Nazario Cortes Suarez
Expediente 176/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Nazario Cortes Suarez
- NAZARIO CORTES SUAREZ y Otros.
- Segunda Sala En Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Intégrese a sus autos, el oficio 843 signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a través en atención a lo contenido en diverso 224-2 de esta estadística, acusa de recibo las copias certificadas del proceso 159/2016 de su índice, consistentes en los anexos I y II formados dentro de este sumario constitucional, mismas que le fueron devueltas en auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, de lo que este Juez Constitucional toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que los promoventes Nazario Cortés Suárez y Verónica Cortés Morales interpusieran recurso de queja, en contra del auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las copias certificadas del toca de apelación 81/2019, del índice de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y las diversas copias certificadas del proceso penal 129/2016, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, devuélvanse los anexos I y II. Sin que sea necesario requerir el acuse de recibo correspondiente, a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, respecto de las copias certificadas del toca de apelación 81/2019, toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Y, respecto de las copias certificadas del proceso penal 129/2016, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; requiérase al juez penal de referencia para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LOS QUEJOSOS, POR OFICIO A LA SEGUNDA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y AL JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de marzo de dos mil veintiuno. SE TIENE POR RECIBIDA DEMANDA DE AMPRO. Agréguese a los presentes autos el oficio III-734/2021, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual, de conformidad a lo solicitado el pasado uno de marzo, remite la demanda de amparo promovida por los quejosos Nazario Cortés Suárez y Verónica Cortés Morales, por propio derecho, que dio origen al amparo directo 38/2020 de su índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. DESECHAMIENTO. En la especie, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos Nazario Cortés Suárez y Verónica Cortés Morales, reclaman a los Magistrados que Integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la resolución dictada el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el toca de apelación 81/2019 de su índice; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la siguiente jurisprudencia, la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir el acto reclamado en la resolución dictada el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el toca de apelación 81/2019 de su índice; por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo que debe computarse acorde al primer supuesto previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, a partir de que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste a la parte quejosa. En ese sentido, se tiene que la determinación reclamada, se notificó a la parte quejosa mediante instructivo el dieciocho de febrero de dos mil veinte, por lo que esa notificación surtió efectos el mismo día, conforme a lo establecido en el artículo 101 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla. Lo anterior, se advierte de la certificación realizada el tres de agosto de dos mil veinte, por el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la cual obra después de la demanda de amparo recibida en párrafos precedentes; y, de la constancia de notificación a los aquí quejosos, mediante instructivo que se dejó en poder de Silvia Aguilar Vélez, de la resolución dictada el veintinueve de enero de dos mil veinte (acto reclamado), que obra en las copias certificadas del toca de apelación 81/2019 de su índice; con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º; por tanto, tiene eficacia para demostrar que el acto reclamado se le notificó en la fecha indicada. Sustenta lo anterior, en lo conducente, los siguientes criterios: "AUTORIDAD RESPONSABLE, CERTIFICACION DE LA, ARTICULO 163 DE LA LEY DE AMPARO. Aun cuando las autoridades responsables deban hacer la certificación a que alude el artículo 163 de la Ley de Amparo, indicando la fecha en que fue notificado el acto que se impugna en amparo directo, aquélla en que se presentó la demanda de garantías y los días inhábiles que mediaron entre una y otra, y que tal certificación tiene plena validez, si se encuentra apegada a las constancias de autos, el Tribunal Colegiado no puede dejar de tomar en consideración las actuaciones judiciales cuando reportan datos distintos del que se certifica, toda vez que siendo la autoridad responsable un conducto para hacer llegar al Tribunal Colegiado correspondiente las demandas de amparo, éste tiene la facultad para cerciorarse de los datos que en ella se consignan y por consiguiente, si la certificación no reúne los requisitos esenciales de seguridad porque no es acorde con las constancias judiciales, y se plantea la duda sobre si la demanda de amparo fue presentada en tiempo y, debe admitirse, a pesar de que de la certificación se desprenda su presentación extemporánea." "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN DESESTIMAR LA CERTIFICACIÓN LEVANTADA CON APOYO EN EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE DETERMINA LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN, CUANDO LAS CONSTANCIAS DE AUTOS DEMUESTRAN QUE ÉSTA FUE EXTEMPORÁNEA. