NAYELI SARAI VALDEZ CASANOVA y Otros.
Expediente 714/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- NAYELI SARAI VALDEZ CASANOVA y Otros.
- Nayeli Sarai Valdez Casanova
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de mayo del año en curso, que tuvo por no presentada la demanda, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, hágase las anotaciones en el libro respectivo; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se exhibieron documentos originales y no se tramitó incidente de suspensión, asimismo, es susceptible de depuración, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. En tal virtud, como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y auto que concedió la suspensión de plano en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la suspensión otorgada en este asunto, el computo de las horas que estuvieron detenidos lo quejosos y remite copias certificadas de las actas de salida de los mismo; sin que sea el caso de realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de veintinueve de mayo del presente año, se tuvo por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Vista la constancia actuarial levantada por la fedataria de la adscripción de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se advierte que los quejosos Nayeli Sarai Valdez Casanova y Juan Daniel Sáenz Camacho, manifestaron que es su voluntad no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Marco Antonio del Castillo Ayora; asimismo, se advierte que la fedataria asentó que los citados quejosos no presentaban huellas de lesiones visibles, así como tampoco refirieron haber sido lesionados, y además, se dio cumplimiento a la suspensión de plano, ya que los quejosos fueron puestos en libertad. En tal virtud, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de los referidos quejosos, para los efectos legales correspondientes; por ende, déjense sin efectos las medidas suspensionales decretadas en el presente juicio de amparo. Asimismo, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para el para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Marco Antonio del Castillo Ayora a favor de Nayeli Sarai Valdez Casanova y Juan Daniel Sáenz Camacho, contra los actos que reclama del Director de la Policía Estatal de Investigación (en su correcta denominación), se acuerda: Fórmese el respectivo expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 714/2019. En atención a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda, a reserva que sea ratificada. Dese la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida, que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), correspondiente al año dos mil diecinueve, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en términos del artículo 260, fracción II, de la misma legislación. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acredite; apercibida, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE; ello, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Por otro lado, comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado Tercero de Distrito, para que se constituya en los separos o cárcel a cargo de la autoridad responsable, o cualquier otro lugar en el que podrían encontrarse detenidos o recluidos los directos agraviados Nayeli Sarai Valdez Casanova y Juan Daniel Sáenz Camacho, incluyendo el Centro de Reinserción Social del Estado, a fin de requerirlos al momento de la notificación, una vez ante su presencia, les haga de su conocimiento la naturaleza del presente juicio de amparo, y les requiera para que indiquen si ratifican la demanda promovida a su favor, o bien, lo hagan dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta, efectos la notificación de este acuerdo. Asimismo, toda vez que el promovente manifiesta que los directos agraviados están siendo sujetos a malos tratos, instrúyase al aludido Actuario de la adscripción, para que en el acto de la ratificación de la demanda, de fe de las lesiones físicas que llegaren a presentar Nayeli Sarai Valdez Casanova y Juan Daniel Sáenz Camacho y les requiera para que manifiesten si cuentan con otras lesiones, debiendo asentar tales circunstancias en la razón que para el efecto realice; con el apercibimiento, que de no ratificar las mismas, se procederá conforme a los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que en caso de que se encuentre en libertad se les deberá hacer la notificación relativa en el domicilio señalado en la demanda de amparo. De la revisión de la demanda, se advierte que el promovente reclama la detención, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación y ataques a la integridad física y psicológica, que afirma sufren los quejosos Nayeli Sarai Valdez Casanova y Juan Daniel Sáenz Camacho; por ende, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO, todo acto que tienda a tener incomunicados a los quejosos, así como, hacerlos víctimas de malos tratos, coacción, castigos o tormentos o actos que puedan privarlos de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, quedando a disposición de este Juzgador por lo que hace a su libertad personal. Igualmente, la concesión es para que se permita el acceso de manera mesurada a sus familiares y abogados en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de la persona detenida, bajo el entendido de que al momento de la notificación debe permitir, en caso de ser solicitado por el Actuario adscrito a este juzgado, el acceso a uno de los familiares o abogados de los directos agraviados a fin de que esté presente al momento de dicha diligencia. En consecuencia, se responsabiliza a la aludida autoridad por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación y deberán proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. Asimismo, requiérase a la responsable para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, comunique vía informe a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión de plano, con el apercibimiento que de no cumplir con ello se le impondrá una multa de cincuenta veces de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la violación a dicha medida concedida, entraña la probable comisión de un delito, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo citada, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se pondrá en conocimiento de la Agente del Ministerio Público Federal Adscrita. En relación con el acto consistente en la privación o actos a la libertad o detención, fuera de procedimiento judicial, señalada como acto reclamado por el promovente, conviene acotar que en el Estado, ha entrado en vigor el nuevo sistema penal acusatorio y oral, por lo que se seguirán los lineamientos establecidos para estos casos. Así las cosas, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión del citado acto para el efecto de que, en el caso de que la detención de los directos quejosos haya sido efectuada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, en relación a la comisión de un delito, CESE DE INMEDIATO la detención por parte de dichas autoridades, entendiéndose por ello la puesta en libertad de los directos agraviados, o bien, ponerlos a disposición de las autoridades investigadoras competentes. Ahora bien, en el supuesto de que dicha detención no tenga relación directa con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sean puestos en libertad. Para acreditar lo anterior, la autoridad que haya llevado a cabo la detención de los directos quejosos, deberá remitir a este Juzgado las constancias de las que se advierta el Registro de la Detención, pues los miembros de la policía que realicen la detención, deberán elaborar un registro de la misma, estableciendo la fecha y hora en que las personas fueron detenidas o puestas a su