Narcisa Petriz Morales

Expediente 430/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
430/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Narcisa Petriz Morales
  • Narcisa Petriz Morales y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado el once del actual, por el que se desechó de plano su demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que dicha determinación ha causado estado. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano, y que sí existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. DESTINO Además, al tratarse de un asunto que se desechó de plano la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción IV, del referido Acuerdo General, por tanto, es destruible. En consecuencia, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto, siguiendo los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del precepto citado. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Devolución de documentos. En razón de lo anterior y visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose que obran documentales que exhibió en su escrito de demanda, consistente en: Original del escrito de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 1. Narcisa Petriz Morales. Original del escrito de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 2. Graciela Defez Flores. Original del escrito de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 3. Moisés Avendaño Flores. Original del escrito de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 4. Ángela Jiménez Santos. Copia simple del escrito de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 6. Gudelia Pinzón Ramírez. Copia simple del escrito de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 7. Sabina Inclan Zarate. Copia simple del escrito de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 8. Esperanza Aguilar Ramos. Original del escrito de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 10. Ricardo Hernández Velásquez. Original del escrito de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 11. Sofía Beatriz Pliego Salinas. Original del escrito de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dirigido a Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 1. Narcisa Petriz Morales. Original del escrito de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dirigido a Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 2. Graciela Defez Flores. Original del escrito de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dirigido a Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 3. Moisés Avendaño Flores. Original del escrito de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dirigido a Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 4. Ángela Jiménez Santos. Copia simple del escrito de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dirigido a Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 6. Gudelia Pinzón Ramírez. Copia simple del escrito de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dirigido a Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 7. Sabina Inclan Zarate. Copia simple del escrito de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dirigido a Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 8. Esperanza Aguilar Ramos. Original del escrito de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dirigido a Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, trienio 2022-2024, firmado por 11. Sofía Beatriz Pliego Salinas. Dejándose copia del mismo en autos como constancia legal, dígase que deberá comparecer a recogerlo o bien por conducto de las personas autorizadas dentro del presente juicio, dentro del plazo de noventa días naturales, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído; apercibido que de no hacerlo, en su oportunidad, serán destruidos junto con el expediente o con las actuaciones de este cuando se trate de su depuración; haciendo la indicación que el documento con que se identifique no deberá encontrarse deteriorado, es decir roto, desprendido en algunas de sus partes, ilegible por desgaste o incompleto; además de encontrarse vigente al día en que se presente en este órgano jurisdiccional para tal efectos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por 1. ****, 2. ****, 3. ****, 4. ***, 5. ***, 6. ****7. **** 8. ****, 9. ****, 10. *****y 11. ****Salinas, por propio derecho, contra actos del 1. Presidente Municipal en turno, representante político y responsable directo de la Administración Publica del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca y otras autoridades ANOTACIONES Fórmese expediente impreso y electrónico, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 430/2023-V-A, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno Impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. PRECISIÓN SOBRE ACUERDO GENERAL APLICABLE Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. ASPECTOS CONCERNIENTES A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del. Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. INSTRUCCIÓN A LA SECRETARIA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE Y AL OFICIAL JUDICIAL "A" Se instruye a la secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a. su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga las acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conlleva a desechar de plano la demanda de amparo. El artículo 113 de la ley de la materia, a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/290 de la Octava Época, con registro 210751, Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página sesenta y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (agosto de 1994), que establece: Tomo VII, Mayo de 1998 "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL 6, DE LA LEY DE AMPARO En el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la intelección a las normas transcritas, se desprende que el juicio de amparo puede promoverse por la persona ya sea física o moral a quien afecte la norma o acto reclamado. Por tanto, a efecto de tener por demostrado de manera fehaciente que quien promueve amparo es la persona a quien le afecta el acto de molestia reclamado, es necesario que la demanda contenga firma de éste. Extremo que en el caso no se actualiza, ya que la demanda de amparo indirecto, fue presentada sin firma de 5. Dora Alicia Benítez Rodríguez y 9. Rene Aquino Martínez; lo cual, revela que en la demanda que se analiza no se incorporó expresión de voluntad de dichas partes quejosas, por no aparecer la firma original de los promoventes, pues la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere. Por tanto, no existe instancia de parte agraviada, pues no se aprecia la voluntad para instar el juicio constitucional al no obrar dicha firma en original, toda vez que conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 6 de la Ley de Amparo, sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o la ley que se reclame, esto es, por quien el acto de autoridad le ocasione un agravio personal y directo, lo cual le otorga legitimación para incoar la instancia constitucional. Por lo tanto, al no obrar al calce de la presente demanda firma en original, de 5. Dora Alicia Benítez Rodríguez y 9. Rene Aquino Martínez, es evidente que la misma carece de validez pues no se puede determinar que se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo, pues como ya se dijo el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, requisito que debe de quedar plenamente acreditado para que el juzgador se encuentre en condiciones de aceptar una demanda de amparo; por lo que al no constituir ninguna firma en original el documento que la contenga carece de validez. A mayor abundamiento, si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora; por tanto, la falta de la firma en original tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata. Siendo que en la presente demanda se advierte que carece de firma autógrafa original de 5. Dora Alicia Benítez Rodríguez y 9. Rene Aquino Martínez, pues en el caso, no obra firma en original, toda vez y en un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, o en copia fotostática simple, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Lo anterior es así, toda vez que la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, por lo que al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo de forma original, no puede decirse que exista certeza respecto de quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión; es decir, sin la firma original se traduce en la ausencia de la manifestación expresa de la voluntad del que promueve, lo que carece de valor probatorio pleno, y el escrito de demanda al que le falte este requisito debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna; lo que no obliga requerir a la parte quejosa para que subsane tal omisión, sino desecharla por notoriamente improcedente. Es aplicable, la tesis número de registro 223817, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página doscientos trece, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión." En consecuencia, toda vez que la demanda de cuenta carece de firma autógrafa original respecto de 5. Dora Alicia Benítez Rodríguez y 9. Rene Aquino Martínez, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda en copia simple; por tanto procede desechar de plano la demanda de amparo indirecto únicamente por lo que respecta a los mencionados, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, puesto que no se puede soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Es aplicable al presente caso, por analogía, la jurisprudencia trescientos noventa emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos treinta y cuatro del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Octava Época, registro 917924, la cual establece: "REVISIÓN. DEBE DESECHARSE ESE RECURSO CUANDO NO ES AUTÓGRAFA LA FIRMA QUE LO CALZA. Si el escrito de expresión de agravios mediante el cual se hace valer el recurso de revisión no contiene firma autógrafa, debe desecharse, en virtud de que la misma constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento judicial, expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, y con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. El documento en que se hace valer el recurso de revisión constituye una promoción que debe hacerse por escrito de conformidad con lo que establece el artículo 88 de la Ley de Amparo, y es requisito indispensable que contenga la firma autógrafa del promovente, ya que de lo contrario debe estimarse que en dicho escrito no se incorporó expresión de voluntad alguna, al no reunir el requisito que establece el artículo 1834 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, aplicado por analogía, porque se trata de una formalidad que debe constar por escrito. En consecuencia, si el referido escrito de expresión de agravios es calzado por una firma facsimilar, cuya naturaleza de mera reproducción de su original no es suficiente para acreditar la manifestación de voluntad, el mismo debe desecharse." Sirve de apoyo a lo anterior por su importancia, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito en la Jurisprudencia visible a foja 38 del Tomo 81 Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "FIRMA EN LOS ESCRITOS Y PROMOCIONES. DEBE SER AUTÓGRAFA. Si en el escrito en que se promueve en recurso se presenta en la última hoja copia fotostática, en la que al calce se encuentra la firma del escrito del que provino, debe considerarse como un simple papel en el que no se incorporó expresión de voluntad, por no aparecer la firma autógrafa del promovente, pues la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere". Además, cabe resaltar como ya se estableció que en la papeleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, se hizo constar que la citada demanda se presentó sin firma original, de 5. Dora Alicia Benítez Rodríguez y 9. Rene Aquino Martínez, ingresándose por el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad. Se invoca en apoyo a lo expuesto, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 2154, del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2009142, cuyo tenor