Navidencio Teodulfo Alvarez Dominguez

Expediente 1016/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1016/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Navidencio Teodulfo Alvarez Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, a través del usuario proporcionado para tal efecto.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2022. Que el Acuerdo General 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al dos de octubre de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitida en la misma data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1016/2022, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo, se aprecia que el promovente Cesar Daniel Ramón Herrera, quien se ostenta con el carácter de defensor particular de ***y José Luis Martínez Huerta, reclama lo siguiente: - La determinación dictada en la audiencia de suspensión condicional del proceso, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal 10/2022/ACATLAN, en la cual determinó no negar la suspensión condicional del proceso como forma de solución alterna, pero determinó que no existían las condiciones establecida en la fracción I, del artículo 195, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual no permitió la libertad de los quejosos. Por tanto, respecto a dicho acto reclamado, la demanda de amparo que se examina deviene improcedente, pues se actualiza de forma notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son:"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese tenor, se reitera que la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar en específico la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos de la causa penal 10/2022/ACATLAN, emitida por la Juez de Control y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, María Alejandra Aguilar Anacleto, en la que se pronunció respecto a la solicitud hecha por la defensa de los quejosos en el sentido de conceder la suspensión condicional del proceso, y determinó que no existían las condiciones establecidas en la fracción I del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual no permitió la libertad de los directos quejosos; por tanto, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación, conforme a lo estipulado en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." Del contenido del citado precepto, se advierte que la parte quejosa se encuentra legitimada para combatir la determinación que aquí reclama, en la que se pronunció respecto a la solicitud hecha a efecto de conceder la suspensión condicional del proceso; sin embargo, determinó que no existían las condiciones establecidas en la fracción I del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual no permitió la libertad de los directos quejosos, a través recurso de apelación. Ello, porque dicha resolución no tiene como consecuencia la afectación directa de la libertad de los imputados, ni se trata de actos de los señalados expresamente como aquellos que implican restricción de la libertad personal, por lo que previamente debe interponerse el recurso de apelación previsto en el artículo antes señalado, el cual es el medio de impugnación especializado, rápido y eficaz para impugnar esa determinación del juez de instancia. En esas condiciones, al no existir duda que la parte quejosa debió interponer primeramente el recurso de apelación, pues como taxativamente lo dispone el invocado numeral 467, fracción VIII, del referido ordenamiento legal, prevé que las resoluciones "que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso"; pueden ser recurridas a través de un medio de impugnación en este caso (recurso de apelación); en donde la parte quejosa en este sumarioimputado) puede obtener la modificación, nulificación o revocación de la determinación adoptada por el juzgador primario, antes de acudir al juicio de amparo, y al no haber agotado ese recurso ordinario, dejó de observarse el principio de definitividad que rige el juicio de derechos, actualizándose con ello la causa de improcedencia de que se habla. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis V.2º.P.A.1 P, cuyos rubro y texto, son del tenor siguiente:"SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE CONCEDERLA DEBE IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL EN FORMA DIRECTA Y, POR ENDE, NO CORRESPONDE A LAS ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, QUE IMPLICAN UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Un imputado fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En el transcurso del procedimiento penal solicitó la suspensión condicional del proceso, la que fue negada por el Juez de Control; determinación contra la cual promovió juicio de amparo indirecto, sin agotar previamente el recurso de apelación previsto en la ley procedimental de la materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la negativa del Juez de Control de conceder la suspensión condicional del proceso debe agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que dicha resolución no implica una afectación a la libertad en forma directa y, por ende, no corresponde a las establecidas expresamente en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, por la cual deba excepcionarse la interposición del recurso ordinario, en aras de cumplir con el principio de definitividad. Justificación: En el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, el legislador estableció un nuevo esquema y distinción en cuanto a las resoluciones que afectan en forma directa la libertad personal del quejoso e implican una excepción al principio de definitividad. En ese sentido, tratándose de aquellas resoluciones dictadas en el procedimiento penal acusatorio que no sean de las expresamente señaladas en el artículo invocado, es imperativo agotar el recurso ordinario respectivo por no ubicarse en la hipótesis de excepción aludida. Luego, si bien la negativa de conceder la suspensión condicional del proceso implicaría la expectativa de conceder la libertad del imputado en caso de que se resolviera sobre la procedencia de esa salida alternativa al procedimiento, ello no tiene como consecuencia la afectación directa de la libertad del imputado, ni se trata de actos de los señalados expresamente como aquellos que implican restricción de la libertad personal, por lo que previamente debe interponerse el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es el medio de impugnación especializado, rápido y eficaz para impugnar la negativa en comento." Sin que en el caso, como ya se dijo, opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b), c) y d) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso de apelación no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie, respecto del acto analizado, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; por tanto, atento a lo expuesto a lo largo de este acuerdo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales por notoriamente improcedente. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. No ha lugar a tener a la parte quejosa señalando el domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, en virtud de que también solicitó se realizaran electrónicamente a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, lo que se acordará favorable más adelante. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que Cesar Daniel Ramón Herrera, es titular del usuario "Cesarramon", el cual se encuentra vigente; se concede al antes mencionado, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de dicho usuario, por así haberlo solicitado expresamente, y se ordena que se le realicen las notificaciones vía electrónica a través del mismo usuario. Signifíquese a la parte autorizada para consultar el expediente electrónico que, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un Expediente electrónico o carpeta digital, deberá informar a la Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal (DGTI) a través del vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas". En caso de que no resulte posible por esta vía, se dará el aviso respectivo a través de los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal, para los efectos precisados en dicho artículo. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que:( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal.( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente.( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, a través del usuario proporcionado para tal efecto; y, por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" de la adscripción.

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