Nestor Marquez Muñoz
Expediente 558/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/06/2019
Partes del expediente
- Nestor Marquez Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
i) Toluca, Estado de México; veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente cuaderno principal es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión de oficio y de plano al quejoso del acto reclamado (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, a las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 558/2019-I. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito de demanda recibido el seis de mayo de dos mil diecinueve por el Secretario autorizado para recibir promociones y demandas urgentes fuera del horario normal de labores, promovido por Néstor Márquez Muñoz, por derecho propio, contra actos del Director de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y otras autoridades, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por el acto reclamado consistente en el traslado del quejoso del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México a diverso centro penitenciario, dormitorio o celda al que se encuentra recluido. SEGUNDO. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. El quejoso señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por radicada la demanda de amparo, se concedió al quejoso la suspensión de plano y de oficio, y este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, se dio intervención al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se requirió informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual concluye con el acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclama un auto relacionado con la materia penal y su ejecución se llevará a cabo en el ámbito territorial en el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el traslado del quejoso del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México a diverso centro penitenciario, dormitorio o celda al que se encuentra recluido. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables: Secretario General del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, en ausencia y suplencia de la Directora de dicho centro penitenciario. Jefe de Vigilancia del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Director Técnico Legal en ausencia y suplencia del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México. Al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado, sin que el quejoso haya aportado prueba idónea para desvirtuar tales negativas dentro de la secuela del procedimiento, o en la propia audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues oportunamente se le dio vista con el contenido de los referidos informes a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para acreditar lo contrario, pese a lo que cual no lo realizó. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis asilada VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a las autoridades en cita corresponde al solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Atento a lo anterior, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, fracción III, 78, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Néstor Márquez Muñoz, contra el acto, las autoridades y por los motivos descritos en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; quince de mayo de dos mil diecinueve. Para conocimiento de las partes y a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surtan los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, por el cual el Director Técnico Legal en ausencia y suplencia del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, rinde su respectivo informe justificado; en esas condiciones, hágase relación de dicho informe en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por el Director Técnico Legal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano concedida al quejoso Néstor Márquez Muñoz, mediante proveído de tres de mayo pasado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 125 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de referencia, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. Notifíquese.
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