Nestor Elias Gutierrez

Expediente 1387/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1387/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Nestor Elias Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de abril de dos mil veintidós. De conformidad con el Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación al periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual remite la ejecutoria pronunciada por el órgano de su adscripción el treinta y uno de marzo del año en curso, en el Recurso de Queja 23/2022; cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Con las precisiones anotadas, se declara infundado el recurso de queja." En mérito de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, y se ordena acusar el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. ...

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de enero de dos mil veintidós. COLEGIADO ADMITE RECURSO. De conformidad con el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia; se provee: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en el presente asunto, y lo registró con el número 23/2022; asimismo, solicita se realice la vinculación de las actuaciones que integran el presente juicio con el citado medio de impugnación. Atento a lo anterior, se toma conocimiento de lo expuesto para los efectos legales conducentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal oficiante. Por otro lado, se comisiona al Oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que realice las gestiones necesarias relativas a la vinculación de las actuaciones que integran el presente sumario con el referido recurso de queja, lo anterior, a fin de que se encuentre en aptitud de consultarlo; en el entendido que dicha permisión sólo estará habilitada hasta en tanto sea resuelto el citado recurso. ...

  3. Principal

    . agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado del quejoso ********************a través del cual interpone recurso de queja contra el auto dictado el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, por improcedente. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100 y 101 Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del ordinal 101 de la legislación invocada. A fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. .. Notifíquese.

  4. Principal

    IV) (AVISO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; treinta de diciembre de dos mil veintiuno. (...)Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Néstor Elías Gutiérrez, por derecho propio, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1387/2021-IV. Exhortación juicio en línea. Ahora bien, en términos artículo 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, exhórtese a la partes para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberán proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se les proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberán manifestar si es su deseo ser notificadas vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional; ello con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación, así como de los justiciables. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. (...) En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie los actos reclamados en el presente asunto consisten, esencialmente, en lo siguiente: ? La resolución de diez de diciembre del año en curso, dictada en el Toca de Apelación 656/2021, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por la cual confirmó el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez de Control en la carpeta administrativa 51/2020, en el que desechó la prueba testimonial ofrecida por el quejoso (imputado en dicho procedimiento). Precisado lo anterior, se estima de manera oficiosa actualizada la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en consonancia con el numeral 217 de la ley de la materia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, es necesario traer a colación los artículos aplicables al presente asunto, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [...] Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, establece que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República, así como de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis LXXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 373, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de EMMANUEL RAMIREZ GOMORA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cc.3d 28/09/22 14:18:43 5 la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para este Juzgado de Distrito; al respecto, se estima pertinente señalar lo que nuestro Máximo Tribunal de Justicia se ha pronunciado en relación con el acto que por esta vía se pretende impugnar en la jurisprudencia número 23/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación-, sin embargo, consultable en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, la cual se invoca como un hecho notorio2, que a la letra indica: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. HECHOS: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. JUSTIFICACIÓN: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para 1 https://ppstesis.scjn.gob.mx/ContradiccionPS/PSContradiccionT/ 2 Resulta aplicable la tesis XX.2o. J/24, con registro digital es 168124, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad - por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente. De dicho criterio se desprende que la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 6/2021, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dilucidó si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Así, el criterio que estableció en relación al tópico en cuestión, fue que por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba, por lo que al ser una regla general, no es absoluta, esto es, para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Arribó a esa conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Por lo cual, estimó que verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto expuso que debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye, es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba), herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, consideró que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, arribó a la conclusión que el amparo, por regla general, es improcedente en tratándose de exclusión de pruebas, por ende, estableció que una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, hará improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". De lo anterior, se puede colegir que el auto por el cual se determina la exclusión de medios de prueba, por regla general, es improcedente a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Para una mejor intelección de lo que se expone, debe partirse de la premisa de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción V interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el 107 de ley de la materia establece que el juicio de amparo procede: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, resulta pertinente precisar que los actos dictados dentro de juicio que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la citada Ley de Amparo. En la especie, la resolución que se reclama, no tiene una ejecución de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, los actos intraprocesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la propiedad, la libertad, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quienes las sufren obtengan una sentencia definitiva favorable a sus intereses. En cambio, las violaciones a los derechos intraprocesales, no tienen el carácter de actos de ejecución irreparable, ya que no lesionan por sí los derechos sustantivos del gobernado, puesto que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones puedan trascender al resultado del fallo y ocasionar que éste resulte adverso a los intereses del agraviado. En los términos expresados, se concluye que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos en los que se conculcan los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la Constitución; cuestión que en el caso concreto no sucede, porque el acto reclamado por sí mismo, no transgrede tales derechos. Por otra parte, son violaciones procesales cuando con los actos se conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que estos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio o en la ejecución en el trámite de ésta, con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. Dentro de este último supuesto, se encuentra el acto reclamado, ya que únicamente tiene efectos intraprocesales ya que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión de los medios de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa. En ese sentido, la resolución de diez de diciembre del año en curso, dictada en el Toca de Apelación 656/2021, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por la cual confirmó el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez de Control en la carpeta administrativa 51/2020, en el que desechó la prueba testimonial ofrecida por el quejoso (imputado en dicho procedimiento), dentro de la etapa intermedia, no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, entendiéndose por éstos los que se encuentran tutelados en la Constitución, con consecuencias de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo. En efecto, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera (...) En esas condiciones, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en consonancia con el numeral 217, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Néstor Elías Gutiérrez, por derecho propio, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que sea desfavorable a la pretensión de la parte promovente, dado que ya se explicaron los motivos del por qué no procede el juicio de amparo. (...) Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. (...) Domicilio Procesal. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gustavo Fernando Rojas Florencio, por tener registrada su patente para ejercer la profesión de Abogado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las personas restantes para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto registren su cédula profesional en el sistema adoptado. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el artículo 21 párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Coincidencia del expediente físico con el electrónico. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, sin que pueda archivarse definitivamente el presente expediente sin cumplir con esta formalidad. (...) Notifíquese y personalmente al quejoso.

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