Nayeli Alicia Rendón Reyes
Expediente 981/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Nayeli Alicia Rendón Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de doce de enero de dos mil veintidós, en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Luego, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original que fue exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de noventa días legalmente computado, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, el referido documento correrá la misma suerte que este expediente. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz y anexo de cuenta, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 739/2022, de doce de enero de dos mil veintidós, por medio del cual se le notificó la sentencia emitida en esa data. Cúmplase.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 981/2021, promovido por *************** por conducto de su apoderado legal, contra los actos de la 1. Junta Especial número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, y otra autoridad, los cuales consideró violatorios en su perjuicio, de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, y turnado al día siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ****************, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados que precisa en su demanda, atribuidos a las autoridad responsables que se precisan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. Junta Especial número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz. 2. Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional (fojas 18 a 22). TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. El doce de enero de dos mil veintidós, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser ciertos los actos reclamados carecerían de ejecución material y la demanda de amparo se presentó vía electrónica en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquéllos consisten en: a) La omisión de dictar acuerdo de radicación y/o admisión en relación con la demanda formulada por la quejosa contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentada el diez de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Junta Especial número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz; b) La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en relación con la demanda de mérito; y c) La omisión de notificar personalmente a las partes el acuerdo en el que se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia indicada en el inciso anterior, con diez días de anticipación. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertas las omisiones reclamadas a la 1. Junta Especial número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, y a la 2. Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, pues así lo manifestaron en sus informes justificados y lo acreditaron con las copias certificadas remitidas por cada una de ellas para ese efecto (fojas 33 a 35 y 28). Al respecto, cabe destacar que el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". Esta porción normativa hace referencia a dos supuestos de sobreseimiento, a saber: a) el que esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) cuando no se probare su existencia. Por tanto, la prueba de la inexistencia conduce al sobreseimiento, al igual que la falta de prueba respecto de su existencia. Ahora, los actos reclamados atendiendo a su naturaleza se clasifican en positivos y negativos, los primeros implican un hacer, en tanto que los segundos reflejan una omisión o abstención. Por regla general, la negativa del acto reclamado libera a la autoridad responsable de la necesidad de probarla (negativa simple), ya que no es factible demostrar lo que se ha negado; en esa medida, la carga de la prueba recae en su contraparte, el quejoso. La excepción a dicha regla ocurre cuando la negativa del acto que se reclama importa una afirmación (negativa calificada), en este caso quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. Este último supuesto está previsto en la fracción I, del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que dispone que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Esto es, si el acto por su naturaleza es negativo (por omisión) y la autoridad a quien se atribuye lo niega, entonces, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que no se le puede obligar a probar la omisión o abstención de su contraria, sino que, como tal negativa encierra la afirmación de que la autoridad sí actúo en el sentido que se lo exige la normatividad aplicable, debe acreditarlo. Sin embargo, es importante destacar que en el caso de los actos omisivos, no basta que la responsable no actúe para tener por ciertos los mismos, sino que es indispensable que se haya encontrado en posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta no lo haya hecho. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica es que: sí actuaron, o no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. En este último supuesto el juzgador debe efectuar el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de realizar la actuación cuya omisión se le atribuye. Estudio que debe efectuarse en esta etapa, esto es, al determinar la existencia o inexistencia de la omisión que se combate. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 99/2018, visible en la página 926, del Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En el caso, toda vez que los actos reclamados consisten en tres omisiones atribuidas a las autoridades responsables y su inexistencia se actualiza con base en diversos motivos por lo que respecta a cada una de dichas autoridades, para la mejor claridad de este estudio serán analizadas por separado. - Inexistencia de las omisiones reclamadas a la 1. Junta Especial número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz. La inexistencia de las omisiones reclamadas por lo que respecta a dicha Junta se actualiza, toda vez que, como lo sostuvo ésta en su informe justificado, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictó resolución en la que radicó la demanda presentada por *********** (aquí quejosa), por conducto de su apoderado legal, licenciado Mario Alberto Ríos Vázquez, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el número 587/2021, de su estadística; se declaró legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer de la misma y ordenó remitirla a la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Veracruz, Veracruz, para que conociera del asunto hasta su conclusión. Lo que se acredita con la copia certificada de dicha resolución (fojas 78 y 79); documental pública que tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por un funcionario público en ejercicio de las atribuciones que le otorga la ley. Por tanto, si la Junta responsable de referencia se declaró legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer de la demanda, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, y la remitió a diverso órgano jurisdiccional para que éste conociera de ella hasta su conclusión, se concluye que al cuatro de noviembre de ese año, fecha en que se presentó la demanda de amparo, tales omisiones no podrían ser jurídicamente atribuibles a la 1. Junta Especial número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, al no ser la autoridad que conocía del juicio natural. Esto último se corrobora con la circunstancia de que la 2. Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, aceptó la competencia planteada, tal como se advierte de la copia certificada de dicha resolución que adjuntó esa autoridad a su informe justificado (foja 29); documental a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por un funcionario público en ejercicio de las atribuciones que le otorga la ley. De ahí que las tres omisiones reclamadas sean inexistentes por lo que hace a la Junta responsable a la que se contrae este apartado. - Inexistencia de las omisiones reclamadas a la 2. Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz. No son ciertos los actos reclamados a dicha autoridad consistentes en las omisiones de: a) dictar acuerdo de radicación y/o admisión de la demanda formulada por la quejosa y de b) señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en relación con la demanda de mérito. Lo anterior, toda vez que la Junta responsable, al rendir su informe justificado, negó su existencia y demostró que, al cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya había proveído respecto de la admisión de la demanda laboral formulada por la inconforme y señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Así es, la autoridad adjuntó a su informe justificado copia certificada del acuerdo de veintisiete de octubre del año pasado, en el que: tuvo por recibido el oficio relativo a la declinación de competencia de la Junta Especial número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Orizaba, Veracruz, y aceptó dicha competencia; radicó el asunto con el número 1533/2021, de su estadística; señaló fecha y hora para que tuviera lugar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenó girar exhorto a la mencionada Junta de Orizaba, Veracruz, para que por su conducto se notificara a la actora y se emplazara al demandado Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 29 y 30). Documental cuyo valor probatorio fue precisado en líneas precedentes y es suficiente para demostrar que las omisiones precisadas en los incisos a) y b) del considerando segundo de esta sentencia, eran inexistentes al momento de presentarse la demanda de amparo, pues la 2. Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, ya había proveído al respecto. Por otro lado, también es inexistente el acto reclamado de esta última autoridad laboral, consistente en c) la omisión de notificar personalmente a las partes el acuerdo en el que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, con diez días de anticipación a que tuviera verificativo. En efecto, el reclamo de la peticionaria deriva de lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al juicio natural que, en la parte que aquí trasciende, establece que el acuerdo en el que se señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, deberá notificarse a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio. En el caso, como se expuso previamente, el acuerdo admisorio respectivo se dictó el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, y en él la Junta responsable de mérito fijó como fecha y hora para que tuviera lugar la mencionada audiencia, las diez horas del treinta de enero de dos mil veintidós; en tanto que la demanda de amparo se presentó el cuatro de noviembre del año pasado. Esto es, en primer lugar, entre el veintisiete de octubre y el cuatro de noviembre, tan solo habían transcurrido tres días hábiles desde que se emitió el acuerdo que fijó fecha y hora para celebrar la audiencia de mérito; y, en segundo, faltaban dos meses y veinticinco días para que llegara la fecha indicada desahogar tal actuación. De ello deriva que al cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, cuando se presentó la demanda, no existía la omisión de la Junta responsable de notificar a las partes con diez días de anticipación el acuerdo en el que se fijó fecha y hora para que tuviera lugar la multicitada audiencia, pues el término legal que le impone el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo para ese efecto aún no fenecía, es decir, la Junta aún estaba en condición de observar dicho plazo legal y notificar a las partes con la referida anticipación, pues, se reitera, tal actuación se encuentra agendada para el treinta de enero de dos mil veintidós. De ahí que también resulte inexistente esta última omisión. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, lo que procede sobreseer en el presente juicio con fundamento lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 18 a 22), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 74, 75 y 107, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ************, contra las omisiones reclamadas a la a la 1. Junta Especial número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, y a la 2. Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguense a sus autos los informes justificados rendidos por la 1. Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, por conducto de su Presidenta por Ministerio de Ley; y por la 2. Junta Especial número Cincuenta y Cinco, con sede en Veracruz, Veracruz, a través de su Presidenta, y anexos descritos en la cuenta; dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo.
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