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 21, 73, último párrafo, y 163 de la Ley de Amparo deriva la facultad que tienen los Tribunales Colegiados de Circuito para determinar la oportunidad o extemporaneidad de la presentación de la demanda, ya que puede ocurrir que la información asentada en la certificación se oponga a las constancias de autos y a la ley que rige el acto reclamado, en cuanto a que se consignen erróneamente la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada, la presentación del escrito, o bien, los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. En estos supuestos, los órganos colegiados de amparo tienen la facultad para desestimar los datos contenidos en la certificación, con vista de las constancias de autos respectivas, puesto que se trata de datos que se relacionan con una cuestión que atañe a la oportunidad del juicio de amparo, por cuanto a que, la presentación extemporánea de la demanda se considera como una causal de improcedencia, lo cual debe examinarse de oficio." Por tanto, si la notificación de la determinación reclamada se realizó a los quejosos el dieciocho de febrero de dos mil veinte, surtió efectos el mismo día, conforme a la ley del acto, el plazo para la promoción del juicio de amparo transcurrió del diecinueve de febrero al diez de marzo de dos mil veinte, sin contar los días veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, así como uno, siete y ocho de marzo de dos mil veinte, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la demanda de amparo que se analiza se presentó el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (autoridad responsable), es claro que su promoción no fue oportuna respecto del acto reclamado en estudio, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Quinto Transitorio del mismo ordenamiento; de ahí que su presentación extemporánea, trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. Se invoca en apoyo, a contrario sentido, la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE GARANTIAS PRESENTADA DIRECTAMENTE COMO AMPARO DIRECTO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. SI SE DECLARA INCOMPETENTE EL TRIBUNAL COLEGIADO Y REMITE LA DEMANDA AL JUZGADO DE DISTRITO PARA TRAMITARSE COMO AMPARO INDIRECTO, POR RECIBIRLA FUERA DE TERMINO NO PUEDE DECLARARSE EXTEMPORANEA SI FUE PRESENTADA EN TIEMPO LA. Si quien intenta la acción constitucional, la hizo valer como amparo directo presentando la demanda de garantías directamente ante la autoridad responsable, para que a su vez ésta la remitiera al Tribunal Colegiado correspondiente quien se declaró incompetente y ordenando que la demanda se tramitara como amparo indirecto, no puede tenerse como extemporánea, por el sólo hecho de haberse recibido en la oficialía de partes del juzgado del conocimiento fuera del término que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo y la forma en que se interpuso fue la correcta." En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de garantías que aquí se analiza fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV de la ley citada; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otra parte, esta autoridad no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así las garantías para su protección, de manera tal, que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. De la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que debe ser efectivo; es decir, ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide la parte promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia sea oportuno. Por tanto, aun cuando la parte quejosa tiene el derecho a un recurso efectivo, ello no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el que refiere en su escrito de demanda para efecto de recibir notificaciones. AUTORIZADOS. Ténganse como autorizadas de los quejosos en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señalan para tal efecto en su demanda de amparo, por no haber proporcionado dato alguno que acredite que son abogados o licenciados en derecho. ANEXOS. En razón al cuantioso número de fojas de las copias certificadas del toca de apelación 81/2019, del índice de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y de las copias certificadas del proceso penal 129/2016, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; y que se dificulta su manejo y consulta al integrarlo al expediente en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmense los ANEXOS I y II, respetando el folio original. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito...
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DOCE DE MARZO DE 2021, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, doce de marzo de dos mil veintiuno. SE TIENE POR RECIBIDA DEMANDA DE AMPRO. Agréguese a los presentes autos el oficio III-734/2021, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual, de conformidad a lo solicitado el pasado uno de marzo, remite la demanda de amparo promovida por los quejosos Nazario Cortés Suárez y Verónica Cortés Morales, por propio derecho, que dio origen al amparo directo 38/2020 de su índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. DESECHAMIENTO. En la especie, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos Nazario Cortés Suárez y Verónica Cortés Morales, reclaman a los Magistrados que Integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la resolución dictada el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el toca de apelación 81/2019 de su índice; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la siguiente jurisprudencia, la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir el acto reclamado en la resolución dictada el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el toca de apelación 81/2019 de su índice; por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo que debe computarse acorde al primer supuesto previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, a partir de que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste a la parte quejosa. En ese sentido, se tiene que la determinación reclamada, se notificó a la parte quejosa mediante instructivo el dieciocho de febrero de dos mil veinte, por lo que esa notificación surtió efectos el mismo día, conforme a lo establecido en el artículo 101 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla. Lo anterior, se advierte de la certificación realizada el tres de agosto de dos mil veinte, por el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la cual obra después de la demanda de amparo recibida en párrafos precedentes; y, de la constancia de notificación a los aquí quejosos, mediante instructivo que se dejó en poder de Silvia Aguilar Vélez, de la resolución dictada el veintinueve de enero de dos mil veinte (acto reclamado), que obra en las copias certificadas del toca de apelación 81/2019 de su índice; con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º; por