Nataly López Márquez
Expediente 152/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 152/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nataly López Márquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera revisión contra el acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Al tratarse de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto, siguiendo los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del precepto citado. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se hace constar que no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Salina Cruz y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo; con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que anexa a su informe la responsable, consistente en: Copias certificadas del acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente civil ********************, del índice del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Salina Cruz y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo. Notificación personal del acuerdo de veintisiete de marzo del presente año a la demandada -aquí quejosa- ********************, por conducto de su autorizado ********************. Escrito de la demandada -aquí quejosa- ********************, acordada en acuerdo de veintisiete de marzo del presente año. Ahora bien, de las constancias antes descritas que remitió la aludida autoridad responsable a su informe como justificación, al que se le concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se actualiza una causa manifiesta, notoria e indudable de improcedencia que impone sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia. ********** En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La porción normativa transcrita prevé como causa de improcedencia de la acción constitucional, la cesación de efectos, que se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que en términos de la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento legal en comento, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, es importante acotar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de dichos actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De ahí que sea posible colegir, a partir de una interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la aludida legislación, que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de aquéllos, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. *************** En el particular, el acto reclamado consiste esencialmente en "la omisión y falta de contestación al escrito de fecha seis de marzo del año que está transcurriendo (2023), y presentado el siete de marzo de esta anualidad en la Oficialía de Partes del Juzgado Primero de lo Civil y Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial del Istmo, y con residencia en esta Ciudad, dentro del expediente civil ********************, del índice del índice de dicho juzgado". Ahora bien, para que se actualice la improcedencia citada es necesario que se acrediten los siguientes requisitos: a) Que la propia autoridad responsable dicte un acto con posterioridad al acto reclamado. b) Que dicho acto se haya emitido durante la tramitación del juicio de amparo. c) Que con motivo del nuevo acto, el reclamado haya quedado destruido, absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, mediante el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Salina Cruz y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo (folio 4901), se advierte de la copia certificada del acuerdo de que dicto en veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente civil número ********************, de su índice, así como la notificación al autorizado de la parte demandada (aquí quejosos) en treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, a través de su autorizado. En esas condiciones, es evidente que en este juicio se acreditan los tres requisitos para que se actualice una cesación de efectos, por lo siguiente. a) La propia autoridad responsable, es decir, la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Salina Cruz y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo (folio 4901), el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, acordó el escrito de la parte demandada -aquí quejosa- presentado el siete de marzo del presente año dentro del expediente civil número ********************, de su índice y se notificó al autorizado de la parte demandada (aquí quejosos) en treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. b) El acto se emitió durante la tramitación del juicio de amparo, pues la demanda se presentó en el buzón de este juzgado el veintisiete del actual, el acuerdo donde acordaron el escrito de la parte demandada (aquí quejosa) dentro del expediente civil número ******************** se dictó ese mismo día (veintisiete de marzo de dos mil veintitrés) y se notificó al autorizado de la parte demandada (aquí quejosa) en treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés; y, c) El acto reclamado quedó destruido absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, pues al haberse proveído sobre el escrito de la aquí quejosa presentado en la oficialía de partes de dicho juzgado el siete de marzo del año en curso, respecto al recurso de apelación, quedo sin efectos, cesando así los efectos de dicho incumplimiento, que fue el acto reclamado por la parte quejosa, por lo que este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, porque no sería posible actuar como lo dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior, conlleva a establecer que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido totalmente las consecuencias que se generarían por la omisión de emitir el auto del recurso de apelación que promovió la parte demandada -aquí quejosa-, la cual se tildó de inconstitucional. Lo que entraña la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, acorde con el artículo 77, fracción II de la ley de la materia, como es obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, por los motivos expuestos. O************* Así, se tiene que cesó en sus efectos la negativa de acordar el escrito de la parte demandada -aquí quejosa- presentado el siete de marzo del presente año dentro del expediente civil número ********************, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Salina Cruz y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo Por ende, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, Constitucionales; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. S************** Atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. Al caso se invoca, la jurisprudencia VI, 1o.J/23, registro 226555, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII- XXIV (octubre-diciembre de 1989), Octava Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En razón de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las once horas del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación de cuenta, se advierte que la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, no ha rendido su informe justificado, solicitado en proveído de veintiocho de marzo del año en curso, notificado mediante misiva 4932/2023, recibida el veintinueve de marzo siguiente, como así se advierte de la constancia de notificación que obra en autos, habiendo transcurrido el término de quince días contados a partir de su notificación, establecido en término del artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. P*********** Esto es, que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 238 de esa legislación. DIFERIMIENTO Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; fijándose para su celebración las once horas del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes virtualmente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 257 fracción II, del mencionado acuerdo. M
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito firmado por la quejosa ***, por medio del cual, manifiesta bajo protesta de decir verdad que su domicilio correcto lo es****, tal como lo justifica con la copia certificada de su credencial de elector expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral y no el que señalo en su escrito inicial de demanda. De lo anterior se toma conocimiento. Notifíquese
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