Nayeli Medina León y Otros.

Expediente 956/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
956/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
10/02/2021

Partes del expediente

  • Nayeli Medina León y Otros.
  • Nayeli Medina León

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Neyali Medina León, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible por haberse desechado la demanda de amparo por notoriamente improcedente, ya que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. NOTIFÍQUESE....MESA 6

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil veinte. Recepción de las demandas. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Nayeli Medina León por propio derecho y en representación de sus menores hijos Iker Alberto e Iñaki Fernando ambos de apellidos Algarin Medina, contra actos que reclaman del Juez Tercero Familiar de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Registro de las Demandas. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 956/2020 así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva acabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Ahora, atendiendo a que la demanda presentada por la quejosa Nayeli Medina León promoviendo por propio derecho y en representación de sus menores hijos Iker Alberto e Iñaki Fernando ambos de apellidos Algarin Medina, se realizó´ electrónicamente, del contenido de la misma, se advierte que la misma carece de la firma electrónica de la peticionaria de garantías, tal y como se observa del contenido del archivo correspondiente, sin que se soslaye que la demanda presentada cuenta con firma electrónica de la persona que la quejosa designó como su autorizado. De la anterior transcripción, se puede advertir que constitucionalmente el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que este solo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la carta fundamental o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; es decir, solo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de control constitucional constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo regula la legitimación para acudir a promover el amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del numeral 5o., fracción I, de esa legislación, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos estatuidos en el diverso 1o de la ley aplicable y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe destacar que en la forma escrita, la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta mediante la firma, ya que esta constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes, expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente y con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; de donde se advierte que es requisito indispensable que el escrito a través del cual se insta la tutela judicial contenga la firma autógrafa del promoverte, ya que de lo contrario debe estimarse que en dicho escrito no se incorporó´ esa expresión de voluntad de la persona, cuyo nombre encabeza el ocurso. De tal modo, que si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone explícitamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, en relación con el numeral 6 de la Ley de Amparo, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promoverte; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en el no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promoverte; salvo en los casos de excepción que expresamente estatuidos en la propia ley. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la demanda de amparo fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en este sentido debe señalarse que el uso de la firma electrónica, se encuentra regulado en el artículo 3o. de la Ley de Amparo al señalar la posibilidad para las partes de actuar ante este órgano jurisdiccional mediante el empleo de diversas tecnologías electrónicas, como lo es la firma electrónica, la cual se encuentra regulada en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, del cual se puede deducir que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, se equipara al documento de identidad a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de tal forma que al presentar la demanda de amparo por vía electrónica, como en el caso que nos ocupa, la misma debió´ contar con dicha firma electrónica de quien aparece como promoverte. Es decir, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito; es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a "instancia de parte agraviada" y, por esa razón, debe estar firmada electrónicamente con la FIREL del quejoso, a fin de que no exista duda sobre la voluntad del quien aparece como promoverte, sin que sea factible que ante la ausencia de la firma electrónica de una demanda de amparo por el quejoso, presentada por los medios electrónicos a los que se ha hecho referencia, este juzgador proceda en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, que se requiera para la satisfacción de un requisito fundamental para demostrar el consentimiento y voluntad de quien promueve el amparo, porque ante la ausencia de firma lo único indubitable, es que no existe voluntad de la parte quejosa de presentar la demanda; es decir, no hay instancia de parte y, en ese sentido no cabe prevención alguna. Ahora, no se soslaya que conforme al artículo 15 de la ley referida, dicha firma electrónica resulta innecesaria cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el precepto legal citado; sin embargo, los actos reclamados expuestos en el escrito de demanda presentada por el impetrante de amparo no se encuentran en el supuesto, pues de los antecedentes citados por este, no se advierte la imposibilidad que tenga para promover personalmente o por los medios electrónicos referidos. De lo anterior, se ha establecido que una demanda de amparo requiere expresar la voluntad de la parte agraviada, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo, o como es en el caso que nos ocupa, de la firma electrónica de quien aparece como promoverte, la cual hace las veces de firma autógrafa; de tal manera que si este se presenta sin la misma, o bien como en el caso que nos ocupa, por una persona distinta, siendo el autorizado del promoverte de amparo, debe desecharse, más aún, que tal y como ya se advirtió´, del contenido de la propia demanda, no se advierte la imposibilidad que tenga el quejoso para promover personalmente, o bien, a través de los medios electrónicos correspondientes. Por tanto, dado que la firma electrónica de la parte promoverte no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte, de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer, es por lo que, ante la falta de firma en el caso en concreto de la firma electrónica del inconforme, no hay forma de saber si es voluntad de esa persona, promover el juicio constitucional, así´ aún y cuando la demanda de amparo firmada electrónicamente con la FIREL por la persona que la parte quejosa señala como su autorizado en el escrito de demanda, no se aprecia la voluntad de quien aparece como promoverte, es decir, no hay instancia de parte. En consecuencia, toda vez que la demanda de amparo en cuestión, carece del signo escrito que exteriorice la voluntad de la referida persona en cuyo nombre se demanda la protección y dado que por disposición de artículo 107, fracción I, de la Constitucional Federal y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá´ siempre a instancia de parte agraviada, este debe declararse improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, interpretando a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede desecharla, al no existir petición de dicho quejoso que figura como afectado por el acto de autoridad. Desecamiento de la demanda. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica por Nayhelli Medina León promoviendo por propio derecho y en representación de sus menores hijos Icor Alberto e Iñaki Fernando ambos de apellidos Algarín Medina, con firma electrónica de Julio Dante Hernández Montes. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Del escrito de demanda se desprende que la quejosa señaló como medio para oir y recibir notificaciones el correo solucionjuridicaintegral@hotmail.com, sin embrago debe señalarse que si bien, el correó electrónico no es una de las formas de notificación de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de la Ley de Amparo, atendiendo al estado de emergencia sanitaria por causa mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2(COVID-19), y conforme al Acuerdo 8/2020 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de resguardar la integridad y salud del personal adscrito a éste órgano jurisdiccional y de las partes, realícese por única ocasión la notificación del contenido del presente acuerdo a través de los correos electrónicos señalados por la promovente, por lo tanto se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que realice las gestiones correspondientes, confirmado de recibido dicha notificación. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese. solucionjuridicaintegral@hotmail.com

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