Natividad Basilio Muñoz

Expediente 322/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
322/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2017

Partes del expediente

  • Natividad Basilio Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa Natividad Basilio Muñoz, en contra del auto de veintidós de marzo del presente año, dictada en el juicio de amparo en que se actúa, al que le fue asignado el número 57/2017, de su índice; de ello, queda enterada la suscrita Juzgadora, en espera de que dicho recurso sea resuelto por la superioridad.

  2. Principal

    Visto el escrito presentado por la quejosa ....en atención a su contenido, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngase interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintidós de marzo del año en curso, dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo. Una vez hecha la notificación del presente auto a la parte recurrente, remítase el original del escrito de cuenta y el informe en relación a la materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, para la substanciación de dicho recurso, al que deberá adjuntarse copia certificada de las constancias relativas.

  3. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por ......por su propio derecho y en representación delo menor ángel David Barrientos Basilio, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 322/2017-III, y fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ""DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese orden lógico, se tiene que la quejosa reclama de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: El auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el que la autoridad responsable ordenó girar oficio a la fuente de trabajo del deudor alimentista, a efecto de que se excluya el descuento por concepto de pensión alimenticia únicamente del concepto "fondo de ahorro", que se había ordenado aplicar al demandado Elías Barrientos Pineda." Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso concreto, el acuerdo de veintidós de febrero del presente año, en el que la Juez responsable ordenó girar oficio para el efecto de que se excluya el descuento por pensión alimenticia que se venía aplicando al demandado Elías Barrientos Pineda, únicamente el concepto de "fondo de ahorro", puede ser impugnado a través del recurso de reconsideración que para tal efecto prevé el artículo 381, fracción I, del Código Procesal Civil del estado de Guerrero, que dice: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles". Ello implica, que la impetrante de amparo tiene a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual dicha determinación puede ser modificada, revocada o nulificada, el cual tiene que agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad ordinaria, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 678, Tomo VI, de la Séptima Época, Apéndice 1917-1995, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos y no agoto ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de amparo, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Es preciso mencionar, que si bien es cierto nuestro más alto tribunal del país ha emitido el criterio relativo a que la posibilidad de un recurso, no es obstáculo para admitir la demanda de amparo, empero cabe indicar que tal criterio es solamente aplicable cuando se infiere la existencia de un recurso y que dicha certeza va a depender de los datos que se arrojen durante el procedimiento de amparo lo que significa en tal supuesto que ya no es manifiesta la causal de improcedencia que para tal efecto se invoque; pero no como acontece en la especie que la existencia del medio de defensa señalado con anterioridad es evidente y no una mera posibilidad, por ello la accionante constitucional debió agotar ese medio de defensa, ya que se insiste, mediante aquel puede obtener la revocación del acto que se reclama en la demanda de amparo. Es ilustrativa la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia VI.3º.C.J/62, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, pag. 1665, Tomo XXIII, Febrero 2006, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). De ahí que, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda que se provee, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elías Fierro Rivera, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que menciona, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.

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