literal es: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Conviene precisar, que al considerar procedente desechar de plano la demanda de amparo únicamente por lo que respecta a 5. Dora Alicia Benítez Rodríguez y 9. Rene Aquino Martínez, por actualizarse una causal de improcedencia manifiesta y notoria, no se le restringe al impetrante del amparo un efectivo acceso a la justicia tutelado en el numeral 17 de la Constitución Federal, ni el diverso numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues de su interpretación se advierte que garantizan el derecho fundamental a favor de los gobernados relativo al acceso efectivo a la justicia, que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. En ese sentido, el acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan requisitos de procedencia y plazos para ejercer un derecho, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De ahí que, si la parte quejosa no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, como en el caso, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con los requisitos de procedencia que prevé la citada ley. Además, con la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implica la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el Juez deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 699, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2004823, de rubro siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." De igual forma, cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 487, del tomo I, Libro 3, correspondiente al mes de febrero de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2005717, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, únicamente por lo que respecta a 5. Dora Alicia Benítez Rodríguez y 9. Rene Aquino Martínez, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de esa legislación. Es conveniente mencionar que algunos de los criterios jurisprudenciales que se han invocado a lo largo de este proveído, no se oponen a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplicaron con sustento en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1 Y 5, DE LA LEY DE AMPARO En efecto, a criterio de quien aquí resuelve, se estima actualizada, en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En el caso concreto, los quejosos 1. Narcisa Petriz Morales, 2. Graciela Defez Flores, 3. Moisés Avendaño Flores, 4. Ángela Jiménez Santos, 6. Gudelia Pinzón Ramírez, 7. Sabina Inclan Zarate, 8. Esperanza Aguilar Ramos, 10. Ricardo Hernández Velásquez y 11. Sofía Beatriz Pliego Salinas, por propio derecho, reclaman de las autoridades responsables los actos que esencialmente hizo consistir en la omisión de las autoridades responsables, de no respetar el ejercicio del derecho de petición, que le formularon por escritos de fechas veinticinco y veintiocho de abril de dos mil veintitrés, de manera pacífica y respetuosa, Al respecto, los artículos 61, fracción XXIII, 1ºy 5º de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificarla o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (...)." La disposición imperativa de la fracción XXIII, del numeral 61, transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. El artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que el artículo 5, fracción II, dispone que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguirla dichas situaciones jurídicas. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, de la interpretación en sentido contrario del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se deduce que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se haga valer contra actos provenientes de una autoridad que no tenga tal carácter para efectos del amparo. En efecto, conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad; entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por si o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 394/2016, explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual esbozó los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. Explicó que el concepto de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo se modificó, ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó que el criterio actual del Máximo Tribunal para determinar si tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Indicó además, que para que pueda otorgársele a alguien el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Las consideraciones reseñadas dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 con rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN TRAMITACIÓN ACTOS DERIVADOS DE LA SUCESIONES EXTRAJUDICIALES.", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 69, Agosto de 2019, tomo II, página 1144. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Cabe señalar en relación con el concepto de autoridad, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de acuerdo con la doctrina, que existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado por la otra. En estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, que ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Con base en lo anteriormente expuesto, la referida Segunda Sala del Máximo Tribunal del País emitió el siguiente criterio en la tesis de jurisprudencia 2, XXXVI, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, materia administrativa, página 307, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes de subordinación, entabladas entre goberantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como limito a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Esto es así, pues no basta estimar que los actos reclamados violentan los derechos fundamentales del quejoso para considerar que fueron emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, puesto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha sostenido el criterio de que para estimar realizado un acto de autoridad es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por si o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio a que se alude, se encuentra inmerso en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia común, página 1089, con número de registro digital: 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por si o ante si, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En efecto, la teoría general del derecho también realiza una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Establece que la primera corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir controversias se crean en la legislación sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. No se debe soslayar que existen relaciones que en razón de su propia naturaleza jurídica resulta un poco más complejo determinar cuando el ente del Estado actúa como autoridad y cuando en un plano de igualdad ante los demás gobernados. En ese supuesto para determinar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se requiere la presencia de mayores elementos que dependerán del caso concreto que se presente, así tenemos que el juez de amparo debe analizar: a) El origen material y la finalidad del acto respectivo. b) El carácter de la relación jurídica entre los sujetos, es decir, la actualización de la relación de supra a subordinación. c) El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica. Por otra parte, de los antecedentes del acto reclamado -que bajo protesta de decir verdad narró la quejosa en su demanda-; así como, de los escritos de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca y de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dirigido a Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, se advierte que éstas mantienen una relación laboral con las autoridades aquí responsables, pues en sus antecedentes de la demanda de amparo, manifiestan que iniciaron la prestación de servicios para el Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, laborando a partir de diferentes fechas de manera interrumpida para dicho ayuntamiento, como empleados sindicalizados. Sobre ese contexto, es dable sostener que el acto que reclama consistente en la omisión de dar respuesta a los escritos de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca y de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dirigido a Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, lo es respecto a los montos que les corresponde para el pago de finiquito de jubilación. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego entonces, partiendo de las premisas anteriores, se estima que los actos reclamados al 1. Presidente Municipal, 2. Síndica Procuradora y Hacendaria, 3. Regidor de Hacienda y 4. Tesorero, todos del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, emergen de un acto que encuentra su origen en una relación de coordinación. De ahí que resulte claro que los actos atribuidos a las autoridades responsables no son equiparables a uno de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues para que esa hipótesis se actualice es necesario que éste conlleve el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular y, con independencia de las facultades y obligaciones que le otorga la ley a dicho ente, se insiste, es evidente que con las omisiones reclamadas, no actúa en un plano superior al del peticionario de amparo, ni lo consideró como gobernado, sino que ese acto lo omite realizar en su calidad de patrón; siendo evidente que su determinación incide, en todo caso, en la esfera de sus derechos como trabajador; por lo que no se está en el caso de tener a aquélla como responsable para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la Junta Federal correspondiente. Es decir, la omisión reclamada, en su caso, sólo conlleva una actuación propia de la relación privada que une a dicha dependencia con la parte quejosa como particulares, en virtud de que su pretensión final es la cancelación y modificación en el CFDI o recibo de nómina en virtud del pago y finiquito de su jubilación, lo que, consiste en el cumplimiento de una prestación de trabajo que, por regla general, no es reclamable en la vía constitucional. Ello, debido a que el derecho de los quejosos, que aduce violado por la aquí designadas como autoridades responsables, para quien presta sus servicios y, por ende, las transgresiones que le atribuye, no se verifican con el carácter de imperio que revisten los actos de autoridad, sino como incumplimiento del derecho a la protección y seguridad previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se amplía a través de las leyes federales de trabajo respectivas. En efecto, el artículo 123 constitucional, Apartado B, establece un régimen protector de los empleados burocráticos semejantes, no iguales, a los establecidos en el Apartado A, para los obreros en general. Asimismo, la fracción XII establece que los conflictos individuales o colectivos serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo previsto en la ley reglamentaria. Por su parte, el precepto 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que es trabajador toda persona que preste un servicio físico, intelectual de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Dicha ley reglamentaria, que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pormenoriza y desarrolla las bases constitucionales, siendo importante señalar que al establecer en su artículo 2o. que "para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio", está configurando una ficción jurídica acorde con el espíritu protector del Apartado B que reglamenta, consistente en equiparar la relación existente entre Estado y empleado con una relación laboral. Al equipararse al Estado como un patrón en las relaciones que guarda con sus empleados, se produce como consecuencia que los actos que dentro de ese vínculo surjan no se puedan estimar de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues, incluso al provenir del "patrón", deben considerarse de naturaleza privada, por la naturaleza de particular que en razón de tal equiparación se le reconoce al Estado. Es importante señalar que ese esfuerzo de asimilación o equiparación no comprende a todos los trabajadores al servicio del Estado, pues la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 constitucional, excluye a seis grupos: a) Militares; b) Marinos; c) Personal del Servicio Exterior; d) Agentes del Ministerio Público; e) Peritos, y f) Miembros de instituciones policiales. Como se ve, los seis grupos indicados constituyen la excepción que efectúa el artículo 123 constitucional en el Apartado B, fracción XIII, respecto de la regla general consistente en que la relación Estado-empleado se asimila a una relación laboral y que aquél debe considerarse como si fuera patrón, excepción aceptada en el consenso internacional porque las atribuciones encomendadas por las leyes a esos grupos son de tal manera sustanciales para el orden, la estabilidad y defensa de la Nación, o para su imagen externa, que su control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo. Conviene señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/94, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA". suscitada entre el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, resolvió que al excluirse a los grupos en cuestión del tratamiento otorgado por la Carta Magna al resto de empleados del Estado, de acuerdo con la citada fracción XIII Apartado B del artículo 123 constitucional, entonces la relación que guardan con él es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y, por tanto, las determinaciones que dicho ente tome en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad. En suma, de lo hasta aquí expuesto se arriba a las siguientes conclusiones: a) La relación Estado-empleado es de naturaleza administrativa, en principio u originariamente. b) El derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha trasformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y al Estado como si fuera patrón (naturaleza sui generis). c) De dicho tratamiento general se excluyen, por disposición constitucional seis grupos a saber: militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de instituciones policiales, respecto de los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Ahora, en el caso 1. Narcisa Petriz Morales, 2. Graciela Defez Flores, 3. Moisés Avendaño Flores, 4. Ángela Jiménez Santos, 6. Gudelia Pinzón Ramírez, 7. Sabina Inclan Zarate, 8. Esperanza Aguilar Ramos, 10. Ricardo Hernández Velásquez y 11. Sofía Beatriz Pliego Salinas, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1. Presidente Municipal en turno, representante político y responsable directo de la Administración Publica del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca y otras autoridades, que hace consistir en la omisión de dar respuesta a los escritos veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca y de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dirigido a Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, en donde solicitan se les expidan y aclaren respecto a los montos que les corresponde para el pago de finiquito de jubilación. Por lo anterior, es posible arribar a la conclusión de que el oficio reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación jurídica del solicitante de amparo con la autoridad responsable 1. Presidente Municipal, 2. Síndica Procuradora y Hacendaria, 3. Regidor de Hacienda y 4. Tesorero, todos del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, no es de naturaleza administrativa al no estar dentro de los supuestos de excepción que prevé el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución de la República. Por lo anterior, si la situación jurídica de la quejosa no se ubica dentro de las hipótesis de excepción establecidas constitucionalmente para que su relación jurídica con la autoridad responsable 1. Presidente Municipal, 2. Síndica Procuradora y Hacendaria, 3. Regidor de Hacienda y 4. Tesorero, todos del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, se considerada como de naturaleza administrativa, es inconcuso que esa situación jurídica se ubica dentro de una relación en la que el Estado actúa como patrón y, por lo tanto, desprovisto de imperio. Pues se reclama la omisión de dar respuesta a los escritos veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca y de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dirigido a Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, en donde solicitan se les expidan y aclaren los montos que les corresponde para el pago de finiquito de jubilación, por lo que la relación que surge es de naturaleza laboral equiparada, por lo que la autoridad empleadora posee la calidad de patrón, resultando sus actos, cuando los efectúa dentro de este vínculo, no provenientes de autoridad para efecto del juicio de amparo, sino de un particular por asimilación constitucional, lo que hace que esta instancia constitucional promovida sea improcedente. Al respecto, resulta aplicable por analogía la tesis VII.2o.T.9 L (10a.), de registro digital 2010538, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, página 3436, Décima Época, Materias Común, Laboral, que es del tenor literal siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo." Asimismo, cobra aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 20/2005, de registro digital 178849, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Página: 315, Novena Época, Materia Laboral, Tesis, de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 76/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 568, con el rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI DEMUESTRAN QUE HAN VENIDO PRESTANDO SERVICIOS A LA DEPENDENCIA ESTATAL POR DESIGNACIÓN VERBAL DEL TITULAR, TIENEN ACCIÓN PARA DEMANDAR LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO O SU INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE RAYA Y, EN SU CASO, TODAS LAS DEMÁS ACCIONES CONSECUENTES.", así como de la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 96/95 de la que derivó, se advierte que aun cuando no se exhiba el nombramiento relativo o se demuestre la inclusión en las listas de raya, la existencia del vínculo laboral entre una dependencia estatal y la persona que le prestó servicios se da cuando se acredita que los servicios prestados reúnen las