Nayeli Hernández Barreda
Expediente 351/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 36 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Nayeli Hernández Barreda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. ??????? En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Luego, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente diversos documentos originales que fueron exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de noventa días legalmente computado, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, el referido documento correrá la misma suerte que este expediente. (...) Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. ??????? En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Luego, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente diversos documentos originales que fueron exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de noventa días legalmente computado, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, el referido documento correrá la misma suerte que este expediente. (...) Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
".Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 351/2021, promovido por ******, contra actos del 1. Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, con residencia en Puebla, Puebla, y otras autoridades, los que consideró violatorios en su perjuicio de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ****** acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de las autoridades responsables que se precisan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora: 1. Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con residencia en Puebla. Ejecutoras: 2. Fiscal Primera adscrita a la Sub-Unidad Integral de Procuración de Justicia, Distrito XV, de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. 3. Delegado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Región XVI Ciudad Mendoza, Veracruz. Las últimas autoridades con sede en Nogales, Veracruz. ACTOS RECLAMADOS: "(.) a).- De la autoridad señalada como RESPONSABLE EJECUTORA (SIC), Ciudadano FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, reclamo la ORDEN BÚSQUEDA Y ASEGURAMIENTO derivados de la improcedente y falsa denuncia iniciada el día 22 de marzo de 2021, registrada con el número de expediente o carpeta de investigación FEIDAI/RVEHÍCULO-I/004483/2021, en relación al supuesto robo del VEHÍCULO AUTOMOTOR MARCA NISSAN, TIPO VERSA SENSE MT, DE 4 PUERTAS, MODELO 2018, COLOR PLATA, CON NÚMERO DE MOTOR HR16741403P, NÚMERO DE SERIE 3N1CN7AD4JK397282, Y PLACAS DE CIRCULACIÓN YGK786A DEL ESTADO DE VERACRUZ; así como su indebido reporte que hiciera de lo anterior al SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, del cual pido ordene su cancelación. b). De la responsable ejecutora Ciudadano FISCAL PRIMERA ADSCRITA A LA SUB-UNIDAD INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, DISTRITO XV, EN NOGALES, VERACRUZ, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, reclamo la DEVOLUCIÓN Y ENTREGA del VEHÍCULO AUTOMOTOR MARCA NISSAN, TIPO VERSA SENSE MT, DE 4 PUERTAS, MODELO 2018, COLOR PLATA, CON NÚMERO DE MOTOR HR16741403P, NÚMERO DE SERIE 3N1CN7AD4JK397282, Y PLACAS DE CIRCULACIÓN YGK786A DEL ESTADO DE VERACRUZ, mismo que fue puesto a su disposición por el Ciudadano Delegado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Región XVI, con residencia en Ciudad Mendoza, Veracruz, como consta dentro de la CARPETA DE INVESTIGACIÓN UIPJ/XV/1/260/2021 en virtud de su ilegal aseguramiento. c) De la responsable ejecutora Ciudadano DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, REGIÓN XVI CIUDAD MENDOZA, reclamo la ilegal desposesión y aseguramiento cometidos en mi agravio, del VEHÍCULO AUTOMOTOR MARCA NISSAN, TIPO VERSA SENSE MT, DE 4 PUERTAS, MODELO 2018, COLOR PLATA, CON NÚMERO DE MOTOR HR16741403P, NÚMERO DE SERIE 3N1CN7AD4JK397282, Y PLACAS DE CIRCULACIÓN YGK786A DEL ESTADO DE VERACRUZ, y en consecuencia la devolución y entrega del mismo en favor de la suscrita". SEGUNDO. Admisión de la demanda. El veintiséis de abril de ese año, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno le correspondió conocer del asunto, admitió la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional (fojas 37 a 40). TERCERO. Ampliación de la demanda por lo que respecta a dos autoridades responsables. El veintisiete de mayo de esa anualidad, al advertirse la participación de diversas autoridades no señaladas como responsables por la inconforme, este tribunal la previno para que dentro del término de quince días hábiles legalmente computado manifestara si era su deseo señalar como tales a las siguientes (fojas 62 a 64 del juicio): 4. Fiscal Investigadora, licenciada María Rubí Juárez García, de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XV, con sede en Nogales, Veracruz; y 5. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Robo de Vehículo, licenciado Glenn Flores Martínez, con sede en Puebla, Puebla. Mediante escrito presentado el dos de junio del año pasado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la quejosa amplió su demanda, señalando como nuevas autoridades responsables a las indicadas en el párrafo anterior (fojas 74 y 75 del juicio). Por auto de cuatro de los citados mes y año, se tuvo por ampliada la demanda, se requirió a las nuevas autoridades responsables su informe justificado y se les informó la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 76 a 78 del juicio). CUARTO. Emplazamiento del tercero interesado. El veinticuatro de noviembre del año pasado, se ordenó emplazar como tercero interesado a la persona jurídica Chubb Seguros México, sociedad anónima, lo que se realizó el veintitrés de diciembre siguiente (fojas 163 a 165 y 219 a 221 del juicio). QUINTO. Celebración de la audiencia constitucional. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser ciertos los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquéllos consisten en: a) La orden de búsqueda, localización y aseguramiento del vehículo marca Nissan, tipo versa sense, modelo 2018, número de motor HR16741403P, número de serie 3N1CN7AD4JK397282, dictada en la carpeta de investigación FGE/CDI/FEIDAI/RVEHÍCULO-I/004483/2021; b) El aseguramiento del referido vehículo, decretado en la diversa carpeta de investigación 260/2021; y c) La desposesión de dicho automotor realizada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, por elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, para ser puesto a disposición de la fiscalía investigadora en la carpeta de investigación precisada en el inciso anterior. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o inexistencia de los actos que se reclaman. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados por lo que respecta a dos autoridades responsables. No son ciertos los actos reclamados por lo que respecta a las autoridades responsables 1. Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, con residencia en Puebla, Puebla, y 2. Fiscal Primera Investigadora, de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, Distrito XV, de Nogales, Veracruz, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa haya aportado medio de convicción alguno tendente a desvirtuar dichas negativas (fojas 61 y 45 del juicio). Por tanto, al no demostrarse la existencia de los actos reclamados en relación con las citadas autoridades, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables 3. Encargado de la Policía Estatal Región XVI, Mendoza, Veracruz, con sede en Nogales, 4. Licenciado Glenn Flores Martínez, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículo, residente en Puebla, Puebla, y 5. Licenciada María Rubí Juárez García, Fiscal adscrita a la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, Distrito Judicial XV, con residencia en Nogales, Veracruz. Lo anterior, no obstante que dichas autoridades, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados, pues de la lectura integral de los mismos se advierte su existencia (fojas 145, 111, 88 y 89 del juicio, respectivamente). Lo que se corrobora con las copias certificadas de las carpetas de investigación FGE/CDI/FEIDAI/RVEHÍCULO-I/004483/2021 y 260/2021, que la segunda y tercera de las citadas autoridades responsables remitieron en apoyo a sus informes justificados. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. De ahí que se tengan por ciertos los actos que se reclaman. Al respecto, se hace la precisión de que los actos reclamados indicados en el considerando segundo de esta resolución y que resultan ser ciertos, se atribuyen a las autoridades responsables a que se contrae este considerando en los términos siguientes: al 3. Encargado de la Policía Estatal Región XVI Región XVI, Mendoza, Veracruz, con sede en Nogales, el precisado en el inciso c); al 4. Licenciado Glenn Flores Martínez, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículo, residente en Puebla, Puebla, el indicado en el inciso a); y, finalmente, a la 5. licenciada María Rubí Juárez García, Fiscal adscrita a la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, Distrito Judicial XV, con residencia en Nogales, Veracruz, el señalado en el inciso b). QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de constitucionalidad de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia, toda vez que son de estudio oficioso y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La