Natali Berenice Cardenas Rojas

Expediente 82/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
82/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Natali Berenice Cardenas Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, once de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar el oficio signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso 27494/2021, por el que se hizo de su conocimiento la resolución emitida el veinte de septiembre del año en curso, y la devolución de diversas constancias. Cúmplase.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, once de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar el oficio signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso 27494/2021, por el que se hizo de su conocimiento la resolución emitida el veinte de septiembre del año en curso, y la devolución de diversas constancias. Cúmplase.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos y, si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al menor identificado bajo las iniciales. en los siguientes términos. Por tanto, la autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia Microregional, con residencia en Nogales, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía. En proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, por un lado, se declaró que causó ejecutoria dicha sentencia, y por otro, se tuvo como autoridad sustituta del Juez Mixto de Primera Instancia Microregional, con residencia en Nogales, Veracruz (autoridad responsable), al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz; por ende, se requirió a esta última el cumplimiento respectivo. En acato a ello, mediante oficio 3078, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de diecinueve de agosto siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que sólo la parte quejosa desahogó la vista en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que mediante resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil. Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado. contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación del referido expediente, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita se desprende, en lo que trasciende, que para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, ponderó las necesidades alimentarias del menor acreedor en contraposición con las posibilidades del deudor alimentario; asimismo, precisó que el cumplimiento voluntario del deudor no constituye un factor para regraduar la pensión alimenticia; y que aun cuando el accionado alegó que dicha medida resultaba excesiva, dado que cuenta con una diversa acreedora, y que además, tiene gastos necesarios para su subsistencia, no justificó que el remanente de sus ingresos, una vez descontada la pensión alimenticia, fuera insuficiente para cubrir sus propias necesidades y la de su restante acreedora. Por ende, declaró improcedente la reclamación planteada por el demandado y, en consecuencia, confirmó el quantum de la medida alimentaria inicialmente decretada. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva determinación en la que subsanara los vicios formales destacados en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido lo manifestado por la parte quejosa, mediante escrito recibido el treinta y uno de agosto del presente año, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cabalmente cumplida, pues, dice, en la nueva resolución la responsable no señaló cual es el porcentaje de los ingresos del demandado que corresponden al menor acreedor y, además, omitió girar oficio a la fuente de trabajo del deudor alimentario para hacerle de su conocimiento dicha determinación. Sin embargo, dichos argumentos deben desestimarse, en principio, porque de la lectura de la nueva resolución se desprende que, contrario a lo señalado por la quejosa, la responsable indicó que dejaba firme el porcentaje inicialmente decretado por concepto de pensión alimenticia, es decir, el equivalente al treinta por ciento de los ingresos del demandado, y porque lo relativo a que la responsable no ordenó girar el oficio respectivo a la fuente de trabajo del accionado, resulta un aspecto ajeno a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del ordinario civil número. que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  4. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos y, si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al menor identificado bajo las iniciales. en los siguientes términos. Por tanto, la autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia Microregional, con residencia en Nogales, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía. En proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, por un lado, se declaró que causó ejecutoria dicha sentencia, y por otro, se tuvo como autoridad sustituta del Juez Mixto de Primera Instancia Microregional, con residencia en Nogales, Veracruz (autoridad responsable), al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz; por ende, se requirió a esta última el cumplimiento respectivo. En acato a ello, mediante oficio 3078, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de diecinueve de agosto siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que sólo la parte quejosa desahogó la vista en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que mediante resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil. Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado. contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación del referido expediente, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita se desprende, en lo que trasciende, que para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, ponderó las necesidades alimentarias del menor acreedor en contraposición con las posibilidades del deudor alimentario; asimismo, precisó que el cumplimiento voluntario del deudor no constituye un factor para regraduar la pensión alimenticia; y que aun cuando el accionado alegó que dicha medida resultaba excesiva, dado que cuenta con una diversa acreedora, y que además, tiene gastos necesarios para su subsistencia, no justificó que el remanente de sus ingresos, una vez descontada la pensión alimenticia, fuera insuficiente para cubrir sus propias necesidades y la de su restante acreedora. Por ende, declaró improcedente la reclamación planteada por el demandado y, en consecuencia, confirmó el quantum de la medida alimentaria inicialmente decretada. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva determinación en la que subsanara los vicios formales destacados en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido lo manifestado por la parte quejosa, mediante escrito recibido el treinta y uno de agosto del presente año, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cabalmente cumplida, pues, dice, en la nueva resolución la responsable no señaló cual es el porcentaje de los ingresos del demandado que corresponden al menor acreedor y, además, omitió girar oficio a la fuente de trabajo del deudor alimentario para hacerle de su conocimiento dicha determinación. Sin embargo, dichos argumentos deben desestimarse, en principio, porque de la lectura de la nueva resolución se desprende que, contrario a lo señalado por la quejosa, la responsable indicó que dejaba firme el porcentaje inicialmente decretado por concepto de pensión alimenticia, es decir, el equivalente al treinta por ciento de los ingresos del demandado, y porque lo relativo a que la responsable no ordenó girar el oficio respectivo a la fuente de trabajo del accionado, resulta un aspecto ajeno a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del ordinario civil número. que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

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