Nery Cristina Ríos Valdivia

Expediente 200/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
200/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Nery Cristina Ríos Valdivia
  • Director del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos"

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos las razones de cuenta, suscritas por la Actuaria adscrita a este Juzgado, en las cuales, hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar el auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés a las quejosas Eulalia García Rodríguez y Nery Cristina Ríos Valdivia, en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS FEMENIL MORELOS". Al respecto, y toda vez que, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que, el once de octubre de la presente anualidad, fue notificada de manera personal, la defensora pública de las quejosas, se les tiene a Eulalia García Rodríguez y Nery Cristina Ríos Valdivia por debidamente notificadas del auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2025391 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 104/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049 Tipo: Jurisprudencia NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMCL

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, sin embargo, tomando en consideración que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano concediendo dicha medida cautelar, con fundamento en el artículo 17 fracción III, inciso b), del Acuerdo General referido, aplicado por analogía, el presente asunto es susceptible de ser conservable. Devolución de documentos Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 200/2022, promovido por ********************, en favor de ********************, contra actos del Directora del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós, ********************, presentó una demanda de amparo ante la secretaria de guardia del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, en favor de ********************, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Director del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Morelos" con residencia en Coatlán del Río, Morelos ".TORTURA FÍSICA Y PSICOLÓGICA, NEGATIVA A PROPORCIONARLE ASISTENCIA MÉDICA, POSIBLE PÉRDIDA DE LA VIDA, que están sufriendo mis representadas NERY CRISTINA RIOS VALDIVIA y EULALIA GARCÍA RODRÍGUEZ, a las que tienen sometidas las autoridades mencionadas y el DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS MORELOS, en el que esta interna cumpliendo prisión preventiva, lo que atenta gravemente contra sus derechos humanos, ya que sin causa ni motivo alguno las están poniendo en riesgo de que pierdan la vida ya que están contagiadas de covid 19 y no les han dado el seguimiento médico debido y necesario para su recuperación y solo las aislaron sin proporcionales tratamiento, lo que además les produce tortura física y psicológica por el estrés que le genera estar enfermas sin ser atendidas pensando en que pueden morir, pues en múltiples ocasiones ha pedido a las autoridades penitenciarias que les proporcionen asistencia médica y tratamiento y no se las proporcionan, a pesar de las gestiones que ha realizado ante el director, personal de trabajo social, de los custodios, administrativo y jurídico del Centro Federal de Readaptación Social, que nos ocupa" [Sic]. Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Morelos" con residencia en Coatlán del Río, Morelos Coordinador General de Centros Federales de Readaptación Social SEGUNDO. En la misma fecha, el Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, radicó el asunto con el número 174/2022-VI, se declaró incompetente para conocer de ese juicio, por razón de territorio, y proveyó lo relativo a la suspensión de plano respecto de los actos señalados como reclamados. TERCERO. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Morelos, el oficio número 1203, que contiene inserto el auto de quince de febrero de dos mil veintidós. Por razón de turno, correspondió conocer de ese expediente a este juzgado de distrito, bajo el número 200/2022. En ese sentido, el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama de la Directora General y del Comité Técnico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos; y del Coordinador General de Centros Federales de Readaptación Social: la negativa de proporcionarles atención médica para tratar los síntomas del virus SARS-Cov-2 (Covid 19), debido a que se encuentran internas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos, lo que a su decir les produce tortura física y psicológica. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Coordinador General de Centros Federales, al rendir su informe justificado, negó los actos reclamados. Por su parte, la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", negó los actos reclamados. Ahora bien, de la lectura al informe justificado, en relación con las documentales que adjuntó a dicho informe, a las cuales se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se advierte, respeto de la quejosa ******************** lo siguiente: Refirió que se proporcionó la atención médica a la quejosa el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, y que durante el interrogatorio clínico expuso las siguientes dolencias: ".refiere que posterior a una actividad física presenta pérdida de fuerza en extremidades inferiores en 2015, solicita renovación de incapacidad secundaria debido a que presenta dolor a nivel de la región lumbar con sensación de calambre a nivel de extremidad inferior derecha, así como parestesias región lumbar que se irradia hacia región glútea, local es recúrrete de varios años" [Sic]. En atención a sus síntomas, se le diagnosticó lumbalgia crónica, por lo que se le indicó un tratamiento farmacológico consistente en complejo B tabletas, una cada veinticuatro horas por sesenta días, y tramadol 150 mg, "tomar 20 para 30 días y renovar 30 días mas" [Sic]. Lo anterior se acredita con base en la copia certificada de la nota médica de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, firmada por "DR. GOMEZ Ced. Prof. 12070598 MEDICO DE GUARDIA"; así como del comprobante de recepción de medicamentos, del cual se desprende que la parte quejosa recibió los fármacos prescritos. Sostuvo que dicha quejosa contaba con una incapacidad por seis meses, que abarcaba del veintiuno de julio de dos mil veintiuno al veintiuno de enero de dos mil veintidós. Afirmó que a la fecha suscripción de su informe justificado -dieciocho de marzo de dos mil veintidós-, la referida quejosa no presenta ningún tipo de síntoma relacionado con el virus SARS-Cov-2 (Covid 19). Acreditó que dicha quejosa cuenta con la dosis única del biológico CANSINO, el cual le fue suministrado el veintidós de julio de dos mil veintiuno, según la copia certificada del comprobante de vacunación de esa fecha. Por su parte, en relación con la quejosa ********************, la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", informó que: El uno de febrero de dos mil veintidós, fue valorada por el médico general adscrito a ese centro penitenciario y durante el interrogatorio clínico expuso las siguientes dolencias: ".refiere persistir desde hace cuatro días con cefalea que es persistente y al día siguiente se agrega odinofagia, irritación faríngea, hace 2 días agrega cansancio, mialgias y ayer agrega ronorrea hialina, tos seca, sensación de hipertermia pero no se ha checado temperatura, también refiere que por toser se ha incrementado su molestia de dolor de riñón" [Sic]. En atención a sus síntomas, se le diagnosticó una "probable infección de vías respiratorias altas no complicada mas faringoamigdalitis, infección de tracto urinario por laboratorios, pos operada de plastia ureteropielica derecha, derivado de estenosis ureteropielica derecha e hidronefrosis con daño glomerrulal severo derecho" [sic], por lo que se le indicó un tratamiento farmacológico consistente en: Clorfenamina compuesta o loratadina compuesta tabletas: "tomar 2 cada 8 horas vía oral por 4 días" [Sic]. Ambroxol jarabe o bromexina jarabe: "tomar 5 ml cada 8 horas vía oral por 7 días, canalizar con solución fisiológica para suministro de medicamentos" [Sic]. Ciprofloxacino 200 mg/100 ml: "administrar cada 12 horas intra venosa por 7 días y/o 250 mg 2 cada 12 horas por 7 días" [Sic]. Metamizol 1 gm solución inyectable: "aplicar 1 ampolleta intra venosa cada 12 horas 3 dosis únicamente y/ vía oral 500 mg 1 cada 8 horas" [Sic]. Pinaverio 100 mg: "1 cada 12 horas vía oral por 10 días" [Sic]. Lo anterior se acredita con base en la copia certificada de la nota médica de uno de febrero de dos mil veintidós, firmada por "MEDICO DE GUARDIA DRA. GARCIA CP 7945624"; así como del comprobante de recepción de medicamentos, del cual se desprende que la parte quejosa recibió los fármacos prescritos. Por lo anterior, la quejosa recibió cuidados generales por enfermería, con toma de signos vitales, y manifiesta que el tratamiento se le suministró en tiempo y forma. El dos de febrero de dos mil veintidós, se le realizó la prueba rápida para determinar el antígeno del virus SARS-Cov-2 (Covid 19), que arrojó un resultado positivo, por lo que proporcionó el tratamiento farmacológico correspondiente. Posteriormente, el ocho de marzo de dos mil veintidós, la quejosa acudió nuevamente a consulta médica dentro del centro de reclusión en el que se encuentra, y durante el interrogatorio