suscrita considera, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar la quejosa contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. En efecto, los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". De la interpretación armónica de ambos preceptos se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras es pertinente precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico, ya que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa se ostenta propietaria del vehículo marca Nissan, tipo versa sense, modelo 2018, color plata, número de motor HR16741403P, número de serie 3N1CN7AD4JK397282, y alega que las autoridades responsables la desposeyeron y aseguraron injustificadamente de dicho automotor, lo que afecta su derecho de propiedad. Elementos que, conforme a lo previamente expuesto, corresponden a la figura del interés jurídico para efectos del juicio de amparo, y no a la de interés legítimo. Así, para contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional, la parte quejosa debía acreditar: - Que es propietaria del vehículo marca Nissan, tipo versa sense, modelo 2018, color plata, número de motor HR16741403P, número de serie 3N1CN7AD4JK397282; y - Que el aseguramiento de dicho automotor afecta su derecho de propiedad, de donde deriva el agravio correspondiente. Sin embargo, la inconforme no logró demostrar tales extremos. En efecto, para acreditar la propiedad del vehículo en cita, la peticionaria adjuntó a su demanda de amparo las documentales siguientes: 1. Original de la factura número U18724, de trece de septiembre de dos mil dieciocho, expedida a nombre de Lucio Eugenio Sánchez Ramírez, que ampara la adquisición del referido vehículo, a cuyo reverso obra la "cesión de derechos" (endoso) en favor de la aquí quejosa, Nayeli Hernández Barreda (foja 19 del juicio). 2. Impresión de forma de ingreso para pago referenciado de tres de diciembre de dos mil diecinueve, expedida a nombre de Lucio Eugenio Sánchez Ramírez, por concepto de derechos de control vehicular del referido automotor y otros; y comprobante de pago respectivo (fojas 20 y 21 del juicio). 3. Impresión de forma de ingreso para pago referenciado con fecha límite treinta y uno de enero de dos mil veinte, expedida a nombre de Lucio Eugenio Sánchez Ramírez, por concepto de derechos de control vehicular del referido automotor y otros; y comprobante de pago respectivo (fojas 23 y 24 del juicio). 4. Impresión de forma de ingreso para pago referenciado con fecha límite de pago siete de enero de dos mil veinte, expedida a nombre de Nayeli Hernández Barreda, por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU) (2019), recargos y reexpedición de tarjeta de circulación; y comprobante de pago respectivo (fojas 26 y 27 del juicio). 5. Original de tarjeta de circulación vehicular expedida el seis de enero de dos mil veinte, por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, relativa al vehículo "marca Nissan, línea versa, modelo 2018, número de motor HR16741403P, número de serie 3N1CN7AD4JK39728, con placas 2019YGK786A" (foja 29 del juicio). 6. Póliza Q2 40559287, expedida a nombre de Nayeli Hernández Barreda, en la que consta el aseguramiento del plurimencionado vehículo ante Chubb Seguros México, sociedad anónima, por el periodo comprendido del veintiséis de noviembre de dos mil veinte a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 31 a 35 del juicio). Ahora, si bien el documento precisado en el inciso 1, tiende a demostrar que Nayeli Hernández Barreda es propietaria del vehículo marca Nissan, tipo versa sense, modelo 2018, color plata, número de motor HR16741403P, número de serie 3N1CN7AD4JK397282, por haberse endosado en su favor la factura que ampara su propiedad; y los restantes tienden a acreditar que la antes nombrada pagó el Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU) (2019) en relación con dicho automotor; que fue expedida a su nombre la tarjeta de circulación vehicular respectiva y que contrató un seguro para dicho vehículo con la aseguradora Chubb Seguros México, sociedad anónima, por el periodo comprendido del veintiséis de noviembre de dos mil veinte a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno; tales documentos son ineficaces para acreditar la titularidad del derecho de propiedad de la quejosa en relación con vehículo alguno. Se sostiene esto último, toda vez que de las constancias que conforman la carpeta de investigación 260/2021, se advierte que si bien el automóvil cuyo aseguramiento motivó su formación inicialmente fue identificado como el vehículo marca Nissan, tipo versa sense, modelo 2018, color plata, número de motor HR16741403P, número de serie 3N1CN7AD4JK397282; una vez que le fue