Nestor Alejandro Ortíz Tenango
Expediente 1021/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Nestor Alejandro Ortíz Tenango
- Director General de Seguridad En Carreteras E Instalaciones de la Guardia Nacional
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Cabe precisar que aun cuando no obran la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables de la sentencia definitiva, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), que a continuación se cita para pronta referencia: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de la sentencia definitiva a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, la suspensión definitiva, se determinó negarla. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1021/2022, promovido por Néstor Alejandro Ortiz Tenango, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales A.Z.O.M. y R.G.O.C., contra actos del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintidós, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Néstor Alejandro Ortiz Tenango, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales A.Z.O.M. y R.G.O.C., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional "1 . - Lo constituye el oficio número: GN/UOEC/DGSCI/9856/2022 de fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós, suscrito por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional. Que tiene como antecedente el oficio número: GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022, de fecha 22 de julio de 2022. 2.- El oficio GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022, de fecha 22 de julio de 2022, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesto que el mismo no lo tengo en mí poder, por lo que desconozco quien lo suscriba. 3.- La omisión de sustanciar y notificar el procedimiento administrativo previsto en la Ley de la Guardia Nacional por el cual se determinó la sanción administrativa consistente en Cambio de Unidad y/o Dependencia a que se refiere el artículo 63 de la Ley de la Guardia Nacional". Comisario General G.N. Comandante de la Guardia nacional, Luis Rodríguez Bucio Titular de la Estación Cuautla, dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Morelos Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales SEGUNDO. El diez de agosto de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1021/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar de manera clara y precisa los actos reclamados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. Del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional; del Comisario General G.N. Comandante de la Guardia nacional, Luis Rodríguez Bucio; del Titular de la Estación Cuautla, dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Morelos; y del Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales: El oficio número: GN/UOEC/DGSCI/9856/2022 de fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós. El oficio GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022, de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós. La omisión de sustanciar y notificar el procedimiento administrativo previsto en la Ley de la Guardia Nacional por el cual se determinó la sanción administrativa consistente en cambio de unidad y/o dependencia a que se refiere el artículo 63 de la Ley de la Guardia Nacional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de los informes justificados, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañan a los mismos; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este juzgador advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio.". El artículo transcrito dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando el quejoso se desista de la demanda. De las constancias que obran en autos se advierte que por escrito ingresado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el once de octubre de dos mil veintidós, la parte quejosa se desistió de la demanda de amparo presentada; desistimiento que fue ratificado mediante comparecencia de once de octubre del año en curso. Así, debe sobreseerse en el presente juicio, en razón de que la propia parte quejosa externó su voluntad para desistirse de la demanda de amparo promovida, en presencia de un fedatario judicial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice lo siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada". Por lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Néstor Alejandro Ortiz Tenango, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales A.Z.O.M. y R.G.O.C., respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
VISTOS para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1021/2022; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Néstor Alejandro Ortiz Tenango, por propio derecho y en representación de sus menores hijos con iniciales A.Z.O.M y R.G.O.C., reclama del Director General de Seguridad en Carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional y otras autoridades, el oficio número GN/UOEC/DGSCI/9856/2022, de veinticinco de julio de dos mil veintidós, emitido por el Comisario de la Guardia Nacional, por el cual se le comunica una nueva asignación de funciones por cambio de adscripción, ante lo cual se le instruye presentarse a partir del uno de agosto de dos mil veintidós en Periférico Oriente ochocientos quince, colonia Chinampac de Juárez, Demarcación Territorial Iztapalapa, código postal 09208, en la Ciudad de México. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de diez de agosto de dos mil veintidós, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes previos y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : UNICO. Las autoridades responsables Coordinador de Sección de Seguridad a Vías de Comunicación "Morelos", Comandante de la Guardia Nacional, Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional y Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales, al rendir sus informes previos aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Con apoyo en los numerales 128 y 129 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva, pues dada la naturaleza del acto reclamado no es susceptible de ser suspendido. A fin de evidenciar la afirmación anterior, se estima pertinente transcribir los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Cabe precisar que tratándose de la suspensión definitiva, el acto reclamado se presume existente con base en las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formulen los promoventes del amparo; en cambio, para decidir sobre la suspensión definitiva, la existencia del acto ya no sólo debe tomar en cuenta las manifestaciones de la demanda, sino el contenido del informe previo para establecer si existe litis respecto de la existencia del acto y, en su caso, las cargas probatorias resultantes y el análisis de las mismas. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. En cambio, cuando se trate de la suspensión definitiva, para la comprobación del interés jurídico o legítimo, así como su afectación, se exigirá un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables, conforme a los cuales corresponderá al quejoso, en su caso, desvirtuar o no su contenido, mediante elementos probatorios que la ley permite ofrecer en la sustanciación del incidente de suspensión. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Asentado lo anterior, se advierte que no se cumple el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues, de concederse la medida cautelar, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Para mayor certeza, este Juzgado considera pertinente hacer notar los artículos 1, 4, 5, 26, fracción VIII, 33, fracciones I, II, III, y IV, y 57 de la Ley de la Guardia Nacional, y 19, fracción XLI, de su reglamento, pues en ellos se dispone que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, cuyo objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que correspondan a las entidades federativas o municipios Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de aplicación en todo el territorio nacional, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. Artículo 4. La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría. Artículo 5. El objeto de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios. Artículo 6. Son fines de la Guardia Nacional: I. Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades; II. Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; III. Salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, y IV. Llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios. Artículo 26. La Carrera de Guardia Nacional se regulará conforme a lo siguiente: . VII. El Reglamento establecerá el régimen de estímulos para el personal de la Guardia Nacional; Artículo 33. El personal activo de la Guardia Nacional podrá encontrarse en las siguientes situaciones: En funciones; II. Con licencia; III. Hospitalizados, y IV. Sujetos o vinculados a proceso. Artículo 57. El personal de la Guardia Nacional deberá sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, a la obediencia a la superioridad, así como al Código de Ética de la Guardia Nacional. Artículo 19. La representación, trámite y resolución de los asuntos que competen a la Institución corresponde originalmente al Comandante, quien sin perjuicio de su ejercicio directo podrá delegar, mediante acuerdos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, sus facultades en servidores públicos subalternos, salvo aquéllas que las disposiciones aplicables señalen como indelegables. El Comandante tendrá, además de las atribuciones previstas en el artículo 15 de la Ley, las siguientes: (.) XLI. Autorizar los cambios de adscripción de los integrantes, de acuerdo a las necesidades del servicio, salvo el caso de la Unidad de Asuntos Internos. En ese sentido, de los preceptos antes transcritos, se desprende que el personal de la Guardia Nacional podrá ser cambiado de adscripción por necesidades del servicio, y las disposiciones que regulan a la institución son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional. Por lo cual, no procede otorgar la suspensión definitiva en contra del oficio en que se notifica a la parte quejosa su cambio de adscripción, ya que cualquier acto tendente a suspender su actividad en el lugar en el que se requiera su ayuda, involucra un obstáculo a la garantía de tutela y seguridad que brinda la Guardia Nacional, que será resentido por la sociedad, al no poder gozar del derecho a que se le administren las funciones de salvaguarda de esa institución. Pues, de concederse la medida cautelar se incumpliría lo previsto por el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que las funciones de seguridad pública y de salvaguarda de la vida e integridad de las personas y de su patrimonio, que llevan a cabo los servidores públicos que pertenecen a la Guardia Nacional, son de interés público, pues la destinataria del servicio es la sociedad y, por ende, está interesada en que tales actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2ª/J. 6/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, febrero de 2007, página 670, que establece: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGAR, POR REGLA GENERAL, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. Al tener el Agente del Ministerio Público de la Federación funciones que son de interés público conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tienden a promover la pronta y debida procuración e impartición de justicia, en particular en materia penal, e interviene en los juicios en que la Federación es parte, por ello la sociedad está interesada en que dichas funciones las realice de la mejor manera, y toda vez que su cambio de adscripción se hará conforme a las necesidades del servicio, en términos del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, se concluye que contra el cambio de adscripción previsto en el artículo 30, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, resulta improcedente, por regla general, conceder la suspensión provisional, por no satisfacerse el requisito establecido por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el perjuicio del interés social y la contravención a disposiciones de orden público quedan acreditados, pues las funciones que realiza tienen como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a quien le importa que tales actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, sin que en el caso se vea afectada la organización de la representación social federal para su debido funcionamiento, ni que el mencionado cambio de adscripción constituya un acto de imposible reparación, atento a que de concederse el amparo, al quejoso se le restituirá en el goce de la garantía violada a través de su reincorporación en el lugar en que se encontraba adscrito." Aunado que el cambio de adscripción no es un acto irreparable, ni ocasiona a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, porque, de obtener una nueva orden de adscripción, se le restituiría en el goce de la garantía individual que aduce violada. En ese orden de ideas, aun cuando no se desconoce que el cambio de adscripción puede implicar perjuicios al promovente, lo cierto es que esa circunstancia no es suficiente para que se conceda la suspensión, soslayando la vulneración que se ocasionaría al interés social. Sin que pase desapercibido para este Órgano Jurisdiccional que el cambio de adscripción que reclama, no significa una contravención al interés superior y derechos de sus menores hijos; toda vez que, dicha circunstancia no impide ni limita que haya convivencias entre el aquí quejoso con sus menores hijos. Máxime que en la actualidad existen diversos medios de comunicación disponibles, para poder llevar acabo las convivencia a distancia, como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas, u otros similares, con la regularidad suficiente, a fin de mantener comunicación continua entre los infantes y su progenitor, y así seguir con el pleno desarrollo personal y emocional de dichos menores. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Néstor Alejandro Ortiz Tenango, por propio derecho y en representación de sus menores hijos con iniciales A.Z.O.M y R.G.O.C, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suarez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual informa en acuerdo dictado por el titular de ese órgano jurisdiccional en los autos del juicio de amparo 1264/2022, por el que solicita se le permita acceso al expediente electrónico derivado de este juicio. Al respecto, instrúyase al personal a cargo del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional para que permita el acceso al expediente electrónico al juzgado oficiante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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