clínico expuso las siguientes dolencias: ".solicita medicamento para colitis, por término del mismo, refiere comió harinas y persiste con distensión abdominal, dolor tipo cólico a pesar de inyectable aplicado por la noche de ayer, refiere no ha salido a seguimiento de especialidad" [Sic]. El diagnóstico clínico fue: "gastrocolitis y nefropatía en seguimiento (hidronefrosis con daño glomerrulal)" [sic]. El tratamiento farmacológico recomendado para atender su padecimiento fue: Metoclopramida 10 mg: "tomar 1 cada 8 horas antes de los alimentos por 10 días" [Sic]. Metamizol-butilhiocina tabletas: "tomar 2 cada 12 horas por razón necesaria, 36 hasta terminar" [Sic]. Omeprazol 20 mg cápsulas: "tomar 1 cada 24 horas por 14 días" [Sic]. Senosidos AB: "2 tabletas cada 24 horas por razón necesaria 20 hasta terminar" [Sic]. Complejo B: "tomar 1 cada 24 horas vía oral por 30 días" [Sic]. Hidroclorotiazida 25 mg: "tomar 1 cada 24 horas vía oral hasta nueva orden" [Sic]. Por lo anterior, la quejosa recibió cuidados generales por enfermería, con toma de signos vitales, y manifiesta que el tratamiento se le suministró en tiempo y forma. Acreditó que dicha quejosa cuenta con la dosis única del biológico CANSINO, el cual le fue suministrado el veintidós de julio de dos mil veintiuno, según la copia certificada del comprobante de vacunación de esa fecha. Informó que la quejosa se encuentra en un régimen dietético consistente en hiposódica moderada, la cual se proporciona desde el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, y de forma permantente; sin lácteos desde el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, hasta el nueve de junio de dos mil veintidós; y nefrópata, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, de manera permanente. En virtud del informe justificado de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado dio vista a las partes con su contenido, ordenó correrle traslado a las quejosas con el mismo y con las documentales que se adjuntaron, a fin de que tuvieran conocimiento de su contenido; así como notificarles personalmente dicho proveído. Así, el siete de octubre de dos mil veintidós, el actuario adscrito a este juzgado notificó a las quejosas el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós; diligencia de notificación en la cual la quejosa ******************** no realizó manifestación alguna. Por su parte, ******************** solicitó la asistencia de su defensor. En ese sentido, mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado envió un oficio a la Delegación Morelos del Instituto Federal de Defensoría Pública, a fin de que brindara la asesoría jurídica necesaria a ambas quejosas. Así, por auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por protestado el cargo de Karen Marín Cruz, como defensora pública federal de las justiciables del amparo. Sin embargo, mediante oficios ingresados en la oficialía de partes de este juzgado el veintiocho y veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos" informó que ******************** egresó del centro penitenciario a su cargo, con motivo de la sentencia dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós en la causa penal 3/2015 del registro del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, en la que se ordenó su inmediata libertad. Se hace la precisión de que ninguna de las quejosas, ni el promovente, ni la defensora pública federal designada para velar por los intereses de las internas, realizaron manifestaciones en torno a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. No se pierde de vista que las quejosas, sí realizaron manifestaciones en relación con el informe del cumplimiento de la suspensión de plano, rendido por la Directora de Administración, en suplencia por ausencia de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número Dieciséis "CPS Femenil Morelos". En efecto, en la diligencia de notificación de siete y veintiuno de abril de dos mil veintidós, la quejosa ******************** manifestó: Diligencia de siete de abril de dos mil veintidós "Su señoría desde febrero 2022 no he recibido yo consulta médica General y el 11/01/22 A mi el especialista No me consulto para Nada, y cuando estuve en el Hospital que me contagie de covi19 y solo recivi 3 inyeciones después no me avisto Doctora solo recivi la alta de Aquí sin medicamente y Nada de lo que Se Supuene [ilegible] que dar calzado comodo, plantillas, Tobilleras, Rodillera, muñequera, y unas media de compreción para la circulación y Agua de Garrafon tampoco Asta el día de Hoy que estamos Día 7-Abril-2022 y en marzo No pude hablar Con el Abogado y por su atención Gracias A y mis riñones me duelen y nisiquiera spicologia" [sic]. Diligencia de veintiuno