Natividad Vázquez Torres
Expediente 243/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Natividad Vázquez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 189-192), por el que se sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IV-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la cual se hizo constar que la parte quejosa dentro del término legal de tres días que se le otorgó por proveído de siete de febrero del año en curso (fojas 185-187), no se presentó en este Juzgado de Distrito a recoger los edictos en los que se ordena el emplazamiento del tercero interesado Marco Antonio Morales Nández; así también, en dicho proveído se determinó que la quejosa Natividad Vázquez Torres; sí tiene capacidad económica para sufragar el costo de la publicación de los edictos correspondientes. Ahora bien, tomando en consideración que a la fecha ya transcurrió el término legal concedido al quejoso para que se presentara a recoger los edictos correspondientes para su publicación, por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en el "Universal", que es uno de los periódicos diarios de mayor circulación de la República Mexicana; en consecuencia, es de estimarse que con dicha omisión atribuible a la quejosa; lo que impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 63, fraccionamiento II, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II.- El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. " Ello es así, toda vez que por acuerdo de tres de enero de la presente anualidad (fojas 163-165), se ordenó emplazar a juicio por edictos al tercero interesado Marco Antonio Morales Nández; sin embargo, a efecto de no hacer nugatorio los derechos de la parte quejosa se le requirió para que dentro del término de tres días compareciera a recoger los edictos para su publicación correspondiente y manifestara expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de la publicación de los mismos. Como la parte quejosa no compareció dentro del plazo legal que se le otorgó a recoger los edictos para su publicación ni hizo manifestación al respecto en cuanto a que no tiene capacidad económica para sufragar el costo de la publicación de los mismos, por auto de fecha siete de febrero del año en curso (fojas 185-186), se hizo efectivo en su perjuicio el apercibimiento decretado en proveído de tres de enero del año en curso, por lo que se determinó que sí tiene capacidad económica para sufragar el costo de la publicación de los edictos, para los efectos legales a que hubiere lugar. En atención a lo expuesto, es evidente que la conducta contumaz de la quejosa, en el sentido de que no se presentó a recoger los edictos para su publicación, ni hizo manifestación alguna en cuanto a su incapacidad económica para sufragar el costo de la publicación de dichos edictos, se actualiza la invocada hipótesis de sobreseimiento, por lo que se sobresee en el juicio. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia número 16/2000-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 186587, publicada en la página doscientos once, del tomo XVI, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Desde luego, no se desatiende la existencia de la jurisprudencia 108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 164074, publicada en la página cuatrocientos dieciséis, del tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo.". En la que se determinó que en aquellos casos en los que el quejoso afirme que no tiene la capacidad económica para sufragar el pago de los edictos y consten en autos elementos que demuestren esa circunstancia, se determinará que su pago (edictos) correrá a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, se estima que ese criterio no es aplicable en la especie, en razón de que como ya se dijo, la parte quejosa no manifestó que estuviese imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza y tampoco ofreció pruebas para demostrar tal circunstancia. Consecuentemente, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. IV-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, siete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que el nueve de enero del dos mil dieciocho, la parte quejosa quedó notificada del proveído de tres del citado mes y año, en el que se ordenó realizar el emplazamiento al tercero interesado Marco Antonio Morales Nández, por medio de edictos; sin embargo, a efecto de no hacer nugatorios los derechos de la parte quejosa se le requirió para que en el término de tres días, manifestara expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes y ofreciera las pruebas que acreditaran esa circunstancia para estar en aptitud de determinar si procedía su publicación a su costa o del Consejo de la Judicatura Federal, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, como la quejosa no ofreció medio de convicción alguno que demostrara que se encuentra imposibilitada para cubrir el importe de la publicación de los edictos ordenados en el presente juicio, se entiende que tiene capacidad económica para sufragar el costo de los mismos, por ello, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente a aquél en que quede notificado de este proveído, acuda a este Juzgado a recoger los edictos de que se trata, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Funda lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 211, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. En otro contexto, de la certificación también se advierte que el veintidós de enero del año en curso, la quejosa quedó notificada del auto de diecinueve de ese mes y año y dado que no se presentó dentro del plazo concedido a ratificar su escrito de desistimiento, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído; en consecuencia, se le tiene por desinteresada en su desistimiento y se ordena continuar con la secuela de este asunto. Notifíquese. IV-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el escrito firmado por la parte quejosa Natividad Vázquez Torres, a través del cual manifiesta que se desiste de la demanda de amparo que dio origen a la formación del presente juicio, contra todos los demandados (sic), toda vez que ya se le dio cumplimiento a la pensión de alimentos desde el mes de julio de dos mil diecisiete. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, requiérase la citada quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, se presente ante este juzgado con identificación oficial con fotografía, a ratificar su escrito de cuenta; apercibido que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le tendrá por desinteresada en su desistimiento y se continuará con la secuela de este asunto. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número Pa./J. 119/2006, con registro 174481, publicada en la página doscientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, del mes de agosto de dos mil seis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tener literal es el siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Notifíquese personalmente. IV-A
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