practicado el dictamen de identificación de número de serie y de motor, por perito de la Dirección General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, éste determinó que los anteriores son falsos, pues advirtió "alteraciones y/o modificaciones y/o remarcaciones" en los mismos, y que el número de serie original es 3N1CN7ADXJL858656 y el verdadero número de motor es HR16484789T. Ante ello, los documentos exhibidos por la impetrante no pueden constituir elementos probatorios que acrediten la propiedad de vehículo alguno, pues los datos de identificación de la unidad a que se refieren tales documentales, que señala la peticionaria haber detentado y ser desposeída de la misma el treinta de marzo de dos mil veintiuno, no coinciden con los datos de identificación verdaderos del automotor asegurado en la carpeta de investigación 260/2021. En efecto, de las copias certificadas de la referida carpeta de investigación 260/2021, se advierte lo siguiente: a) Mediante oficio SSSPO/DELEG.REG.XVI /56/2021, de treinta de marzo de dos mil veintiuno, elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, pusieron a disposición de la 5. licenciada María Rubí Juárez García, Fiscal adscrita a la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, Distrito Judicial XV, con residencia en Nogales, Veracruz, el automotor que identificaron como vehículo marca Nissan versa, modelo 2018, color gris, placas de circulación YGK786A del Estado, número de serie 3N1CN7AD4JK397282, con motivo de que al ingresar sus datos en la plataforma virtual "CHECA AUTO" advirtieron que tenía reporte de robo de fecha veintiuno de marzo de ese año, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (fojas 2 a 23 del tomo de pruebas). b) En esa misma fecha, la citada fiscal responsable inició la carpeta de investigación 260/2021, legalizó el aseguramiento del referido vehículo y, entre otras diligencias, giró oficio al Delegado Regional de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, a fin de que, en lo que aquí trasciende, llevara a cabo la "identificación plena de números de serie y motor" (fojas 1 y 30 del tomo de pruebas). c) El veintiséis de mayo del año pasado, la fiscal investigadora tuvo por recibido el dictamen 4706, de trece de los citados mes y año, elaborado por perito de la Subdelegación de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quien, en lo que aquí trasciende, concluyó lo siguiente (fojas 45 a 48 del tomo de pruebas): "(.) VI. CONCLUSIONES 1.- SE REALIZÓ IDENTIFICACIÓN VEHICULAR CONFORME A LA CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR CON SECUENCIA FOTOGRÁFICA DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, VERSA, MODELO 2018, COLOR GRIS, PLACAS DE CIRCULACIÓN YGK786A DEL ESTADO DE VERACRUZ, SERIE 3N1CN7AD4JK397282. 2. SE REALIZÓ LA IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, CONSISTENTE EN LOCALIZACIÓN DE LOS NÚMEROS IDENTIFICATIVOS VEHICULAR (VIN), STICKER, NÚMEROS CONFIDENCIALES. ENCONTRANDO ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES DEL VIN SIENDO LA NUMERACIÓN SERIE FALSA 3N1CN7AD4JK397282 Y SE OBTIENE LA SERIE ORIGINAL 3N1CN7ADXJL858656. CON EL NÚMERO DE MOTOR FALSO HR16741403P; SIENDO EL NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL HR16484789T. (.)". Ante ello, la fiscal ordenó girar oficio al Encargado del Departamento de Enlace de Estadística e Informática de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Zona Centro, Córdoba, Veracruz, a fin de que informara si la unidad automotriz indicada (con sus números tanto falsos como originales) contaba con reporte de robo (foja 49 del tomo de pruebas). d) Por oficio EEI/1568/2021, de treinta y uno de uno de mayo del año pasado, Enlace de Estadística Informática de la citada fiscalía, informó que, después de revisar los sistemas de información, se obtuvo el resultado que a continuación se sintetiza (foja 52 del tomo de pruebas): - Los números de serie y de motor determinados como falsos se encontraron con reporte de robo en la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro del expediente FEIDAI/RVEHÍCULO-I/004483/2021, iniciada en la Fiscalía "FEIDAI UEIRV", Puebla, Puebla, en fecha veintidós de marzo de dos mil veintiuno. - Los números de serie y de motor determinados como originales se encontraron con reporte de robo en la Fiscalía General del Estado de México dentro del expediente NEZ/FRO/VNE/062/333086/19/11, iniciado en la Fiscalía Chimalhuacán, México, el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. e) Mediante escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, compareció a la carpeta de investigación de origen, José Antonio Trujillo Morales, apoderado legal de la "Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, S.C. y Asociados, entre ellas Chubb Seguros México, S.A.", quien solicitó la devolución del vehículo "MARCA NISSAN, TIPO VERSA, MODELO 2018, NÚMERO DE SERIE 3N1CN7ADXJL858656, NÚMERO DE MOTOR HR16484789T, COLOR PLATA", (datos de identificación originales del vehículo asegurado) por ser de su propiedad al haber indemnizado a la asegurada por el siniestro XA19K007536 y ésta haberle endosado la factura respectiva; ocurso al que adjuntó las documentales demostrativas de su propiedad (fojas 58 a 99 del tomo de pruebas). De ello deriva que, como se adelantó, el vehículo cuyo aseguramiento y puesta a disposición motivó la formación de la carpeta de investigación 260/2021, inicialmente fue identificado como la unidad marca Nissan, tipo versa sense, modelo 2018, color plata, número de motor HR16741403P, número de serie 3N1CN7AD4JK397282, pero una vez practicado el dictamen pericial de identificación de números respectivo se concluyó que dicha unidad presentaba "alteraciones y/o modificaciones y/o remarcaciones"; que los alfanuméricos antes referidos eran falsos; y que el número de serie original es 3N1CN7ADXJL858656 y el verdadero número de motor es HR16484789T. Asimismo, que atendiendo tanto a los números de serie y de motor falsos como originales, existen reportes de robo y carpetas de investigación iniciadas con motivo de la ilegal sustracción de vehículos con dichos datos de identificación como se relató en el inciso d). Bajo esa perspectiva, los documentos que la quejosa adjuntó a su demanda son ineficaces para demostrar la propiedad de vehículo alguno, pues se refieren a un automotor cuyos datos de identificación (número de serie y de motor) no coinciden con los de la unidad que detentaba y que es objeto de aseguramiento en la carpeta de investigación 260/2021. Lo anterior, ya que, como se vio, los datos de identificación que presentó inicialmente dicho automotor, al momento de su aseguramiento (que sí coinciden con la documentación exhibida por la impetrante), eran producto de "alteraciones y/o modificaciones y/o remarcaciones" según se determinó en el dictamen pericial respectivo, lo que impide que pueda considerarse a la quejosa propietaria del mismo, pues, en todo caso, debe partirse de la base de que la documentación que exhibió en realidad no se refiere al automóvil que detentaba materialmente. De ahí que se concluya que la peticionaria del amparo no acreditó su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, la tesis XIV.2o.20 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 742, Tomo VI, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENE EL QUE DETENTA UN VEHÍCULO QUE PRESENTA LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO VISIBLEMENTE ALTERADOS, QUE COINCIDEN CON LOS DE LA FACTURA EXHIBIDA PARA ACREDITARLO. Carece de interés jurídico para reclamar, mediante el juicio de garantías, el aseguramiento de un vehículo, la persona que exhibe para ese efecto una factura que contiene datos de identificación y registro coincidentes con los del automotor que, según se desprende inequívocamente de las constancias remitidas con el informe justificado, revelan alteraciones sustanciales que indican suficientemente la posibilidad de una conducta criminosa, por haber sido manufacturados después de su original fabricación y comercialización legal. Ello, porque en tal caso la sola tenencia física no puede producir consecuencia jurídica lícita en favor del detentador, pues de acuerdo con el artículo 377 del Código Penal Federal, vigente a partir del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis, desde entonces son punibles diversas conductas relacionadas con vehículos robados como su comercialización, tráfico o la alteración de los documentos que acreditan su propiedad". En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. No se abordará el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, pues el sobreseimiento decretado constituye un impedimento jurídico para analizar el fondo del negocio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 93, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 86 Sexta Parte, Séptima Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción constitucional". SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno (fojas 37 a 40 del juicio), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 61 fracción XII, 63, fracciones IV y V, y 74, de la Ley de Amparo se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *****, por lo que respecta a los actos reclamados de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, personalmente a la quejosa y por lista al tercero interesado.
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