Navidencio Teodulfo Alvarez Dominguez

Expediente 497/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 29 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
497/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Navidencio Teodulfo Alvarez Dominguez
  • NAVIDENCIO TEODULFO ALVAREZ DOMINGUEZ y Otros.
  • GERARDO OMAR HERRERA RAMOS y Otros.
  • JOSE LUIS MARTINEZ HUERTA y Otros.
  • CHRISTIAN MARTINEZ MARTINEZ y Otros.
  • Miriam Cervantes Espinosa Agente del Ministerio Público
  • Gerardo Omar Herrera Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio /2022/MATAMOROS suscrito por la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado por este juzgado federal en auto de ocho de noviembre del año en curso, dicha autoridad acusa recibo de la misiva 1435/2022, del índice de este juzgado, por la cual se le devolvieron las pruebas que ofreció en apoyo a su informe de ley, consistentes en: 1. Veintidós discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el dos de mayo (en 3 discos), tres de mayo (en 2 discos), seis de mayo (en 5 discos), trece de junio (en 4 discos), veintisiete de junio (en 2 discos), treinta y uno de agosto (en 3 discos), dos de septiembre (en 2 discos), tres de octubre, cuatro de octubre y siete de octubre (las últimas tres audiencias en 1 disco), todos de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN; y, 2. Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida causa penal, con la cual se numeraron y formaron los anexos I, II, III y IV de pruebas del presente juicio de amparo. De lo anterior toma conocimiento esta potestad federal, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintidós. 1. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de once de octubre de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. 2. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión y los acumulados, en virtud que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes físicos, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. 3. Devolución de constancias. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. María Alejandra Aguilar Anacleto, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros, como apoyo a los informes justificado y previo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Veintidós discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el dos de mayo (en 3 discos), tres de mayo (en 2 discos), seis de mayo (en 5 discos), trece de junio (en 4 discos), veintisiete de junio (en 2 discos), treinta y uno de agosto (en 3 discos), dos de septiembre (en 2 discos), tres de octubre, cuatro de octubre y siete de octubre (las últimas tres audiencias en 1 disco), todos de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN; y, ( Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida causa penal, con la cual se numeraron y formaron los anexos I, II, III y IV de pruebas del presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad responsable se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que acuse recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo, junto con las constancias que se anexan. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en la foja en donde obra el sobre o la mica de plástico que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. 4. Notificación a los quejosos. Con fundamento en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente a los quejosos Navidencio Teodulfo Álvarez Domínguez y José Luis Martínez Huerta la presente determinación, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo (el cual es el mismo en los juicios acumulados 497/2022 y 536/2022), quien tiene autorizado el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica. De igual forma, con fundamento en el citado numeral artículo 27, fracción IV, de la ley de la materia, se ordena notificar electrónicamente al quejoso Cristian Martínez Martínez la presente determinación, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene autorizado el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica Por otro lado, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al quejoso Gerardo Omar Herrera Ramos la presente determinación, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo que dio origen al juicio 550/2022. Finalmente, toda vez que Eduardo Rojano López y Adrián Merchant Díaz, defensores particulares de los quejosos Ezequiel Prócoro Aguilar Zúñiga e Ismael Salas López, señalaron los estrados para oír y recibir notificaciones y que aquéllos, actualmente, se encuentran en libertad, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarles esta determinación por lista de acuerdos. Notifíquese electrónicamente a los quejosos Navidencio Teodulfo Álvarez Domínguez, José Luis Martínez Huerta y Cristian Martínez Martínez, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; personalmente al quejoso Gerardo Omar Herrera Ramos, en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo que dio origen al juicio 550/2022 y por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por lista a los quejosos Ezequiel Prócoro Aguilar Zúñiga e Ismael Salas López, por conducto de sus defensores particulares Eduardo Rojano López y Adrián Merchant Díaz, quienes señalaron los estrados para oír y recibir notificaciones personales; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (a las autoridades foráneas, con excepción de la jueza de control, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil veintidós. 1. Promociones de cuenta. En primer lugar, agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 160/2022-ACATLÁN, signado por María Alejandra Aguilar Anacleto, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros; y, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, pues para tal efecto, realiza lo siguiente: ( Remite los registros de audio y video de las audiencias celebradas el tres de octubre, cuatro de octubre y siete de octubre, todas de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN, relativa a la suspensión condicional del proceso concedida a los quejosos ********. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la referida autoridad ofreciendo como pruebas las documentales que anexa (discos en formato digital versátil -DVD-), sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. No ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica. Guárdense en una mica de plástico cerrada o sobre amarillo cerrado, que deberá glosarse al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otro lado, agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio 1952 signado por el Juez de lo Penal Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla -autoridad no responsable-, por medio del cual, devuelve sin diligenciar el despacho 432/2022 (orden 696/2022), en atención a que el seis de octubre de dos mil veintidós, la Diligenciaria de su adscripción se constituyó en la instalaciones del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla con el fin de notificar a los quejosos Ezequiel Prócoro Aguilar Zúñiga e Ismael Salas López el acuerdo dictado el treinta de septiembre del actual; sin embargo, le informaron que los citados quejosos ya no se encontraban internos en dicho centro penitenciario, en virtud de que se habían puesto en libertad el tres de octubre del año en curso. Dese de baja la comunicación oficial recibida y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, al respecto, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, porque el tres de octubre de este año, Eduardo Rojano López y Adrián Merchant Díaz, defensores particulares de los quejosos Ezequiel Prócoro Aguilar Zúñiga e Ismael Salas López, fueron notificados por lista del citado proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós, por haber señalado, en la demanda de amparo, los estrados del juzgado para oír y recibir todas las notificaciones. 2. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. 2.1 Antecedentes. 2.1.1 Juicio de Amparo 497/2022. Por escrito presentado el once de mayo de dos mil veintidós, ante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y luego turnada a este órgano de control constitucional, Navidencio Teodulfo Álvarez Domínguez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros, consistente en: ( La determinación que le impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar durante todo el tiempo que dure el procedimiento, dictada en la audiencia inicial, celebrada el dos y tres de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN. Luego, por auto dictado el doce de mayo del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla proveyó, en esencia, lo siguiente: ( Radicó la citada demanda con el número de juicio de amparo 497/2022; y, ( Previno al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar o no como actos reclamados: i) la calificación de legal de su detención, dictada el dos de mayo de dos mil veintidós; y, ii) el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el seis de mayo de dos mil veintidós, ambas dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN; asimismo, para que informara, bajo protesta de decir verdad, en donde se encontraba privado de su libertad. Posteriormente, mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de la presente anualidad en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, el quejoso desahogó la prevención de mérito, manifestando que sólo era su deseo reclamar la imposición de la prisión preventiva justificada como medida cautelar e informando, bajo protesta de decir verdad, que se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla. En ese sentido, en auto de diecinueve de mayo del actual, este órgano de control constitucional tuvo por cumplida la prevención de mérito, por lo que admitió a trámite el asunto -con incidente de suspensión-, requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 2.1.2 Juicio de Amparo 536/2022. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, ante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y luego turnada a este órgano de control constitucional, José Luis Martínez Huerta solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros, consistente en: ( La determinación que le impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar durante todo el tiempo que dure el procedimiento, dictada en la audiencia inicial, celebrada el dos y tres de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN. Luego, por acuerdo dictado el veinticuatro de mayo del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 536/2022; asimismo, admitió a trámite el asunto -con incidente de suspensión-, requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 2.1.3 Juicio de amparo 550/2022. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día veintiséis siguiente a este Juzgado de Distrito, *****y ***** solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: 1. De Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros: ( La determinación que le impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar durante todo el tiempo que dure el procedimiento, dictada en la audiencia inicial, celebrada el dos y tres de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN. ( El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes y condecoraciones, previsto y sancionado en el artículo 258, fracciones I y III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en relación con el 35, fracción V, 44, 45, 56 y 66 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad; emitido en la continuación de la audiencia inicial de seis de mayo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN. 2. Director del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla: ( La ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria. Luego, por auto dictado el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla proveyó, en esencia, lo siguiente: ( Radicó la citada demanda con el número de juicio de amparo 550/2022; y, ( Previno a los quejosos para que manifestaran si era su deseo señalar o no como acto reclamado: la calificación de legal de su detención, dictada el dos de mayo de dos mil veintidós. Posteriormente, mediante escrito presentado el siete de junio de la presente anualidad en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, los quejosos desahogaron la prevención de mérito, manifestando que era su deseo reclamar el control de detención, pronunciado en la audiencia inicial de dos de mayo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN. En ese sentido, previa ratificación de firma en auto de veintidós de junio del actual, este órgano de control constitucional tuvo por cumplida la prevención de mérito, por lo que admitió a trámite el asunto -con incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 2.1.4 Juicio de amparo 562/2022. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día veintiséis siguiente a este Juzgado de Distrito, Ezequiel Prócoro Aguilar Zúñiga e Ismael Salas López, a través de sus defensores particulares Eduardo Rojano López y Adrián Merchant Díaz, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: 1. De Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros: ( El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes y condecoraciones, previsto y sancionado en el artículo 258, fracciones I y III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en relación con el 35, fracción V, 44, 45, 56 y 66 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad; emitido en la continuación de la audiencia inicial de seis de mayo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN. 2. Director del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla: ( La ejecución del auto de vinculación a proceso. Luego, por auto dictado el treinta de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla proveyó, en esencia, lo siguiente: ( Radicó la citada demanda con el número de juicio de amparo 562/2022; y, ( Previno a los quejosos para que manifestaran si era su deseo señalar o no como actos reclamados: i) la calificación de legal de su detención; y, ii) la determinación que le impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar durante todo el tiempo que dure el procedimiento. Ambas dictadas en la audiencia inicial, celebrada el dos y tres de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN. Posteriormente, mediante escrito presentado el seis de junio de la presente anualidad en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y recibido en este órgano jurisdiccional el día siguiente, los quejosos desahogaron la prevención de mérito, manifestando que no era su deseo reclamar: i) la calificación de legal de su detención, y, ii) la medida cautelar de prisión preventiva. En ese sentido, previa ratificación de firma en auto de dieciséis de junio del actual, este órgano de control constitucional tuvo por cumplida la prevención de mérito, por lo que admitió a trámite el asunto -con incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 2.1.5 Acumulación de juicios y cita para audiencia. Mediante determinación dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional estimó procedente decretar la acumulación de los juicios 497/2022, 536/2022, 550/2022 y 562/2022, en virtud de que las resoluciones judiciales reclamadas no sólo derivan del mismo proceso penal -10/2022/ACATLÁN- sino también del mismo acto procesal, es decir, de la audiencia inicial y su continuación y, además, fueron dictadas por la misma autoridad responsable, esto es, por Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros. Seguida la secuela procesal del procedimiento, en proveído de treinta de septiembre del actual, se fijaron las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. 2.2 Opinión jurisdiccional. Este órgano de control constitucional considera que se actualiza, de manera manifiesta, notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, consistente en el consentimiento expreso al acto combatido. Se explica. La fracción XIII, del artículo 61 de la ley de la materia, prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales el consentimiento expreso del quejoso al acto que combate, lo que se produce cuando, respecto de tal acto, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, indicó que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema. En efecto, precisó que esa clase de justicia conlleva la creación de nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. De modo que, - afirmó- cuando el juicio de amparo se promovía contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accedía a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entrañaba el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debía entenderse para todos los efectos legales. Es así, -se dijo- porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consistía en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implicaba la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestionara, ya que esa aceptación no era gratuita, sino que perseguía un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasaba por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se impusiera una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelaban podían ser renunciables. Estimar lo contrario, -se sostuvo- no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría el nuevo sistema penal, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles; uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna; y, otro, que lo cuestione a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente -se estableció- era inadmisible. Por tanto, -se concluyó- si la referida causa de improcedencia se actualizaba antes de la presentación de la demanda, motivaría que la misma se desechara por notoriamente improcedente; o bien, si sobrevenía durante la tramitación del amparo, generaría el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Sentado lo anterior, de la causa penal 10/2022/ACATLÁN, se advierten los siguientes antecedentes: I. En audiencia inicial celebrada entre el dos y tres de mayo de dos mil veintidós, se efectuó -medularmente- lo siguiente: ( Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros, calificó de legal la detención en flagrancia de los quejosos **********, y otros sujetos, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito que posteriormente se les imputó. ( La fiscalía formuló imputación en contra de aquéllos, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes y condecoraciones, previsto y sancionado en el artículo 258, fracciones I y III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en relación con el 35, fracción V, 44, 45, 56 y 66 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad. ( Después de que los imputados se reservaran su derecho a declarar, la fiscalía expuso los datos de prueba para sustentar su solicitud de vincularlos a proceso. ( Se hizo saber a los imputados los términos constitucionales para que se resolviera su situación jurídica, solicitando, previa consulta con su defensa, que se dilucidara dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que la autoridad jurisdiccional señaló las diez horas del seis de mayo de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia inicial. ( Luego, previo debate, se impuso a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todo el tiempo que durara el proceso. II. El seis de mayo de dos mil veintidós, se continuó con la audiencia inicial, en la que se realizó -sustancialmente- lo siguiente: ( Previo debate y oportunidad para contestar la solicitud de vinculación a proceso, el citado juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de los quejosos *****, ******, ****, *****, **** e ******, y otros sujetos, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes y condecoraciones, previsto y sancionado en el artículo 258, fracciones I y III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en relación con el 35, fracción V, 44, 45, 56 y 66 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad. ( Asimismo, dictó auto de no vinculación a proceso en favor de las imputadas Mari Flor Velázquez Rodríguez, Jorge Aguilar Herrera y Héctor Francisco Marín Reyes -no quejosos-. ( Finalmente, se autorizó el plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria. III. Seguida la secuela procesal respectiva, en audiencias orales de tres de octubre, cuatro de octubre y siete de octubre, de dos mil veintidós, María Alejandra Aguilar Anacleto, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros, concedió a los quejosos *********, y otros sujetos la suspensión condicional del proceso y decretó la suspensión de la prisión preventiva que les fue impuesta. En tales condiciones, se estima que los ahora quejosos, al acogerse a la suspensión condicional del proceso como un medio alternativo para la solución del conflicto penal, consintieron, respectivamente (según su reclamo en esta sede constitucional) las actuaciones y resoluciones emitidas en audiencia inicial y su continuación, es decir, la resolución que calificó de legal su detención, la formulación de la imputación, la vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar, cuenta habida que su voluntad de concluir el proceso penal a través de esa vía de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Por tanto, al actualizarse, de manera manifiesta, notoria e indudable, la causal de improcedencia estudiada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo y en lo resuelto por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, se sobresee fuera de audiencia este juicio constitucional respecto de los actos siguientes: 1. El control de detención, pronunciado en la audiencia inicial de dos de mayo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN; 2. La determinación que impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar durante todo el tiempo que dure el procedimiento, dictada en la audiencia inicial, celebrada el dos y tres de mayo de dos mil veintidós, dentro de la citada causa penal; y, 3. El auto de vinculación a proceso por el delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes y condecoraciones, previsto y sancionado en el artículo 258, fracciones I y III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en relación con el 35, fracción V, 44, 45, 56 y 66 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad; emitido en la audiencia de seis de mayo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la aludida causa penal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, ya que éstos no se reclaman por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender de la resolución materia del sobreseimiento. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -de diez de junio de dos mil once- implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, porque ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. 2.3 Se deja sin efectos audiencia constitucional. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 3. Notificación a los quejosos. Con fundamento en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente a los quejosos ****** y**** la presente determinación, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo (el cual es el mismo en los juicios acumulados 497/2022 y 536/2022), quien tiene autorizado el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica. De igual forma, con fundamento en el citado numeral artículo 27, fracción IV, de la ley de la materia, se ordena notificar electrónicamente al quejoso **** la presente determinación, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene autorizado el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica Por otro lado, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al quejoso Gerardo Omar Herrera Ramos la presente determinación, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo que dio origen al juicio 550/2022. Finalmente, toda vez que Eduardo Rojano López y Adrián Merchant Díaz, defensores particulares de los quejosos Ezequiel Prócoro Aguilar Zúñiga e Ismael Salas López, señalaron los estrados para oír y recibir notificaciones y que aquéllos, actualmente, se encuentran en libertad, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarles esta determinación por lista de acuerdos. Notifíquese electrónicamente a los quejosos ***** y *****, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; personalmente al quejoso Gerardo Omar Herrera Ramos, en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo que dio origen al juicio 550/2022 y por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por lista a los quejosos Ezequiel Prócoro Aguilar Zúñiga e Ismael Salas López, por conducto de sus defensores particulares Eduardo Rojano López y Adrián Merchant Díaz, quienes señalaron los estrados para oír y recibir notificaciones personales; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (a las autoridades foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).

