía eléctrica, no los exige investida de imperio o en un plan de supra a subordinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia obligatoria 2a./J. 30/2018 (10a.) pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 198/2017, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, registro digital 2016656, Materias Común, Administrativa, Civil, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532, con el rubro y contenido: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo.". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, febrero de dos mil diecinueve, Tomo I, materias común, Administrativa, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica, autorizando únicamente para recibirlas e imponerse de autos a Eduardo Vargas Torres, dado que no se encuentra inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de los plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 25/2020, del citado órgano colegiado, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que se ha declarado sin materia el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la interlocutoria emitida en este incidente de suspensión; de lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
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