Nelsón Torres Peña

Expediente 1248/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1248/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
26/10/2020

Partes del expediente

  • Nelsón Torres Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo deveintiséis de octubre de dos mil veinte Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de siete de septiembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación, procede conceder el amparo solicitado por el quejoso Nelson Torres Peña, para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro de la queja administrativa 118/2017 y, hecho lo anterior, emita otra en la que, siguiendo los lineamientos trazados en al fallo protector, resuelva lo que en derecho corresponda. Dicha concesión se hace extensiva al acto de ejecución reclamado del Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución declarada ilegal.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través de oficio con terminación 0226/2020 (foja 114), remitió copia certificada de la resolución de doce de febrero de dos mil veinte (116 a la 138), de la que se advierte que dejó insubsistente la sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve y pronunció una nueva determinación en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, mediante diverso oficio, con terminación 0278/2020, remitió copia autorizada del oficio RH/LCCT/0364/2020, 573/2020 y JURIDICO/0090/2020, signados por el delegado de la responsable Jefatura de Recursos Humanos y Encargada de Control de Asistencias y Archivo Personal, de la Dirección General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, por los cuales acredita los actos de ejecución llevados a cabo en atención a la nueva determinación emitida por la autoridad ordenadora responsable. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, el doce de febrero de dos mil veinte, emitió una nueva determinación de la que se advierte dejó sin efectos la diversa sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente administrativo 118/2017, donde se resuelve además la declaración de inexistencia de responsabilidad administrativa, así como, las consecuencias que de ella derivaron, girando los oficios correspondientes a las autoridades ejecutoras, autoridades quienes también atendieron la orden de la Junta Administrativa, procediendo a dejar sin efectos las sanciones realizadas. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro de la queja administrativa 118/2017 y, hecho lo anterior, emitiera otra en la que, siguiendo los lineamientos trazados en al fallo protector, resolviera lo que en derecho corresponda. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, el doce de febrero de dos mil veinte, emitió una nueva determinación de la que se advierte dejó sin efectos la diversa sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente administrativo 118/2017, donde además determina la declaración de inexistencia de responsabilidad administrativa del quejoso, así como, las consecuencias que de ella derivaron, girando los oficios correspondientes a las autoridades ejecutoras, autoridades quienes también atendieron la orden de la Junta Administrativa, procediendo a dejar sin efectos las sanciones realizadas en cumplimiento a la resolución reclamada, tal como se desprende las constancias que adjuntaros las autoridades para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado del incidente de suspensión carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional se determinó concederla. Notifíquese personalmente

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil veinte Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de siete de septiembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación, procede conceder el amparo solicitado por el quejoso Nelson Torres Peña, para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro de la queja administrativa 118/2017 y, hecho lo anterior, emita otra en la que, siguiendo los lineamientos trazados en al fallo protector, resuelva lo que en derecho corresponda. Dicha concesión se hace extensiva al acto de ejecución reclamado del Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución declarada ilegal.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través de oficio con terminación 0226/2020 (foja 114), remitió copia certificada de la resolución de doce de febrero de dos mil veinte (116 a la 138), de la que se advierte que dejó insubsistente la sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve y pronunció una nueva determinación en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, mediante diverso oficio, con terminación 0278/2020, remitió copia autorizada del oficio RH/LCCT/0364/2020, 573/2020 y JURIDICO/0090/2020, signados por el delegado de la responsable Jefatura de Recursos Humanos y Encargada de Control de Asistencias y Archivo Personal, de la Dirección General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, por los cuales acredita los actos de ejecución llevados a cabo en atención a la nueva determinación emitida por la autoridad ordenadora responsable. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, el doce de febrero de dos mil veinte, emitió una nueva determinación de la que se advierte dejó sin efectos la diversa sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente administrativo 118/2017, donde se resuelve además la declaración de inexistencia de responsabilidad administrativa, así como, las consecuencias que de ella derivaron, girando los oficios correspondientes a las autoridades ejecutoras, autoridades quienes también atendieron la orden de la Junta Administrativa, procediendo a dejar sin efectos las sanciones realizadas. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro de la queja administrativa 118/2017 y, hecho lo anterior, emitiera otra en la que, siguiendo los lineamientos trazados en al fallo protector, resolviera lo que en derecho corresponda. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, el doce de febrero de dos mil veinte, emitió una nueva determinación de la que se advierte dejó sin efectos la diversa sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente administrativo 118/2017, donde además determina la declaración de inexistencia de responsabilidad administrativa del quejoso, así como, las consecuencias que de ella derivaron, girando los oficios correspondientes a las autoridades ejecutoras, autoridades quienes también atendieron la orden de la Junta Administrativa, procediendo a dejar sin efectos las sanciones realizadas en cumplimiento a la resolución reclamada, tal como se desprende las constancias que adjuntaros las autoridades para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado del incidente de suspensión carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como el contenido del oficio número SECNO/TRAN/117/2019, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual comunica que en sesión celebrada el primero de octubre de dos mil doce, dicha Comisión determinó que el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán, apoyará en el dictado de sentencias a este Órgano Jurisdiccional; por lo que, atendiendo a la implementación del "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares", el presente juicio de amparo deberá remitirse al Juzgado Auxiliar de referencia, a efecto de que dicte la sentencia correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó Jacobo Jaimes Brito, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del artículo 161, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de octubre de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/5252/2019 de esa fecha), ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha está transcurriendo el plazo otorgado mediante auto de once de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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