características propias de una relación laboral. En ese sentido, si se acredita lo anterior, así como que en la prestación del servicio existió continuidad y que el trabajador prestó sus servicios en el lugar y conforme al horario que se le asignó, a cambio de una remuneración económica, se concluye que existe el vínculo de trabajo, sin que sea obstáculo que la prestación de servicios se haya originado con motivo de la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales, pues no es la denominación de ese contrato lo que determina la naturaleza de los servicios prestados al Estado, de tal suerte que si éstos reúnen las características propias del vínculo laboral entre el Estado y sus trabajadores, éste debe tenerse por acreditado". Asimismo, la tesis VII.2o.A.T.10 A, de registro digital 194572, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Febrero de 1999, Tesis:, Página: 487, Materia Administrativa, Novena Época, que al respecto señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Los funcionarios de organismos públicos, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, es decir, actuar como autoridades. Sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar el caso concreto. Ahora bien, no puede considerarse que el acto reclamado al director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la orden de cambio de adscripción de un inspector de zona, sea un acto de autoridad, pues atendiendo al contenido del artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y del diverso 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, donde se establece, entre otros aspectos, que esa secretaría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que es obligación de sus trabajadores obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y trasladarse al lugar al que sean removidos, es de considerarse que el director señalado como responsable, al emitir el acto reclamado lo hizo con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal". En mérito de lo antes expuesto, se estima que dichos actos reclamados son de naturaleza laboral y, por ende, según se sostuvo con antelación, con la omisión de dar respuesta a los quejosos la autoridad responsable no actuó con potestad de imperio, esto es, como autoridad, sino como patrón, pues tal y como se alude en el escrito de demanda, dicho acto afecta sus derechos de jubilación. En tales términos, como los actos que se pretenden impugnar derivan de la relación laboral (Estado-empleado) que une a la quejosa la autoridad responsable, se concluye que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, por no estar en presencia de actos atribuibles a autoridades para efectos de la materia, actualizándose así la causa de inejercitabilidad prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 1, fracción I, y 5 de esa misma legislación; por lo que en consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del precitado ordenamiento, lo procedente es desechar la presente demanda de amparo. No pasa inadvertido que el artículo 5°, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que para efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, pues si bien la omisión de dar contestación respecto al trámite de su jubilación la autoridad responsable creó una situación jurídica que afecta a los quejosos, lo relevante es que tal actuación tiene su origen en la relación equiparada a la laboral que mantienen ambas partes. Es decir, la existencia de una relación de coordinación excluye la posibilidad de que la resolución impugnada pueda ser sometida al escrutinio del juicio de amparo, porque no se está en presencia del ejercicio de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; por el contrario, se trata del ejercicio de una facultad que -aunque deriva de la ley- surge eminentemente de la relación burocrática (por ende no pública) existente entre las partes. En esas condiciones al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5 de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR DE PLANO la presente demanda de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el toca en revisión 190/2014. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado a********************, como licenciada en derecho, quien tiene inscrita su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que la autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciada en derecho. Por otra parte, aun cuando la cédula profesional de ******************** no está registrada ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, en la demanda de cuenta, se advierte que tiene emitida a su favor la cédula profesional número********************expedida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. En consecuencia, si el quejoso otorga la autorización en términos amplios del citado numeral, además de precisar el número de cédula profesional que tiene a su favor el profesionista en cita; ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este órgano de control constitucional. Como fundamento a lo anterior, se cita la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, Materia(s): Común, página 4456, con registro digital 2021840, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del juzgado a firmar los oficios que se envíen en el presente juicio. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente, sin ulterior acuerdo, previa razón de imposibilidad que levante para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, con fundamento en el numeral 263 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta (invita) a las partes continúen dicha tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, la cual podrá consultarse en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, deberán asistir a este órgano jurisdiccional en el horario ordinario de labores. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En razón que no existe impedimento legal para que la parte quejosa pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por la suscrita Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

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