  4. Principal

    (publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 11 DE OCTUBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil veintidós. 1. Promociones de cuenta. En primer lugar, agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 160/2022-ACATLÁN, signado por María Alejandra Aguilar Anacleto, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros; y, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, pues para tal efecto, realiza lo siguiente: ( Remite los registros de audio y video de las audiencias celebradas el tres de octubre, cuatro de octubre y siete de octubre, todas de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN, relativa a la suspensión condicional del proceso concedida a los quejosos ********. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la referida autoridad ofreciendo como pruebas las documentales que anexa (discos en formato digital versátil -DVD-), sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. No ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica. Guárdense en una mica de plástico cerrada o sobre amarillo cerrado, que deberá glosarse al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otro lado, agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio 1952 signado por el Juez de lo Penal Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla -autoridad no responsable-, por medio del cual, devuelve sin diligenciar el despacho 432/2022 (orden 696/2022), en atención a que el seis de octubre de dos mil veintidós, la Diligenciaria de su adscripción se constituyó en la instalaciones del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla con el fin de notificar a los quejosos Ezequiel Prócoro Aguilar Zúñiga e Ismael Salas López el acuerdo dictado el treinta de septiembre del actual; sin embargo, le informaron que los citados quejosos ya no se encontraban internos en dicho centro penitenciario, en virtud de que se habían puesto en libertad el tres de octubre del año en curso. Dese de baja la comunicación oficial recibida y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, al respecto, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, porque el tres de octubre de este año, Eduardo Rojano López y Adrián Merchant Díaz, defensores particulares de los quejosos Ezequiel Prócoro Aguilar Zúñiga e Ismael Salas López, fueron notificados por lista del citado proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós, por haber señalado, en la demanda de amparo, los estrados del juzgado para oír y recibir todas las notificaciones. 2. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. 2.1 Antecedentes. 2.1.1 Juicio de Amparo 497/2022. Por escrito presentado el once de mayo de dos mil veintidós, ante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y luego turnada a este órgano de control constitucional, Navidencio Teodulfo Álvarez Domínguez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros, consistente en: ( La determinación que le impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar durante todo el tiempo que dure el procedimiento, dictada en la audiencia inicial, celebrada el dos y tres de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN. Luego, por auto dictado el doce de mayo del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla proveyó, en esencia, lo siguiente: ( Radicó la citada demanda con el número de juicio de amparo 497/2022; y, ( Previno al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar o no como actos reclamados: i) la calificación de legal de su detención, dictada el dos de mayo de dos mil veintidós; y, ii) el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el seis de mayo de dos mil veintidós, ambas dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN; asimismo, para que informara, bajo protesta de decir verdad, en donde se encontraba privado de su libertad. Posteriormente, mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de la presente anualidad en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, el quejoso desahogó la prevención de mérito, manifestando que sólo era su deseo reclamar la imposición de la prisión preventiva justificada como medida cautelar e informando, bajo protesta de decir verdad, que se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla. En ese sentido, en auto de diecinueve de mayo del actual, este órgano de control constitucional tuvo por cumplida la prevención de mérito, por lo que admitió a trámite el asunto -con incidente de suspensión-, requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 2.1.2 Juicio de Amparo 536/2022. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, ante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y luego turnada a este órgano de control constitucional, José Luis Martínez Huerta solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros, consistente en: ( La determinación que le impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar durante todo el tiempo que dure el procedimiento, dictada en la audiencia inicial, celebrada el dos y tres de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN. Luego, por acuerdo dictado el veinticuatro de mayo del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 536/2022; asimismo, admitió a trámite el asunto -con incidente de suspensión-, requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 2.1.3 Juicio de amparo 550/2022. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día veintiséis siguiente a este Juzgado de Distrito, *****y ***** solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: 1. De Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros: ( La determinación que le impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar durante todo el tiempo que dure el procedimiento, dictada en la audiencia inicial, celebrada el dos y tres de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN. ( El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes y condecoraciones, previsto y sancionado en el artículo 258, fracciones I y III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en relación con el 35, fracción V, 44, 45, 56 y 66 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad; emitido en la continuación de la audiencia inicial de seis de mayo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN. 2. Director del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla: ( La ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria. Luego, por auto dictado el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla proveyó, en esencia, lo siguiente: ( Radicó la citada demanda con el número de juicio de amparo 550/2022; y, ( Previno a los quejosos para que manifestaran si era su deseo señalar o no como acto reclamado: la calificación de legal de su detención, dictada el dos de mayo de dos mil veintidós. Posteriormente, mediante escrito presentado el siete de junio de la presente anualidad en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, los quejosos desahogaron la prevención de mérito, manifestando que era su deseo reclamar el control de detención, pronunciado en la audiencia inicial de dos de mayo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN. En ese sentido, previa ratificación de firma en auto de veintidós de junio del actual, este órgano de control constitucional tuvo por cumplida la prevención de mérito, por lo que admitió a trámite el asunto -con incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 2.1.4 Juicio de amparo 562/2022. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día veintiséis siguiente a este Juzgado de Distrito, Ezequiel Prócoro Aguilar Zúñiga e Ismael Salas López, a través de sus defensores particulares Eduardo Rojano López y Adrián Merchant Díaz, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: 1. De Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros: ( El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes y condecoraciones, previsto y sancionado en el artículo 258, fracciones I y III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en relación con el 35, fracción V, 44, 45, 56 y 66 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad; emitido en la continuación de la audiencia inicial de seis de mayo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN. 2. Director del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla: ( La ejecución del auto de vinculación a proceso. Luego, por auto dictado el treinta de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla proveyó, en esencia, lo siguiente: ( Radicó la citada demanda con el número de juicio de amparo 562/2022; y, ( Previno a los quejosos para que manifestaran si era su deseo señalar o no como actos reclamados: i) la calificación de legal de su detención; y, ii) la determinación que le impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar durante todo el tiempo que dure el procedimiento. Ambas dictadas en la audiencia inicial, celebrada el dos y tres de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN. Posteriormente, mediante escrito presentado el seis de junio de la presente anualidad en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y recibido en este órgano jurisdiccional el día siguiente, los quejosos desahogaron la prevención de mérito, manifestando que no era su deseo reclamar: i) la calificación de legal de su detención, y, ii) la medida cautelar de prisión preventiva. En ese sentido, previa ratificación de firma en auto de dieciséis de junio del actual, este órgano de control constitucional tuvo por cumplida la prevención de mérito, por lo que admitió a trámite el asunto -con incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 2.1.5 Acumulación de juicios y cita para audiencia. Mediante determinación dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional estimó procedente decretar la acumulación de los juicios 497/2022, 536/2022, 550/2022 y 562/2022, en virtud de que las resoluciones judiciales reclamadas no sólo derivan del mismo proceso penal -10/2022/ACATLÁN- sino también del mismo acto procesal, es decir, de la audiencia inicial y su continuación y, además, fueron dictadas por la misma autoridad responsable, esto es, por Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros. Seguida la secuela procesal del procedimiento, en proveído de treinta de septiembre del actual, se fijaron las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. 2.2 Opinión jurisdiccional. Este órgano de control constitucional considera que se actualiza, de manera manifiesta, notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, consistente en el consentimiento expreso al acto combatido. Se explica. La fracción XIII, del artículo 61 de la ley de la materia, prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales el consentimiento expreso del quejoso al acto que combate, lo que se produce cuando, respecto de tal acto, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, indicó que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema. En efecto, precisó que esa clase de justicia conlleva la creación de nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. De modo que, - afirmó- cuando el juicio de amparo se promovía contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accedía a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entrañaba el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debía entenderse para todos los efectos legales. Es así, -se dijo- porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consistía en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implicaba la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestionara, ya que esa aceptación no era gratuita, sino que perseguía un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasaba por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se impusiera una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelaban podían ser renunciables. Estimar lo contrario, -se sostuvo- no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría el nuevo sistema penal, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles; uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna; y, otro, que lo cuestione a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente -se estableció- era inadmisible. Por tanto, -se concluyó- si la referida causa de improcedencia se actualizaba antes de la presentación de la demanda, motivaría que la misma se desechara por notoriamente improcedente; o bien, si sobrevenía durante la tramitación del amparo, generaría el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Sentado lo anterior, de la causa penal 10/2022/ACATLÁN, se advierten los siguientes antecedentes: I. En audiencia inicial celebrada entre el dos y tres de mayo de dos mil veintidós, se efectuó -medularmente- lo siguiente: ( Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros, calificó de legal la detención en flagrancia de los quejosos **********, y otros sujetos, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito que posteriormente se les imputó. ( La fiscalía formuló imputación en contra de aquéllos, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes y condecoraciones, previsto y sancionado en el artículo 258, fracciones I y III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en relación con el 35, fracción V, 44, 45, 56 y 66 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad. ( Después de que los imputados se reservaran su derecho a declarar, la fiscalía expuso los datos de prueba para sustentar su solicitud de vincularlos a proceso. ( Se hizo saber a los imputados los términos constitucionales para que se resolviera su situación jurídica, solicitando, previa consulta con su defensa, que se dilucidara dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que la autoridad jurisdiccional señaló las diez horas del seis de mayo de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia inicial. ( Luego, previo debate, se impuso a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todo el tiempo que durara el proceso. II. El seis de mayo de dos mil veintidós, se continuó con la audiencia inicial, en la que se realizó -sustancialmente- lo siguiente: ( Previo debate y oportunidad para contestar la solicitud de vinculación a proceso, el citado juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de los quejosos *****, ******, ****, *****, **** e ******, y otros sujetos, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes y condecoraciones, previsto y sancionado en el artículo 258, fracciones I y III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en relación con el 35, fracción V, 44, 45, 56 y 66 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad. ( Asimismo, dictó auto de no vinculación a proceso en favor de las imputadas Mari Flor Velázquez Rodríguez, Jorge Aguilar Herrera y Héctor Francisco Marín Reyes -no quejosos-. ( Finalmente, se autorizó el plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria. III. Seguida la secuela procesal respectiva, en audiencias orales de tres de octubre, cuatro de octubre y siete de octubre, de dos mil veintidós, María Alejandra Aguilar Anacleto, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros, concedió a los quejosos *********, y otros sujetos la suspensión condicional del proceso y decretó la suspensión de la prisión preventiva que les fue impuesta. En tales condiciones, se estima que los ahora quejosos, al acogerse a la suspensión condicional del proceso como un medio alternativo para la solución del conflicto penal, consintieron, respectivamente (según su reclamo en esta sede constitucional) las actuaciones y resoluciones emitidas en audiencia inicial y su continuación, es decir, la resolución que calificó de legal su detención, la formulación de la imputación, la vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar, cuenta habida que su voluntad de concluir el proceso penal a través de esa vía de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Por tanto, al actualizarse, de manera manifiesta, notoria e indudable, la causal de improcedencia estudiada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo y en lo resuelto por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, se sobresee fuera de audiencia este juicio constitucional respecto de los actos siguientes: 1. El control de detención, pronunciado en la audiencia inicial de dos de mayo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 10/2022/ACATLÁN; 2. La determinación que impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar durante todo el tiempo que dure el procedimiento, dictada en la audiencia inicial, celebrada el dos y tres de mayo de dos mil veintidós, dentro de la citada causa penal; y, 3. El auto de vinculación a proceso por el delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes y condecoraciones, previsto y sancionado en el artículo 258, fracciones I y III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en relación con el 35, fracción V, 44, 45, 56 y 66 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad; emitido en la audiencia de seis de mayo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la aludida causa penal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, ya que éstos no se reclaman por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender de la resolución materia del sobreseimiento. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -de diez de junio de dos mil once- implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, porque ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. 2.3 Se deja sin efectos audiencia constitucional. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 3. Notificación a los quejosos. Con fundamento en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente a los quejosos ****** y**** la presente determinación, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo (el cual es el mismo en los juicios acumulados 497/2022 y 536/2022), quien tiene autorizado el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica. De igual forma, con fundamento en el citado numeral artículo 27, fracción IV, de la ley de la materia, se ordena notificar electrónicamente al quejoso **** la presente determinación, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene autorizado el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica Por otro lado, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al quejoso Gerardo Omar Herrera Ramos la presente determinación, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo que dio origen al juicio 550/2022. Finalmente, toda vez que Eduardo Rojano López y Adrián Merchant Díaz, defensores particulares de los quejosos Ezequiel Prócoro Aguilar Zúñiga e Ismael Salas López, señalaron los estrados para oír y recibir notificaciones y que aquéllos, actualmente, se encuentran en libertad, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarles esta determinación por lista de acuerdos. Notifíquese electrónicamente a los quejosos ***** y *****, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; personalmente al quejoso Gerardo Omar Herrera Ramos, en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo que dio origen al juicio 550/2022 y por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por lista a los quejosos Ezequiel Prócoro Aguilar Zúñiga e Ismael Salas López, por conducto de sus defensores particulares Eduardo Rojano López y Adrián Merchant Díaz, quienes señalaron los estrados para oír y recibir notificaciones personales; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (a las autoridades foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).

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