Nayeli Medina León

Expediente 981/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
981/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • Nayeli Medina León

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Nayhelli Medina León, por propio derecho y en representación de quien se ostenta como sus menores hijos Iker Alberto e Iñaki Fernando ambos de apellidos Algarín Medina, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se tuvo por n no presentada la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese...MESA 1

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Por recibida la razón del actuario adscrito a este juzgado, mediante la cual informa que se constituyó en el domicilio ubicado en Avenida Jorge Jiménez Cantú sin número, Plaza Esmeralda número 14, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, código postal 52930, en busca de la quejosa Nayhelli Medina León, por propio derecho y en representación de quien se ostenta como sus menores hijos Iker Alberto e Iñaki Fernando ambos de apellidos Algarín Medina a efecto de notificarle el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la diligencia encomendada por las razones que expone en la misma; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, hágase la notificación del mencionado auto y de las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese...MESA 1 EN TAL SENTIDO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE GECHA SEÑALADA QUE EN LO CONDUCENTE INDICA: Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veinte. Recepción del escrito. Vista la demanda de amparo promovida por Nayhelli Medina León, por propio derecho y en representación de quien se ostenta como sus menores hijos Iker Alberto e Iñaki Fernando ambos de apellidos Algarín Medina, contra actos que reclama del Juez Tercero Familiar de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 981/2020 así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva acabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Estudio de la promoción. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnado, el órgano jurisdiccional deberá´ resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá´ proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, estos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí´, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los anos de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Causal de improcedencia. Primeramente, se debe establecer que en la demanda que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado el 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 ??????????????? auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, en el que se acordó estarse a lo acordado en once de septiembre de dos mil veinte, en el que se otorga a Alberto Algarín Ramírez la guarda y custodia provisional de los menores, dentro juicio de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar. Acto respecto del cual, el suscrito considera que se actualiza de manera clara y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]. La fracción transcrita pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo este improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto, por las siguientes consideraciones: De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió´ la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C.J/37, visible en la página 902 del Tomo XV, del mes de mayo de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, este debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así´ lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Ahora, tal como se estableció, en el caso el acto reclamado es el auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, en el que se acordó estarse a lo acordado en once de septiembre de dos mil veinte, en el que se otorga a Alberto Algarín Ramírez la guarda y custodia provisional de los menores, dentro juicio de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar; y, en contra de dicha actuación el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece en sus preceptos 1.393, 1.394, 1.396, 1.397 y 1.398, el recurso de revocación, mismo que está destinado para controvertir los autos de trámite que no son apelables dentro de una controversia de índole civil, como es el supuesto. Tales numerales son del tenor siguiente: 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 ??????????????? Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. Artículo 1.365.- La resolución que decida la revocación no admite recurso. De los preceptos transcritos, se desprende que la legislación procedimental aplicable al asunto de origen, prevé como medio de defensa el recurso de revocación, el cual está destinado para los autos que no son apelables, en el que deberá de expresarse los agravios correspondientes al día siguiente de la notificación del acuerdo que se pretenda recurrir. Una vez interpuesto, se dará vista a la parte contraria y en tres días el Juez lo resolverá. Por tanto, si en el caso la quejosa no interpuso el referido medio de defensa en contra del proveído de auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, es posible arribar a la conclusión de que no se agotó el principio de definitividad, cuestión que hace patente que concurran los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Esto porque la ley adjetiva prevé un medio de defensa, con lo cual se cumple el primero de los requisitos relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta si se toma en consideración el contenido de los artículos 1.362, 1.363, 1.364 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, de los cuales se advierte la procedencia del medio de impugnación que puede hacerse valer, que en el caso es el recurso de revocación. La tercera hipótesis en estudio del mismo modo se actualiza, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, la cual fue dictada fuera de audiencia. La última de las hipótesis relacionadas igualmente opera, en virtud de que el auto que constituye el acto reclamado, puede ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revocación que se interponga en su contra. Por tanto, si en el caso no se interpuso el recurso de revocación en contra del auto de treinta de noviembre de dos 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 mil veinte, en el que se acordó estarse a lo acordado en once de septiembre de dos mil veinte, en el que se otorga a Alberto Algarín Ramírez la guarda y custodia provisional de los menores, dentro juicio de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, resulta inconcuso que el juicio de amparo es improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J.44/2012, publicada en la página 729, X julio de 2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. En ese orden, aunque el principio de definitividad que rige esta vía constitucional, acorde al numeral citado, prevé´ diversas excepciones que permiten considerar que es innecesario agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir a la vía constitucional, en la especie no se está´ frente a alguno de ellos, pues el acto combatido no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; ni tampoco la procedencia del recurso de revocación se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, porque en el caso, los artículos 1.362, 1.363, 1.364 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, son claros al 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 ??????????????? establecer cuando es procedente tal medio de defensa y cual será´ su trámite, remitiendo al efecto a las reglas generales que prevé´ la misma normatividad contenidas en el Libro Primero, Titulo Noveno, correspondiente a los recursos. En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo intentada por Nayhelli Medina León, por propio derecho y en representación de quien se ostenta como sus menores hijos Iker Alberto e Iñaki Fernando ambos de apellidos Algarín Medina. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en: Avenida Jorge Jiménez Cantú sin número, Plaza Esmeralda número 14, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, código postal 52930, y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, la diligencia para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizadas a las profesionistas y a la persona, mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acredite estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, les es permitido el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dicten, siempre y cuando en ningún momento el presente expediente sea sometido a malos manejos que puedan dañar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 ??????????????? línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veinte. Recepción del escrito. Vista la demanda de amparo promovida por Nayhelli Medina León, por propio derecho y en representación de quien se ostenta como sus menores hijos Iker Alberto e Iñaki Fernando ambos de apellidos Algarín Medina, contra actos que reclama del Juez Tercero Familiar de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 981/2020 así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva acabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Estudio de la promoción. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnado, el órgano jurisdiccional deberá´ resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá´ proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, estos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí´, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los anos de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Causal de improcedencia. Primeramente, se debe establecer que en la demanda que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado el 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 ??????????????? auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, en el que se acordó estarse a lo acordado en once de septiembre de dos mil veinte, en el que se otorga a Alberto Algarín Ramírez la guarda y custodia provisional de los menores, dentro juicio de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar. Acto respecto del cual, el suscrito considera que se actualiza de manera clara y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]. La fracción transcrita pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo este improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto, por las siguientes consideraciones: De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió´ la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C.J/37, visible en la página 902 del Tomo XV, del mes de mayo de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, este debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así´ lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Ahora, tal como se estableció, en el caso el acto reclamado es el auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, en el que se acordó estarse a lo acordado en once de septiembre de dos mil veinte, en el que se otorga a Alberto Algarín Ramírez la guarda y custodia provisional de los menores, dentro juicio de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar; y, en contra de dicha actuación el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece en sus preceptos 1.393, 1.394, 1.396, 1.397 y 1.398, el recurso de revocación, mismo que está destinado para controvertir los autos de trámite que no son apelables dentro de una controversia de índole civil, como es el supuesto. Tales numerales son del tenor siguiente: 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 ??????????????? Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. Artículo 1.365.- La resolución que decida la revocación no admite recurso. De los preceptos transcritos, se desprende que la legislación procedimental aplicable al asunto de origen, prevé como medio de defensa el recurso de revocación, el cual está destinado para los autos que no son apelables, en el que deberá de expresarse los agravios correspondientes al día siguiente de la notificación del acuerdo que se pretenda recurrir. Una vez interpuesto, se dará vista a la parte contraria y en tres días el Juez lo resolverá. Por tanto, si en el caso la quejosa no interpuso el referido medio de defensa en contra del proveído de auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, es posible arribar a la conclusión de que no se agotó el principio de definitividad, cuestión que hace patente que concurran los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Esto porque la ley adjetiva prevé un medio de defensa, con lo cual se cumple el primero de los requisitos relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta si se toma en consideración el contenido de los artículos 1.362, 1.363, 1.364 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, de los cuales se advierte la procedencia del medio de impugnación que puede hacerse valer, que en el caso es el recurso de revocación. La tercera hipótesis en estudio del mismo modo se actualiza, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, la cual fue dictada fuera de audiencia. La última de las hipótesis relacionadas igualmente opera, en virtud de que el auto que constituye el acto reclamado, puede ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revocación que se interponga en su contra. Por tanto, si en el caso no se interpuso el recurso de revocación en contra del auto de treinta de noviembre de dos 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 mil veinte, en el que se acordó estarse a lo acordado en once de septiembre de dos mil veinte, en el que se otorga a Alberto Algarín Ramírez la guarda y custodia provisional de los menores, dentro juicio de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, resulta inconcuso que el juicio de amparo es improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J.44/2012, publicada en la página 729, X julio de 2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. En ese orden, aunque el principio de definitividad que rige esta vía constitucional, acorde al numeral citado, prevé´ diversas excepciones que permiten considerar que es innecesario agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir a la vía constitucional, en la especie no se está´ frente a alguno de ellos, pues el acto combatido no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; ni tampoco la procedencia del recurso de revocación se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, porque en el caso, los artículos 1.362, 1.363, 1.364 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, son claros al 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 ??????????????? establecer cuando es procedente tal medio de defensa y cual será´ su trámite, remitiendo al efecto a las reglas generales que prevé´ la misma normatividad contenidas en el Libro Primero, Titulo Noveno, correspondiente a los recursos. En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo intentada por Nayhelli Medina León, por propio derecho y en representación de quien se ostenta como sus menores hijos Iker Alberto e Iñaki Fernando ambos de apellidos Algarín Medina. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en: Avenida Jorge Jiménez Cantú sin número, Plaza Esmeralda número 14, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, código postal 52930, y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, la diligencia para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizadas a las profesionistas y a la persona, mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acredite estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, les es permitido el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dicten, siempre y cuando en ningún momento el presente expediente sea sometido a malos manejos que puedan dañar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 ??????????????? línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se 25/11/23 11:24:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8a LUCINA BRINGAS CALVARIO 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 981/2020 destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese personalmente

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