Natividad García Gerónimo
Expediente 77/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 77/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Natividad García Gerónimo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y tercera interesada, promovieran inconformidad contra el auto de once de junio de dos mil dieciocho (fojas 70 a 73), en el que este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que a la fecha lo hayan hecho así, no obstante estar legalmente notificadas para ello, como se desprende de las constancias relativas; en consecuencia, se les tiene por consentido dicho auto. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno
- Principal
ÚNICO. Se DECLARA CUMPLIDA la sentencia dictada el veinte de marzo de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo indirecto 77/2018, promovido por Natividad García Gerónimo, por propio derecho, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Hágase del conocimiento a la parte quejosa y tercera interesada esta determinación, para los efectos de la fracción I, del artículo 201, de la Ley de Amparo vigente.
- Principal
Visto el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual envía copia certificada de las constancias de notificación efectuadas a las partes del auto de nueve de enero de dos mil dieciocho, así como del acuse de recibo del oficio 16769/2016, enviado al Titular de la Auditoría Superior del Estado, a efecto de que preste las facilidades necesarias para el desahogo de la diligencia de inspección ofrecida por la parte actora y demandada, señalada para el veintisiete de abril del año en curso, dentro del expediente laboral 421/2016. Ahora bien, tomando en consideración que la ejecución de una sentencia de amparo es una cuestión de orden público, la cual debe ser cumplimentada sin demora, y toda vez que los efectos del amparo fueron para que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: ". tome todas las medidas que tenga a su alcance y desahogue las diligencias de inspección ofrecida por la parte actora y demandada dentro del expediente laboral 421/2016, para el VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, y en caso de que las mismas no tuvieran verificativo en la data señalada por razones diversas, fije una nueva fecha para cada una de ellas, en la que se constriña a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 51, que contiene el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; debiendo realizar los trámites tendentes y notificar a las partes con la prontitud que corresponde, a fin de que sin excusas ni pretextos sea desahogada las multicitadas inspecciones". (La anterior transcripción es únicamente para que no pierda de vista los efectos de la ejecutoria en cuestión). Consecuentemente, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que: En el término de tres días hábiles, siguientes a aquél en que sea desahogada la prueba de inspección señalada para el veintisiete de abril del año actual, ofrecida por las parte actora y demandada, remita copia certificada de lo que acuerde al respecto. Asimismo, se puntualiza al Tribunal responsable que deberá agotar todas las gestiones a su alcance a efecto de que la prueba señalada se desahogue en sus términos y no se difiera por alguna cuestión inherente a ella u omisión imputable a su personal adscrito. Apercibida que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado.
- Principal
Visto el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación que antecede, y toda vez que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que AMPARÓ ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional a efecto de que: ". tome todas las medidas que tenga a su alcance y desahogue las diligencias de inspección ofrecida por la parte actora y demandada dentro del expediente laboral 421/2016, para el VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, y en caso de que las mismas no tuvieran verificativo en la data señalada por razones diversas, fije una nueva fecha para cada una de ellas, en la que se constriña a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 51, que contiene el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; debiendo realizar los trámites tendentes y notificar a las partes con la prontitud que corresponde, a fin de que sin excusas ni pretextos sea desahogada las multicitadas inspecciones". Por lo que deberá remitir las constancias que así lo acrediten, apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.
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