Nathan Alexander Boersna

Expediente 779/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
779/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Nathan Alexander Boersna

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el acuerdo mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por NATHAN ALEXANDER BOERSMA, contra el acto que reclama del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, se provee: Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado se desprende, que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda.Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de los numerales prevé una causa genérica de improcedencia del juicio de amparo, que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese ordenamiento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Finalmente, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dice que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esa Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De esos preceptos se desprende que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en que el procedimiento constitucional se seguirá únicamente a instancia de la parte a quien le perjudique o le cause agravio el acto o ley que reclame y puede seguirse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley de Amparo.En ese orden de ideas, para cumplir el citado principio y como una de las formalidades indispensables para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la demanda de amparo contenga la firma autógrafa o en su caso, electrónica de quien promueve o bien de quien promueva a nombre de una diversa persona, al constituir el signo gráfico o criptográfico con el que externa la voluntad de instar la vía del amparo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la materia. En el presente asunto, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que la misma no fue firmada por el directo promovente Nathan Alexander Boersma, por consiguiente, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo. Máxime que el acto reclamado en el presente juicio, no se encuentra dentro de ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso si sería innecesaria; de ahí que, en el caso, se estime necesaria que la demanda de amparo contenga la firma autógrafa de la parte promovente, pues la falta de ésta no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, de ahí que proceda su desechamiento.Sirve de apoyo en lo conducente el criterio aislado del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Décima Época, Materia Común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2751, de rubro y texto siguientes: "VISTA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE OTORGARLA POR AUSENCIA DE FIRMA EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe dar vista al quejoso para que en el plazo de 3 días, manifieste lo que a su derecho convenga, en aras de no transgredir el derecho de audiencia a la parte afectada; sin embargo, en el caso de ausencia de firma en la demanda de amparo,se está ante una causa de improcedencia por falta de la manifestación de la voluntad de la parte que se ostenta como quejosa, lo cual tiene como consecuencia, conforme a los artículos 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo, que no adquiera el carácter de quejoso en el juicio, toda vez que éste es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, y el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en los términos señalados, ya sea por propio derecho, por su representante o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en la ley. Por lo anterior, al no encontrarse plasmada firma alguna en la demanda, es evidente que ninguna de las personas a quienes la ley autoriza para ese efecto, ha manifestado su voluntad, por lo que no puede considerársele parte material en el juicio, y si la obligación que impone el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, consiste en dar vista a la quejosa, al no actualizarse dicha hipótesis, tampoco nace la obligación indicada". Así como la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 241, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia". Sin que pase desapercibido para esta Juzgadora Federal, que el promovente adjunta a su demanda de amparo, un escrito en idioma inglés, misma que cuenta con una firma autógrafa; sin embargo, no puede tomarse como válido ni tenerse la certeza, de que dicho documento en diverso idioma, se trate de la demanda de amparo redactada en español, por lo que no se puede tomar como traducción de la misma, pues el quejoso no lo refiere en su demanda de amparo, aunado al hecho que de conformidad con el artículo 271 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las actuaciones judiciales así como las promociones que presenten las partes, deberán estar escritas en lengua española, por tanto, la demanda de amparo presentada por el quejoso como se indicó, carece de firma, haciendo improcedente este juicio de amparo.En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5° de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio."Por otro lado, esta juzgadora también advierte que en el caso, se actualiza la invocada causal de improcedencia, en relación con el acto que el quejoso reclamó en su demanda de amparo, consistente en la resolución que en su momento dicte la autoridad señalada como responsable en contra del aquí agraviado en el interdicto para recuperar la posesión 100/2021, que promovió Soraya Elizabeth Luján Berger en su contra, con el objeto de desalojarlo del inmueble sujeto a litigio. En efecto, la causal de improcedencia es la prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que pretende combatirse en esta vía constitucional, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa para que sea procedente el juicio de amparo binstancial. Esto es así, pues los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción I, citados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.""Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona; es decir, que no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución, y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5 de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. De ahí que, el referido acto consistente en la resolución que en su momento dicte la autoridad señalada como responsable en contra del aquí agraviado en el interdicto para recuperar la posesión 100/2021, que promovió Soraya Elizabeth Luján Berger en su contra, con el objeto de desalojarlo del inmueble sujeto a litigio, se repute como futuro e incierto, pues no obstante que el promovente aduzca que se trata de un acto de futuro cierto e inminente, no constituye un dato suficiente que haga presumir una proximidad temporal en que se dictará, pues no se sabe si la responsable dictará sentencia en contra del aquí quejoso, y menos, si en ella ordene su desalojo del inmueble que señala. En mérito de lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de mérito. Apoya a lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis aislada, sostenida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1643, tomo XCIV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS FUTUROS QUE PUEDEN REALIZARSE, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LOS. Aunque no cabe conceder el amparo cuando la demanda se funda en actos futuro, no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones, ya que sólo son futuros aquellos cuya ejecución es remota, pues de otro modo serían actos no futuros únicamente los que ya se han ejecutado; de suerte que la jurisprudencia de este alto tribunal, sobre los actos futuros no motivan el amparo, se refiere a los actos futuros e inciertos, mas no a los que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos, como en el caso en que es evidente la inminencia de los actos de aplicación del Reglamento de Higiene del Trabajo." No es óbice a lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE.". Toda vez que la calificativa de que el acto que se reclama es futuro e incierto, se advierte precisamente de las manifestaciones de la parte quejosa, realizadas bajo protesta de decir verdad, pues dicho interdicto actualmente se encuentra en su fase inicial, del cual no se ha dictado sentencia definitiva en que se hubiere ordenado su desalojo, aunado al hecho que el agraviado interpuso recurso de apelación, en contra de la admisión del mencionado interdicto de recuperar la posesión, instado en su contra. Por otra parte, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; asimismo, téngase como sus autorizados a Nancy Patricia Canul Canché, Linda Karelly Canul Canché y Mildred Isabel Pech Mex, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a los diversos señalados, con las limitaciones que establece el referido numeral. Asimismo, en cuanto a su diversa solicitud, consistente en que se permita el uso de medios electrónicos para tomar fotografías del presente expediente; con apoyo en la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se accede a lo instado. Ahora bien, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa proporciona como nombres de usuario "LIC.PATRICIACANUL" y "ABOG.MILDREDPECH", los cuales se encuentran registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad su solicitud, por lo que se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa a través de los citados usuarios, quedando facultada para promover en el juicio con el propio nombre de usuario.Asimismo, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa para recibir notificaciones vía electrónica, en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones en las que se realice algún requerimiento o su naturaleza lo amerite vía electrónica, en el entendido que se realizaran a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, por medio de la cuenta electrónica antes mencionada, pues las demás se realizarán por lista.Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano