Natividad Lozano Peñaloza

Expediente 729/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
729/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
12/11/2020

Partes del expediente

  • Natividad Lozano Peñaloza

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de noviembre de dos mil veinte. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de quince de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Natividad Lozano Peñaloza, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de octubre de dos mil veinte. Recepción de escrito inicial. Por otra parte, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Natividad Lozano Peñaloza, contra actos que reclama del Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 729/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Ahora, de una revisión realizada a la demanda presentada por la quejosa Natividad Lozano Peñaloza, de su contenido se advierte que carece de la firma electrónica de la promovente. En este sentido debe señalarse que el uso de la firma electrónica, se encuentra regulado en el artículo 3o. de la Ley de Amparo al señalar la posibilidad para las partes de actuar ante este órgano jurisdiccional mediante el empleo de diversas tecnologías electrónicas, como lo es la firma electrónica, siendo que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, se equipara al documento de identidad a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de tal forma que al presentar la demanda de amparo por vía electrónica, como en el caso que nos ocupa, la quejosa Natividad Lozano Peñaloza, con el uso de dicha firma electrónica, fue quien debió promover la demanda de amparo. Asimismo, no se soslaya que conforme al artículo 15 de la ley referida, dicha firma electrónica resulta innecesaria cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el precepto legal citado; sin embargo, los actos reclamados expuestos en el escrito de demanda presentada por la impetrante de amparo no se encuentra en el supuesto, pues de los antecedentes citados por éste, no se advierte la imposibilidad que tenga para promover personalmente o por los medios electrónicos en párrafos anteriores citados. En ese sentido, cabe precisar que la demanda que se atiende cuenta con firma electrónica a nombre de César Santos Robles; sin embargo, debe decirse que no se trata de quien directamente solicita la protección constitucional o en su caso un apoderado o quien legalmente lo represente, sino de una persona designada como autorizada en la propia demanda de amparo, máxime que la peticionaria de amparo no se encuentra imposibilitada para realizarlo ella personalmente. Supuesto el anterior, que no constituye una irregularidad de la demanda que sea subsanable de conformidad con lo previsto por el artículo 114 de la ley de la materia, puesto que, al haberse presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y contar con la firma electrónica de una persona diversa a la promovente del amparo, no se aprecia la voluntad de ésta, lo que implica que no se cumpla con el principio de instancia de parte agraviada referido en párrafos previos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la Jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) visible en la página 5, Tomo I, Enero de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Por tanto, dado que la firma electrónica de la promovente no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte, de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer estampando su huella digital, es por lo que, ante la falta de firma en el caso en concreto de la signatura de la inconforme, no hay forma de saber si es voluntad de esa persona, promover el juicio constitucional. En consecuencia, toda vez que la demanda de amparo en cuestión, carece del signo electrónico que exteriorice la voluntad de la referida persona en cuyo nombre se demanda la protección y dado que por disposición de artículo 107, fracción I, de la Constitucional Federal y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, éste debe declararse improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que, procede desecharla, al no existir petición de dicha quejosa que figura como afectada por el acto de autoridad. Desechamiento de la demanda. En tales condiciones se desecha la presente demanda de amparo promovida por Natividad Lozano Peñaloza, por propio derecho. Domicilio de la parte quejosa. No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la misma, apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Mirto, número 3, colonia Lomas de San Miguel, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído a la quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, incisos c) y j) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Se exhorta a las partes, incluido el quejoso, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Desde luego se hace notar a las autoridades responsables e instituciones públicas que en su caso lleguen a figurar como parte en el presente juicio de amparo que, sin perjuicio de lo anterior, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas: Los juzgados de Distrito podrán recibir electrónicamente, de las Instituciones Públicas Interconectadas informes, medios de impugnación que señala la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, el desahogo de cualquier otro tipo de requerimiento, incluyendo promociones y comunicaciones, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que generará un acuse electrónico de recepción que contendrá la denominación de la autoridad emisora y receptora, la fecha y hora de recepción, el número de expediente asignado al juicio de amparo, así como el nombre de los archivos electrónicos y si estos cuentan con evidencia criptográfica de firma electrónica. Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones; y por lo que hace a los diversos profesionistas que apunta, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Por otra parte, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que la persona que se indica se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario "SANTOSFIGUEROA", se le autoriza única y exclusivamente, para consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Uso de medios electrónicos. Asimismo, como lo solicita, se le permite a sus autorizados el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en este juzgado, siempre y cuando en ningún momento sean sometidos a malos manejos que puedan dañar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electrónicos. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.

  3. Principal

    Citatorio: Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el auto de: Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de octubre de dos mil veinte. Recepción de escrito inicial. Por otra parte, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Natividad Lozano Peñaloza, contra actos que reclama del Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 729/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Ahora, de una revisión realizada a la demanda presentada por la quejosa Natividad Lozano Peñaloza, de su contenido se advierte que carece de la firma electrónica de la promovente. En este sentido debe señalarse que el uso de la firma electrónica, se encuentra regulado en el artículo 3o. de la Ley de Amparo al señalar la posibilidad para las partes de actuar ante este órgano jurisdiccional mediante el empleo de diversas tecnologías electrónicas, como lo es la firma electrónica, siendo que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, se equipara al documento de identidad a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de tal forma que al presentar la demanda de amparo por vía electrónica, como en el caso que nos ocupa, la quejosa Natividad Lozano Peñaloza, con el uso de dicha firma electrónica, fue quien debió promover la demanda de amparo. Asimismo, no se soslaya que conforme al artículo 15 de la ley referida, dicha firma electrónica resulta innecesaria cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el precepto legal citado; sin embargo, los actos reclamados expuestos en el escrito de demanda presentada por la impetrante de amparo no se encuentra en el supuesto, pues de los antecedentes citados por éste, no se advierte la imposibilidad que tenga para promover personalmente o por los medios electrónicos en párrafos anteriores citados. En ese sentido, cabe precisar que la demanda que se atiende cuenta con firma electrónica a nombre de César Santos Robles; sin embargo, debe decirse que no se trata de quien directamente solicita la protección constitucional o en su caso un apoderado o quien legalmente lo represente, sino de una persona designada como autorizada en la propia demanda de amparo, máxime que la peticionaria de amparo no se encuentra imposibilitada para realizarlo ella personalmente. Supuesto el anterior, que no constituye una irregularidad de la demanda que sea subsanable de conformidad con lo previsto por el artículo 114 de la ley de la materia, puesto que, al haberse presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y contar con la firma electrónica de una persona diversa a la promovente del amparo, no se aprecia la voluntad de ésta, lo que implica que no se cumpla con el principio de instancia de parte agraviada referido en párrafos previos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la Jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) visible en la página 5, Tomo I, Enero de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Por tanto, dado que la firma electrónica de la promovente no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte, de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer estampando su huella digital, es por lo que, ante la falta de firma en el caso en concreto de la signatura de la inconforme, no hay forma de saber si es voluntad de esa persona, promover el juicio constitucional. En consecuencia, toda vez que la demanda de amparo en cuestión, carece del signo electrónico que exteriorice la voluntad de la referida persona en cuyo nombre se demanda la protección y dado que por disposición de artículo 107, fracción I, de la Constitucional Federal y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, éste debe declararse improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que, procede desecharla, al no existir petición de dicha quejosa que figura como afectada por el acto de autoridad. Desechamiento de la demanda. En tales condiciones se desecha la presente demanda de amparo promovida por Natividad Lozano Peñaloza, por propio derecho. Domicilio de la parte quejosa. No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la misma, apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Mirto, número 3, colonia Lomas de San Miguel, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído a la quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, incisos c) y j) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Se exhorta a las partes, incluido el quejoso, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Desde luego se hace notar a las autoridades responsables e instituciones públicas que en su caso lleguen a figurar como parte en el presente juicio de amparo que, sin perjuicio de lo anterior, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas: Los juzgados de Distrito podrán recibir electrónicamente, de las Instituciones Públicas Interconectadas informes, medios de impugnación que señala la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, el desahogo de cualquier otro tipo de requerimiento, incluyendo promociones y comunicaciones, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que generará un acuse electrónico de recepción que contendrá la denominación de la autoridad emisora y receptora, la fecha y hora de recepción, el número de expediente asignado al juicio de amparo, así como el nombre de los archivos electrónicos y si estos cuentan con evidencia criptográfica de firma electrónica. Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones; y por lo que hace a los diversos profesionistas que apunta, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Por otra parte, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que la persona que se indica se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario "SANTOSFIGUEROA", se le autoriza única y exclusivamente, para consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Uso de medios electrónicos. Asimismo, como lo solicita, se le permite a sus autorizados el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en este juzgado, siempre y cuando en ningún momento sean sometidos a malos manejos que puedan dañar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electrónicos. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.

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