Nathan Lifshitz Yutkevich
Expediente 974/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Nathan Lifshitz Yutkevich
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido vía interconexión por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa que en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, recibió del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, el juicio de amparo 8344/2021 de su índice (derivado del juicio de amparo en que se actúa), formado con la demanda de amparo promovida por Nathan Lifshitz Yutkevich; por lo que se avocó al conocimiento del juicio de amparo en comento. En mérito a lo anterior y por cuanto no existe razón para que este expedientillo continúe en la Secretaría de este Juzgado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental, archívese como asunto totalmente concluido; realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ubica dentro del archivo judicial reciente, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo este Juzgado federal se declaró carecer de competencia legal, por razón de subespecialización. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, deberán digitalizarse todas las constancias que integran el citado expediente, para los fines legales pertinentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y de los Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primer Región, todos con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual cumple con la solicitud realizada en autos y remite la papeleta de registro y turno del Juzgado de Distrito al que le correspondió conocer del juicio de amparo en que se actúa. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose que aún no obra en los mismos, el acuse de recibo del oficio 14012/2021, de dos de junio del año en curso, dirigido al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la Ciudad de México, en turno, con el cual se le remitió el original del juicio de amparo 974/2021-VII, promovido por NATHAN LIFSHITZ YUTKEVICH; por tanto, solicítese atentamente vía interconexión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la Ciudad de México, que de no tener inconveniente legal alguno, informe a la brevedad posible y por la misma vía, a qué Juzgado de Distrito le correspondió conocer el juicio en comento del índice de este Juzgado, a fin de estar en posibilidad de acordar lo conducente. Notifíquese por lista.
- Principal
Vista la demanda de amparo indirecto promovida por Nathan Lifshitz Yutkevich, contra los actos que reclama del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y de otras autoridades; al respecto, fórmese el expediente correspondiente y Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 974/2021-VII. En principio, del análisis de dicha demanda se advierte que el promovente de amparo señala como actos reclamados, los siguientes: "a. Del órgano colegiado que constitucionalmente se identifica con el nombre de Congreso de la unión se reclama, la difusión, aprobación y emisión del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y en especial los artículos 15, fracc. XLII Bis, 176, 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 Septimus, 190 fracciones VI y VII, 307 BIS, 307 TER, 307 Quáter, 307 Quintus, Segundo transitorio, Tercero Transitorio, Cuarto Transitorio, Quinto Transitorio, y Sexto Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como todos y cada uno de los actos en los de aplicación derivados o que deriven. b. De la Cámara de Diputados, se reclama, discusión, aprobación y emisión del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y en especial los artículos 15 fracc. XLII Bis, 176, 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 Septimus, 190 fracciones VI y VII, 307 BIS, 307 TER, 307 Quáter, 307 Quintus, Segundo transitorio, Tercero Transitorio, Cuarto Transitorio, Quinto Transitorio, y Sexto Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como todos y cada uno de los actos en los de aplicación derivados o que deriven. c. De la Cámara de Senadores se reclama, la discusión, aprobación y emisión del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y en especial los artículos 15 fracc. XLII Bis, 176, 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 Septimus, 190 fracciones VI y VII, 307 BIS, 307 TER, 307 Quáter, 307 Quintus, Segundo transitorio, Tercero Transitorio, Cuarto Transitorio, Quinto Transitorio, y Sexto Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como todos y cada uno de los actos en los de aplicación derivados o que deriven. d. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama, la promulgación, así como la orden de mandar publicar el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y en especial los artículos 15 fracc. XLII Bis, 176, 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 Septimus, 190 fracciones VI y VII, 307 BIS, 307 TER, 307 Quáter, 307 Quintus, Segundo transitorio, Tercero Transitorio, Cuarto Transitorio, Quinto Transitorio, y Sexto Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como todos y cada uno de los actos en los de aplicación derivados o que deriven. e. De la Secretaría de Gobernación se reclama, la ratificación y el refrendo, así como la orden de mandar publicar el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y en especial los artículos 15 fracc. XLII Bis, 176, 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 Septimus, 190 fracciones VI y VII, 307 BIS, 307 TER, 307 Quáter, 307 Quintus, Segundo transitorio, Tercero Transitorio, Cuarto Transitorio, Quinto Transitorio, y Sexto Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como todos y cada uno de los actos en los de aplicación derivados o que deriven. f. Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, reclamo lo siguiente: . La realización de todos los actos de decisión y ejecución, inminentemente futuros y ciertos consistentes en y relativos a la instalación, operación, regular y mantenimiento del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; . La realización de todos los actos de decisión y ejecución, inminentemente futuros y ciertos consistentes en y relativos a la instalación, operación, regular y mantenimiento del Registro Público de Telecomunicaciones, del Registro Público de Concesiones, del Padrón nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y del Sistema Nacional de Información de Infraestructura en los términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, . La realización de todos los actos de decisión y ejecución, inminentemente futuros y ciertos consistentes en y relativos a la expedición de las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en los términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, . La realización de todos los actos de decisión y ejecución, inminentemente futuros y ciertos consistentes en y relativos a la instalación, operación, regular y mantenimiento del Plan Técnico Fundamental de Numeración en los términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, . La realización de todos los actos de decisión y ejecución, inminentemente futuros y ciertos consistentes en y relativos a y tendientes al registro del número de todas las líneas de telefonía móvil que actualmente tengo en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, así como cualquier otra que pueda llegar a adquirir en el futuro, . La realización inminentemente futura y cierta de todos los actos de decisión y ejecución, tendientes al registro del actual número de línea telefónica móvil de los Quejosos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, así como con respecto a cualquier otra que pueda llegar a adquirir en el futuro, . La realización inminentemente futura y cierta de todos los actos de decisión y ejecución, tendientes a recabar e ingresar a cualquier todo tipo información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio de los Quejosos, así como proporcionar información que se integrare el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, tanto con respecto al actual número de línea telefónica móvil de los Quejosos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, así como cualquier otra que pueda llegar a adquirir en el futuro, . La realización inminentemente futura y cierta de todos los actos de decisión y ejecución, tendientes a la suspensión del servicio de los equipos o dispositivos terminales móviles de los Quejosos debido al incumplimiento de las disposiciones que se impugnan a través de este Amparo Indirecto, . La realización inminentemente futura y cierta de todos los actos de decisión y ejecución, tendientes al bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil de los Quejosos, actuales o que los Quejosos pueda llegar a adquirir en el futuro, . Todos los actos de decisión y ejecución, tendientes a imponer o a implementar la obligación a que se refiere el artículo cuarto transitorio de la ley impugnada en la que se impone a los Quejosos la obligación para presentar dentro del plazo de dos año para cumplir con las obligaciones de registro que les impone la ley impugnada, incluyendo para tal efecto, presentar ante el concesionario o autorizado de que se trate, la tarjeta SIM, así como la documentación fehaciente a que hace referencia el artículo 180 Ter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión o a través de los medios tecnológicos que faciliten a los usuarios el registro, y . La realización inminentemente futura y cierta de todos los actos de decisión y ejecución, tendientes a la cancelación de la prestación del servicio relacionado con la línea telefónica móvil de los Quejosos, o de cualquier otra que los Quejosos adquieran en el futuro, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna," Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizado de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de garantías, se procede al análisis correspondiente. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por materia, que surge en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia, conflicto o litigio. Ahora bien, este órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que actualmente nos rige, encuentra limitada su competencia respecto de lo siguiente: Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior. De lo anterior, así como de los artículos en cita se advierte, que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito Especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Así pues, el Consejo de la Judicatura Federal en uso de sus facultades legales, en sesión de fecha siete de agosto de dos mil trece aprobó el "ACUERDO GENERAL 22/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN", el cual en sus artículos segundo y sexto determinó lo siguiente: SEGUNDO.