disposición. Igualmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Amparo, y 16, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el numeral 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concede la suspensión solicitada para el efecto de que, en caso de que se trate de delito flagrante o urgencia, la autoridad investigadora que tenga a su disposición a los agraviados, deberá examinar de inmediato las condiciones en que se realizó la legalidad de la detención, debiendo remitir a este Juzgado, las constancias en las que se advierta que ha dado cumplimiento a lo estipulado en este párrafo, junto con el registros de la detención correspondiente, a fin de que se esté en aptitud de computar el término de cuarenta y ocho horas que transcurre a partir de la captura de los directos quejosos, en el que deberá decretar su libertad o solicite la celebración de la audiencia de control de la detención. En caso de que la detención de los quejosos obedezca a un caso distinto a los mencionados en los párrafos precedentes, pero que sea el Ministerio Público quien restringe su libertad, se concede la suspensión para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad o consignado ante el Juez de Control correspondiente para que califique la detención. Ahora bien, en el caso de que la detención derive de una orden de arresto o infracción administrativa dictadas en su contra, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la ley de la materia, en atención a la naturaleza de la suspensión solicitada y considerando que en la especie se trata de actos de tracto sucesivo, por tratarse de hechos continuos los cuales son susceptibles de suspenderse para mantener la materia del amparo, dada su naturaleza jurídica, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO. En consecuencia, la concesión de la suspensión antes referida es para el efecto de que se suspenda de inmediato la ejecución del arresto que derive de la detención de los quejosos y no siga verificándose, por lo que la autoridad que materialmente éste ejecutando el acto reclamado, deberá poner en INMEDIATA LIBERTAD a los agraviados, siempre y cuando la privación del mismo derive del cumplimiento del arresto o infracción administrativa decretado en su contra por la autoridad señalada como responsable; pues de consumarse no sería posible de restituir en su caso, a los directos agraviados en el goce de la garantía violada, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto a su libertad personal se refiere. Asimismo, en el caso anterior, se requiere a la autoridad responsable que hubiera llevado a cabo el arresto, para que dentro de los tres días siguientes al en que tenga conocimiento del presente proveído, realice el cómputo del tiempo que estuvieron detenidos los directos agraviados, respecto de la sanción administrativa que les fue impuesta, señalando el ordenamiento normativo que dio origen a la medida administrativa que se les aplicó y las circunstancias en que ésta fue empleada. A efecto de velar porque la determinación que antecede tenga su más exacto cumplimiento, con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Amparo, comisiónese al Actuario de guardia de este juzgado, para que una vez que éste último notifique el presente acuerdo a las autoridades responsables, en el mismo acto de la diligencia, proceda a levantar acta pormenorizada del cumplimiento que a esta determinación realice la autoridad nombrada, a fin de verificar si la autoridad de referencia puso en LIBERTAD INMEDIATA a los directos quejosos, ya que como antes se señaló, el cumplimiento deberá ser inmediato, debiendo señalar la hora en que se cumplió esta determinación. Lo anterior, con el apercibimiento a la autoridad responsable, que para el caso de no cumplir con lo dispuesto en el presente acuerdo o no hacerlo con la celeridad ordenada, se emplearán los medios de apremio a que se refiere el precitado numeral 211 de la Ley de la Materia, pudiendo hacerse uso de la fuerza pública para cumplirla. Por otro lado, se ordena al Actuario de la adscripción para que solicite a la responsable le proporcione el control de ingreso que se maneje en cualquiera de las dependencias antes citadas con relación a los detenidos, debiendo hacer constar dicho fedatario la hora y el día en el que la parte quejosa ingresó a la dependencia; a fin de acordar en su caso lo que en derecho corresponda. Por último, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 111 de la propia ley, a fin de vigilar el cabal acatamiento de esta determinación judicial y en atención a que para garantizar el cumplimiento de la suspensión, rigen las mismas reglas previstas que para las sentencias de amparo, entonces, aun aquellas autoridades que no hayan sido señaladas como responsables, si están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, deberán acatarla, máxime que en el caso se reclama la detención de una persona, pues su retención por más tiempo del permitido por nuestra carta magna constituye en delito y la finalidad de esta medida cautelar es vigilar que los agraviados sean puestos a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo correspondiente. Para ello, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que, en el caso de tener conocimiento de la intervención de diversas autoridades, por no haber sido señaladas en virtud del desconocimiento del promovente respecto de su participación, sin necesidad de nuevo acuerdo, le comuniquen mediante oficio esta determinación, autoridades que estarán obligadas a acatarla en sus términos, sin perjuicio de que no haya sido señalada expresamente como responsable, pues como se ha dicho, al tener participación en la detención está vinculada al cumplimiento de la suspensión, por lo que de igual forma deberá rendir su informe en el plazo de veinticuatro horas y acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo, se ordenará la inmediata libertad de la impetrante de amparo. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita al Actuario adscrito, para que en incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda y como su autorizado para tal fin a José Alejandro Olguin Echeverría, con las limitaciones que establece la parte final del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. No procede la apertura de los cuadernos incidentales, toda vez que los actos reclamados en esta demanda encuadran en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo y respecto de los cuales ya se concedió la suspensión de plano. Si al momento de la notificación a las autoridades responsables, alguna de éstas refiere que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta al actuario para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por esta Secretaría la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicho funcionario, esto es así, pues este Juzgador se encuentra facultado para corregir la inexactitud del señalamiento de la parte quejosa, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, la parte quejosa reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos de la parte quejosa. De igual forma, en el supuesto anterior, se apercibe a la autoridad responsable, que si persistiere en no recibir el oficio que le fuera dirigido, se le tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis con los rubros y textos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo." "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Finalmente, de la negativa de la responsable, se dará vista a su superior jerárquico, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 194 del propio ordenamiento legal, a fin de que las disposiciones en materia del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas sean ejecutadas y observadas por las autoridades responsables.
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