de abril de dos mil veintidós "No Estoy de Acuerdo de los informes y Que Se Valla a revición por favor porque cuando me sacaron el 15 de marzo del 2022 y me dan de Alta sin que me viera el Docto y tampoco encapasidad laboral, medicamento y No me dan Agua, la dieta bien y los estudios de patología y el especialidad, y nada calzado comodo, plantillas, tobillera, Rodillera, medias de Comprención, muñequera garafon de Agua Potable, por. Gracias" [Sic]. Sin embargo, de las constancias que remitió la responsable junto con su informe justificado, sí se desprende que la quejosa recibió los medicamentos prescritos para atender sus padecimientos, a través de los servicios de enfermería del centro de reclusión en el que se encontraba interna. Asimismo, se acreditó que el centro penitenciario solicitó el apoyo del Director General de Servicios de Salud del estado de Morelos para que para que proporcionara a la referida quejosa la revaloración en urología. Con la precisión que no se advierte que hubiere sido prescrita la incapacidad laboral que refiere, así como estudios de patología, calzado, plantillas y muñequera. Por su parte, ******************** en las notificaciones de siete y veintiuno de abril de dos mil veintidós, refirió: Diligencia de siete de abril de dos mil veintidós "SOLICITO VIDEO LLAMADA CON MI FAMILIA E HIJOS YA QUE YO NO CUENTO CON VISITA FAMILIAR Y TAMBIEN LA LLAMADA INTERCARCELARIA CON MI ESPOSO JACOBO ZUÑIGA OVALLE AL CENTRO DE MICHOACAN LA CUAL NO HE RECIBIDO Y DE ÁREA MEDICA SOLICITO RENOVACIÓN PARA MI CAMA BAJA, PLANTA BAJA PERMANENTE. POR MI PROBLEMA DE SALUD. GRACIAS. Diligencia de veintiuno de abril de dos mil veintidós "NO ME HAN DADO VIDEO LLAMADA CON MI FAMILIA (HIJOS MENORES DE EDAD) Y ES LO QUE SOLICITO, AL IGUAL LA RENOVACIÓN DE LA INCAPACIDAD DE MI CAMA BAJA PLANTA BAJA YA QUE SE VENCE EL MES DE MAYO Y LA SOLICITO PERMANENTEMENTE POR MI PROBLEMA DE SALUD. Y EL DÍA QUE ME ATENDIÓ ÁREA MÉDICA NO LA QUIZO RENOVAR. ASI MSIO SOLICITO ATENCIÓN DE GINECOLOGÍA YA QUE HACE 2 AÑOS QUE NO ME ATIENDE" Respecto de tales manifestaciones, si bien la quejosa no recibió la videollamada con su familia, lo cierto es que sí ha realizado llamadas telefónicas con sus familiares. Ahora, en relación con la incapacidad para el otorgamiento de "cama baja" y "planta baja", se advierte que únicamente le fue indicada por el lapso de seis meses que comprendió del veintiuno de julio de dos mil veintiuno, al veintiuno de enero de dos mil veintidós, sin que se hubiere indicado una prórroga o continuación. Por lo que hace a la videollamada con su familia, a la llamada con su marido y a la atención ginecológica a las que hace referencia, si bien el centro de internamiento no acreditó su otorgamiento, lo cierto es que pueden ser solicitadas conforme al procedimiento de peticiones administrativas establecidas en los artículos 110 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Asimismo, sirve de apoyo, la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, que es del tenor siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad". Por lo antes expuesto, debe tenerse por inexistentes los actos reclamados en este juicio, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; causal que, bajo las consideraciones antes expuestas, acontece en el presente caso. Por lo anterior, ante la inexistencia de los actos reclamados en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, en favor de ********************. Refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, número IV.3o.72 K, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en favor de ********************, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista y personalmente a las quejosas, a su defensora pública y al agente del ministerio público de la federación adscrito. Así lo resolvió y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, con la asistencia de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy cuatro de abril de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el correo electrónico al que se adjunta un archivo digital, y el presentado ante la Oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional, de los que se advierte en ambos el oficio 25073/2022, relativos a documentales enviadas por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social No.16 "CPS Femenil Morelos", donde informa que Eulalia García Rodríguez, ya se encuentra gozando de su libertad, por los motivos que ahí expone. Dese vista a las partes con el oficio y documentales de referencia, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que exhibe la autoridad de referencia, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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