tanto, tiene eficacia para demostrar que el acto reclamado se le notificó en la fecha indicada. Sustenta lo anterior, en lo conducente, los siguientes criterios: "AUTORIDAD RESPONSABLE, CERTIFICACION DE LA, ARTICULO 163 DE LA LEY DE AMPARO. Aun cuando las autoridades responsables deban hacer la certificación a que alude el artículo 163 de la Ley de Amparo, indicando la fecha en que fue notificado el acto que se impugna en amparo directo, aquélla en que se presentó la demanda de garantías y los días inhábiles que mediaron entre una y otra, y que tal certificación tiene plena validez, si se encuentra apegada a las constancias de autos, el Tribunal Colegiado no puede dejar de tomar en consideración las actuaciones judiciales cuando reportan datos distintos del que se certifica, toda vez que siendo la autoridad responsable un conducto para hacer llegar al Tribunal Colegiado correspondiente las demandas de amparo, éste tiene la facultad para cerciorarse de los datos que en ella se consignan y por consiguiente, si la certificación no reúne los requisitos esenciales de seguridad porque no es acorde con las constancias judiciales, y se plantea la duda sobre si la demanda de amparo fue presentada en tiempo y, debe admitirse, a pesar de que de la certificación se desprenda su presentación extemporánea." "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN DESESTIMAR LA CERTIFICACIÓN LEVANTADA CON APOYO EN EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE DETERMINA LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN, CUANDO LAS CONSTANCIAS DE AUTOS DEMUESTRAN QUE ÉSTA FUE EXTEMPORÁNEA. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 21, 73, último párrafo, y 163 de la Ley de Amparo deriva la facultad que tienen los Tribunales Colegiados de Circuito para determinar la oportunidad o extemporaneidad de la presentación de la demanda, ya que puede ocurrir que la información asentada en la certificación se oponga a las constancias de autos y a la ley que rige el acto reclamado, en cuanto a que se consignen erróneamente la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada, la presentación del escrito, o bien, los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. En estos supuestos, los órganos colegiados de amparo tienen la facultad para desestimar los datos contenidos en la certificación, con vista de las constancias de autos respectivas, puesto que se trata de datos que se relacionan con una cuestión que atañe a la oportunidad del juicio de amparo, por cuanto a que, la presentación extemporánea de la demanda se considera como una causal de improcedencia, lo cual debe examinarse de oficio." Por tanto, si la notificación de la determinación reclamada se realizó a los quejosos el dieciocho de febrero de dos mil veinte, surtió efectos el mismo día, conforme a la ley del acto, el plazo para la promoción del juicio de amparo transcurrió del diecinueve de febrero al diez de marzo de dos mil veinte, sin contar los días veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, así como uno, siete y ocho de marzo de dos mil veinte, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la demanda de amparo que se analiza se presentó el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (autoridad responsable), es claro que su promoción no fue oportuna respecto del acto reclamado en estudio, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Quinto Transitorio del mismo ordenamiento; de ahí que su presentación extemporánea, trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. Se invoca en apoyo, a contrario sentido, la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE GARANTIAS PRESENTADA DIRECTAMENTE COMO AMPARO DIRECTO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. SI SE DECLARA INCOMPETENTE EL TRIBUNAL COLEGIADO Y REMITE LA DEMANDA AL JUZGADO DE DISTRITO PARA TRAMITARSE COMO AMPARO INDIRECTO, POR RECIBIRLA FUERA DE TERMINO NO PUEDE DECLARARSE EXTEMPORANEA SI FUE PRESENTADA EN TIEMPO LA. Si quien intenta la acción constitucional, la hizo valer como amparo directo presentando la demanda de garantías directamente ante la autoridad responsable, para que a su vez ésta la remitiera al Tribunal Colegiado correspondiente quien se declaró incompetente y ordenando que la demanda se tramitara como amparo indirecto, no puede tenerse como extemporánea, por el sólo hecho de haberse recibido en la oficialía de partes del juzgado del conocimiento fuera del término que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo y la forma en que se interpuso fue la correcta." En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de garantías que aquí se analiza fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV de la ley citada; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otra parte, esta autoridad no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así las garantías para su protección, de manera tal, que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. De la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que debe ser efectivo; es decir, ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide la parte promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia sea oportuno. Por tanto, aun cuando la parte quejosa tiene el derecho a un recurso efectivo, ello no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el que refiere en su escrito de demanda para efecto de recibir notificaciones. AUTORIZADOS. Ténganse como autorizadas de los quejosos en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señalan para tal efecto en su demanda de amparo, por no haber proporcionado dato alguno que acredite que son abogados o licenciados en derecho. ANEXOS. En razón al cuantioso número de fojas de las copias certificadas del toca de apelación 81/2019, del índice de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y de las copias certificadas del proceso penal 129/2016, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; y que se dificulta su manejo y consulta al integrarlo al expediente en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmense los ANEXOS I y II, respetando el folio original. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito...
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