- A partir del diez de agosto de dos mil trece, el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. En esa misma fecha, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones." De los preceptos transcritos deriva que los jueces de distrito, tanto en materia administrativa, como especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, tienen atribuciones para conocer de juicios de amparo contra actos de autoridad distinta de la judicial, siendo que a efecto de determinar su competencia para conocer de un determinado asunto, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, porque, evidentemente, mientras los primeros deben conocer de asuntos de contenido administrativo en sentido amplio -entendido como el género relativo al derecho público que regula el conjunto de normas relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la propia administración-, a los segundos corresponden los negocios con substancia específicamente en materia de competencia económica, radiodifusión y/o telecomunicaciones. Es aplicable la jurisprudencia 84/2016 (10a.), visible en la página mil noventa y dos, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.),* cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado. Asimismo, la jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), visible en la página mil setecientos cuarenta y seis, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Pleno de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que cuando el ejercicio de algún derecho se encuentre relacionado con aspectos de competencia económica, no obstante que el acto reclamado encuadre dentro de la categoría del derecho administrativo genérico, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo es el especializado en aquella materia. Es ilustrativa por identidad de razón, la jurisprudencia 119/2015 (10a.), visible en la página mil trescientos veintidós, Libro 26, Enero de 2016, Tomo II, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA DECISIÓN ADOPTADA RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. En la exposición de motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se planteó la necesidad de crear órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en atención a la complejidad de los aspectos técnicos que involucran a esas materias y para dar consistencia y homogeneidad a su marco regulatorio y evitar criterios distintos y contradictorios. En ese sentido, si bien es cierto que el derecho de acceso a la información encuadra dentro de la materia administrativa en general, también lo es que cuando una solicitud de acceso a la información entraña cuestiones relacionadas con la materia de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo o sus recursos cuando el acto reclamado consiste en la decisión adoptada respecto a dicha solicitud es el especializado en esas materias, pues su resolución no implica que sólo se abordarán aspectos relativos a ese derecho, como pueden ser el propio acceso a la información, los medios por los que se ejerce aquél o las limitaciones que al respecto pueden determinarse, sino que también debe resolverse si la información fue completa y congruente, así como si las reservas fueron fundadas y motivadas, entre otras cuestiones relacionadas con la materia especializada, lo cual es compatible con la competencia de los órganos jurisdiccionales en esas materias." En la especie, la parte quejosa señaló como actos reclamados de las Cámaras del Congreso de la Unión, Presidente de la República, Secretaría de Gobernación e Instituto Federal de Telecomunicaciones, la discusión, aprobación, refrendo y publicación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 15, fracción LXII bis, 176, 180 bis, 180 ter, 180 quáter, 180 quintes, 180 sextus, 180 septimus, 190, fracciones VI y VII, 307 bis, 307 ter, 307 quáter, 307 quintus, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios, todos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y su aplicación. De lo anterior se colige que el quejoso reclama actos de autoridades diversas que normalmente son competencia de los Juzgados de Distrito; sin embargo, también atribuye actos de autoridades cuyas facultades se encuentran inmersas dentro de la subespecialización de telecomunicaciones, entre ellas autoridades tales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Luego, dado que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, pues en esencia se duele, entre otras, de la reforma al artículo 180 quáter, en el que se asentó que el registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones; por tanto, se impone concluir que debe conocer del asunto un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la Ciudad de México, en turno, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. Máxime, desde el punto de vista formal, que tales actos reclamados se atribuyen a autoridades responsables como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por lo que se actualiza el supuesto previsto por el artículo 28, fracción VII, constitucional, en la parte en la cual establece que los actos de tal órgano regulador son controvertibles a través del juicio de amparo indirecto y resueltos por los tribunales especializados; así se advierte de la norma en comento, que a continuación se transcribe: "Artículo 28. .VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el Amparo en revisión 125/2016, con rubro, texto y datos de localización: "COMPETENCIA ECONÓMICA. SU