Nicandro Barrera Medrano

Expediente 1058/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1058/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
02/09/2016

Partes del expediente

  • Nicandro Barrera Medrano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; dos de septiembre de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se desprende que el quejoso Nicandro Barrera Medrano, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de once de agosto de dos mil dieciséis, a través de la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque mediante sentencia de once de agosto del año en curso, se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que en el expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carece de relevancia documental, y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida MArtínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VI) V I S T O S, para resolver en los autos del juicio de amparo indirecto 1058/2016-VI; y, R E S U L T A N D O. Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado ante la Secretaria encargada de recibir demandas urgentes y promociones de término fuera de las labores del juzgado de Distrito, el nueve de julio de dos mil dieciséis, Abel Martínez González en nombre de Nicandro Barrera Medrano, solicitó el Amparo y la Protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que a continuación se mencionan: "AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORAS. - DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NUMERO UNO "ALTIPLANO", ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. - COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD. EJECUTORAS. - CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NUMERO UNO "ALTIPLANO", ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. - SUBDIRECTOR JURÍDICO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NUMERO UNO "ALTIPLANO", ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. - SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NUMERO UNO "ALTIPLANO", ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. ACTO RECLAMADO: LA INCOMUNICACIÓN DE LA QUE ADUCE ES OBJETO EL QUEJOSO NICANDRO BARRERA MEDRANO, EN EL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO "ALTIPLANO", ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, EN DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO." Segundo. Radicación de la demanda. Mediante proveído de nueve de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por Abel Martínez González en nombre de Nicandro Barrera Medrano; se decretó a favor del directo quejoso la suspensión de oficio del acto reclamado, y se requirió la ratificación de la demanda. Tercero. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por determinación de doce de julio del año en curso, previa ratificación de la demanda, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a las responsables, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Inexistencia de autoridades responsables. El trece de julio de dos mil dieciséis, se dejaron de tener con el carácter de responsables al Subdirector Jurídico y Subdirector de Seguridad y Custodia, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, por los motivos ahí expuestos; por ende, la presente sentencia únicamente se ocupará del acto atribuido a las restantes autoridades señaladas como responsables, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y forma parte de la presente determinación. C O N S I D E R A N D O. Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48, con relación en el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto que se reclama tiene ejecución dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar que el acto reclamado es la incomunicación de la que aduce es objeto el quejoso Nicandro Barrera Medrano, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde se encuentra recluido. Tercero. Inexistencia del acto reclamado y causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, con registro 212775, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A4 mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Director General y Presidente del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, y el Director de Amparos y Derechos Humanos en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, y éste a su vez en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación; al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que el quejoso haya ofrecido prueba fehaciente tendente para desvirtuar dichas negativas. Por ende, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 1002, visible a fojas 1621 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan dicha negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, publicada en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a las autoridades en cita corresponde al solicitante del amparo, lo que en el caso no aconteció, porque con la copia de la declaración preparatoria de uno de julio de dos mil dieciséis, ofrecida como prueba, lo único que pudiere acreditar es que en el proceso 119/2010-V, designó como defensor particular a Abel Martínez González, quien inicialmente promovió la demanda de amparo en su nombre, pero de modo alguno, acredita la existencia del acto controvertido. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Nicandro Barrera Medrano, por el acto precisado en el considerando segundo, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    VI. En términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido, en el plazo de ocho días referido en dicho artículo, agréguese el informe justificado rendido por el Director de Amparos y Derechos Humanos en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, y éste a su vez en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación; sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 28 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el informe que se acuerda. Asimismo, acorde con lo previsto en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados en el presente asunto a las personas referidas en el informe que se provee.

  4. Principal

    VI. De conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese sin mayor proveer, el oficio de cuenta por el que el Director de Amparos y Derechos Humanos en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, y éste a su vez, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, rinde informe de cumplimiento a la suspensión de oficio decretada en este expediente, ello en razón de que el veinte de julio de dos mil dieciséis, se acordó similar promoción. Sin embargo, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 28 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el oficio que se acuerda. Asimismo, acorde con lo previsto en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados en el presente asunto a las personas referidas en el oficio que se provee.

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