Natividad de Jésús Torres García
Expediente 1322/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1322/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Natividad de Jésús Torres García
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo, promovida por ***, por su propio derecho, contra actos del Director de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Guerrero, residente en esta ciudad y otra autoridad responsable. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado federal, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E" como juicio de amparo indirecto 1322/2023-III-s, y fórmese expediente físico y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020 Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. CUESTIÓN PRELIMINAR Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto el criterio de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional el acto siguiente: "EL ILEGAL Y ARBITRARIO DICTAMEN, contenido en el oficio número 1.0.1/I.D/2023/4822, de fecha 06 de septiembre del año 2023; firmado por el Lic. Roberto Cuevas Bahena." Asimismo, de los antecedentes que constituyen el acto reclamado y que bajo protesta de decir verdad narra la promovente refiere: "(.) 3. El día tres de octubre del año que corre (2023), llegó a la Escuela Primaria "LEONARDO MIER PERALTA", en donde yo soy la Directora, el Profesor NICANOR ADAME SERRANO, quien ostenta el cargo de DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA, y me informó que su presencia era con la finalidad de entregarme un escrito que le había entregado el Lic. Roberto Cuevas Bahena, y en efecto, me mostró un documento que decía CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, ya llevaba estampada la firma del Lic. Roberto Cuevas Bahena, y sólo procedió a llenar los espacio en blanco y me pidió que la firmara, a lo cual accedí, enseguida, me entregó el oficio número 1.0.1/I.D/2023/4822, de fecha 06 de septiembre del año 2023; firmado por el Lic. Roberto Cuevas Bahena, y también me entregó copias simples sin entre sellar, del expediente administrativo UAJT-R.A.-23/2023. 4. De manera verbal me sugirió que yo me retirara de la escuela, que le hiciera entrega de la escuela, el inventario y las llaves, y que atendiera la indicación del oficio que me acababa de entregar pues de lo contrario tendría sanciones, me manifestó también que el día miércoles cuatro de octubre él me recibiría en la Ciudad de Chilpancingo, yo solo me concreté a escucharlo. (.)" DESECHAMIENTO En ese orden y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo y el criterio expresado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" (Registro 186605), cuando al recibir una demanda se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo. En el caso, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: 1- El dictamen de seis de septiembre del año en curso, emitido por la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Guerrero, dentro del expediente administrativo UAJT-R.A.-23/2023, en el que se resolvió que la aquí quejosa resultó responsable de las acusaciones atribuidas, y se ordenó ponerla a disposición de la Dirección General de Educación Primaria, para que en coordinación de la Dirección General de Administración de Personal, y previo el trámite correspondientes se le otorgue la adscripción en el lugar en el que se requiera sus servicios. 2. La ejecución de dicho dictamen. Este órgano de control constitucional, advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, obtenida de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la propia legislación, dado que esas actuaciones no provienen de una autoridad para los efectos de este juicio de amparo, sino que fueron dictados por un órgano que actuó como patrón equiparado en la relación de trabajo y de coordinación que unía al justiciable con esa Dirección de Educación Estatal; numerales que en su orden y en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" De los ordinales transcritos, se advierte que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad". En el caso es menester precisar qué significa el concepto de "autoridad responsable" y "acto de autoridad." Respecto a la figura jurídica de autoridad responsable a que se refiere el artículo 5º de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha delimitado con precisión dicho concepto tal como se advierte de la Tesis P. XXVII/97, consultable en la página 118, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital 199459, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, conviene invocar la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Común, Tesis 2a./J. 164/2011, página 1089, con número de registro digital 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Además, la tesis 2ª. XXXVI/99, de la referida Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, toma IX, marzo de 1999, página 307, con número de registro digital 194367 que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Atento a las consideraciones contenidas en los criterios invocados, debe decirse que una autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público o particular con normas jurídicas, tienen la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella, todo lo que válidamente permite estimar que los elementos necesarios para la confrontación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emitente tenga características de órgano público; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y c) Que sea emitido unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Ahora, a efecto de explicar por qué en el caso se surte la causa de improcedencia en comento, debe precisarse que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa se inconforma por el dictamen de seis de septiembre del año en curso, emitido por la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Guerrero, dentro del expediente administrativo UAJT-R.A.