CONCEPTO PARA DETERMINAR LA INTERVENCIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN ESA MATERIA. En el artículo cuarto transitorio del Acuerdo General 22/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de los órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se estableció que éstos conocerían de los amparos indirectos y de los recursos derivados de ellos, relacionados con esas materias. En ese sentido, en el tema de competencia económica, la intervención de los órganos citados no se reduce a aquellos actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino que, al suponer la coincidencia de la competitividad como política pública y el derecho de la competencia económica, la aplicación de complejos normativos de carácter transversal se extiende a los actos dictados por otros órganos reguladores en sectores especializados, que tienen incidencia en la ordenación de mercados y en la regulación de actividades y servicios de interés general y prioritario, esto es, en el proceso de competencia y libre concurrencia, que requieren de un régimen especial, pues tienden a favorecer el desarrollo nacional y el bienestar de consumidores o usuarios, de modo que no puede abandonarse su funcionamiento a las reglas de mercado." Ante lo hasta aquí expuesto, se estima que el asunto que nos ocupa no corresponde a un asunto de naturaleza administrativa genérica sino en materia de telecomunicaciones. En efecto, toda vez que los actos reclamados pertenece a la materia de telecomunicaciones, esta Juzgadora estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, por lo que el Juez de Distrito que debe avocarse al estudio del asunto es uno en esa misma materia, debido a que se está ante una mayor especialización dentro de la materia administrativa, de la cual deben conocer tribunales judiciales en dicha particular especialización, en atención a la intención que en tal sentido se desprende de los artículos 94, párrafo sexto, de la Carta Magna y décimo segundo, párrafo primero, transitorio del decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de junio de dos mil trece, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 94. .El Consejo de la Judicatura Federal de determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito." "Artículo décimo segundo. El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto." Asimismo, la determinación alcanzada obedece a que el espíritu de legislador fue el de dar efectivo cumplimiento al artículo 17 Constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en virtud de que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a una rama del derecho. Lo antes sustentando encuentra apoyo en las consideraciones que a su vez sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el conflicto competencial C. C. A. 5/2016. En consecuencia, el conocimiento del presente juicio de amparo corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la Ciudad de México, en turno. Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos 28, fracción VII, 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo; 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción I, segundo, fracción I, punto 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como en el diverso Acuerdo 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil dieciséis; este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, declara carecer de competencia legal, por razón de materia, para conocer de la presente demanda de amparo, y por ende, remítase vía electrónica, a través del Módulo de Interconexión Tecnológica entre Órganos Jurisdiccionales, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México, que por razón de turno corresponda conocer del presente asunto, el juicio de amparo 974/2021, solicitándole que tan pronto como sea posible, remita el acuse de recibo de estilo correspondiente y comunique su determinación. Ello en atención a que se estima competente para conocer de la presente demanda de amparo, por los motivos antes expuestos. Fórmese el cuadernillo respectivo con las copias necesarias, como antecedente, para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Por otra parte, se hace la precisión de que en el presente auto no se proveerá sobre la suspensión del acto reclamado solicitada por la parte quejosa; ello, cuenta habida que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, esto únicamente deberá realizarse cuando, a pesar de la incompetencia legal decretada, en la demanda respectiva se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, lo que no acontece en la especie, como quedó evidenciado en la transcripción realizada al principio del presente proveído. En otro orden, téngase autorizada de la parte quejosa, a las personas que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. Aun y cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación vía telefónica y por correo electrónico, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones que sean de carácter personal que sean necesarias durante la contingencia sanitaria, mediante la dirección de correo electrónico que se encuentra señalado en el acuse de entrega a la Oficialía de Partes Común, mismo que fue proporcionado por la parte promovente, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y del propio promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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