-23/2023, en el que se resolvió que la aquí quejosa resultó responsable de las acusaciones atribuidas, y con fundamento en el artículo 82, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de Personal de la Secretaría de Educación Pública, de aplicación supletoria a la ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, se ordenó ponerla a disposición de la Dirección General de Educación Primaria, para que en coordinación de la Dirección General de Administración de Personal, y previo el trámite correspondientes se le otorgue la adscripción en el lugar en el que se requiera sus servicios. Lo anterior, permite a este juzgado arribar a la firme convicción que el acto reclamado emana de una relación laboral que existe entre la parte quejosa y las autoridades designadas como responsables; esto es, que se trata de una relación de coordinación, en la que, las autoridades señaladas como responsables actúan como patrón y el disconforme con el carácter de trabajador, tal y como más adelante se explicará. Se considera necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina constitucional, han sostenido que en el Estado existen tres tipos fundamentales de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Luego, del contenido de la fracción II, del artículo 5º, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo solo es procedente contra actos de autoridad, así como contra los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, para considerar a un particular como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, es necesario que sus funciones estén determinadas por una norma general; lo que significa que si bien es cierto que el amparo se puede promover contra actos de particulares, también lo es que no debe ser contra actos de cualquier particular, sino sólo de aquel que ejerza actos equivalentes a los de autoridad previstos en una norma general; por tanto, para que un particular pueda ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe situarse por encima del gobernado que está obligado a obedecer los actos, esto es, cuando la norma general le permita actuar en una relación de supra a subordinación, con relación al otro particular y no en un plano de coordinación. Así, en el asunto que nos ocupa, el acto reclamados a las referidas autoridades no puede ser considerados como actos de autoridad; ello, en virtud de que, la actuación de las autoridades que se señaló como responsables Director de Asuntos Jurídicos y Transparencia y Director de Educación Primeria, ambas pertenecientes a la Secretaría de Educación Guerrero, se ubican en un plano de igualdad frente a la parte aquí quejosa, derivado de una relación de coordinación, regulada por el derecho laboral, en donde las primeras actúan como patrón y no como autoridades investidas de imperio frente a la impetrante, derivado de la relación laboral existente. Luego, es evidente que el acto del que se duele la impetrante del amparo, no fue realizado dentro de una relación de supra-subordinación, pues no emana de autoridad investida de imperio sobre un gobernado, sino que, deriva de una relación laboral, en la que las autoridades responsables actúan como patrón y la quejosa como trabajadora al servicio de la Secretaría de Educación Guerrero, pues en su escrito de demanda precisa que es Directora de la Escuela Primaria "LEONARDO MIER PERALTA" que está ubicada en la población de Tixtla, Guerrero, desde el año dos mil once. Lo anterior pone de relieve que las actuaciones impugnadas a la citada entidad pública en este medio procesal de tutela constitucional carecen de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, por lo que es inviable considerarlas como de autoridad para los efectos del juicio constitucional y tampoco se pueden catalogar como "actos de particulares equivalentes a los de autoridad". Es así, porque los actos combatidos al ente responsable tuvieron su génesis en un vínculo laboral que existía entre la quejosa, como empleado asignado a la escuela primaria "LEONARDO MIER PERALTA", ubicada en la ciudad de Tixtla, Guerrero; de ahí que, se insiste, el acto impugnado a las autoridades antes referidas no constituye acto de autoridad, ni de particular equivalente al de autoridad, para los efectos del juicio de amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. No obstante a lo anterior, no es óbice para este órgano de control constitucional el hecho de que, el dictamen que refiere le causa perjuicio es recurrible en términos de lo previsto en el artículo 83 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, como se lo hizo saber la autoridad responsable en el resolutivo quinto de la referida determinación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Álvarez, número 58-A, colonia centro, de esta ciudad capital, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Noé Jiménez Reyes, Dulce Margarita Barrera Salinas y Arquímedes Gómez Sánchez, en virtud de que cuentan con registro de cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tiene a la promovente proporcionando como medios electrónicos para establecer comunicación con este Juzgado, en caso de ser necesario, y para cuestiones no procesales los números telefónicos 7474991277 y 7471204177, así como los correos electrónicos noejimenez_6206@yahoo.com.mx y dulcemargaritabarrerasalinas@yahoo.com.mx, sin que sea el caso autorizar notificaciones por esa vía, en razón de que son medios que no se encuentran previstos en la Ley de la materia, ello, no obstante que durante la contingencia sanitaria que motivó el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se autorizaron, ello, fue a fin de evitar la propagación de infecciones, sin embargo, a partir del quince de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; de ahí, que se considere un medio inapropiado para realizar las notificaciones procesales que deriven de este sumario. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
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